Economía para crecer


NORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Síntesis

  • El Gobierno recibió en diciembre de 2015 una economía estancada y distorsionada, cuya normalización requería una transición difícil pero necesaria. Los niveles de déficit fiscal, presión tributaria, inflación y gasto público eran los más altos de la historia o al menos en varias décadas. Las reservas netas del Banco Central eran negativas.
  • En aquel momento, el Gobierno propuso un camino gradual pero firme en la reducción de la inflación y el déficit, que fue exitoso durante dos años y medio, en los que creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión y las exportaciones, disminuyó la pobreza y más de medio millón de argentinos consiguieron empleo.
  • En 2018, una serie de shocks imprevistos (la sequía más grande en medio siglo y la salida de capitales de los mercados emergentes, especialmente) expusieron las vulnerabilidades de nuestra economía, que se vieron reflejadas en el salto del tipo de cambio.
  • Ante esa situación, el Gobierno decidió que la mejor manera de defender a los argentinos y evitar una gran crisis era solicitar la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional, para minimizar el impacto de estas turbulencias sobre nuestra economía.
  • El plan económico sigue siendo el mismo: ordenar los desbalances económicos heredados –no sólo de la administración anterior– y sentar las bases para crecer de manera sostenida, con el propósito de disminuir la pobreza, el principal objetivo del Gobierno.
  • Es lo que estamos haciendo. La economía de hoy, a pesar de las dificultades de los últimos meses, es más sólida que la de 2015, porque tiene pilares estables donde apoyarse. Ya no hay controles de cambios, comenzamos un sendero gradual de baja del gasto y de los impuestos, llegaremos al equilibrio primario en 2019, el Banco Central ya no financia al Tesoro, tenemos tipo de cambio flotante y dimos vuelta la situación de la energía, que en 2015 era dramática, entre otros avances.
  • Desafíos pendientes. Aunque cada vez menos, la economía argentina sigue siendo vulnerable. Para hacerla más robusta, tenemos que continuar el trabajo de hacer más eficiente el gasto y seguir bajando impuestos, para promover la inversión y el empleo de manera sostenible, y consolidar la independencia del Banco Central.

Qué encontramos

En las últimas cuatro décadas la economía argentina logró crecer durante varios años consecutivos en solamente dos oportunidades: a principios de la década de 1990 y en los años del gobierno de Néstor Kirchner. En ambas ocasiones, este crecimiento llegó luego de profundas crisis que habían hecho pedazos el salario real de los trabajadores. Aprovechando este punto de partida –y sumando otros factores–, nuestro país logró crecer a medida que el salario real recuperaba parte del terreno perdido durante la crisis que hubiera antecedido.

El gobierno recibió en diciembre de 2015 una situación económica compleja y absolutamente insostenible. El tipo de cambio oficial estaba sobrevaluado, lo que dificultaba la exportación de productos argentinos, y había controles cambiarios que impedían la compra y la venta de dólares pero que no lograban frenar la sangría de reservas del Banco Central. El déficit fiscal, la diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado, había alcanzado una magnitud histórica, de las más altas de los últimos treinta años, y había sido financiado con emisión monetaria, es decir, imprimiendo billetes.

Además, la actividad económica estaba estancada desde hacía cuatro años, en los que se habían creado pocos puestos de trabajo y había aumentado la cantidad de pobres. El déficit comercial, el saldo entre las exportaciones y las importaciones del país, era cada vez mayor, y reflejaba la bajísima competitividad de la economía. La mayoría de los precios más importantes se encontraban distorsionados, tironeados por una economía mal regulada y muy reprimida. A pesar de todos estos controles la inflación llevaba en diciembre varios años por encima del 25% anual, según el consenso de las mediciones privadas, las únicas confiables después de que el gobierno anterior hubiera decidido, para esconder todos estos problemas, destruir las estadísticas oficiales.

El atraso cambiario y el aislamiento internacional –había trabas de todo tipo, tanto para importar como para exportar– deterioraron la competitividad de la producción agropecuaria, de la industria y de los servicios. Este aislamiento frenó la integración con otras naciones, nos alejó de los bloques comerciales globales y nos llevó a estar afuera de las oportunidades que brindan los nuevos acuerdos de comercio, sobre todo en el área de Asia-Pacífico. Este espíritu aislacionista, desconfiado del comercio y la integración, necesariamente iba a tener los impactos productivos y de empleo que finalmente tuvo: destrucción de empresas y de empleo privado y crisis de las economías de las provincias.

Sintetizando lo ocurrido en esos años: no se generó acumulación genuina –el stock de capital se había deteriorado–, la infraestructura era insuficiente y la tasa de inversión, del orden del 17% del PBI, era demasiado baja para pensar en producir y generar empleo.

Durante la administración anterior, además, el Ejecutivo marginó al Congreso de las grandes definiciones sobre cómo gastar los recursos del Estado y apeló a las facultades extraordinarias de la “emergencia económica”, al mismo tiempo que sostenía frente a la población, y a través de estadísticas adulteradas, que el horizonte de los argentinos estaba libre de problemas económicos. Se construyó un Estado que gastaba al servicio de los intereses políticos del Ejecutivo en lugar de al servicio de los ciudadanos, y que no recibía control alguno por parte de los poderes representativos de la democracia republicana.


Qué hicimos

En diciembre de 2015, el Gobierno inició un proceso de normalización de la economía y una estrategia de desarrollo económico que está poniendo bases firmes para propiciar un proceso de crecimiento de varios años. Aunque ese camino no está finalizado, y algunos indicadores de 2018 parecen mostrar retrocesos, ya hemos visto resultados positivos.

La estabilización inicial requirió decisiones cambiarias (como la unificación del tipo de cambio), financieras (principalmente el acuerdo con los holdouts), institucionales (el relanzamiento del INDEC, la normalización del comercio exterior) y fiscales, como la reducción de los subsidios a la energía, la disminución de los impuestos a las exportaciones y la ampliación de los programas sociales.

En la primera semana de gestión se levantó el cepo cambiario y el tipo de cambio se unificó en un nivel cercano al que tenía el tipo de cambio paralelo. Pero para seguir eliminando las distorsiones y comenzar a poner en marcha la economía, quedaban situaciones por resolver, como el default, que ya llevaba 14 años, y los juicios con los jubilados.

Salida del cepo cambiario. El cepo cambiario era una política totalmente nociva para toda la economía. Era regresiva porque permitía la compra de dólares subsidiados a los más ricos, fomentaba un mercado paralelo informal y perjudicaba las exportaciones. El cepo tampoco sirvió para contener la salida de dólares: las reservas del BCRA cayeron desde 48.000 millones de dólares cuando se implementó la medida a fines de 2011 a 25.000 millones de dólares cuando se levantó. De hecho, las reservas netas a fines de 2015 eran virtualmente cero. Logramos unificar el mercado de cambios sin grandes disrupciones.

En paralelo a esta caída de reservas, el stock de pasivos remunerados (los instrumentos que tiene el BCRA para hacer política monetaria, como los pases pasivos y las LEBAC, NOBAC y LELIQ) llegó a ser superior a las reservas: pasó de 20.000 millones de dólares en 2011 a 37.000 millones de dólares a mediados de 2015.

Actualmente, el stock de pasivos remunerados (instrumentos por los que el BCRA paga intereses) está por debajo del nivel de 2012/2013, alrededor de los 22.000 millones de dólares, mientras que las reservas superan los 65.000 millones de dólares. Aun descontando los ingresos por el FMI, las reservas netas superan las necesidades para sobrellevar los pasivos remunerados.

Además, otro factor clave de la normalización proviene de la fortaleza que demostró el sistema bancario, principalmente en los depósitos en dólares, que superan los 29.000 millones de dólares y alcanzaron niveles récord.

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Acuerdo con holdouts. La resolución del conflicto con los holdouts y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas por la justicia de Nueva York permitieron poner fin a un litigio de más de 14 años con bonistas que no habían ingresado a los canjes de 2005 y 2010. El gobierno argentino pagó a los fondos holdouts y otros tenedores de bonos más de 10.000 millones de dólares para salir formalmente del default, poniendo fin a un duro proceso legal iniciado ante los tribunales de Nueva York.

Como consecuencia del éxito de la operación volvió a abrirse el mercado financiero no sólo para el gobierno nacional, sino también para los provinciales y para el sector privado. El regreso de la Argentina a los mercados internacionales se concretó a partir de la colocación de bonos en abril de 2016 por 16.500 millones de dólares a tasas históricamente bajas, que promediaron el 7,2%.

Deuda con jubilados. En 2016 se sancionó la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, que puso fin a una estafa de décadas del Estado argentino. Asimismo, se les propuso un ajuste automático de la jubilación a quienes no habían iniciado juicio pero tenían el mismo derecho. Se pagaron las sentencias de más de 100.000 jubilados y mejoraron los haberes mensuales de un millón de personas.

En el marco de la Ley de Reparación Histórica, se implementó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La PUAM es una prestación vitalicia y no contributiva, para las personas de 65 años de edad o más que no sean beneficiarios de jubilación, pensión o retiro, y cumplan con los requisitos que establece la ley. Su monto equivale a 80% de la jubilación mínima y se actualiza cada vez que ella aumenta por la Ley de Movilidad.

Juicios con provincias. Durante 2018 seguimos avanzando hacia un país con más federalismo fiscal. En línea con el acuerdo logrado en 2016 con las provincias, se continuó con la devolución gradual del 15% de la masa coparticipable que previamente se destinaba a la ANSES.

Recuperación del INDEC. Construimos una agencia estadística confiable y recuperamos el sistema estadístico nacional. El INDEC actualmente genera y publica estadísticas fundamentales para el análisis y las decisiones de política económica. Estas estadísticas habían sido manipuladas escandalosamente durante la gestión anterior e incluso algunas de ellas discontinuadas, como la de pobreza. Hoy nadie duda de la confiabilidad de las estadísticas del INDEC.

Economía en marcha. En el primer semestre de 2016 continuó la recesión que había comenzado a mediados de 2015, en parte por los efectos de la normalización del mercado cambiario, pero en el tercer trimestre comenzó una recuperación que duró casi dos años, con un crecimiento acumulado del 6% hasta marzo de 2018 y un nuevo récord histórico de producción, medido por el EMAE.

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En 2017, la economía creció un 2,9%. Aumentaron la inversión (más de un 10%), las exportaciones y el consumo. Más de medio millón de argentinos consiguieron trabajo y, de mediados de 2016 a diciembre de 2017, más de 2,7 millones de argentinos salieron de la pobreza.

Varios sectores tuvieron récords (turismo, crédito hipotecario y construcción, consumo de asfalto, servicios basados en el conocimiento) o volvieron a crecer luego de años de caída (ganadería, agro, hidrocarburos). Esto fue posible gracias a los primeros pasos en este proceso de remoción de barreras a la producción y  de corrección de distorsiones.

Ese proceso continuó hasta el primer trimestre de este año, cuando la economía se expandió un 3,6%, la inversión tuvo un fuerte aumento, del 18%, y había 700.000 argentinos con empleo más que un año antes.

Tres impactos negativos. En abril de 2018, por el impacto de la sequía, se registró la primera caída interanual luego de trece aumentos consecutivos. La actividad económica se contrajo un 0,3% como consecuencia de la caída del 29% del sector agropecuario, pero la mayoría de los sectores siguió mostrando crecimiento.

En términos económicos, la sequía implicó una pérdida de algo más de un punto de crecimiento real del PBI y una reducción de las exportaciones equivalente a más de 6.000 millones de dólares.

La suba del precio del petróleo, por su parte, precipitó subas del precio local de los combustibles y generó presiones inflacionarias adicionales.

La volatilidad internacional y la retirada abrupta de capitales de mercados emergentes también ejercieron presión sobre nuestra moneda, generaron ansiedad en el mercado acerca de la renovación de las LEBAC del Banco Central e incrementaron la prima de riesgo soberano de la Argentina. En 2017, los flujos de inversiones netos a mercados emergentes habían ascendido a 100.000 millones de dólares, mientras que en 2018 quedaron en cero. En resumen:

  • La sequía más intensa en décadas, que condujo a una fuerte caída de la producción agrícola, de los ingresos por exportación y de todos los servicios asociados.
  • La suba del precio mundial del petróleo, que pasó de 26 dólares por barril en febrero de 2016 a más de 77 dólares en pocos meses, si bien luego recortó la suba y quedó en cerca de 55 dólares.
  • Una fuerte volatilidad en los mercados financieros internacionales, impulsada por la suba de las tasas de interés en los Estados Unidos, la consecuente apreciación del dólar a nivel global y salida de capitales de mercados emergentes.

Como consecuencia de esto, el camino gradual de reducción del déficit ahora va a ser más rápido de lo que el Gobierno delineó inicialmente. Y la baja de la inflación va a ser algo más lenta de lo propuesto inicialmente.

Nuestro país fue especialmente afectado por los shocks externos debido al elevado déficit de cuenta corriente, uno de los riesgos latentes de la estrategia gradual. Una lección de 2018 fue la constatación de que mientras la Argentina tenga déficit fiscal seguirá siendo vulnerable a la necesidad de financiamiento externo.

La carencia de un mercado de capitales doméstico condicionó también el financiamiento al sector privado. Mientras tengamos una matriz energética que exija importar combustible y gas, estaremos expuestos a los vaivenes de los precios de la energía, como lo estaremos a las catástrofes climáticas mientras dependamos excesivamente de la exportación de ciertos productos, como la soja y sus derivados.

Evitar una gran crisis. A principios de 2018 empezaron a verse síntomas de inestabilidad en los mercados internacionales. Por eso, el 5 de enero nos garantizamos gran parte del financiamiento del año. Pero la conjunción posterior de la sequía, el precio del petróleo y la salida de capitales de los mercados emergentes hizo que esto fuese insuficiente.

Ante esa situación, el Gobierno decidió que la mejor manera de defender el gradualismo y evitar una gran crisis era solicitar la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional, para minimizar el impacto de estas turbulencias sobre nuestra economía.

El acuerdo alcanzado es el más grande de la historia del Fondo y se concretó de manera particularmente rápida. Esto es una muestra de que el programa económico del Gobierno estaba en la dirección correcta y ya contaba con el apoyo del mundo en general y del FMI en particular.

El plan económico sigue siendo el mismo: ordenar los desbalances económicos heredados –del gobierno anterior pero también de los que lo precedieron– y sentar las bases para crecer de manera sostenida con el objetivo de disminuir la pobreza, el principal objetivo del Gobierno.

El camino hacia el equilibrio. En este contexto internacional más adverso se hace necesario avanzar más rápido hacia el equilibrio fiscal. Cuanto antes alcancemos ese equilibrio, menos vulnerables seremos y mayor financiamiento habrá para el sector privado.

Según los objetivos actuales del Gobierno, refrendados en el acuerdo con el FMI y comprometidos en la Ley de Presupuesto, la meta de déficit fiscal primario para 2018 de 2,7% del PBI se cumplió, aun incluyendo el gasto en Proyectos de Inversión Prioritarios (PIP). La de 2019 será del 0%.

Esta convergencia más rápida hacia el equilibrio fiscal se hará como se hizo hasta ahora, es decir: protegiendo a los sectores que puedan sufrir los costos de la transición. El acuerdo con el FMI permite incrementar el gasto en protección social en caso de que las condiciones sociales así lo requieran. Es la primera vez que el FMI incluye una cláusula de este tipo en un acuerdo.

Uno de los puntos centrales del acuerdo con el FMI es la eliminación de las transferencias del Banco Central al Tesoro. No habrá más financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria. Esto permitirá apagar uno de los motores principales de la inflación.

Inflación. La Argentina tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo hace ya una década. Hasta 2015, esto no pudo evitarse pese a todas las distorsiones de la economía, como el atraso en las tarifas de los servicios públicos y del tipo de cambio, el cepo y los subsidios.

En 2016, el primer paso era, luego de casi ocho años, reconstruir el INDEC para saber realmente dónde estábamos parados. Si bien no existen estadísticas oficiales sobre el aumento de los precios en 2015, la inflación estimada para el último año del gobierno de Cristina Kirchner fue cercana al 28%.

Fijamos un esquema de metas de inflación, como el que se usa en la mayoría de los países del mundo, cuyo objetivo era marcar el sendero de desinflación hasta llegar a un aumento menor al 10% anual en 2019. Tras un primer semestre con un fuerte aumento de los precios, producto de la unificación del tipo de cambio y de las primeras correcciones en las tarifas de los servicios públicos, la inflación acumulada en el segundo semestre de 2016 fue del 9,8%, cerca de un 20% anual. Manteniendo niveles mensuales cercanos a esos, la inflación de 2017 fue del 24,8%, de las más bajas en varios años y sin atajos, sin un dólar atrasado ni tarifas que actuaran como ancla.

