Seguridad ciudadana


SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Síntesis

  • La política de seguridad y lucha contra el narcotráfico del Gobierno se apoya en cuatro pilares: poner en el centro de la consideración a víctimas y a la sociedad; construir una sociedad basada en el orden y la convivencia; la transformación permanente de las fuerzas de seguridad y las instituciones; y, como complemento de lo anterior, cuidar a los que nos cuidan.
  • En 2015 encontramos un Estado que llevaba siete años sin publicar estadísticas criminales, cuyas fuerzas de seguridad se encontraban mal equipadas y descoordinadas y carecían de experiencia en trabajo conjunto. El Estado se había vuelto incapaz de detener el avance del narcotráfico en barrios de todo el país. En lugar de atacar el problema, la inseguridad era una “sensación”.
  • Para cambiar la tendencia de la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno se puso dos objetivos urgentes. Por un lado, frenar la entrada de las bandas en nuestras fronteras, y por otro lado, bajar la violencia en los barrios (habitualmente asociada al narcotráfico y al crimen organizado) y recuperar la autoridad del Estado. En ambos objetivos se ha avanzando. Las incautaciones de drogas y la cantidad de detenidos por narcotráfico son récord.
  • En seguridad ciudadana el trabajo también está dando resultados. La tasa de homicidios bajó más de un 20% entre 2015 y 2018. También hay menos denuncias por robos, menos secuestros y menos robos de autos que en 2015 y se duplicó la cantidad de víctimas de trata rescatadas.
  • Los avances se deben al progreso hecho en tres ejes: la mejor coordinación entre las fuerzas federales, las fuerzas provinciales y los jueces federales y provinciales; la recuperación de la autoestima, el control, la operatividad y la tecnología de las fuerzas federales; y nuevas leyes y reformas en la Justicia que permitieron agilizar la lucha contra el delito.
  • Desafíos pendientes. Expandir el programa Barrios Seguros, que redujo drásticamente la violencia en una docena de barrios y asentamientos de todo el país; impulsar la sanción de la llamada Ley de Barras Bravas, el nuevo Código Penal y otras leyes necesarias para facilitar la investigación y la sanción de delitos; y profundizar aún más la lucha contra el narcotráfico mediante la investigación criminal focalizada, la incorporación y el desarrollo de tecnología aplicada propia, la optimización del despliegue territorial de las fuerzas según mapas del delito específicos y la realización de acuerdos internacionales dirigidos a aumentar y reforzar los controles en áreas de frontera. También impulsaremos la Ley Penal Juvenil y la ampliación del registro de ADN a todos los delincuentes que hayan perpetrado delitos dolosos.

Qué encontramos

En diciembre de 2015, dos de las principales preocupaciones de los argentinos eran la inseguridad y el narcotráfico, que habían crecido en el país hasta llegar a convertirlo en el tercer proveedor mundial de cocaína y el país con la mayor tasa de robos del mundo, según un índice de las Naciones Unidas. Las fuerzas de seguridad estaban mal equipadas, mal remuneradas, mal entrenadas y eran maltratadas por el Estado, que además mostraba poca o nula capacidad de investigar y prevenir. El panorama en materia de violencia, crimen, tráfico de drogas y de personas era preocupante.

La detención de los responsables de crímenes y delitos en el país fue otra gran deuda pendiente. En diciembre de 2015 había 105.000 personas en libertad con pedido de captura.

Esto se debía en buena medida al funcionamiento de las fuerzas de seguridad. La Policía Federal había perdido su capacidad de despliegue en el territorio nacional. Estaba concentrada en la Ciudad de Buenos Aires. En las delegaciones del Interior faltaban chalecos antibalas, armamento, patrulleros, elementos de protección y demás equipos. Por otro lado, la Policía Federal no articulaba con otras fuerzas provinciales ni cumplía convenios firmados con autoridades provinciales. Todo esto se dio en un período de tiempo en el cual aumentaron las denuncias por corrupción en las fuerzas de seguridad.

Entre 2012 y 2015, la Coordinación de Transparencia del Ministerio de Seguridad recibió más de 700 denuncias por posibles hechos de corrupción. La mitad de esas denuncias involucraba a los propios oficiales de las fuerzas de seguridad en delitos como cohecho, exacciones ilegales, connivencia policial, violación a los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito. En diciembre de 2015 más de 650 agentes se encontraban investigados por las propias áreas de investigación interna de las fuerzas de seguridad. Cuarenta y tres de esas causas penales estaban en trámite en la Justicia. Se recibió una gran cantidad de denuncias por maltrato, discriminación, abuso de autoridad y violencia institucional por parte de las fuerzas federales de seguridad.