La expectativa de inflación para 2018 era, a fines de 2017, menor al 20% anual. El Gobierno eligió modificar la meta de inflación, que era del 10% para 2018, y fijarla en 15%, un nivel cercano a las expectativas del mercado. De ahí en adelante, los factores antes mencionados y la pérdida de confianza de algunos inversores acerca de la marcha de la economía provocaron un salto en el precio del dólar, que con el tiempo se trasladó a los precios. El sendero de metas resultó ser quizás muy ambicioso y, posiblemente, a otra velocidad que el de reducción del déficit. Por ello, el Banco Central eligió pasar a un esquema diferente de política monetaria, enfocado en el control de la cantidad de dinero.

Septiembre y octubre de este año tuvieron los índices de inflación más altos, pero   gracias a la nueva política monetaria del Banco Central, que logró anclar las expectativas, y la estabilidad reciente del dólar, la inflación empezó a bajar y vamos a volver al camino de reducción logrado en los primeros dos años de gobierno. Desde que se implementó el nuevo esquema se fortaleció el peso, la inflación esperada para los próximos doce meses comenzó a bajar y la tasa de política monetaria comenzó un sendero de reducción, consistente con la menor devaluación y la menor inflación esperadas.

Subsidios a los servicios públicos. En 2015 los subsidios a los servicios públicos representaban 3,4% del PBI y 15,9% del gasto primario. La mayor proporción de estos subsidios beneficiaban a los deciles más ricos de la población, por lo que, además de ser una carga fiscal cada vez más grande para el Estado, significaban un gasto regresivo.

  • Más equitativos. Al atrasar el precio de las tarifas energéticas se fomentaba la desinversión por parte de las empresas y el derroche de los recursos por parte de los usuarios. Por estas razones se redujeron los subsidios desde 3,4% del PBI en 2015 a 2,2% en 2018 (y pasarán a 1,6% en 2019, según el presupuesto aprobado por el Congreso). Esto permitió que las tarifas energéticas pasaran de cubrir menos del 30% del costo de provisión de los servicios a alrededor de 80%.
  • Mejor focalizados. Al mismo tiempo que bajamos los subsidios destinados a los sectores más ricos, comenzó a implementarse el programa de Tarifa Social, para proteger a los más vulnerables. Este programa otorga el beneficio de acceder a los servicios a precios diferenciales y, en el caso de la electricidad, beneficia a más de cuatro millones de usuarios.
  • También se destacan los programas para usuarios electrodependientes y electrointensivos, y la cobertura a los usuarios que utilizan garrafa a través de la continuidad del Programa Hogar.

Sistema previsional. El gobierno anterior había diseñado la fórmula de movilidad jubilatoria en un momento en el que el índice de precios del INDEC no era confiable. Por esta razón se actualizaban las jubilaciones según –entre otras cosas– la variación en los recursos de la ANSES, a diferencia de como se hace en la mayor parte de los países del mundo, donde se utiliza algún índice de precios y/o salarios.

Aquella fórmula era ineficiente para proteger el valor real de las jubilaciones, ya que, si bien producía aumentos al ritmo de los recursos de la ANSES cuando la economía crecía, también implicaba caídas en los momentos de recesión.

Decidimos cambiar la fórmula y vincularla a la inflación. De esta manera, se garantiza que los beneficiarios de jubilaciones y programas sociales no pierdan frente a la inflación, al tiempo que mejora la sostenibilidad de mediano plazo del sistema previsional. Ir hacia un sistema previsional sostenible es clave para asegurar a los futuros jubilados y pensionados.

Sistema financiero. Luego de algunos años de expansión desde niveles muy bajos, en 2014 se frenó la profundización del sistema financiero. La falta de ahorro propia de una economía basada en el consumo y el corto plazo, junto a la acelerada inflación, imposibilitaron su desarrollo.

En 2017 el crédito al sector privado alcanzó el 14,7% del PBI, un punto y medio más que a fines de 2015. La baja del costo del financiamiento de los primeros dos años y medio, junto al aumento de la inversión productiva y del crédito hipotecario, produjeron una expansión del crédito que llevó a que a fines de 2018, tras algunos meses de caída, el stock de crédito fuera equivalente al 15,1% del PBI.

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Los beneficios del tipo de cambio flotante. Los movimientos en el precio del dólar preocupan a los argentinos, conocedores de la relación entre la inestabilidad cambiaria y las crisis recurrentes.

La inestabilidad de 2018, sin embargo, ocurrió con un régimen de tipo de cambio flotante, muy poco habitual en la historia del país, que permitió absorber los impactos de una manera diferente: sin romper contratos, sin recaer en un tipo de cambio fijo y sin implementar restricciones cambiarias.

Luego de los saltos del dólar entre mayo y agosto, el Banco Central optó por modificar la estrategia cambiaria, manteniendo la base monetaria. El esquema de flotación cambiaria adoptado, con la reciente implementación de la zona de no intervención, es inédito en la historia argentina. Anteriormente, los shocks negativos se traducían en aumentos en el desempleo. Con el tipo de cambio como estabilizador se suaviza el impacto de posibles disrupciones sobre la actividad y el empleo, y se mitiga el perjuicio sobre la sociedad. Además, dado que los límites de la zona de no intervención se ajustan periódicamente, se evita que el peso se aprecie en exceso y que nuestra economía pierda competitividad frente al resto del mundo.

Eliminación del financiamiento monetario al Tesoro. Después de reducir paulatinamente las transferencias del BCRA al Tesoro en 2016 y 2017, en junio de 2018 se tomó la decisión de llevarlas a cero. Habían llegado a alcanzar montos como el 5,3% del PBI en 2014 o el 4,3% en 2015 (equivalentes a 29.500 millones de dólares y 27.500 millones de dólares respectivamente). En 2018 serán solo 0,4% del PBI (unos 2.000 millones de dólares), que fue el monto transferido en la primera mitad del año. Al eliminar las fuentes de creación monetaria asociadas al Tesoro, se afianzará la independencia del Banco Central y se favorecerá la reducción de la inflación.

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Desafíos pendientes

Hasta 2015, la economía argentina se comportó como si el aumento del precio de los commodities y el exceso global de liquidez fueran permanentes y no transitorios. Con este supuesto, el nivel de gasto público aumentó en 15 puntos del PBI, al igual que la presión tributaria, hecho que se dio también en Brasil pero no en la mayoría de las economías de la región.

En estos tres años se lograron acuerdos importantes, muchos de ellos en el Congreso nacional, que han permitido mejorar la situación estructural de la Argentina. Este trabajo ha sido reconocido por los líderes de las economías más importantes del mundo, desde China y Francia hasta Alemania y los Estados Unidos.

Actualmente estamos enfocados en reducir y hacer más eficiente la estructura de gastos para así poder bajar impuestos y abrirle espacio a una economía más sostenible e integrada al mundo. Necesitamos estabilizar definitivamente la macroeconomía, que sea previsible y competitiva, sin atajos, basada en el ahorro, la inversión y el crecimiento sostenido de la productividad de todos los sectores.

El mundo nos presenta una oportunidad, no se está cerrando: el comercio mundial de bienes como porcentaje del PBI siguió creciendo en 2018. Además, el ascenso de las nuevas clases medias globales abre oportunidades para los alimentos, las manufacturas especializadas y los servicios basados en conocimiento. El desafío para la Argentina es cerrar acuerdos comerciales y de integración que sean favorables para la generación de empleo de calidad.

Tenemos que seguir trabajando en recuperar la institucionalidad perdida. Ya resolvimos gran parte de los litigios que enfrentaba el Estado por no haber respetado sus contratos u obligaciones. Tenemos confianza en el esquema que estamos encarando. La política monetaria, el creciente equilibrio de las cuentas públicas (reflejado especialmente en el Presupuesto 2019) y la estabilidad del tipo de cambio van a tener un impacto positivo en la inflación.

Si bien hemos avanzado mucho en cuanto a la independencia del BCRA, todavía resta el desafío de plasmar estos avances en una nueva Carta Orgánica, que está en proceso de elaboración y será presentada al Congreso cuando sea oportuno. La nueva Carta Orgánica garantizará la autonomía operativa, fortalecerá el mandato de política monetaria del BCRA, mejorará las estructuras de toma de decisiones y reforzará la transparencia y la rendición de cuentas.

EQUILIBRIO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Síntesis

  • Uno de los desbalances históricos de la economía argentina ha sido la incapacidad del Estado de equilibrar sus cuentas. En tres de cada cuatro años del último siglo el Estado Nacional tuvo déficit fiscal. Desde 1961, cuando empezó a medirse con precisión, el déficit promedio es del 4% anual.
  • De esta incapacidad crónica surgieron después otros problemas más visibles de la economía argentina, como la inflación, el endeudamiento excesivo o las crisis recurrentes.
  • Hace tres años, el Gobierno propuso corregir esta situación con un camino gradual, que fuera equilibrando las cuentas a medida que ponía los cimientos de una economía más sostenible, con más infraestructura, menos distorsiones, más inversión y más empleo.
  • El plan original era reducir el déficit primario un punto por año, desde el 5,4% del PBI registrado en 2015. Las metas de ese camino se cumplieron en 2016 y 2017 pero en 2018, ante el fin del financiamiento para cubrir la diferencia entre gastos e ingresos, aceleramos nuestros objetivos. En 2019 el Estado nacional tendrá equilibrio primario por primera vez en una década.
  • Esto se logrará en buena parte con una importante reducción del gasto, que había alcanzado un récord de 41,1% del PBI en 2015. En estos tres años el gasto consolidado de la Nación y las provincias bajó casi tres puntos (a 38,3%) y bajará más de un punto en 2019, a 37% del PBI.
  • Esta contención se logró con mayor eficiencia y minuciosidad en el análisis del gasto (la obra pública, por ejemplo, cuesta un 40% menos que antes), con menos subsidios a la energía para quienes pueden pagarla y cuidando a los que más necesitan la ayuda del Estado. Las prestaciones sociales pasarán del 47% del gasto primario en 2015 al 61% en 2019.
  • Desafíos pendientes. Seguir trabajando para mejorar la eficiencia del gasto público, con más transparencia y mejores precios para el Estado. Y aprovechar la autonomía y la independencia que nos dará el equilibrio de las cuentas para mejorar el perfil de la deuda, bajando el costo, alargando los plazos y aumentando la cantidad de emisiones en moneda local.

Qué encontramos

En 77 de los últimos 100 años, el Estado gastó más que sus ingresos, y muchos de los años de superávit fiscal vinieron después de grandes crisis, como las de 1989 o  2001. Esto significa que, año tras año, hizo faltar buscar que alguien financiara esos excedentes, sin que haya maneras muy innovadoras de hacerlo.

Extendido a través de tanto tiempo, en contextos tan distintos y bajo gobiernos de todo tipo (no sólo constitucionales), el déficit fiscal alto y persistente reflejaba también un defecto en la organización del Estado y un fracaso de nuestro país para responder sustentablemente a demandas contrapuestas.

En la década anterior al cambio de gobierno, el Estado argentino pasó de tener un superávit por encima del 2% del PBI en 2004 (todavía en parte gracias a los efectos de las crisis) a un déficit total por encima del 6% del PBI, si se lo mide como corresponde, incluyendo los pagos atrasados a proveedores, la subestimación de gastos por juicios con jubilados o la sobrestimación de ingresos por juicios con provincias, entre otros.

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Este deterioro de las cuentas públicas nacionales se dio en paralelo al aumento acelerado de la presión tributaria y a la subordinación de las cuentas públicas provinciales. La recaudación aumentó en ocho puntos del PBI en 10 años, lo que se explica casi exclusivamente por tres impuestos: una mayor cantidad de personas que pagan el impuesto a las ganancias, la estatización de las AFJP y el aumento de los impuestos provinciales.

En 2016 quedaban muchos gastos que habían sido registrados pero nunca pagados. La deuda de corto plazo del Estado Nacional (con proveedores, sueldos o contrataciones menores) ascendía a 1,4% del PBI, más del doble de lo que será en 2018.

Qué hicimos

La Argentina sólo podrá tener una macroeconomía sana e independiente si es autosustentable. En 2016 planteamos un sendero de reducción del déficit fiscal gradual, que entendía la necesidad de llegar al equilibrio en las cuentas públicas, pero también reconocía el impacto social que podía tener cualquier decisión relacionada con el gasto o los impuestos. Fijamos metas anuales y trimestrales que fuimos cumpliendo (y, en muchos casos, sobrecumplimos), lo que nos permitió dar una señal clara de cuán importante era para la Argentina llegar al equilibrio.

A mediados de 2018, sin embargo, tuvimos que fijar nuevas metas, que mantienen el objetivo pero aceleran el momento de llegada. El objetivo original era bajar el déficit primario un punto del PBI por año entre 2017 y 2021. Dada la situación macroeconómica y el cierre del acceso al financiamiento, adelantamos dos años el objetivo de equilibrio primario y para 2020 estimamos tener superávit de 1% del PBI.

Esta convergencia al equilibrio de las cuentas públicas implicó reordenar la relación entre los distintos niveles de gobierno (Nación, provincias y municipios), resolver los juicios que tenían las provincias y los jubilados con ANSES y reconocer las distorsiones en una variedad de precios relativos, como las tarifas de los servicios públicos.

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Bajamos el gasto primario del sector público consolidado (nación más provincias) en 3,6 puntos del PBI (desde 41,5% del PBI hasta 37,9%), de lo cual casi todo correspondió a baja del gasto nacional. Para el cuarto año de gestión planeamos que el gasto público consolidado baje 1,7 puntos del PBI adicionales, hasta llegar a 36,2% del PBI. El esfuerzo fiscal también fue notorio en la fuerte disminución del gasto primario en términos reales: en los primeros tres años de gobierno bajó un 11%, y proyectamos que caiga cerca de otro 10% en 2019.

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Esta baja del gasto fue realizada cuidando a los sectores más vulnerables. Entre 2015 y 2018 el gasto en prestaciones sociales del gobierno nacional pasó de ser 47% del gasto primario en 2015 a 56% en 2018 y está presupuestado que crezca a 61% en 2019.

Más eficiencia en el uso de los recursos. Parte de la reducción del gasto se debió a la mejora en los procesos de contratación de obra pública. La corrupción y la falta de transparencia del gasto llevaron a que se pagaran enormes sobreprecios durante la última década. Nos enfrentamos al desafío de conciliar dos objetivos contrapuestos: reducir el gasto para bajar el déficit y recuperar la infraestructura tras años de desinversión. Lo logramos, gracias a la transparencia y el control del gasto, haciendo más obras con menos recursos.

Ejemplo de esto es la reducción del costo del kilómetro de ruta construida versus el promedio 2012-2015. El ahorro fue de 40% por kilómetro construido en términos reales. El sobreprecio pagado entre 2012 y 2015 equivale a 0,4% del PBI de 2018.

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Sostenibilidad de la deuda pública. La convergencia más rápida al equilibrio fiscal permitirá hacer más sustentable el sendero de la deuda pública. La reducción en las necesidades de financiamiento, producto del equilibrio primario proyectado para 2019 y el superávit de 1% del PBI proyectado para 2020, permitirá que las colocaciones de deuda sean inferiores.

Estimamos que para diciembre de 2018 el stock de deuda pública será de 315.698 millones de dólares, un 1,6% menos que un año antes.

Asimismo, estimamos que la deuda neta (es decir, sin contar las deudas con otros organismos públicos) alcanzó un máximo de 52% del PBI en 2018, en línea con otros países de la región, y comenzaría a descender a partir de 2019, hasta alrededor de 40% del PBI hacia 2023.

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Federalismo fiscal. Cuando llegó, el Gobierno encontró un Estado con demasiado poder del Poder Ejecutivo, que repartía recursos a las provincias con discrecionalidad y como una explícita herramienta de disciplinamiento político. En estos tres años aumentamos las transferencias automáticas, dimos más autonomía a las provincias y solucionamos problemas de décadas.

Después de mucho tiempo, empezó a mejorar la relación entre los gobiernos provinciales y el nacional. Entró en vigencia el Consenso Fiscal, firmado a fines de 2017, que estableció que toda la recaudación producto del Impuesto a las Ganancias se coparticipe de acuerdo al régimen general de distribución. Esto puso fin al reparto injusto del llamado “Fondo del Conurbano”, que, en contra de su espíritu original, estaba perjudicando a la provincia de Buenos Aires.

El pacto fiscal implicó además la baja de una gran cantidad de litigios que existían entre las propias provincias y entre las provincias y la Nación. Estas acciones y otro conjunto de medidas permitieron que en 2018 las transferencias directas a las provincias alcanzaran el 47,2% de la recaudación federal, frente al 40% de 2015. Para 2019 está presupuestado un 49,8%.