Las fronteras se encontraban con un grave déficit de infraestructura de seguridad, de personal y de medios. Menos del 8% del personal de la Prefectura Naval Argentina se encontraba ubicado en la zona más crítica del narcotráfico y del contrabando. Sólo había 1.800 efectivos desplegados en el Alto Río Paraná y en el Río Paraguay. La Gendarmería tenía asignados sólo 850 efectivos para asegurar y operar 101 pasos internacionales, menos del 3% de su personal.

Sólo el 17% de las fronteras estaban radarizadas y la capacidad de defensa aérea del país era escasa. De hecho, todo el sistema de defensa estaba desatendido: los aviones no volaban, sólo unos pocos barcos funcionaban, faltaba equipamiento en todas las fuerzas.

Posiblemente para no querer dar parte de esta grave situación, en 2008 se dejaron de publicar estadísticas criminales oficiales. Algunos datos de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, evidencian el aumento de la inseguridad. De acuerdo con la ONU Argentina era en 2013 el país con la mayor tasa de robos del mundo: 973 robos cada 100.000 habitantes. La reconstrucción de algunas cifras realizada por organizaciones sociales muestran también un aumento en la tasa de homicidios entre 2008 y 2013. Datos del Ministerio de Salud muestran que la tasa de homicidios creció un 45% en esos años: pasó de 5,8 homicidios cada 100.000 personas en 2008 a 8,4 cada 100.000 personas en 2013.

Qué hicimos

En diciembre de 2015, el 90% de los recursos y la energía del Ministerio de Seguridad de la Nación estaban dedicados a la seguridad urbana de la ciudad de Buenos Aires. Era un ministerio nominalmente federal, pero que sólo atendía en la capital.

En 2016 se transfirieron a la ciudad de Buenos Aires las comisarías porteñas de la Policía Federal, lo que permitió dos cosas. En primer lugar, que la ciudad de Buenos Aires tuviera, por primera vez en su historia, una policía propia, enfocada en los problemas de sus vecinos y dirigida políticamente por su gobierno autónomo. Esto no había pasado nunca y era una antigua demanda de los porteños. En segundo lugar, que la Policía Federal pudiera concentrarse en lo que debe ser su tarea central: coordinar el combate contra delitos complejos y federales como el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dinero y la trata de personas.

Este modelo federal de dos pisos es el que tienen todos los países exitosos en la lucha contra el delito. El Ministerio de Seguridad nacional ahora es verdaderamente federal. Y las policías provinciales pueden volver a concentrarse en la seguridad pública de sus habitantes.

Con las otras fuerzas de seguridad federales se recorrió un camino similar, enfocándolas otra vez en las tareas para las que habían sido entrenadas: la Gendarmería en las fronteras, la Prefectura en los ríos y las aguas continentales y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en los aeropuertos.

Cuidar a los que nos cuidan. También les dimos un mandato claro. Las fuerzas federales saben que, si están subordinadas a la ley, serán respaldadas en su accionar. Una medida importante para mostrar este apoyo fue la mejora en el ingreso de los retirados de Gendarmería y Prefectura, que antes cobraban el 36% de su ingreso activo y ahora reciben el 75%.

La contracara de estos apoyos son mayores controles y transparencia. Se multiplicaron los operativos de control toxicológico y se hicieron simulacros de operaciones para evaluar su desempeño. Los casi 100.000 agentes de las fuerzas federales de seguridad (desde cadetes hasta oficiales) hoy están obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales. El 99% las presentó y los incumplidores fueron sancionados.

Otros cambios, como la centralización de la compra de combustible para todos los vehículos de las fuerzas federales, permitieron ahorrar decenas de millones de pesos (que ahora tienen mejor destino) y aumentar la transparencia del funcionamiento de las fuerzas.

El nuevo respeto por las fuerzas federales y su mejor coordinación con las fuerzas provinciales y con el Poder Judicial permitieron aumentar significativamente su eficacia. Hasta el cambio de gobierno, por no tener claro su rol o por no saber si estaban investigando indebidamente al poder político de turno, las fuerzas muchas veces elegían no hacer nada. En 2018, según índices del Ministerio de Seguridad, la operatividad de las fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico aumentó casi un 80%. Se multiplicaron los operativos, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, y alcanzaron un nivel de actividad sin precedentes. Desde diciembre de 2015 se recapturaron 7.846 prófugos de la Justicia.

Lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico es uno de los principales compromisos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que trabaja todos los días por la desarticulación total de las bandas criminales, haciendo foco en todos los eslabones de la comercialización de drogas.

Estos grupos generan violencia, captan jóvenes “soldaditos”, compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un estado ilegal que reemplace al Estado , buscan corromper las instituciones, lavan dinero y causan un inmenso daño a la salud de la población. Para lograr esto diseñamos e implementamos el acuerdo Argentina sin Narcotráfico, por el que hemos asegurado la participación y el compromiso de todas las provincias y el acompañamiento coordinado de múltiples agencias y reparticiones estatales. También federalizamos los Centros de Inteligencia Criminal Regionales.

Un salto cualitativo enorme lo constituyó la incorporación de la mejor tecnología del mundo a la vigilancia fronteriza. Compramos helicópteros, lanchas, armamento y mejoramos enormemente la infraestructura de comunicaciones. Trazamos mapas del delito a partir de la unificación y geolocalización de la información existente sobre todos los ilícitos para atacar a las bandas con la mayor efectividad.

Profesionalizamos, formamos y capacitamos a agentes en investigación sobre narcocriminalidad e impulsamos la participación operativa de las distintas fuerzas federales.

Recuperamos para el Estado el control de zonas y territorios que estaban manejados por clanes narco a partir de una acción multiagencial.

Adecuamos la legislación a la decisión de ir hacia una Argentina sin Narcotráfico e impulsamos la creación de las figuras legales del arrepentido, el agente encubierto, el agente revelador, el informante o la entrega vigilada. También es fundamental para nuestra tarea, y lo impulsamos, el nuevo Código Procesal Penal, recientemente sancionado, como lo son la Ley de Flagrancia o la Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad. Recuperamos la colaboración transnacional en la lucha contra el crimen organizado.

Tomamos la decisión de controlar efectivamente los precursores químicos para evitar la existencia de cocinas y laboratorios que produzcan estupefacientes. Institucionalizamos mecanismos de control y transparencia al interior de las fuerzas para restarle espacio a la corrupción. Mejoramos la cooperación con la Justicia Federal y de las Provincias. Coordinamos políticas a nivel federal con todos los ministerios de seguridad del país.

Los resultados alcanzados hasta ahora respaldan todo este amplio espectro de medidas. Los récords históricos de incautación de marihuana y de cocaína se dieron en 2018 y 2017, respectivamente. En 2018 hubo casi 26.000 procedimientos anti drogas de las fuerzas federales, en los que se detuvo a más de 29.000 personas. Si se calcula el valor monetario de toda la droga (425 toneladas de marihuana, 25 toneladas de cocaína, más de 450.000 mil unidades de drogas sintéticas), los vehículos, las armas, las municiones, la tecnología y las divisas incautados en estos tres años la cifra asciende a más de 23.000 millones de pesos (en casi 56.000 procedimientos).

Combate a las mafias. Esta gestión entiende por “mafia” a toda organización clandestina de criminales que ejerza su poder mediante el chantaje, la extorsión y la violencia, homicidios incluidos. Estos grupos delictivos son extremadamente peligrosos y nunca dejan de buscar la expansión y la rentabilidad de su negocio. Son una amenaza para la ciudadanía y para quienes llevan adelante actividades legales emparentadas con las de ellos.

El combate a las mafias que el Ministerio de Seguridad lleva adelante desde el primer día busca tener en cuenta la especificidad delictiva de cada “rubro”. Para ser exitoso, el abordaje debe incluir distintas técnicas específicas de investigación y persecución. Las mafias en las que esta gestión enfoca sus esfuerzos son las siguientes.