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Las provincias y la ciudad de Buenos Aires mejoraron su posición fiscal durante los últimos ejercicios y se proyecta un resultado fiscal primario positivo para 2018, tras tres años consecutivos de resultados deficitarios. Esto fue posible gracias a los avances mencionados en materia de federalismo fiscal y a otras medidas, entre las cuales se destacan la financiación del déficit de las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas, el bono otorgado a las provincias con la firma del Consenso Fiscal y la aprobación del Modelo de Convenio de Cancelación de Deudas Recíprocas, que autorizó a las provincias a utilizar el bono para cancelar deudas con el Tesoro nacional.

Ya estamos cumpliendo los acuerdos firmados en el Consenso Fiscal. Tenemos la Ley de Responsabilidad Fiscal, un camino para bajar impuestos, controlar el gasto y repartir los recursos de la coparticipación de una manera más sensata y justa. La provincia de Buenos Aires, después de muchos años de injusticias, recibe otra vez un Fondo del Conurbano que respeta el espíritu de su creación.

De las 22 provincias que firmaron el Consenso Fiscal, sólo Santa Cruz tuvo déficit primario en los primeros nueve meses de 2018. Todas las demás tuvieron superávit. En los primeros nueve meses de 2017, sólo nueve habían tenido superávit y 13 habían tenido déficit. (Las dos provincias que no firmaron el acuerdo son La Pampa y San Luis.)

Esta mejora fue posible gracias al compromiso del Gobierno nacional con el federalismo, que permitió a las provincias aumentar en cuatro puntos (del 28% al 32%) su participación en el reparto directo de la recaudación total (descontadas las jubilaciones y programas sociales, el reparto a las provincias aumentó 10 puntos: de 40% a 50%). Esto a su vez permitió que los ingresos de las provincias crecieran este año nueve puntos más que sus gastos.

Tomadas en conjunto, las provincias tuvieron entre enero y septiembre un superávit primario de 108.000 millones de pesos, contra un déficit de algo más de 3.000 millones en el mismo período de 2017.

Desafíos pendientes

A partir de 2019, con el equilibrio presupuestario como punto de partida, debemos continuar con la reducción y la eficientización del gasto público. Todavía tenemos un nivel de gasto muy elevado en comparación con el de países con niveles de desarrollo similares al nuestro. Esto permitirá seguir bajando la presión tributaria, especialmente en el caso de las provincias.

Otro desafío es el de mejorar el perfil de nuestra deuda pública en dos aspectos principales: su denominación y su duración. Debemos impulsar el desarrollo del mercado financiero local, lo que nos permitirá financiarnos más con deuda en pesos y así reducir la proporción de nuestra deuda en moneda extranjera.

Además, así como en su momento logramos emitir deuda de muy largo plazo como el título a 100 años, una vez que recuperemos el acceso a los mercados de crédito internacional tenemos que continuar extendiendo la vida promedio de  la deuda pública.

El Gobierno no ve el equilibrio de las cuentas públicas como un fin en sí mismo que vaya a resolver mágicamente nuestros problemas. Pero sí lo ve como una condición necesaria para construir el país que queremos, con más producción, más empleo formal, exportaciones, crédito e inversión, y en el marco de una sociedad cada vez más abierta y democrática, con un Estado transparente y sin corrupción. Una sociedad en la que cada argentino sea incluido y tenga los recursos para elegir libremente la vida que quiere vivir.

Y, sobre todo, una economía sin los atajos del pasado, que nos daban unos años de euforia antes de caer en depresiones dolorosas. Ese camino, que requiere paciencia y determinación, es el que estamos recorriendo, aun cuando la difícil situación actual y la persistencia de la inflación parezcan mostrar que seguimos dando las mismas vueltas de siempre.

MENOS Y MEJORES IMPUESTOS

Síntesis

  • El Gobierno cree en un sistema impositivo eficiente y simple, con el menor grado posible de distorsión sobre las inversiones y el empleo y que incluya criterios de equidad y progresividad. 
  • También cree que los impuestos en la Argentina siguen siendo demasiado altos y complejos, a pesar de la reducción y la simplificación de los últimos años, y que constituyen otro costo agregado que perjudica la inversión y la producción en el país, como la falta de infraestructura, el exceso de regulaciones o la falta de competencia.
  • Entre 1995 y 2015, la presión tributaria pasó del 19% al 31,5% del PBI, la más alta de la historia del país, con algunos impuestos nuevos pero principalmente por alícuotas más altas de impuestos existentes. Impuestos creados para emergencias se convirtieron con el tiempo en pilares de la recaudación nacional y provincial. Su eliminación, por lo tanto, aunque deseable, genera peligros sobre la solvencia fiscal.
  • Después de un primer año en el que se eliminaron o redujeron las principales retenciones a la exportación, en 2017 se aprobó en el Congreso una reforma tributaria consensuada con las provincias, que modificó la estructura tributaria con foco en la generación de empleo y el impulso a las inversiones.
  • La reforma bajó impuestos a las empresas que invierten sus ganancias y reduce los costos de contratar, especialmente para el segmento del mercado laboral con baja productividad, entre otros cambios.
  • También corrige errores en el diseño de los impuestos y actualiza otros con las mejores prácticas a nivel global, como los relacionados al ambiente o los cigarrillos.
  • Estos cambios nos permitieron romper en 2016 la tendencia de dos décadas en alza de la presión tributaria. En 2018 fue del 30,7% del PBI, el nivel más bajo desde 2012.
  • Desafíos pendientes. A medida que consolidemos el equilibrio fiscal, el próximo desafío es reducir impuestos de manera que el costo de producir sea cada vez menor. También, dentro de la reforma gradual que presentamos, queda mucho por hacer en términos de lograr un sistema impositivo progresivo, que potencie la redistribución del ingreso sin afectar al circuito productivo.

Qué encontramos

En 2015 la estructura tributaria argentina se caracterizaba por la coexistencia de múltiples impuestos con alícuotas altas e ineficientes. Esta estructura reflejaba un gran número de cambios impositivos aislados que respondían principalmente a las crecientes necesidades de financiamiento de los gobiernos recientes.

La presión tributaria, medida como la recaudación de impuestos de los gobiernos nacional y provinciales sobre el PBI, subió en 20 años del 21% al 31%. Este aumento no incluye el impuesto inflacionario pero, si se incluyera, la verdadera presión tributaria habría sido aún mayor en el período 2007-2015, donde la inflación promedio anual fue de 26%.

Durante la década del 1990 la presión tributaria se mantuvo relativamente estable, por debajo del 20% del PBI. A partir de 2000, se generan dos procesos de suba. El primero se produjo en el período 2000-2004, cuando la presión tributaria subió 5,4 puntos porcentuales por la creación de impuestos de emergencia con gran potencial recaudatorio como el impuesto a los créditos y débitos bancarios (“impuesto al cheque”) y los derechos de exportación (principalmente retenciones sobre el sector agropecuario). El segundo proceso comprendió, aproximadamente, el período 2006-2015, con una suba de la presión tributaria de otros 6,4 puntos del PBI.

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Si bien en este período no se crearon impuestos significativos en términos de recaudación, el aumento de la presión tributaria obedeció a subas en las alícuotas de impuestos existentes como ingresos brutos, sellos, retenciones y al gran aumento de contribuyentes alcanzados por la alícuota máxima del impuesto a las ganancias de personas físicas.

Aproximadamente la mitad de esta suba se puede explicar por el incremento de impuestos extremadamente distorsivos como los impuestos en cascada e inequitativos como el impuesto inflacionario. Entre 1998 y 2015 la recaudación del impuesto a los créditos y débitos bancarios creció 1,7 puntos porcentuales del PBI. Los impuestos provinciales a los ingresos brutos crecieron dos puntos porcentuales. Y el impuesto a las ganancias de las personas se más que duplicó, del 2,5% del PBI en 1996 al 6,5% del PBI en 2015.

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El aumento de la presión tributaria generó en muchas empresas incentivos para evadir, con dos efectos muy nocivos. En primer lugar, al evadir, la subfacturación les deteriora su situación crediticia y su perspectiva de crecimiento, lo que funciona como una traba a la expansión productiva y erosiona la productividad de la economía. En segundo lugar, como el gasto público debe ser financiado de alguna manera, el aumento de la evasión aumenta todavía más la presión tributaria sobre la economía formal.

Un último aspecto para analizar del sistema tributario argentino es su nivel y estructura respecto de a otros países. Especialmente respecto a países que compiten con la Argentina por inversiones. Por ejemplo, si bien la alícuota del impuesto a las ganancias corporativas se ha mantenido estable en la Argentina, las alícuotas en el resto de los países se han reducido significativamente, dejando la alícuota en la Argentina relativamente alta. Esto, junto al aumento de impuestos distorsivos enumerados anteriormente, contribuye a la baja inversión privada en el país.

Qué hicimos

Para impulsar al empleo y a las inversiones, el Gobierno busca crear un sistema impositivo simple, eficiente y que no distorsione al circuito productivo, siempre teniendo en cuenta la importancia de tener una estructura impositiva progresiva con criterios de equidad.

Desde 2016, la agenda impositiva del gobierno estuvo centrada en bajar el nivel general de impuestos (sin poner en riesgo las metas fiscales), eliminar impuestos distorsivos y mejorar el diseño de los restantes. Se avanzó mucho en estos tres ejes. En 2016 la presión tributaria rompió la tendencia de dos décadas en alza y en 2018  fue del 30,7% del PBI, el nivel más bajo desde 2012.

Cuando asumió, el Gobierno eliminó las retenciones a todas las exportaciones agropecuarias (menos la soja) y a todas las exportaciones industriales, uno de los impuestos más distorsivos. Las retenciones a la soja bajaron del 35% al 30%. También se eliminaron rápido los Registros de Operaciones de Exportación, que se usaban en el gobierno anterior de manera discrecional y poco transparente, con el objetivo de perjudicar y controlar al sector agroindustrial.

Impuesto a los Ingresos de las Personas Humanas (ex “Ganancias”). El impuesto a las ganancias fue modificado a fines de 2016 gracias a un amplio acuerdo parlamentario. Se introdujo una actualización de los mínimos no imponibles por el índice de salarios, para darles previsibilidad a los trabajadores. Se solucionó parcialmente el problema de la desactualización de las alícuotas marginales, cuyos tramos permanecían inalterados desde 2001. Y se le cambió el nombre, a Impuesto a los Ingresos de las Personas Humanas, para reflejar mejor su propósito y su objetivo.

El gobierno de Cambiemos fue el que más redujo el peso del impuesto a los ingresos desde la vuelta de la democracia. Desde mediados de la década de 1980, el peso del impuesto se había multiplicado por diez, en términos de porcentaje del PBI, hasta alcanzar un récord de 6,5% en 2015. En 2018 ese porcentaje bajó a 5,3% del PBI.

En julio de 2018 hubo 1.638.433 trabajadores asalariados que pagaron el impuesto, el equivalente al 17,4% del total de los asalariados, al 13% de los trabajadores registrados, al 7% de la población de entre 15 y 64 años y al 4% de la población argentina.

Esta porción de asalariados que paga el impuesto es mayor que la registrada en 2015, pero menor a la que había antes de 2013. En este sentido, es importante recalcar la modificación sancionada por decreto en 2013 por la que quedó exento del impuesto un grupo de contribuyentes totalmente arbitrario (quienes habían tenido sueldos menores a 15.000 pesos mensuales entre enero y agosto de ese año), que generó fuertes distorsiones en la base imponible.

Reforma tributaria. En 2017 comenzamos a implementar una reforma tributaria gradual que está corrigiendo los principales problemas del sistema impositivo argentino: elimina distorsiones de manera integral, nos permite avanzar hacia un sistema más equitativo, impulsa la creación de empleo y fomenta la inversión y el desarrollo económico.

La reforma tributaria, aprobada por el Congreso tras un amplio consenso con las provincias, es una herramienta eficaz para lograr un sistema tributario más justo, que ponga el énfasis en la creación de trabajo, que logre equiparar las cargas de manera mucho más equitativa y mucho más progresiva aliviando a los sectores más vulnerables.

Las turbulencias ocurridas en 2018 hicieron que tengamos que acelerar la convergencia al equilibrio fiscal, por lo que priorizamos reducir el déficit bajando el gasto, como veníamos haciendo, pero también con medidas transitorias por el lado de los ingresos.

La reforma tributaria está constituida por varios componentes interrelacionados. Por un lado, el instrumento principal lo constituye el proyecto y la consecuente Ley de Reforma Tributaria sancionada por el Congreso. Por otro lado, se encuentran tres leyes complementarias: el Consenso Fiscal entre la Nación y las provincias, la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal y la Ley de Reforma Previsional.

Los cuatro instrumentos han sido diseñados y consensuados de manera simultánea para poder lograr consistencia en la estructura tributaria federal y una dinámica fiscal sostenible. Los principales avances de la reforma tributaria son:

  • Incentivar la inversión. La reforma establece varias modificaciones al impuesto a las ganancias, con impacto directo en las decisiones de inversión de las empresas y personas físicas. El cambio más relevante consiste en la implementación de un sistema de integración parcial en donde se gravan las ganancias de la sociedad y la distribución de dividendos a sus accionistas. Antes de la reforma, las sociedades en la Argentina tributaban una tasa uniforme de 35% sobre sus utilidades, y los dividendos en cabeza del accionista se encontraban exentos.
  • Con la reforma, la alícuota sobre utilidades se reduce al 30% a partir del ejercicio fiscal 2018 y a 25% a partir del ejercicio fiscal 2020. La reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias corporativas está en línea con la tendencia global de reducción de alícuotas.

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  • Otra medida incluida en la reforma para disminuir el costo de la inversión es el mecanismo de devolución acelerada de IVA para inversiones, que ahora se hace a los seis meses.
  • Aumenta gradualmente hasta 100% el porcentaje del impuesto a los débitos y créditos (también conocido como “impuesto al cheque”) que puede pagarse a cuenta de ganancias. También trabajamos en acuerdos con las provincias para que reduzcan gradualmente las alícuotas de sus propios impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos.
  • Otras rentas. Para avanzar hacia un sistema tributario más justo y equitativo, como en los países con mejor distribución del ingreso, se aprobó en el Congreso gravar la mayor parte de las rentas financieras actualmente exentas, con tasas del 15% para las colocaciones en moneda extranjera (o en pesos ajustados por inflación) y 5% para las colocaciones en pesos, con un mínimo no imponible para preservar a los pequeños ahorristas.
  • Gravar la rentabilidad de activos financieros en manos de personas físicas está en línea con el tratamiento impositivo vigente en el resto de países latinoamericanos y desarrollados. A su vez, constituye una fuente importante de recursos en una situación en la cual se espera un gran crecimiento del mercado de capitales local.
  • Más y mejor empleo. Sin contar las deducciones para obras sociales (9% de la remuneración bruta), la diferencia máxima entre el costo laboral y el salario neto que recibe el trabajador es de aproximadamente el 31%. Esta diferencia está muy por encima del promedio de América Latina.
  • La experiencia internacional indica que las políticas de reducciones de costo laboral son más efectivas cuando apuntan a segmentos específicos de la población con problemas de empleabilidad. Fijamos la implementación gradual de un mínimo no imponible de 12.000 de pesos para contribuciones patronales, el impuesto que pagan los empleadores por sus empleados.
  • Esto incrementará la demanda de trabajo e impactará positivamente sobre el nivel de empleo y de ingresos de los trabajadores. En algunos sectores, como el textil, la implementación gradual se fue adelantando (ya es plena) para dar más impulso a la actividad económica.
  • Transferencia de inmuebles. Se eliminó el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), que se pagaba en todas las compras y ventas de viviendas y se pasaron a gravar las ganancias por venta de inmuebles adquiridos luego de la reforma (excepto casa-habitación) en un 15%.
  • Impuestos internos. Redujimos los impuestos internos a los productos electrónicos, que dejaron de ser artículos de lujo y se usan en casi todas las actividades productivas. Hasta 2017, los productos electrónicos contaban con una alícuota nominal del 17% (20,5% efectiva). La reforma tributaria reduce significativamente el peso del impuesto interno de manera gradual hasta un 2% en el quinto año.
  • El consumo de productos perjudiciales para la salud tiene costos individuales y costos sociales, sobre todo para el sistema de salud. En el caso de cigarrillos y tabaco, si bien la presión tributaria no varió significativamente, los cambios afectaron el mix entre los componentes variables y fijo.
  • Medioambiente. Con la reforma reforzamos nuestro compromiso con el cuidado del ambiente. Propusimos modificar el impuesto a los combustibles para que dependa de la cantidad de dióxido de carbono emitido. El impuesto afectará al principio a combustibles líquidos y de 2020 en adelante se aplicará también sobre gas natural, gas licuado de petróleo y carbón.
  • Consenso Fiscal y Ley de Responsabilidad Fiscal.  Mediante el Consenso, las provincias se comprometieron a una reducción de la presión tributaria y a modificar sus sistemas impositivos para incrementar su eficiencia. De las 22 provincias que adhirieron al Consenso Fiscal, 21 habían logrado superávit primario en los primeros nueves meses de 2018 (todas menos Santa Cruz), ocho más que en 2017.
  • Ingresos brutos. El objetivo principal del Consenso es reducir el peso del impuesto a los Ingresos Brutos en las actividades primarias o aguas arriba y así transformarlo lentamente en un impuesto similar al impuesto a las ventas finales. A su vez, las provincias acordaron la eliminación de las alícuotas diferenciales basadas en el concepto de extraña jurisdicción, y la desgravación de exportación de servicios y bienes (excepto actividades mineras o hidrocarburíferas).

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Retenciones 2018. En septiembre, con el objetivo de acelerar el camino hacia el equilibrio fiscal, fijamos un aumento transitorio de las retenciones a las exportaciones de bienes, priorizando las de bienes con mayor valor agregado.

Desafíos pendientes

Nuestro desafío es retomar la reducción de la presión tributaria y llevarla a los niveles de países de similar desarrollo al nuestro. Una vez que las urgencias fiscales queden atrás tenemos que continuar avanzando, como ya lo hemos comenzado a hacer, hacia un sistema tributario que minimice las distorsiones económicas y sea más equitativo.

Buscamos tender hacia un sistema más simple, con bases imponibles expandidas (es decir, sin tratamiento injustamente diferenciado de contribuyentes) y con alícuotas moderadas. La redistribución del ingreso debe ser focalizada en el diseño de los impuestos directos, reduciendo la carga tributaria sobre las empresas, que habitualmente tienen la capacidad de trasladar toda o parte de la presión fiscal sobre los consumidores.

Si bien la reforma tributaria de 2017 estaba pensada para avanzar en estas direcciones, las turbulencias de 2018 nos obligaron a postergar algunos de los cambios propuestos. Por lo tanto, es nuestro desafío alcanzar un sistema impositivo que reduzca las ineficiencias en la asignación de recursos de la economía, y estimule la inversión, las exportaciones y el empleo formal. Algunos ejemplos:

  • Debemos seguir mejorando la eficiencia de nuestro sistema tributario a partir de medidas como la eliminación o la reducción de los impuestos en cascada, cobrar impuestos al consumo o a las ventas finales con alícuota uniforme, reducir las alícuotas a los impuestos a las ganancias corporativas, utilizar impuestos selectivos para corregir externalidades y evitar la asignación específica de la recaudación.
  • Hay 100 impuestos entre los tres niveles de gobierno y 65.000 normas que los regulan, estamos empezando a integrar los impuestos, los vencimientos con las provincias. Tenemos el desafío de simplificar el pago de impuestos, bajar la carga de cumplir con las obligaciones tributarias y buscar coherencia regulatoria.
  • Debemos avanzar hacia un sistema impositivo más progresivo. Para esto será clave el impuesto a las ganancias personales (impuesto a los ingresos). Es prioritario para mejorar la equidad del sistema la minimización del impuesto inflacionario, que afecta principalmente a los sectores de menores ingresos.
  • Además de tener una presión tributaria récord, gran parte de la economía de nuestro país es informal. Esto hace más gravosa aún la situación de los agentes económicos que están formalizados, puesto que una mayor porción de la presión tributaria recae sobre ellos. Ante este panorama, nuestro desafío es aumentar el grado de formalización de la economía y por lo tanto ampliar la base imponible para la recaudación, lo que permitirá realizar fuertes reducciones en las alícuotas de los tributos sin perder tantos recursos.

MÁS CRÉDITO E INCLUSIÓN FINANCIERA

Síntesis

  • El crédito es la principal herramienta para desarrollar ideas e inversiones. Más crédito permite a empresas, emprendedores y familias pensar en el largo plazo y apostar por inversiones productivas o proyectos de vida que no podrían pagar al contado. Un país sin crédito vive condenado al presente. Un país con crédito puede animarse a pensar en el futuro.
  • En 2015, la tasa de ahorro, principal fuente de fondeo del crédito, estaba en 14% del PBI, el nivel más bajo en más de una década. El crédito al sector privado, por su parte, era de los más bajos del mundo y representaba sólo el 13,2% del PBI. No había instrumentos de ahorro, la economía estaba en default y los controles cambiarios y comerciales hacían imposible la creación de nuevos proyectos. Además, teníamos un sistema bancario pequeño y obsoleto, que dejaba afuera a millones de argentinos.
  • Este crédito caro y escaso era parte del “costo argentino”, que le quita competitividad a nuestras empresas, junto con la falta de infraestructura y de energía, los altos impuestos y el exceso de burocracia y regulaciones, entre otros factores.
  • En estos tres años el Gobierno impulsó el crédito de diversas formas, tanto para las familias (con la creación de la UVA y el resurgimiento de los créditos hipotecarios) como para el sistema productivo, con la eliminación de las distorsiones en el mercado financiero, las mejoras en la regulación bancaria y el impulso y la aprobación de la Ley de Financiamiento Productivo, que puso las bases para el desarrollo de los mercados financieros en la Argentina.
  • Esto ayudó a que después de muchos años volviera a crecer el crédito al sector privado. En 2018 fue del 15,1% del PBI, 1,9 puntos más que en 2015 y el mejor registro en más de una década, impulsado por el mayor crédito a las pymes y el resurgimiento del crédito hipotecario.
  • Uno de los puntos principales de la ley era la promoción de medidas para facilitar la inclusión financiera. El Gobierno está ejecutando la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que permitió a la Argentina avanzar del 40º al 9º puesto en el ranking de entorno para la inclusión financiera en solo dos años.
  • Desafíos pendientes. Como nuestro sistema financiero es tan pequeño, tenemos todo para crecer. En cualquier indicador de profundidad del sistema estamos muy por debajo de nuestros países vecinos, pero necesitamos fomentar el ahorro y generar nuevos instrumentos de mediano plazo para pequeños ahorristas. En esto es clave la baja de la inflación, que destruye la capacidad de ahorro de las familias, y la inclusión financiera, para acercar a las personas al sistema financiero, eliminar prejuicios y abrir la puerta a la posibilidad de salir adelante aprovechando todo su potencial.

Qué encontramos

Hasta 2015 era minoritaria en el Gobierno la idea de que el crédito de largo plazo pudiera ser un mecanismo de desarrollo, una situación coherente con con el espíritu cortoplacista de las políticas económicas del momento. Los instrumentos de ahorro relacionados con el mercado financiero eran considerados especulativos, la regulación era poco amigable y el crédito solía estar subsidiado, lo que generaba un límite a su expansión y daba pocos incentivos a los bancos para ofrecer opciones atractivas de inversión.

El crédito al sector privado en la Argentina era de los más bajos del mundo. En 2015, en una lista de 171 países del Banco Mundial, Argentina estaba en el puesto número 154, con sólo 13% de crédito en el PBI. Uruguay, Brasil y Chile prestaban al sector privado el 30%, el 66% y el 109% del PBI, respectivamente.

El mercado de capitales también era minúsculo. La capitalización del mercado local, indicador utilizado para conocer el grado de desarrollo del mercado de capitales en un país, alcanzaba a sólo el 10% del PBI, mientras que en países de la región como  Brasil, Perú o Chile alcanza el 28%, el 29% y el 79%, respectivamente.

En 2015 existían sólo 299.000 subcuentas comitentes en la Caja de Valores, un 64% menos que en 2004. En gran parte gracias a la Ley de Financiamiento Productivo, esa tendencia se está revirtiendo y en septiembre de 2018 las subcuentas comitentes ya superaban las 400.000.

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Por otro lado, si bien la cuentas bancarias tenían un alto nivel de cobertura, eso no llegaba a trasladarse a que las familias sacaran rédito de su dinero en cuenta, lo que está directamente relacionado con la falta de inclusión financiera. La gran mayoría de esas cuentas no permitían hacer otra cosa que sacar la plata en efectivo de las sucursales bancarias y los cajeros automáticos. En términos de cobertura, la situación también era preocupante. Teníamos menos sucursales bancarias y cajeros automáticos que Chile, Colombia, México, Brasil y Perú. La ramificación del sistema bancario era muy pobre, lo que hacía imposible aumentar su penetración y obligaba a los usuarios a sacar todo el dinero en efectivo en la primera oportunidad posible.

En el segmento comercial, sólo tres de cada 10 pymes había solicitado un crédito bancario en 2015, comprobando que la continua expansión del sistema de tasas subsidiadas no era la estrategia correcta. Por otro lado, sólo el 24% del crédito bancario se destinó a pymes con menos de 250 empleados. El objetivo aquí es, también, ampliar la oferta de canales de inversión real al gran flujo de capitales que atrajo el sinceramiento fiscal.

Finalmente, las tasas de interés reguladas por el Estado a través del Banco Central eran negativas en términos reales, lo que hacía muy difícil protegerse de la inflación a través del sistema financiero. Y el Gobierno monitoreaba quiénes hacían transacciones para escapar de este tipo de limitaciones.

Qué hicimos

El Gobierno cree que multiplicar el crédito y hacerlo más accesible, tanto para las familias como para las empresas, es una manera fundamental de ayudar a bajar el “costo argentino”, que le quita competitividad a nuestras empresas, junto con la falta de infraestructura y energía, los altos impuestos, el exceso de burocracia y regulaciones, la falta de competencia y la escasa integración al mundo, entre otros.

La expansión del crédito en los primeros años de gestión fue posible gracias a una serie de medidas que permitieron aumentar el ahorro, bajar el costo de financiamiento, mejorar la regulación y ofrecer nuevas herramientas de inversión.

Durante los primeros dos años el Gobierno logró el acuerdo con los holdouts e implementó medidas que permitieron reducir el costo al que se financiaba el Tesoro en el mercado. Esto, combinado con un entorno de tasas internacionales todavía bajas, le permitió al Tesoro conseguir financiamiento a las tasas más bajas de su historia.

Después de nueve años como “economía de frontera” recuperamos en 2018 la categoría de “mercado emergente”, gracias en parte a las medidas de normalización e institucionalidad financieras impulsada por el Gobierno. La reclasificación implicó una nueva señal de confianza hacia el país y hacia el proceso de reformas iniciado en 2016.  El impacto de esta recategorización será más evidente a partir de junio de 2019 cuando los inversores que invierten siguiendo esa definición agreguen las acciones argentinas a sus portafolios.

En cuanto al ahorro, tras años de políticas que desincentivaron el ahorro doméstico (elevada inflación, tasas de interés reales negativas, sucesivos defaults soberanos, limitaciones para el uso de divisas), recibimos un mercado financiero poco profundo y pequeño. Reconocimos que su desarrollo es importante para el crecimiento, porque es el vínculo para que el ahorro llegue a los proyectos productivos y porque es un factor clave para bajar el costo de capital de las empresas y aumentar su competitividad.

Ley de Financiamiento Productivo. La nueva Ley de Financiamiento Productivo se desarrolló con el objetivo de potenciar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, y lograr el desarrollo del mercado de capitales local. La ley tiene cuatro ejes: el impulso del financiamiento para las micro empresas y las pymes, el fomento del acceso al financiamiento para la vivienda, el fortalecimiento tanto del regulador como de la regulación, y la canalización del ahorro nacional hacia inversiones a largo plazo. Algunos de sus efectos:

  • Con la sola creación de la UVA y el fortalecimiento de la confianza en el gobierno y en el largo plazo del país, ya estamos viendo un crecimiento del crédito hipotecario como pocas veces se había visto. Para esto, se facilitaron y ampliaron las opciones de fondeo a las que los bancos pueden recurrir, al tiempo que se redujeron impuestos para las cuotas. A su vez, se modificó la normativa de financiamiento del mercado inmobiliario, permitiendo la emisión de letras hipotecarias ajustables por CER o UVA.
  • Durante años, no existieron inversores institucionales para fondear proyectos de largo plazo. El estímulo del ahorro a largo plazo a través de seguros de vida y de retiro, previsto en la ley, se canaliza a la inversión en infraestructura, y mejora la distribución de la riqueza entre generaciones. Con este proyecto se permitió el ajuste por CER o UVA (u otros índices) de las pólizas de seguro, para servir de contraprestación del fondeo ajustable al sistema bancario.
  • Por otro lado, los Fondos Comunes de Inversión (FCI), que facilitan el acceso de pequeños ahorristas al mercado de capitales brindándoles la posibilidad de diversificación a bajo costo, han tenido un desarrollo desigual entre los fondos comunes abiertos (invierten en instrumentos del mercado de capitales) y los cerrados (pueden invertir en la economía real ya que no necesitan liquidez inmediata en sus inversiones), en parte por razones tributarias que afectan a estos últimos. Resulta indispensable la eliminación de asimetrías, de manera de reestablecer el equilibrio entre ambos tipos de fondos a fin de impulsar la expansión de los FCI Cerrados como vehículos a través de los cuales se puedan canalizar nuevas inversiones en la economía real. El mercado de FCI argentino es el menos desarrollado de la región.

Otros instrumentos que se busca potenciar con esta medida son las emisiones de capital por parte de compañías locales, la transparencia y la protección a los inversores y la eliminación de asimetrías impositivas que terminaron por deteriorar el mercado local ante las mejoras comparativas en países vecinos.

Uno de los puntos clave de la ley fue haberle dado a la CNV el rol que siempre debió tener. Ya no podrá meterse arbitrariamente en los directorios de las empresas y su tarea será la de fortalecer el sistema financiero, asegurando una regulación sostenible y equilibrada.

Por último, siguiendo con la lógica de que este proyecto dé fuerza a cambios que hoy son urgentes, la inclusión financiera aparece como uno de los principales motores del proyecto. Se contemplaron medidas de capacitación, mayor acceso, profesionalización y articulación entre todos los participantes de un sector cada vez más importante y de especial relevancia entre los más vulnerables.

En solo tres años, la cantidad de personas invirtiendo en el mercado de capitales a través de una subcuenta comitente aumentó un 33%, con 106.584 nuevas cuentas activas. Ya se recuperó todo el terreno perdido entre 2012 y 2015. Algo similar se dio en los FCI abiertos, donde la cantidad de cuotapartistas llegó a 397.811 en septiembre de 2018, casi el triple de los que había en 2015.

Crédito al sector privado. Desde 2015, el crédito al sector privado aumentó en 1,9 puntos del PBI, impulsado por los créditos comerciales, que aumentaron 1,2 puntos del PBI, y por los créditos hipotecarios, que pasaron de 0,9% a 1,6%, el mayor nivel en una década.

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Resaltan dos causas de expansión: la promoción de la UVA y el aumento del crédito para compra de maquinaria. Desde enero de 2016 se otorgaron más de 170.000 créditos hipotecarios, más que todo lo otorgado entre 2008 y 2015 con fondos prestables de los bancos. De éstos, más de 106.000 fueron con UVA.

Por otro lado, el crédito para maquinarias otorgado entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018 más que duplica lo prestado en 2015, medido en precios constantes, descontando la inflación.

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Estos resultados se deben al menos en parte a iniciativas del Gobierno, que está fomentando la inclusión financiera de las pymes, otorgando facilidades de financiamiento y reduciendo aranceles para bienes de capital productivos a través del FONDEP, FOGAR, líneas del BICE, potenciamiento del Sistema de Garantías, Financiamiento PyME y descuento de cheques.

  • BICE. Los préstamos del BICE a empresas se multiplicaron por ocho en estos tres años. Crecieron de 5.814 millones en 2015 a 45.000 millones proyectados para este año. Entre abril de 2017 y marzo de 2018, las empresas argentinas accedieron a más de 300.000 millones de pesos en el mercado de capitales, 38% más que el año anterior.

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  • ON Simple.  Desde la entrada en vigencia en junio de 2017 del Régimen ON Simple, el número de emisoras pyme pasó de 74 a 129; esto es, 55 ingresos netos en 15 meses. Desde la puesta en vigencia de este régimen se emitieron 58 ON Simples por un monto de 682 millones de pesos. El 40% de las empresas con oferta públicas eran pymes en septiembre de 2018. Gracias a la ON Simple y el impacto que tuvo en la ampliación del acceso al financiamiento, en 13 provincias hay pymes buscando financiamiento con este mecanismo.

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  • Factura de crédito electrónica. Una nueva herramienta que incorporó la Ley de Financiamiento Productivo. Esto es importante cuando vemos que las pymes argentinas no estaban incluidas en el sistema financiero normal. El 70% se autofinancian, y muchas, además, financian a las grandes empresas de las que son proveedoras.