  • La mafia del contrabando y la Aduana. La lucha contra el contrabando es importante por sí misma pero también como parte fundamental de la lucha contra el robo y el hurto. Las ferias ilegales y la compraventa de objetos robados en centros de transporte y transbordo de pasajeros son uno de los focos de la gestión. En estos tres años las fuerzas de seguridad llevan detenidas a casi 49.000 personas en procedimientos por contrabando. En 2018 las incautaciones de indumentaria aumentaron más de un 150%, se duplicaron las de electrónica e informática y se casi cuadruplicaron las de cigarrillos. Las únicas que se redujeron son las de telefonía móvil, lo cual se debe en parte a la exitosa política contra el robo de celulares, sobre la que se informa por separado.
  • La mafia de los desarmaderos y del robo de automotores. Entre enero y noviembre de 2018 se incautaron 17.435.333 autopartes, casi cuatro veces más que en 2017, 28 veces más que en 2016 y 1645 veces más que en todo 2015. El dato no debería sorprender si se tiene en cuenta que en todo 2015 se realizaron tres allanamientos, contra 75 entre enero y noviembre de 2018. El valor de las autopartes incautadas en lo que llevamos de gestión (253 allanamientos a desarmaderos) asciende a 53.000 millones de pesos.
  • La mafia de las barras bravas. La violencia en el fútbol es un problema que se puede resolver. No se puede naturalizar que los partidos de fútbol sean ocasión para el comportamiento violento o criminal. Con esa prioridad en mente el Gobierno lanzó en diciembre de 2016 el programa Tribuna Segura, que controla el ingreso a los estadios de fútbol. Ya se adhirieron 17 provincias y la ciudad de Buenos Aires. El programa aplica tecnología desarrollada por el Ministerio de Seguridad para el control del ingreso del público a los estadios a fin de impedir el acceso de quien figure en listas de restricción de admisión, así como de todas aquellas personas sobre las que pese orden judicial, penal o contravencional. También se verifica si las personas tienen pedido de captura para proceder a su detención.

Lo que en primera instancia empezó como un sistema de control de concurrencia para evitar el ingreso a los estadios de los violentos pasó a un segundo nivel, por el que se obtienen detenciones. Además, se les quitó a los clubes la potestad de crear las listas de prohibición de ingreso, y ahora las hace y las actualiza el Estado. En la actualidad se encuentran registradas 4.383 personas que no pueden ingresar a estadios. Hasta la fecha el programa controló a más de siete millones de personas en más de mil operativos y permitió la captura de 519 prófugos que fueron puestos a disposición inmediata de la Justicia.

  • La mafia de la trata de personas. La trata es un delito federal que atenta contra los derechos humanos, porque implica la vulneración de la libertad y la dignidad de las personas. ¿Cómo captan los delincuentes a sus víctimas? A veces tras ofertas o promesas de trabajo falsas, otras mediante ofertas de traslado a otra ciudad de manera “gratuita” a partir de una oferta laboral prometedora y, en buena cantidad de ocasiones, mediante la aparición de alguien que se presenta como “salvador” frente a una persona que se encuentra alejada de su hogar, en situación de vulnerabilidad y abrumada por problemas generalmente económicos.

En julio de 2018 el Presidente lanzó el Plan Nacional 2018‑2020 de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, que está organizado sobre tres ejes estratégicos (prevención, asistencia y persecución) y un eje transversal (fortalecimiento institucional y articulación). Propone medidas y acciones a cargo de más de 50 entes, entre los que se cuentan el Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales de seguridad. Ya entre 2016 y 2017 la cantidad de víctimas rescatadas de la trata pasó de 709 a 1386, casi el doble. Este plan dará herramientas para profundizar todavía más los éxitos en esta área tan sensible.

  • La mafia de los secuestros extorsivos. Fue muy importante para esta gestión reconstruir la información sobre este delito a partir del relanzamiento de las estadísticas criminales. También fue clave desde el inicio el impulso al trabajo conjunto entre la justicia federal, las justicias provinciales, las fuerzas de seguridad federales y las fuerzas provinciales. Por último y más específicamente, el fortalecimiento del Departamento de Investigación del Secuestro Extorsivo y la capacitación continuada de sus integrantes. Los resultados dan testimonio de todos estos esfuerzos: los secuestros extorsivos vienen bajando consistentemente. En 2015 hubo 294 secuestros. En 2018 fueron 101.

Seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana está orientada a mejorar las condiciones cotidianas de seguridad de las personas. El objetivo principal del Gobierno es bajar las tasas de robos y homicidios. Para cumplir con esta meta llevamos a cabo múltiples acciones, entre las que se destaca el despliegue de miembros de las fuerzas federales con sus pares provinciales, a través de la puesta en marcha de comandos conjuntos. Aquí se aprecia la importancia del redespliegue territorial de las fuerzas federales.