Inclusión financiera. La inclusión financiera suele no estar relacionada con el nivel de desarrollo de los países sino con las políticas que se tomen para facilitar su profundización. Si bien los países de mayor nivel de ingresos y desarrollo suelen ya tener sistemas financieros con alto grado de penetración, en la región esto no es tan obvio.  Las principales medidas de los últimos tres años para lograr mejorar la inclusión financiera fueron las siguientes:

  • Desde 2016 se uniformó el sistema de cuentas bancarias, transformando a la caja de ahorro en la cuenta bancaria más extendida. Además, se estableció que todas las cajas de ahorro y transferencias que se realicen por medios digitales sean gratuitas.
  • La digitalización financiera fue el eje de la estrategia del BCRA, que incluyó la modernización de su relación con los bancos comerciales y los usuarios. Se impulsaron medidas para abrir cuentas de manera remota y digital, y para la realización de pagos y transferencias electrónicas (con las transferencias por canales móviles, el Alias CBU y la Clave Virtual Uniforme  como principales ejemplos). Todo esto permite acercar los servicios financieros a una mayor parte de la población.
  • El último gran avance fue la creación de las corresponsalías bancarias, que permite dar servicios bancarios y financieros a todo tipo de comercios.

Como resultado de estas medidas, entre 2015 y 2017, la Argentina avanzó del puesto 40º al 9º en el ranking de competitividad del entorno para la inclusión financiera que elabora el microscopio global de The Economist.

Créditos ANSES. Ya se otorgaron más de 7.2 millones de créditos a las tasas más bajas del mercado. Durante esta gestión no sólo se ampliaron los montos y se simplificó  el trámite, sino que, además de los jubilados, que ya estaban incluidos, se les dio la posibilidad de sacar un crédito a los titulares de una PUAM y Pensiones No Contributivas, y también a los padres y madres que cobran la Asignación Universal y la Asignación Familiar. La gente que accede a estos créditos, que puede usarlos para lo que quiera, no tiene las condiciones para obtener un crédito bancario, y antes de tener esta oportunidad eran víctimas de usureros del barrio que les cobraban hasta cuatro veces el valor de lo que le prestaban.

Medios de pago electrónicos. En 2018 el BCRA continuó adoptando medidas destinadas a fomentar un mayor uso y difusión de los medios electrónicos de pago.

Para lograrlo, se continuó impulsando la Plataforma de Pagos Móviles, lo que permitió diversificar los usos del Pago Electrónico Inmediato (PEI). Esto permitió que, por ejemplo, las empresas de cobranzas extrabancarias, por primera vez en la historia, comenzaran a aceptar pagos instrumentados a través de tarjetas de débito.  Esas transacciones hoy representan más de 5.000 millones de pesos mensuales, que antes eran realizados exclusivamente en efectivo, aumentando las posibilidades de ahorro de esos fondos, con el correlativo aumento del crédito.

Se efectuaron mejoras en el sistema de débito inmediato (DEBIN), que permite utilizar las cuentas bancarias para diversas transacciones, incorporándolas a los procesos de pago,  incluyendo nuevos controles sistémicos y scoring de transacciones, entre otros cambios.

Con el mismo objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo y la modernización de los medios de pagos, se lanzó la Clave Virtual Uniforme (CVU), que permite agilizar la interoperabilidad de los proveedores de servicios de pago y las cuentas bancarias. La Argentina es líder global en este tipo de interoperatividad de las plataformas financieras donde las cuentas bancarias y las billeteras electrónicas se interconectan instantáneamente. Adicionalmente, se reglamentó el funcionamiento para efectuar pagos por medio de los denominados códigos de respuesta rápida (códigos QR).

Finalmente, en pos de generar un marco de mayor seguridad y celeridad en la gestión de cobro y disminuir las causales de rechazos de cheques, en 2018 se reglamentó el cheque electrónico, que conserva todas las funcionalidades del cheque físico (puede ser común o de pago diferido) y es endosable sin las limitaciones que rigen para los cheques tradicionales. Eso, también, permitirá que el descuento de cheques electrónicos se realice a una tasa más baja y con mucho menores costos de transacción, aumentando el crédito para las pymes y acortando la cadena de pagos.

Al comienzo de nuestra administración, algunas primas de seguro solamente se podían pagar en efectivo. Hoy todas deben ser pagadas por medios electrónicos.  Los medios electrónicos de pago fomentan la formalidad de la economía, disminuyen el riesgo de transportar dinero físico y reducen los costos transaccionales como el transporte, entre otros beneficios.

Corresponsalías. El BCRA aprobó una norma que facilita el acceso de las personas al sistema bancario. La norma permite la realización de operaciones bancarias a través de agencias complementarias generalmente llamadas corresponsalías bancarias. Estas corresponsalías bancarias podrán establecerse a través de acuerdos entre los bancos y distintas redes de comercios o entidades –como, por ejemplo, estaciones de servicio, supermercados, farmacias o el correo estatal-. La Argentina es un país geográficamente extenso; en un contexto global donde el capital bancario es escaso, el aumento en la presencia física de los bancos a través de sucursales representa un enorme desafío.

Se espera que las corresponsalías contribuyan al crecimiento de la infraestructura bancaria, que en septiembre de 2018 tenía 28.525 puntos de atención, un 10% más que en 2017 y un 20% más que en 2015, principalmente gracias al el avance de los cajeros automáticos y las terminales de autoservicio. Por otro lado, en 2018 también se observó un gran dinamismo de los puntos de extracción de efectivo no bancarios (cash back), al cual se sumaron más de 7.000 locales comerciales.

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Estrategia nacional de Educación Financiera. La misión de la ENIF es promover el acceso y uso responsable y sostenible de servicios financieros por parte de todas las personas y empresas en el territorio argentino, con el objetivo de contribuir al desarrollo social y al crecimiento económico del país y reducir la vulnerabilidad económica de los individuos y las empresas a través de la inclusión financiera.  Los ejes de la ENIF son cuatro:

  • Completar y mejorar el acceso a cuentas de ahorro, crédito, medios de pagos electrónicos y seguros. 
  • Potenciar el uso de cuentas de ahorro y medios de pago electrónicos, como portal de entrada al sistema financiero.
  • Mejorar las capacidades financieras de la población y la protección al usuario.
  • Mantener una perspectiva de género y procurar la inclusión financiera de grupos específicos con mayor riesgo de estar excluidos, como jóvenes, personas en el sector informal e inmigrantes.

Dado que la igualdad de género contribuye al desarrollo económico y promueve la equidad social, el BCRA ha comenzado a relevar y explotar distintas bases de datos con el fin de analizar la existencia de diferencias por género en indicadores clave de inclusión financiera. Resulta destacable la inexistencia de brecha en el caso de acceso a cuentas, con un correspondiente 80,7% y 80,1% para mujeres y hombres adultos, pero sí en la variable financiamiento, donde a marzo de 2018 el 47% de las mujeres adultas poseía al menos un financiamiento mientras que en el caso de los hombres alcanzaba el 54%. Esta brecha tiende a incrementarse a medida que aumenta el plazo del financiamiento, el importe de las financiaciones o se requiere de la existencia de garantías (alcanza casi 30 puntos porcentuales de los préstamos prendarios e hipotecarios).

Crowdfunding. En el marco de la Ley de Emprendedores, la CNV reglamentó el Sistema de Financiamiento Colectivo (crowdfunding), que permite a pequeños inversores –personas físicas o jurídicas– invertir montos bajos en iniciativas de emprendedores a través de Internet (el límite es 20.000 pesos, o el 5% del capital inicial del proyecto si esta proporción es menor a aquella cifra). Además, el sistema prevé otorgar beneficios impositivos a quienes decidan invertir.


Esta herramienta permite a los emprendedores conseguir a través de una Plataforma de Financiamiento Colectivo (PFC) el monto que cada proyecto necesita para un objetivo determinado. También fomenta la transparencia y acerca el mercado de capitales a las personas, a modo de alternativa de inversión frente a los instrumentos tradicionales.

Desafíos pendientes

A pesar de los logros, todavía tenemos un mercado de crédito pequeño en comparación con otros países. Tenemos que trabajar para que haya una mayor canalización del ahorro hacia al sistema financiero. Esto permitirá que más empresas puedan conseguir financiamiento, que más inversiones generen trabajo, que más argentinos puedan acceder al sueño de la casa propia y que el consumo pueda crecer más rápido.

La elevada inflación y las tasas de interés reales negativas promovidas por la anterior gestión hicieron que el peso no fuera considerado como instrumento de ahorro. Desde que asumimos se han tomado diversas medidas para favorecer el ahorro en pesos, como la promoción de la UVA, que permite resguardar el valor de los ahorros en términos reales y generó niveles récord de créditos hipotecarios.

Los plazos fijos tradicionales también han exhibido tasas reales positivas, volviéndose a convertir en una alternativa atractiva para los ahorristas. Creemos que más allá de estos logros queda aún mucho camino por recorrer y que la confianza del peso seguirá creciendo paulatinamente con las mejoras en cuanto a la autonomía del BCRA y su balance.

El mercado de capitales y de crédito al sector privado en la Argentina es de los más chicos del mundo, por lo que el desafío es ganar profundidad. Que cada vez haya más empresas y personas dentro del sistema financiero formal. En este punto, una normalización macroeconómica lo más rápida posible nos va a permitir una baja de las tasa de interés y retomar un camino de baja fuerte del costo de capital.

Seguir implementando la ENIF es clave para continuar la base de usuarios del sistema financiero, para que más pymes puedan acceder al crédito para comprar máquinas y contratar empleados y para que el sector privado se siga desarrollando.

ARGENTINA EXPORTA

Síntesis

  • Para crecer sostenidamente, la Argentina tiene que exportar más. El Gobierno está trabajando para darle al sector productivo las herramientas para que sea cada vez más dinámico y productivo, se anime a salir al mundo y ofrezca empleos formales y calificados.
  • Tenemos una dotación de recursos naturales rica y variada y una población diversa con una gran capacidad. Tenemos también un entramado industrial elaborado y una historia productiva que produjo aprendizajes y talentos gracias a los cuales hoy somos líderes en los mercados internacionales de diversos productos. 
  • Convertirnos en un país exportador es una parte central del modelo económico impulsado por el Gobierno. Sólo nos lo impiden la decisión de hacerlo y (hasta hace no mucho) las trabas y la inestabilidad generadas desde el Estado. En estos años, además del complejo agroindustrial y la energía, las exportaciones de muchos sectores, incluida la industria, han aumentado consistentemente.
  • Más del 75% de los sectores tienen al menos una empresa que exporta y hay casi 10.000 empresas argentinas que le venden sus productos al mundo, pero supieron ser más de 15.000 hace unos años.
  • En estos años abrimos mercados internacionales para nuestras empresas, eliminamos burocracia, digitalizamos todos los trámites para exportar, ayudamos a reducir costos logísticos y diseñamos nuevas formas de financiamiento, entre otras medidas.
  • Desafíos pendientes. Nuestra estrategia exportadora está centralizada en Argentina Exporta, un plan que reúne el recorrido hecho hasta ahora y establece una hoja de ruta para seguir avanzando en el futuro. Su objetivo es triplicar las exportaciones argentinas de acá a 2030.

Qué encontramos

Entre 2004 y 2013, la Argentina exportó el equivalente al 19% del PBI en promedio. Para 2015, esa cifra había bajado al 12%. En el momento del cambio de gobierno, las exportaciones acumulaban treinta meses consecutivos de caída interanual, que se cortaron en enero de 2016.

No hay registro de otra caída tan extendida. Durante la recesión de 2009, las exportaciones cayeron 13 meses seguidos; durante la recesión de 1998 y 1999, 13 meses seguidos; y, entre 2001 y 2002 el periodo de caídas consecutivas más largo fue de  cinco meses.

La mitad de esta caída se explica por precios más bajos de los bienes que exportamos, especialmente el de las commodities agropecuarias. Pero en cualquier caso las cantidades exportadas se redujeron un 18% entre 2012 y 2015, especialmente las de las manufacturas industriales.

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No existía una política de inserción internacional. La falta de competitividad, reflejada en el atraso cambiario pero explicada principalmente por el constante deterioro de la infraestructura, el capital físico y la presión tributaria, erosionaron la capacidad exportadora de la producción agropecuaria, la industria y los servicios. De las alrededor de 15.000 empresas que exportaron en 2010, unas 5.000 habían dejado de hacerlo en 2015.

Mientras el mundo firmaba acuerdos de comercio e integración productiva, nosotros pasamos a estar entre las economías más cerradas del mundo. Esa política aislacionista tuvo consecuencias muy problemáticas sobre la economía. La Argentina todavía está en el puesto 106 entre 142 países en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

Qué hicimos

La Argentina tiene que exportar más para crecer. No es tarea de un solo sector, sino de todos los que componen la economía. Tenemos una rica y variada dotación de recursos naturales y una población diversa con una gran capacidad. Tenemos también un entramado industrial elaborado y una rica historia productiva.

Más del 75% de los sectores tienen al menos una empresa que exporta y en total son cerca de 9.600 las empresas argentinas que le venden sus productos manufacturados al mundo, aunque llegaron a ser más de 15.000. Otras tantas exportan servicios. Hay biotecnología rosarina en Sudáfrica y Marruecos, hay bombas dosificadoras de engranajes de Avellaneda en la India, hay válvulas santafesinas en los motores de las Ferrari, y hay una cadena argentina de café en Paquistán.

Las oportunidades están en todo el país y en todos los sectores. Desde los más ligados a los recursos naturales (agroindustria, pesca, minería y energía), hasta aquellos vinculados a una gran cantidad de actividades de la industria manufacturera, pasando por los servicios que atraviesan todas las cadenas de valor.

Pero necesitamos que más empresas las aprovechen. Para eso tenemos que desarrollar una cultura exportadora comprometida con la competencia y con la diferenciación, la calidad, el diseño y la tecnología. Las pymes son el motor de la Argentina y se tienen que animar a crecer de la mano de todo lo que le pueden ofrecer al mundo.

Exportar es una condición necesaria para generar recursos que financien los esfuerzos de inversión. Históricamente, la Argentina ha tenido dificultades para solventar los aumentos de la tasa de inversión con recursos propios, lo que se tradujo en financiamiento con deuda externa y crisis recurrentes de la balanza de pagos. Aunque una parte de este fenómeno se deba a la asignación de recursos a financiar gastos de consumo público y privado de corto plazo en lugar de inversiones de largo plazo, el factor más importante es la falta de las divisas necesarias para financiar las importaciones asociadas a una mayor inversión privada.

La manera más genuina de producir los recursos para poder financiar altas tasas de inversión que se traduzcan en mejoras de productividad es lograr que esa inversión aumente la oferta exportable. Sin incrementar las exportaciones de manera sostenida será muy difícil para la Argentina poder mantener altas tasas de inversión y seguir aumentando la productividad en un círculo virtuoso, evitando la restricción externa.

Cepo y retenciones. En el primer mes de gestión, dos medidas tuvieron un claro sesgo exportador: unificamos el tipo de cambio, con la eliminación del cepo, y eliminamos las retenciones a todas las exportaciones, salvo unos pocos casos en los que se fijó un sendero gradual de reducción. En 2018 la aceleración del sendero fiscal requirió nuevas retenciones, transitorias y generales. Además, se decidió pasar a un esquema de flotación cambiaria y se decretó el fin de la obligación (primero se habían extendido los plazos) para que los exportadores liquidaran sus ventas en el mercado cambiario.

Las exportaciones reaccionaron rápidamente. En estos tres años, las exportaciones pasaron de 56.788 millones de dólares a 61.620, un aumento de 9% y consistente en los tres años, luego de haber caído por cinco años.

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Las exportaciones industriales acumulan un crecimiento de 14%, o 2.500 millones de dólares, aunque todavía falta mucho para alcanzar los niveles de principios de 2012, cuando comenzó la caída. Las de combustibles y energía crecieron 86% en tres años. Más allá de las variaciones en precio, hoy exportamos 6% más en cantidades, a pesar del impacto de la sequía.

Argentina Exporta. En octubre de 2018 el Gobierno lanzó Argentina Exporta, que engloba los avances de los tres años de gestión y propone una mirada enfocada en la promoción de las exportaciones como una vía fundamental hacia el desarrollo, que permita aumentar las inversiones, la generación de divisas genuinas y aumentar la competitividad del sistema. Algunos de los ejes del plan son:

  • Acceso a mercados internacionales. Desde 2016 avanzamos en una agenda de acuerdos y negociaciones internacionales destinada a mejorar las condiciones de acceso a los mercados para la exportación de nuestros productos. Ya abrimos más de 170 mercados para más de 100 productos agroindustriales en los cinco continentes, lo que nos abre oportunidades que ya se están aprovechando.
  • Facilitación del comercio. Avanzamos en varios ejes para facilitar el comercio y reducir los costos para exportar, generando nuevas oportunidades para emprendedores. Con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) logramos la digitalización de todos los trámites pre-aduaneros para exportar. Exporta Simple habilitó exportaciones de más de 300 empresas a más de 80 países. Redujimos el tiempo promedio para importaciones temporarias de 16 meses en 2015 a dos meses en 2018.
  • Financiamiento. Trabajamos con bancos públicos y privados para promover un mayor acceso al financiamiento para inversiones y exportaciones, seguros de crédito y financiamiento para ferias. 
  • Sistema Nacional de Calidad. Hoy en día la calidad es un factor fundamental para el sector exportador. Relanzamos el sistema Nacional de Calidad para que las empresas argentinas produzcan con estándares internacionales.
  • Acompañamiento a empresas. Desarrollo de capacidades, asistencia y asesoramiento, acciones de promoción. Herramientas, asesoría y planes de formación para que las empresas adquieran habilidades para insertarse al mundo. Conectamos la oferta exportable con compradores de todo el mundo a través de más de 400 acciones de promoción, asistiendo a más de 5.100 empresas en 2018.