Por ejemplo, hay comandos unificados en Santa Fe (3.969 efectivos), Córdoba (4.690 efectivos, que incluyen a los alumnos de la Escuela de la Gendarmería Nacional Argentina), en AMBA (3.600 efectivos), en la Patagonia (4.402 efectivos), además de sistemas integrados fronterizos en el NOA y el NEA, destacamentos de Gendarmería en Vaca Muerta y Comodoro Rivadavia (ambos en desarrollo) y polos logísticos en Zepita (CABA), El Palomar y San Fernando.

También buscamos mejorar continuamente las relaciones entre la sociedad y las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Seguridad se involucra en la mejora de la infraestructura para la prevención del delito en espacios públicos y en medios de transporte.

Barrios Seguros. El Programa Barrios Seguros apunta a fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad del Gobierno así como de los gobiernos provinciales y locales con el objetivo de reducir la presencia de la criminalidad organizada, el delito y la violencia en aquellos territorios identificados como prioritarios por sus altos niveles de conflictividad social.

Los resultados de Barrios Seguros son muy alentadores. Entre 2015 y 2018:

  • se redujeron un 83% los homicidios en el Barrio Alto Verde (Santa Fe);
  • se redujeron un 93% los homicidios en el Barrio 1‑11‑14 (CABA);
  • se redujeron un 100% los homicidios en el Barrio Carlos Gardel (provincia de Buenos Aires);
  • se redujeron un 91% los homicidios en el Barrio Zavaleta/21‑24 (CABA);
  • se redujeron un 100% los homicidios en el Barrio Fátima (CABA);
  • se redujeron un 52% los homicidios en los barrios 31 y 31 bis (ciudad de Buenos Aires; esta intervención tuvo lugar hasta 2017 solamente, cuando se traspasó a la Policía de la Ciudad).

Menos homicidios y menos robos. Los resultados nacionales, sin alcanzar estos niveles tan altos de acciones muy específicas, también son muy buenos. Entre 2015 y 2018 la tasa de homicidios se redujo más de un 20%. En 2017 hubo 5,2 homicidios cada 100.000 habitantes, lo que vuelve a la Argentina el segundo país con menos homicidios de América Latina luego de Chile (éramos el cuarto en 2015).

El incremento del “costo del delito” por la vía del aumento del rigor de las sanciones, sumado al incremento de las dificultades para delinquir, lleva también al desaliento de las actividades ilícitas. El gran despliegue territorial conjunto (fuerzas federales y provinciales) también viene siendo importante para disminuir los robos más usuales (motochorros y celulares) y no sólo los delitos complejos o más graves. En efecto, entre 2015 y 2017 la tasa de robos disminuyó un 8%. La tasa de hurtos, por su parte, disminuyó un 7,7% en el mismo período. La cantidad de robo de automotores, un 13,8%.

Celulares. El plan de nominatividad de teléfonos celulares está resultando especialmente exitoso. Se trata de la iniciativa de los ministerios de Seguridad de la Nación y la ciudad de Buenos Aires, en conjunto con el Enacom y las compañías de telefonía móvil, para que los usuarios registren con sus datos personales sus líneas de celular. Esto permite bloquear los aparatos remotamente si han sido robados y volverlos inservibles para su venta posterior, desincentivando así su robo y su hurto. Respecto de 2016, el robo de celulares bajó cerca de un 13%.

Cuidar a los que nos cuidan. Años de estigmatización lograron que tuviéramos fuerzas federales de brazos caídos, desmotivadas, poco capacitadas y mal equipadas, con las que resultaba prácticamente imposible cuidar a la ciudadanía. A esto la acompañó una construcción política que puso en el centro de la discusión a los victimarios en lugar de defender a las víctimas. Todo esto resultó funcional al delito.

Las fuerzas de seguridad tienen que recobrar su capacidad para imponer autoridad, siempre observando el estricto cumplimiento de la Ley. Rejerarquizar su función es uno de los pilares fundamentales que guían nuestro accionar así como hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que, poco a poco, recuperen el prestigio afectado por el destrato sistemático al que fueron sometidas. Las fuerzas de seguridad tienen que tener respaldo político en la misma medida en que son controladas y capacitadas para hacerlo cada vez mejor. Además, su tarea, importante y peligrosa, debe ser debidamente reconocida.