Un ejemplo de las negociaciones internacionales es que luego de seis años nuestro país retornó al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para exportar a Estados Unidos. Otros logros son que se volvió a exportar aceite de soja a China luego de tres años, se reabrieron los mercados de limones a los Estados Unidos luego de 17 años y de carne bovina y ovina de la Patagonia a Japón, y actualmente se negocia la apertura para carne bovina del mercado estadounidense.

Exporta Simple. Es una plataforma que permite a emprendedores y pymes exportar sus productos a cualquier parte del mundo desde una computadora. A través de este régimen simplificado se puede exportar bienes producidos en la Argentina, con un valor que no supere los 15.000 dólares cada operación y con un tope anual de 600.000 dólares.

En 2018, con el objetivo de potenciar esta herramienta, se bonificó el envío para las pymes que realicen su primera exportación a través de la plataforma. Hasta el momento, a través de Exporta Simple se realizaron más de 2.800 operaciones de exportación desde su lanzamiento en diciembre de 2017, que acumulan más de nueve millones de dólares. Los destinos de las exportaciones fueron 92 países. Además, hubo 176 exportadores que lo hicieron por primera vez o que volvieron a exportar luego de más de cinco años.

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Fuente: Ministerio de Producción y Trabajo

VUCE. La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) es una herramienta de facilitación que permite optimizar y unificar digitalmente la información y la documentación del comercio exterior, para cumplir con todos los trámites de importación, exportación y tránsito aduanero. Con el objetivo de que puedan gestionarse desde cualquier país y en un solo lugar, se digitalizaron todos los trámites de comercio exterior.

El 95% de los trámites de comercio exterior ya se encuentran digitalizados. Además, en 2018, VUCE lanzó dos herramientas públicas y gratuitas que fortalecen la transparencia y el acceso a la información pública: la Central de Información de Comercio Exterior (CICE) y la calculadora FOB.

Calculador FOB. Es una herramienta que permite calcular los costos Free On Board (FOB) para productos agroindustriales. Esta plataforma permite que los productores y exportadores puedan estimar los precios de las operaciones de exportación de sus productos a partir de ciertas variables y de información de la que dispongan. A través de sus propias estimaciones de costos directos e indirectos, podrán aproximarse a precios estimados de venta FOB para sus productos, facilitando sus decisiones de negocios y sus proyecciones.

Mapa de productos agroindustriales. Es una herramienta de información abierta al público donde se pueden visualizar los mercados abiertos para cada producto agroindustrial por posición arancelaria. Muestra el nivel de apertura y de diversificación de destinos de los productos agroindustriales argentinos.

Hoy el mapa brinda los principales destinos de los productos que componen el 80% de la oferta agroindustrial de los sectores carnes, lácteos, frutas, hortalizas, pesca y alimentación animal.

El mapa también brinda información estratégica sobre cada uno de los mercados abiertos para cada producto, como exportaciones, importaciones y arancel promedio, para que el productor o exportador pueda tomar mejores decisiones de negocios al momento de pensar en exportar sus productos.

Sistema de preferencias de USA. La Argentina retornó al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para exportaciones a los Estados Unidos en marzo. El ingreso facilita las exportaciones de unos 500 productos argentinos, en especial de economías regionales, al ingresar en el mercado estadounidense con arancel cero.

En el primer trimestre los valores de los productos exportados a Estados Unidos, a través del régimen de SGP, equivalen a más de 45 millones de dólares. Los productos que más se exportaron utilizando el régimen fueron: alambre de aluminio, gelatina, maíz amarillo, garbanzo disecado y plomo refinado.

Fin a la doble imposición tributaria en la exportación de servicios entre Argentina y Brasil. En mayo el Senado argentino aprobó un convenio con Brasil que eliminó la doble imposición tributaria. Esta medida favorece a pymes y emprendedores argentinos exportadores del sector de servicios basados en el conocimiento.

Desafíos pendientes

Hay casi 6.000 empresas que antes exportaban y ya no lo hacen. Dejaron de hacerlo no porque la calidad de sus productos no fuera atractiva ni porque no hubiera demanda para productos argentinos: dejaron de hacerlo porque la Argentina se encargó de ponerles trabas.

Necesitamos recuperar la capacidad exportadora y volver a ser uno de los principales proveedores del mundo. Ya lo hicimos con la carne y hay potencial para hacerlo con la tecnología, el conocimiento o la energía, entre tantos otros.  Necesitamos que cada vez más empresas nazcan con el objetivo de exportar y no que las ventas al exterior sean “el saldo exportable”.

Continuaremos con la agenda de negociaciones bilaterales y multilaterales para abrir más mercados. Nuestro objetivo es pasar de abastecer a un mercado de 44 millones de habitantes a abastecer uno con 170 veces más habitantes y 130 veces más rico. Estamos negociando la ampliacion y la profundizacion del acuerdo comercial con México, y avanzando en los tratados de libre comercio con Canadá, la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, Corea y Singapur. Abriremos 50 nuevos mercados agroindustriales de exportación en 2019. Para esto utilizaremos una red de 158 representaciones en el exterior.

Continuaremos también con la agenda de facilitación del comercio. Estamos trabajando en un nuevo Exporta Simple que flexibilizará los requisitos para que cada vez más empresas puedan vender sus productos en el exterior, eliminando restricciones que no permiten escalar los envíos. Reduciremos el tiempo promedio de importación temporal de dos meses en 2018 a una semana en 2019.

Las oportunidades están en todo el país y en todos los sectores. Desde los más ligados a recursos naturales (agroindustria, pesca, minería, y energía), hasta en una gran cantidad de actividades de la industria manufacturera, pasando por los servicios que atraviesan todas las cadenas de valor.

TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Síntesis

  • El Gobierno impulsa un sector productivo dinámico y moderno que ofrezca empleos formales y calificados y que se anime a salir al mundo, a competir, a innovar y a invertir.
  • Durante las últimas dos décadas, la Argentina tuvo un modelo económico basado en agotar las oportunidades de corto plazo sin una estrategia de desarrollo. Como no se hacía nada por mejorar la competitividad de la estructura económica, la variable que salvaba o condenaba a la industria y al aparato productivo era el tipo de cambio.
  • La estrategia para avanzar en estos caminos está trazada en el Plan Productivo Nacional, que busca consolidar y acelerar el crecimiento de la economía, dar trabajo formal a millones de personas y ayudar a reducir la pobreza, el principal objetivo del Gobierno.
  • Hace tres años estamos en un proceso de mejora constante de la competitividad sistémica, que será más visible a medida que se termine de normalizar la macroeconomía y que incluye como ejes el desarrollo de la infraestructura y la energía, las exportaciones, la simplificación y reducción de trámites, el desarrollo de la competencia y los mercados financieros y más apoyo para las empresas que necesiten innovar, capacitarse y adecuarse a las nuevas formas de producir.
  • Desafíos pendientes. Es fundamental aprobar los proyectos de ley de Lealtad Comercial y una ley de Defensa del Consumidor. El mundo va hacia la integración completa de las cadenas de valor y esto va a transformar los patrones de producción, comercio y especialización. Se fragmentan los procesos productivos y empiezan a generarse redes globales de proveedores, insumos y productores. Tenemos el desafío de insertarnos aprovechando el capital humano argentino, pero para eso tenemos que seguir trabajando en eliminar las distorsiones de la economía y ganar competitividad sistémica.

Qué encontramos

En 2015 la matriz productiva argentina estaba poco diversificada, dependía excesivamente de las exportaciones del campo y había muchos sectores industriales necesitados de asistencia y protección para seguir a flote.

Encontramos una estructura productiva con menos capacidad de generar bienes y servicios con el mismo capital de trabajo que antes del comienzo gestión anterior. Desde 2006, la productividad había caído casi un 13%, en parte por políticas que desalentaban la innovación y la incorporación de tecnología. Además, a diferencia de los países de rápido crecimiento, la Argentina experimentó una contracción del empleo en sectores con productividad del trabajo relativamente más alta y una expansión de sectores con productividad del trabajo relativamente más baja. Para colmo, la estructura económica continuó siendo (no es un problema reciente) poco compleja, poco diversificada y desbalanceada regionalmente.

En la década anterior al cambio de gobierno, por otra parte, la Argentina permaneció aislada de los flujos de inversión extranjera directa y se mantuvo baja su inserción en las cadenas globales de producción. El porcentaje de los flujos de inversión extranjera hacia América Latina captado por la Argentina cayó del 25% en 1990-1999 al 10% en 2000-2009 y al 9% en 2010-2014. Por otro lado, la participación de las empresas argentinas en las cadenas globales de valor siguió siendo pobre, muy por debajo de la de otros países de la región. En 2015 había 6.000 empresas exportadoras menos que en 2006 y 1.500 empresas importadoras menos que en 2011.

A partir de 2011, el modelo industrial de las empresas grandes, pequeñas y medianas se vio cercado por el cepo cambiario y las restricciones a las exportaciones y a las importaciones. También por la apreciación del tipo de cambio y la política de energía y transporte baratos, que llevaron a liquidaciones de stocks, crisis en el sector energético, la escalada de la inflación y el deterioro de la balanza externa.

Entre 2005 y 2015 la composición de las importaciones perdió el destino productivo que tenía. Entre 2002 y 2007, ocho de cada diez dólares importados eran para la producción, ya sea en bienes de capital, piezas o bienes intermedios. Desde 2008 en adelante, las importaciones con destino productivo pasaron a ser el 70% y, entre 2011 y 2015, cayeron 16%. En paralelo, las importaciones de combustible pasaron de representar el 4% en 2004 al 17% en 2014.

Este deterioro de la matriz importadora, que le dio la espalda a la producción, tuvo consecuencias macroeconómicas claras. Por primera vez en más de 15 años, la balanza comercial arrojó en 2015 un déficit de 2.965 millones de dólares, o el 0,6% del PBI.

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Qué hicimos

En 2016 lanzamos el Plan Productivo Nacional como ordenador conceptual y punto de partida de una serie de medidas agrupadas en ejes específicos para promover la competitividad del sistema productivo. Sus ejes son la reducción del costo de financiamiento, la mejora del capital humano y físico, la baja de impuestos (y el que sean más eficientes), la promoción de la competencia, la simplificación y la eliminación de trámites y la inserción inteligente al mundo.

Dentro de este marco se fueron pensando las diferentes medidas para tener una estructura productiva a la altura del siglo XXI. La estructura productiva que queremos es una en la cual todos los sectores pueden ser protagonistas. El talento, las capacidades, los recursos y las oportunidades para producir y vender más en el mercado interno y en el exterior no son exclusivas de uno u otro sector.

Las claves son la especialización en aquellas actividades en las que cada sector es más competitivo, la calidad, la innovación en nuevas tecnologías, y una mayor integración en las cadenas locales y globales de valor, todo ello trabajando consistentemente en una agenda exportadora.

Institucionalidad de la política productiva. Las políticas de desarrollo productivo exitosas son el resultado de la construcción de instituciones sólidas que sostengan esas políticas en el largo plazo. Los cambios que requiere el desarrollo no suceden en un solo período administrativo; llevan años, atraviesan gobiernos y partidos políticos y exigen la construcción de consensos y el aprendizaje sobre qué funciona y qué no a la hora del diseño y la implementación de políticas públicas, en un marco de transparencia, acceso a la información y fortalecimiento institucional.

Esto incluye los modelos de representación empresaria y la manera de entablar diálogos constructivos acerca de las oportunidades y los desafíos que enfrenta cada sector, con una mirada de equilibrio general de largo plazo, como las mesas sectoriales, un ámbito de consenso público-privado donde se establece la visión compartida y se trabajan soluciones concretas, y la Ley de Defensa de la Competencia.

Competitividad sistémica. Para que una economía sea competitiva hace falta mucho más que un tipo de cambio depreciado, variable que difícilmente se mantenga en el tiempo sin generar problemas en la economía.

Un componente fundamental de la productividad es la competitividad del entorno externo a las empresas. Mejorar esta competitividad sistémica ha sido parte central de la tarea del Ministerio de la Producción y del Gobierno en estos años. Algunos avances:

  • Mejoras en la carga impositiva para las pymes como sucedió con la reforma tributaria aprobada en diciembre de 2017 y la Ley PyME, entre otras.
  • Reducción de los costos laborales no salariales. Son especialmente relevantes la reforma de las ART, el SECLO y los cambios en los convenios colectivos (más información en Empleo y productividad laboral).
  • El acceso al financiamiento, con el BICE como nuevo jugador del mercado pero también con la ON Simple o las diferentes líneas de crédito existentes. 
  • La mejora en la infraestructura y la consecuente reducción de costos de logística. Estamos llevando a cabo uno de los planes de infraestructura más ambiciosos, integrales y federales de la historia. 
  • La interacción de las empresas con el Estado. La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE, más información en Argentina Exporta), la creación de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS, más información en “Simplificación y eliminación de trámites”), la simplificación de operatoria de organismos descentralizados, el decreto de simplificación productiva, la simplificación del SISA, la facilitación del registro de marcas y patentes, la billetera virtual y la factura de crédito electrónica son sólo algunos ejemplos de pequeñas modificaciones con enorme impacto.

Por eso queremos un Estado que acompañe a las empresas y a los trabajadores sin ser una carga que asfixia a la producción. Un Estado que dé reglas claras y previsibles para tomar decisiones de largo plazo, que se adapte a los cambios y modernice los marcos regulatorios e impositivos para adaptarse al futuro del empleo y que invierta en proveer bienes públicos de calidad para que las empresas y las personas puedan emprender a lo largo y a lo ancho del país.

Esto incluye una infraestructura moderna y eficiente para integrar un mercado interno extenso con alto potencial, que además sea una plataforma para poder llevar nuestros productos al mundo. La Argentina es una fuente muy rica de recursos energéticos, renovables y no renovables, que debemos explotar para ofrecer oportunidades de desarrollar actividades de largo plazo asegurando la provisión de energía a precios competitivos en todo el país.

Mesas sectoriales. Desde 2016 venimos trabajando sector por sector en un marco de mesas sectoriales resolviendo los problemas y detectando las oportunidades de cada sector para aumentar la competitividad. Actualmente se abordan tres grupos de trabajo (transversales, sectoriales y de futuro) en 40 mesas y 180 comisiones.

Las mesas transversales (logística, exportaciones, simplificación y comercio, entre otras) son las que ayudan a mejorar la competitividad de todos los sectores. Las sectoriales buscan solucionar obstáculos de industrias o áreas concretas. Algunas de las que ya existen son las de la carne, lácteos, foresto-industria, minería, metalmecánica y maquinaria agrícola. Y las mesas que llamamos de futuro son las que trabajan con áreas de innovación, como economía del conocimiento, energías renovables y Vaca Muerta.

Esto incluye a 228 cámaras empresariales y 142 sindicatos con los que se trabaja en conjunto para llegar a soluciones que les sirvan a los distintos sectores productivos para aumentar el empleo y mejorar los procesos productivos. Los principales temas abordados son el regulatorio y los vinculados al acceso a mercados, a la productividad, a lo laboral y al financiamiento.

Simplificación. Con más de 600 proyectos de simplificación que ya están en marcha estamos reduciendo la carga burocrática en los procesos productivos y en la creación de empresas a través de nuestra línea de trabajo #SIMPLE. Ya logramos que las empresas ahorraran 28.000 millones de pesos. Además, estamos modernizando el pago de salarios para reducir costos de transacciones y la informalidad (más información en Simplificación y eliminación de trámites).

Avances por sector

Automotriz. El sector va hacia una mayor especialización, con la incorporación de más tecnología en segmentos competitivos de vehículos medianos y pickups con mayor valor unitario, a partir de una complementariedad productiva con Brasil. Es importante lograr una mayor coordinación entre los autopartistas locales y las terminales para desarrollar proveedores de clase global. Además, dada la transformación de la matriz energética en Argentina, el sector tiene que estar en la frontera de la innovación en nuevas motorizaciones, especialmente motores eléctricos y baterías de litio.

La principal medida a largo plazo es el Plan 1 Millón, un acuerdo sectorial creado a partir del diálogo y el consenso con empresas y sindicatos para impulsar inversiones por 5.000 millones de dólares, la producción de un millón de autos y la creación de 30.000 empleos para 2023. Además, se sancionó la Ley Autopartista Nacional, que incentiva la integración de partes locales e inversiones para la creación de 30.000 nuevos empleos en la cadena.

Las exportaciones del sector fueron uno de los factores que impulsaron el aumento de la producción en 2018. Mientras que la producción estuvo un 11% debajo de la de 2015, las exportaciones sí crecieron y ya están un 16% por encima. Es el tercer año consecutivo de mejora luego de haber caído 50% entre 2011 y el cambio de gobierno. Esto se debe a la política de apertura de mercados para el sector: se firmaron acuerdos con Egipto, Colombia y Brasil.

Metalmecánica. El complejo tiene que convertirse en un sector proveedor de tecnología y maquinaria especializada para la industria moderna, y ya cuenta con un potencial exportador en nichos y segmentos diferenciados. Vemos oportunidades en muchos subsectores que se integran en las cadenas vinculadas a recursos naturales y servicios, como maquinaria para la elaboración de alimentos y bebidas, equipos para industria del litio, dispositivos médicos, industria aeronáutica, industria espacial, maquinaria para minas y canteras, aparatos de distribución y control de energía eléctrica, material ferroviario, nichos de línea blanca, e industria naval. Es fundamental para el desarrollo de estos sectores asegurar el acceso a insumos básicos a precios competitivos.

Agroindustria. El sistema de agronegocios es una pieza fundamental para el desarrollo local federal con actividades distribuidas en todo el país. Una estrategia basada en cantidad y calidad es la clave para aprovechar todo nuestro potencial. Para mantenernos competitivos en la producción de commodities agropecuarias debemos apalancarnos en las actividades proveedoras del agro, que van desde la biotecnología vegetal y animal hasta la agricultura de precisión y la maquinaria agrícola. Estas inversiones en investigación y desarrollo para genética, biotecnología y software especializado son encaradas por el sistema científico nacional, que cuenta con segmentos públicos y privados en los que el país es líder global.

Maquinaria agrícola. La extensa red de proveedores especializados de agro permite el desarrollo de una industria de maquinaria agrícola con enorme potencial como proveedora global de soluciones, explotando nichos de productos diferenciados con estándares mundiales de tecnología, seguridad, y calidad. El sector tiene que seguir profundizando la integración con el sector de servicios basados en el conocimiento para incorporar el desarrollo de nuevos materiales y un esquema de interconectividad con tecnología satelital, software y servicios informáticos en línea con los desarrollos en agricultura de precisión.

Biotecnología. La innovación en biotecnología, agricultura de precisión, tecnologías de la información y maquinaria de nicho no sólo es un paquete tecnológico que eleva nuestra competitividad en la producción agropecuaria, sino que representa la posibilidad de exportación de conocimiento vía patentes, servicios y productos de alto valor agregado e intensivos en conocimiento.

Alimentos. Dejar de ver los productos agroindustriales solamente como commodities para llevar los alimentos argentinos directo a la góndola de los supermercados del mundo es clave en un contexto en el que la demanda mundial de alimentos diferenciados aumenta por el crecimiento de mercados establecidos y el surgimiento de nuevos mercados emergentes. La Argentina tiene que encaminarse a ser un proveedor mundial en diversos segmentos. Hoy los alimentos diferenciados representan el 7% de las exportaciones argentinas totales y tienen espacio para crecer, desde aquellos en los cuales ya somos proveedores establecidos, como carnes, vinos, cervezas y frutas, hasta aquellos en los que todavía tenemos mucho potencial para mejorar nuestra posición y agregar más valor, como pastas y pastelería, pescados y frutos de mar, lácteos, miel y aceites.

Nuestras ventajas pasan por explotar el diseño, la calidad, las marcas, el tratamiento customizado, y el empaque, apuntando a vender productos más diferenciados con mayor valor agregado. Es necesario el diseño de esquemas que permitan una mayor apropiación del valor de góndola por parte de los productores, dado que la producción de alimentos diferenciados demanda costos adicionales para todos los participantes del sistema. Para ello es clave que se transparente el proceso de formación de precio de numerosos mercados de alimentos.

Textil, indumentaria, calzado y muebles. Tenemos muchas capacidades en diseño y desarrollo de marcas. Mientras la producción para el mercado masivo carece de volumen suficiente y posee un precio alto en relación con otros países, en particular con los países asiáticos, que logran precios muy competitivos en una amplia variedad de productos sobre la base de bajos salarios, sí tenemos una gran oportunidad apostando por la diferenciación, el diseño de autor y la especialización en segmentos de alta calidad. Esto debe ser así en los segmentos iniciales de las cadenas, en la tecnificación para aumentar la calidad y en las etapas de diseño, marketing y posicionamiento de marcas.

Gracias al trabajo en la mesa con el sector se adelantó el 100% del Mínimo No Imponible de la reforma tributaria para salarios a partir de noviembre de 2018 para textil, indumentaria, calzado y marroquinería. Esto lleva a una reducción del 5% en los costos de producción e impacta principalmente en los salarios bajos.

Servicios basados en el conocimiento. En particular aquellos basados en conocimiento siguen creciendo y llevando el talento argentino a nuevos mercados. Tenemos que lograr que se integren más como proveedores de soluciones al resto de la economía, y que aumenten la productividad de manera transversal en todos los sectores.

Además, la Argentina tiene gran potencial para posicionarse como un jugador líder global en nuevos nichos de servicios, como FinTech, AgTech y aquellos vinculados a industrias creativas y creación de experiencias.

Finalmente, estamos demostrando que con políticas sectoriales previsibles y que den un clima de negocios favorable a nuevas inversiones de largo plazo podemos ayudar al surgimiento de nuevas actividades competitivas, como en los casos de las energías renovables, el litio, Vaca Muerta y las redes de proveedores asociadas que hoy producen bienes y servicios para desarrollar estas cadenas.

Desafíos pendientes

Los objetivos generales para lo que se viene son promover las exportaciones, robustecer el mercado interno, generar empleo de calidad y crecer de manera sostenida. Las bases de este programa ya existen pero todavía queda mucho por hacer para capitalizar lo hecho.

Hoy hay empresas de bienes y servicios que han logrado posicionar sus marcas en las principales ciudades del país, muchas veces compitiendo con grandes cadenas multinacionales de igual a igual, sumando escala y reduciendo costos, como supermercados, construcción, heladerías, cervecerías, tiendas de café, empresas de logística y servicios profesionales, sólo por mencionar algunos ejemplos.

Las mejoras en infraestructura y logística están bajando los costos de la integración en el mercado interno y queremos que más empresas las aprovechen, usen las nuevas herramientas de comercialización como el e-commerce, que reducen el costo de la distancia y acercan mercados, y se animen a competir en todo el país.

Seguimos trabajando para tener una nueva Ley de Lealtad Comercial y para reformar la Ley de Defensa del Consumidor, para que los consumidores tengan más y mejores herramientas. Para esto es importante seguir fortaleciendo la autoridad de aplicación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Presentaremos también la nueva Ley de Economía del Conocimiento y una versión actualizada de la Ley PyME.

Potenciaremos la agenda de fiscalización de comercios, sumando 5.000 inspecciones nuevas y digitalizando por completo el proceso de imposición de multas.

A partir de la sanción de la Ley Compre Argentino nos propusimos avanzar en 5.000 procesos de compra en 2019 con un potencial de aproximadamente 1% del PBI.

Contamos con mucho potencial de crecimiento derivado de una estructura productiva diversificada y amplias capacidades industriales desarrolladas a lo largo de nuestra historia, pero para aprovecharlo necesitamos trabajar sobre obstáculos que nos impiden crecer:

  • Reducir los costos externos a las empresas, ya que encarecen la producción.
  • Consolidar un ecosistema de empresas dinámico, con altos niveles de innovación y calidad y con mayor escala.
  • Aumentar las exportaciones con una mayor integración con el mundo.
  • Potenciar el mercado interno con mayor competencia, reglas claras y mayor integración de las cadenas de valor.
  • Construir instituciones sólidas para pensar en el largo plazo.

El crecimiento de la economía impulsará a muchos sectores, vinculados esencialmente al mercado interno y que son grandes generadores de empleo, como el turismo, la construcción, el comercio y la logística. Aquí las oportunidades están en aumentar la escala, llegando a nuevas ciudades del interior del país, aprovechando las mejoras en infraestructura y un ambiente de negocios más transparente que defiende la competencia y a los consumidores.

SIMPLIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE PROCESOS

Síntesis

  • El Gobierno cree en un Estado facilitador de la actividad productiva, que dé herramientas a las empresas para crecer y no les ponga obstáculos burocráticos innecesarios. Por eso, avanzamos en la digitalización, interoperabilidad y simplificación de trámites a lo largo de toda la cadena productiva. Estamos construyendo un ecosistema de negocios con normas claras, simples y justas.
  • Además, creemos que la simplificación y eliminación de procesos es uno de los caminos que tiene el Estado para aumentar la competitividad de la economía y reducir costos, junto con el mayor acceso a financiamiento, la renovación de la infraestructura, el crecimiento del capital humano y la reducción de costos logísticos, entre otros.
  • Encontramos un Estado plagado de regulaciones difíciles de entender, que entorpecían el desarrollo productivo del país. Armar una sociedad simple podía llevar hasta un año y medio. La información no estaba centralizada y cada interacción de las pymes y los emprendedores con un nuevo organismo del Estado implicaba empezar de cero.
  • Para cambiar esa situación, creamos tipos de empresas que se pueden abrir en un día (como la SAS), un legajo electrónico multipropósito que centraliza la información, digitalizamos casi todos los trámites de comercio exterior, creamos herramientas de financiamiento para que las pymes puedan certificar productos, unificamos registros, cambiamos la regulación para que se puedan crear sociedades en un día desde la plataforma Trámites a Distancia y trabajamos en diálogo con todos los sectores de la economía para conocer sus necesidades específicas.
  • Desafíos pendientes. En el corto plazo, buscamos que todos los trámites de comercio exterior estén integrados con la Aduana de manera digital, agilizar la resolución de conflictos por cuestiones impositivas y aduaneras y completar la digitalización e interoperabilidad de más de 400 registros.Queremos avanzar en la reducción de la carga burocrática del pago de impuestos, que hoy exigen demasiado esfuerzo a las pymes. Y que todas las nuevas normas del Estado cumplan con los requisitos de digitalización, interoperabilidad y simplificación.

Qué encontramos

El vínculo de las empresas con el Estado tenía lugar mediante expedientes en formato papel, fotocopias de documentación certificada, legalizada y protocolizada, trámites presenciales, excesiva regulación y de difícil comprensión y agentes del Estado en atención al público con criterios arbitrarios. Era una práctica común contratar gestores para agilizar trámites que siempre deberían haber sido simples.


Constituir una sociedad podía llevar hasta un año y medio y la corrupción parecía una práctica estructural. Resolver trámites de comercio exterior, por ejemplo, dependía muchas veces del favor del funcionario de turno.

Cuando hizo su diagnóstico sobre el aparato productivo, el Gobierno encontró que el llamado “costo argentino” tenía tanto que ver con las fluctuaciones de la economía como con cuestiones más estructurales, como el déficit de infraestructura, la inestabilidad macroeconómica, los altos impuestos y, también, entre otros, el exceso de burocracia y la rocambolesca madeja de trámites y regulaciones innecesarias que las empresas debían sortear para producir o –aún más milagrosamente– exportar.

Qué hicimos

Con más de 600 proyectos de simplificación que ya están en marcha estamos reduciendo la carga burocrática en los procesos productivos y en la creación de empresas. Ya logramos que las empresas ahorren 35.000 millones de pesos.

En estos tres años de gestión, avanzamos en la digitalización de gran parte de los trámites implicados en la cadena productiva, creamos sistemas que centralizan información, eliminamos registros innecesarios y unificamos otros y agilizamos procesos. Trabajamos en diálogo con todos los sectores de la economía para entender sus problemas específicos.

Y además de facilitarles la vida a las empresas para que puedan producir más y crear más y mejor empleo, ganamos transparencia. Algunos ejemplos de los avances logrados hasta ahora:

Registro Legajo Multipropósito. Para hacer cualquier trámite, había que presentar una gran cantidad de documentación, varias veces, y no existía una herramienta que centralizara toda esa información. Esa función la cumple ahora el Registro de Legajo Multipropósito de la Gestión Documental Electrónica, que ya se usa en todos los ministerios nacionales y en más de 170 organismos. Permite mejor trazabilidad de expedientes y claridad en los procesos.

Ventanilla Única de Comercio Exterior. Les permite a las empresas argentinas que exportan hacer de forma digital todos sus trámites de exportación pre-aduaneros. Reduce costos, fomenta la transparencia y elimina la necesidad de hacer trámites presenciales. En su primera etapa de implementación, la VUCE unifica toda la información y permite identificar tareas pendientes y certificados emitidos. En una segunda etapa, prevista para 2019, los exportadores podrán hacer el 100% de todos sus trámites de exportación en forma digital, incluidos los aduaneros (más información en Argentina Exporta).

Exporta Simple. Ya no es un requisito estar inscripto como exportador en el registro de exportadores e importadores de la Aduana. Sólo es necesario ingresar al portal web de Exporta Simple, cotizar y seleccionar un operador logístico para realizar el envío de la mercadería al exterior. Se permiten envíos de hasta 15.000 dólares FOB (free on board) y 300 kilogramos, con un límite anual de 600.000 dólares. A través del portal se cotiza el envio, el operador logístico realiza la destinación, pasa a buscar la mercadería y la envía a destino, sin intervención de terceros (más información en Argentina Exporta).

Sociedad por Acciones Simplificada. Constituir sociedades anónimas y sociedad de responsabilidad limitada llevaba entre 55 días y un año y medio, el costo era de 24.000 pesos en promedio, era necesario contar con al menos dos socios y requería la intervención de varios profesionales. A través de la revisión de este proceso se crea un nuevo tipo societario, la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), que se pueden crear de manera 100% digital, con un estatuto modelo, firma digital y el otorgamiento del CUIT en el momento. Se crea en un día desde la plataforma Trámites a Distancia. Desde su implementación en septiembre de 2017 se crearon más de 5.500.

Domicilio Fiscal Electrónico AFIP. Creó la posibilidad de constituir un domicilio fiscal electrónico a través de e-ventanilla. En el Domicilio Fiscal Electrónico constituido se reciben citaciones, requerimientos, liquidaciones, intimaciones, emplazamientos, avisos, anuncios y comunicados emitidos por AFIP. Antes, si bien el sistema enviaba un mail de cortesía cada vez que había una notificación en la e-ventanilla, no distinguía entre mensajes y notificaciones con vencimientos.

Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Es un registro que beneficia a más de 70.000 productores y operadores del comercio de granos. Se unificaron cuatro registros en un único sistema que eliminó trámites y trabas burocráticas, y se redujo en más del 50% la información requerida. Los productores sólo tienen que presentar dos declaraciones juradas por año, en lugar de las siete que tenían que entregar antes.

Bitrenes. Las empresas propietarias de bitrenes (formaciones encabezadas por un camión seguidos por dos remolques que permiten expandir hasta en un 60% la capacidad de carga de un camión) tenían que presentar ante el INTI un trámite de compatibilidad, especificando certificados de licencia de modelo de cada una de las partes para que se validase técnicamente la compatibilidad de las partes mediante ensayos. Se eliminó la presentación en papel y se digitalizó el trámite.

Registro único de puertos. No había información acerca de cuántos puertos existían en el país, y estaban desregulados, lo que impedía una política de seguridad apropiada. Cada organismo llevaba su propio registro y ninguno coincidía con el otro. Ante esta situación, se habilitó una plataforma donde todos los puertos operativos deben registrarse de manera obligatoria y por vía digital. El Registro Único de Puertos va a permitir contabilizar de forma certera el número de puertos, primer paso hacia una fiscalización eficiente y la desburocratización de su habilitación. .

Eliminación del Registro Industrial de la Nación (RIN). Era un registro obligatorio para las empresas industriales que habilitaba a realizar operaciones como la apertura de una cuenta bancaria u obtener beneficios impositivos. Su fin era meramente estadístico, su solicitud demoraba alrededor de 10 meses y debía renovarse anualmente. Se estima que con la supresión de este registro se ahorran 10 millones de pesos anuales.

Eliminación del Registro de Operaciones de Exportación (ROE). Era un permiso de despacho de trigo, maíz y carne. El objetivo era controlar las exportaciones de productos agropecuarios de forma discrecional y poco transparente. Esta maniobra distorsiva generaba grandes perjuicios en la balanza comercial. Fue reemplazado por una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE).

Presentación Única de Balances (PUB). Antes, cada vez que una pyme participaba en una licitación, un concurso o un pedido de precios, tenía que presentar sus balances actualizados. Y si se presentaba a cincuenta licitaciones en cuatro ministerios distintos tenían que realizar cincuenta trámites. Ahora hacen uno sólo, suben el balance a la AFIP y puede ser compartido por la empresa a todos los organismos y empresas que lo necesitan. Se abandonó, además, la necesidad de certificar copias en papel.