La formación y la capacitación permanentes constituyen otro de los pilares básicos sobre los que se asienta el modelo que implementamos. Este es un cambio cualitativo fundamental que apunta no sólo a mejorar los indicadores de desempeño sino también la propia seguridad de los agentes y de los ciudadanos a la hora de llevar adelante acciones públicas y procedimientos.

Algunos de los cambios principales:

  • Por primera vez en la historia se aprobaron y homologaron a nivel nacional los mismos planes de estudio para las policías de cada una de las provincias. Además, pasó de tres a nueve meses la duración del tiempo de estudio para la formación profesional de los futuros integrantes de todas las fuerzas federales de seguridad.
  • Se creó un nuevo curso de ingreso con contenidos actualizados y criterios rigurosos de selección para oficiales y suboficiales de las fuerzas federales y se instituyó el Instituto Conjunto de Coordinación Estratégica (ICCE) como instancia de especialización superior conjunta destinada a altos oficiales de las Fuerzas Federales del país y de las policías provinciales.
  • Se crearon las escuelas de especialización conjuntas en las que cada fuerza le enseña al resto su expertise: la Gendarmería Nacional Argentina se especializa en manejo de drones; la Prefectura Naval Argentina se especializa en aviación; la Policía de Seguridad Aeroportuaria se especializa en operación de scanners; la Policía Federal Argentina se especializa en análisis de imágenes y custodias.
  • Se diseñaron e implementaron programas de práctica de tiro obligatorios para las cuatro fuerzas federales. Se generaron currículas especiales para el estudio del crimen organizado y el delito federal complejo, mejorando así la capacitación de los miembros de las fuerzas de seguridad en términos de instrucción, eficacia, competencia y capacidad de investigación criminal.
  • Se intensificó el entrenamiento para cuando las fuerzas federales ingresan y egresan de sus hogares, dado que es una de las principales causas de muerte durante los enfrentamientos con delincuentes. En 2014 la cantidad de efectivos fallecidos en hechos con armas de fuego fue de 15 y en 2017 la cifra pasó a 7: una reducción del 53%.

En consonancia con una política general del Gobierno, decidimos abrirnos al mundo para recibir y brindar cooperación a fin de incorporar conocimiento y aprovechar las mejores prácticas de otros países y de instituciones extranjeras, en temas que van desde la identificación de mercaderías estratégicas hasta el ciberdelito, pasando por herramientas de investigación o tecnología biológica, en colaboración con entidades chilenas, canadienses, estadounidenses, españolas, colombianas y uruguayas, entre otras.

Equipamiento y tecnología. El equipamiento de las fuerzas de seguridad requería atención urgente en diciembre de 2015, en particular para el combate al narcotráfico y la inteligencia criminal. Desde entonces, estas fueron algunas de las adquisiciones llevadas adelante por el Ministerio de Seguridad:

● dos nuevos sistemas inteligentes de video vigilancia para frontera en La Quiaca y Aguas Blancas;

● sistema federal de comunicaciones encriptadas para las fuerzas de seguridad;

● 125 unidades móviles de comunicación;

● más de 500 camionetas 4 x 4 para patrullar la frontera;

● dos nuevos helicópteros para la lucha contra el crimen organizado;

● cuatro buques guardacostas de última tecnología;

● 12 embarcaciones pequeñas para el combate al narcotráfico en vías navegables;

● 160 motocicletas destinadas a la seguridad ciudadana;

● más de 20.000 chalecos femeninos;

● sistema de geoposicionamiento para patrulleros y teléfonos móviles de las fuerzas federales;

● más de 3.100 kits de equipamiento antidisturbios;

● 20 grupos electrógenos para dar soporte operativo en zona de frontera.

Fortalecimiento institucional. Reconstruimos y perfeccionamos la capacidad estatal de generar y poner a disposición de la ciudadanía estadísticas criminales confiables y conseguimos ser líderes regionales en la materia. Logramos la mejor calificación a nivel mundial, certificada con la letra “A”, a la excelencia en el proceso de producción, administración de bases de datos, confiabilidad de los datos y apertura de la información otorgada por la Organización de las Naciones Unidas, luego de haber recibido en 2015 un sistema que había sido desmantelado en 2008.

Para garantizar la integridad institucional realizamos evaluaciones que consisten en la supervisión, la prevención y el control de la corrupción mediante mecanismos tales como exámenes toxicológicos, psicológicos, poligrafías y visitas socioambientales. Para combatir la corrupción efectivizamos la observación patrimonial y judicial de los funcionarios policiales a través del control que se realiza de las Declaraciones Juradas Patrimoniales así como de las causas judiciales. Realizamos 2470 pruebas toxicológicas y 1097 evaluaciones psicológicas aleatorias en 2018, un 63% y un 10% más que en 2017 respectivamente.

G20. Uno de los mayores desafíos de la gestión fue asegurar que las 54 reuniones que se realizaron en diez distritos del país durante todo 2018 por el G20. No hubo ningún incidente en la Cumbre del G20 desarrollada en la ciudad de Buenos Aires con la asistencia de 38 delegaciones. Desplegamos más de 25.000 efectivos, distribuidos a lo largo y ancho del país, para impedir cualquier disturbio, y lo hicimos sin impedir la manifestación libre y democrática de las voces opositoras a la realización de la cumbre. Reforzamos la custodia de las aguas navegables con tecnología de punta en cuatro buques guardacostas nuevos con los que hoy cuenta la Prefectura Naval Argentina. Hubo un control permanente del espacio aéreo. Se llevó adelante el comando unificado más importante del país en materia de seguridad, con todas las fuerzas trabajando coordinadas, con base en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Desafíos pendientes

Los éxitos obtenidos en varias de sus iniciativas obligan al Ministerio de Seguridad, en conjunto con las autoridades de seguridad de las provincias, a profundizar el camino para intensificar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y seguir mejorando la seguridad ciudadana. En particular, estas son las prioridades del Ministerio:

  • reducir los homicidios;
  • combatir la actividad delictual de los motochorros ;
  • erradicar las mafias del fútbol;
  • disminuir sensiblemente los secuestros extorsivos;
  • desarticular más redes de trata de personas;
  • disminuir los robos de celulares y vehículos;
  • prevenir los ciberdelitos tales como el grooming, la pedofilia y los abusos mediante el uso de las redes;
  • combatir a las mafias de los desarmaderos;
  • detectar las redes de contrabando de armas.

Respecto del narcotráfico, vamos a intensificar el desarrollo de la inteligencia criminal, porque es el camino para seguir desarticulando a estas redes. Tenemos que impedir desde que la droga ingrese hasta su comercialización, pasando por el acopio y poniendo el acento en el microtráfico o narcomenudeo, y en la incidencia que este fenómeno tiene en los barrios con mayores niveles de violencia. Vamos a crear el sistema de trazabilidad integral de la droga: desde que se incauta hasta el momento de la quema.

Vamos a potenciar el despliegue del programa Barrios Seguros mediante la creación de una red de Unidades de Prevención Barrial en todo el país, a partir de los casos exitosos llevados adelante por las fuerzas federales. También reforzaremos el despliegue operativo y tecnológico en trenes y estaciones, e intensificaremos el control en rutas y en vías de acceso críticas a los polos logísticos centrales para reducir el delito de piratería del asfalto.

También tenemos por delante el desafío de poner en funcionamiento los cuatro centros inteligentes de frontera con tecnología de última generación. Actualmente se encuentran terminados los de La Quiaca y de Aguas Blancas. Restan los de Salvador Maza y de Puerto Iguazú. Vamos a elevar la capacidad tecnológica y logística en toda la frontera norte mediante la incorporación de sistemas de análisis de imágenes satelitales, análisis de datos, sensores de movimiento y mapas de calor. Tenemos que mejorar la estructura de comunicaciones, radarizar por completo la zona de frontera e incorporar drones para la vigilancia y el patrullaje activo.

Respecto de la violencia en el fútbol, tenemos que implementar el sistema Fan ID, para que cada espectador tenga una tarjeta personal e intransferible, que además nos permita tener el conocimiento y el control de las personas que se encuentran dentro de un estadio, para seguir disminuyendo sustancialmente los niveles de violencia en el fútbol. Seguiremos bregando por la aprobación de la ley contra las barrabravas.

Hay otras leyes por cuya aprobación también seguiremos trabajando en el futuro próximo: reforma del Código Penal y del Régimen Penal Juvenil, proyecto de ley de ADN, proyecto de ley de desfederalización de la droga, entre otras.