Trámites de marcas, patentes y modelos. La mayoría de los registros (marcas, patentes y modelos de utilidad, modelos y diseños industriales, transferencia de tecnología y derecho de autor) estaban en papel. No existía una herramienta centralizada para la implementación de registros y había una redundancia de datos en las distintas solicitudes. El tiempo promedio de concesión de una marca era de entre 12 y 14 meses y el de concesión de patentes de entre siete y nueve meses. Se reglamentaron los nuevos procedimientos y los nuevos tiempos promedio de concesión de patentes son de cuatro a cinco años y los de cesión de marcas de cinco meses. Se derogaron normativamente registros innecesarios u obsoletos y se simplificaron e incorporaron los registros del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial al Registro Legajo Multipropósito.

Peritaje de vehículos importados en frontera. Todos los vehículos importados debían realizar el trámite de certificación de importación ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. El peritaje se realizaba en frontera pero cuando el vehículo ya se encontraba nacionalizado. Se eliminó el peritaje para los autos importados por terminales o representantes de automotrices dentro del programa Operador Económico Autorizado (OEA) de la Dirección General de Aduanas (DGA). Esto reduce significativamente el costo de importación. También se redujo el plazo para realizar el peritaje del resto de los autos.

Régimen de Aduana en Factoría (RAF). Permite importar los componentes insumo para la industria con arancel cero para los casos en que estos se empleen para producción con destino de exportación. Antes el trámite era presencial. Ahora está disponible en Trámites a Distancia.

Aprovisionamiento de buques. Es el proceso por el cual se declara ante la Aduana la mercadería que se carga y que es utilizada por la tripulación como suministros para llevar a cabo el viaje. Cuando se trataba de mercadería nacional, tenía el mismo tratamiento que para un despacho aduanero. Era complejo y burocrático porque se exigía realizarlo en días hábiles, tenía que cumplir con distintas formalidades y estaba sujeto a canales de selectividad que retrasaban la operatoria. En el caso del aprovisionamiento de mercadería extranjera, había que realizar una declaración detallada que implicaba la contratación y gestión de un despachante de aduana. Se trabajó con la Aduana para modificar el sistema y el manual operativo y quitar los impuestos a las cargas de víveres y repuestos nacionales para embarcaciones internacionales. Se eliminaron intervenciones de terceros para el caso de aprovisionamiento de productos internacionales. Ahora se hace una declaración simplificada a través de una declaración de transbordo. Para el caso de aprovisionamiento de productos nacionales, se exige una declaración simplificada y se habilitó un guarda verificador de turno los fines de semana. Estas medidas generaron un ahorro de tres días en el trámite y se espera que impacte en la actividad turística, en especial en Buenos Aires y la región patagónica.

Financiamiento para certificación de productos. Tiene como objetivo dar asistencia financiera a las pymes que deseen certificar sus productos y abrir nuevos mercados. Están comprendidas certificaciones de Conformidad Unión Europea, FDA (Food & Drug Administration), Tecnologías Médicas, Maquinaria Agrícola, Autopartes, Maquinaria Industrial y Equipamiento Eléctrico, entre otros. El préstamo se tramita vía Trámites a Distancia. Comprende la financiación de hasta el 85% del costo total de la certificación con el IVA incluido, con un tope máximo de dos millones de pesos.

Inscripción de sociedades extranjeras. Con el objetivo de generar incentivos a las inversiones extranjeras, se facilitaron la radicación y la apertura de sucursales de sociedades constituidas fuera de la Argentina.

Estandarización de aranceles del SENASA. Todos los servicios, ya sean habilitaciones de establecimientos o transportes, tasas sanitarias por servicios de inspección, o autorizaciones de destino de exportación, llevan montos arancelarios que la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria percibe como contraprestación. Estos aranceles no estaban integrados. Se estandarizaron para facilitar su procesamiento.

Cargadores eléctricos para vehículos. Se creó un nuevo régimen para la importación con aranceles diferenciados para cargadores eléctricos destinados a vehículos. De esta forma se busca lograr crear una matriz energética y de carga para los nuevos modelos de vehículos eléctricos e incentivar los vehículos ómnibus eléctricos. El régimen otorga alícuotas diferenciales para las terminales que quieran importar este tipo de vehículos. Para eso, se digitalizaron trámites y se creó un nuevo régimen para incentivar los vehículos alternativos.

Trazabilidad de la miel. Se diseñó un proceso específico para la cadena apícola, con potencial de aumentar en un 20% la exportación de miel. Conecta a todos los actores, establecimientos e insumos, identificados en la cadena dentro de los procesos de extracción, venta, homogeneización y exportación. Sirve para localizar rápidamente un lote problemático, inmovilizar los productos inseguros y, si es necesario, retirarlos del mercado. De esta manera, otorga mayor tranquilidad a consumidores y clientes en caso de que surja una alerta sobre la seguridad de un alimento.

Desafíos pendientes

Los esfuerzos en esta área estuvieron hasta ahora concentrados en el stock normativo del país, es decir, en mejorar lo que ya existía. El próximo desafío, en el que ya estamos trabajando, es que todas las nuevas normas cumplan con los requisitos de digitalización, interoperabilidad y simplificación, tengan coherencia regulatoria y cumplan con las mejores prácticas. Entre otros objetivos, nos proponemos:

  • Que todos los trámites de comercio exterior, incluidos los aduaneros, estén integrados en la VUCE y puedan completarse de manera 100% digital. 
  • Agilizar la resolución de conflictos por cuestiones impositivas y aduaneras por parte del Tribunal Fiscal de la Nación.
  • Completar la digitalización e interoperabilidad de más de 400 registros, que hoy son la principal fuente de trabas y burocracia.
  • Mejorar la integración entre los procesos de distintos organismos del Estado, como AFIP y Dirección General de Aduana, por ejemplo.
  • Modernizar el pago de salarios para reducir los costos de las transacciones y la  informalidad.
  • Trabajar con Mesa de Competitividad Logística en nuevas soluciones para problemas específicos de los distintos actores de la cadena productiva.
  • Cambiar el sistema de habilitaciones comerciales e industriales (el 60% de los locales tiene habilitaciones provisorias). Las primeras pruebas piloto están entregando habilitaciones en 24 horas.
  • Finalmente, un eje fundamental es la carga burocrática impositiva. La Argentina no sólo tiene impuestos demasiado altos, sino también demasiados, combinados con infinidad de normas: hay 100 impuestos de los tres niveles de gobierno y 65.000 normas que lo regulan. Estamos empezando a integrar impuestos con las provincias; se hizo una primera prueba con Córdoba y fue un éxito. El objetivo es buscar coherencia regulatoria y bajar la cantidad de esfuerzo que les genera a las pymes tener que cumplir con el Estado.

MEJOR LOGÍSTICA PARA PRODUCIR MÁS Y MEJOR

Síntesis

  • Estamos transformando de manera profunda el sistema logístico argentino, con el objetivo de que las empresas argentinas, y en particular las pymes, dejen de sentirse ahogadas por los altos costos de transporte y puedan producir más, generar empleo para los argentinos y animarse a ofrecer sus productos al mundo.
  • En estos tres años trabajamos para rehabilitar los trenes de carga y que vuelvan a jugar un rol importante después de décadas de abandono; bajar los costos y la burocracia en los puertos; hacer más eficiente el transporte vial y aumentar la carga transportada por vía aérea.
  • En 2015 encontramos una Argentina que era uno de los países más caros del mundo para transportar bienes. Hacía 60 años que el Estado no invertía en trenes de carga, los puertos estaban plagados de costos arbitrarios que los hacían más caros frente a los de otros países de la región; existía una dependencia casi absoluta del camión, ninguna intención de disminuirla y, a pesar de eso, rutas en mal estado y una flota de camiones antigua y poco eficiente.
  • Para revertir esa situación, estamos construyendo más kilómetros de autopista que en los 65 años anteriores, habilitamos la circulación de bitrenes y escalados por las rutas, rehabilitamos 750 kilómetros de vías, renovamos el material rodante de los trenes, modernizamos terminales de carga en aeropuertos y mejoramos la infraestructura y el funcionamiento de los puertos.
  • Desafíos pendientes. Los desafíos que tenemos por delante incluyen continuar con el aumento de la participación del modo ferroviario en las toneladas transportadas totales, llegar en 2019 a los 1.000 kilómetros de vías restauradas, duplicar los kilómetros de autopistas y seguir reduciendo las tarifas y tiempos implicados en todas las instancias de la logística.

Qué encontramos

En la década anterior al cambio de gobierno, el transporte de cargas había experimentado un marcado deterioro en todas sus variantes, y los costos logísticos habían crecido un 40%. En 2015 hacía 60 años que el Estado Nacional no invertía en sus trenes de carga, que circulaban a una velocidad promedio de 12 kilómetros por hora y tenían un descarrilamiento y medio por día.

La Argentina tenía puertos cada vez más caros, lastrados por trabas burocráticas y costos arbitrarios. Esto le restaba competitividad en la región y en el mundo. La carga terminaba por cargarse en otros medios de transporte o directamente a través de otros países, como Uruguay.

A pesar de que el transporte de cargas depende en un 95% del camión, la infraestructura vial estaba en mal estado y el 40% de la flota interjurisdiccional de camiones tenía más de 20 años.

Por todos estos motivos, Argentina se convirtió en uno de los países más caros del mundo para transportar bienes. Eso impactó de manera negativa en nuestra capacidad de exportar y en las oportunidades de crecimiento para aquellos productores que están más alejados de los puertos.

Qué hicimos

Para volver a crecer en serio después de décadas de estancamiento, pusimos en marcha el plan de obras más ambicioso de nuestra historia. Estamos transformando la infraestructura del país para que los productos argentinos lleguen a destino más rápido y con menores costos, para que las empresas en general, y las pymes en particular, puedan dedicar más recursos y energía a producir.

El plan abarca la infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aerocomercial. Estamos duplicando la cantidad de autopistas, haciendo rutas seguras, puentes, circunvalaciones, rotondas y viaductos viales en todo el país. También estamos recuperando el tren de cargas, renovando vías, sumando nuevas locomotoras y vagones, cambiando durmientes y mejorando los accesos ferroviarios a los puertos. Estamos mejorando la logística en nuestros puertos, haciendo obras que estaban pendientes hacía años, y reduciendo los costos logísticos de la cadena portuaria, eliminando impuestos distorsivos para reducir el costo de nuestros servicios al extranjero. Además, estamos construyendo y mejorando terminales de carga en los aeropuertos de todo el país.

Para diseñar soluciones integrales y duraderas a los problemas de cada sector, armamos una mesa de competitividad logística en la trabajan juntos las áreas del sector público involucradas, cámaras empresariales, sindicatos, dadores de carga y transportistas. A su vez, se divide en otras diez submesas más específicas para cada sector.

TRANSPORTE VIAL

En tres años estamos construyendo más autopistas que en los últimos 65. Ya hay más de 2.800 kilómetros intervenidos, entre finalizados, en ejecución y contratados. Además, hay 1.500 kilómetros de rutas seguras contratados, con carriles más amplios, banquinas pavimentadas y carriles de sobrepaso. Las obras viales reducen entre un 9% y un 12% los costos operativos.

Habilitamos la circulación de bitrenes y escalados por las rutas. Esto significa la posibilidad de transportar más carga a menor costo.

Los escalados son unidades con mejor tecnología en amortiguación y frenos que ayuda a la seguridad vial. Hay cinco modelos de escalables o unidades intermedias que permiten un 20% más de productividad.  

Y de los cuatro modelos de bitrenes (formaciones encabezadas por un camión seguidos por dos remolques), dos de ellos son de libre circulación y permiten transportar entre 30% y 60% más carga que un camión convencional, lo que reduce más de 30% los costos. Estos camiones son de industria nacional, fabricados por pymes argentinas que dan empleo a cientos de personas. La mayoría están ubicadas en ciudades del interior de Santa Fe.

La incorporación de bitrenes, que en muchos casos reemplazan camiones de mayor antigüedad, hace también su aporte a la seguridad. Tienen tecnología avanzada en frenado, amortiguación y maniobra, que facilita su conducción.

Para 2030, se estima que los escalables constituyan el40% del parque de camiones, hoy corresponden a apenas el 6%. Y que los ahorros generados por la adopción de bitrenes y escalados, sumado el combustible, alcanzarán alrededor de 1.800 millones de dólares.

También se crearon incentivos para renovación de flota de camiones, como créditos del BICE a tasas preferenciales.

TRENES DE CARGA

Mejoramos 750 kilómetros de vías, sobre la traza de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Esto permite reducir el nivel de descarrilamientos, aumentar la velocidad de circulación, reducir los tiempos de viaje e incrementar las toneladas transportadas. Algunos detalles:

  • La línea Belgrano ya tiene 620 kilómetros finalizados, más de 500 kilómetros en ejecución y casi 100 kilómetros en licitación. Entre 2015 y 2018, las toneladas transportadas aumentó un 147%.
  • Hay 40 puentes ferroviarios renovados y 25 en construcción. Entre 2008 y 2015 sólo se había renovado un puente.
  • En los tramos renovados se circula a mayor velocidad. En 2015 se circulaba a un promedio de 12 kilómetros por hora y había un descarrilamiento y medio por día (en Chile, por ejemplo, tienen cuatro por año). Hoy hay tramos habilitados para circular a hasta 40 kilómetros por hora.
  • El tiempo de traslado en el principal ramal cerealero, que va desde Joaquín V. González, en Salta, hasta el puerto de Timbúes, en Santa Fe, bajó de 18  a 7 días y se proyecta que se reduzca a tres.

Renovamos el material rodante. Desde 2016, se recibieron 3.500 vagones y 107 locomotoras, por una inversión de 807 millones de dólares, para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Además, la incorporación del nuevo material rodante, de origen chino, permitió el desarrollo de piezas y repuestos por empresas nacionales. En 2018, siete empresas nacionales participaron del desarrollo de 800 piezas.

Revertimos la tendencia: volvió a aumentar la carga transportada en trenes. Gracias a las inversiones para rehabilitar vías y comprar material rodante, en 2016 la cantidad de toneladas transportadas empezó a crecer. El total de toneladas transportadas por las tres líneas de Trenes Argentinos Cargas y Logística en 2018 fue de 4.500.000, frente a 2.500.000 en 2015 (80% más).

Mejoramos la seguridad operacional y redujimos los descarrilamientos. Para lograr ese objetivo, se incorporó nueva tecnología para el control y la seguridad de los trenes. Creamos un nuevo centro de control de tráfico que permite conocer la ubicación de cada tren en tiempo real y aumentar la productividad de la flota. Además, se sumó un nuevo sistema de frenado automático, que se activa cuando el tren supera la velocidad permitida o ingresa a una zona en la que no tiene permiso para circular.


Incentivamos la inversión privada en el sistema ferroviario de carga. La reactivación de los trenes motivó a las empresas a invertir, ya que les permite transportar más a menor precio. Se hicieron licitaciones abiertas, transparentes y competitivas, que generaron inversiones concretas por más de 50 millones de dólares.

Entre otros beneficios impulsados por la inversión privada:

  • Se construyeron cuatro nuevos desvíos en Tucumán, Chaco y Buenos Aires, hay otros cinco en ejecución en Salta y Chaco y cinco más proyectados en esas dos provincias y Santiago del Estero.
  • Se triplicó la capacidad de las empresas privadas para construir vías. Entre 2016 y 2018 pasó de 175 kilómetros por año a 510 kilómetros por año.
  • Para abastecer a las obras de renovación de vías, se reactivaron más de veinte canteras de piedra en el norte y centro del país. Esto generó 1.000 puestos de trabajo.
  • A partir de una inversión rusa, se habilitó el histórico taller Mechita, en la provincia de Buenos Aires, abandonado desde 2011. En 2019 será adjudicado a la empresa que invierta 70 millones de dólares para fabricar locomotoras y vagones en Argentina.

Estamos trabajando en el nuevo acceso a los puertos del Gran Rosario. Una inversión público-privada de más de 100 millones de dólares va a permitir que por primera vez en la historia el Belgrano Cargas ingrese a los puertos de Timbúes, donde hoy llegan exclusivamente por camión más de 11,5 millones de toneladas de granos. Gracias a la participación del tren de cargas, tienen el potencial de duplicarse entre 2019 y 2022.

Creamos una nueva normativa para bajar los costos y potenciar el tren de cargas. Se reglamentó la ley del sistema de operación abierta. La incorporación de de nuevos operadores genera más competencia y productividad.

Diseñamos el proyecto de tren para Vaca Muerta. El plan es reactivar el tren Norpatagónico, que va a unir el puerto de Bahía Blanca con Añelo, en Neuquén, e impulsar el desarrollo de las economías locales. Entre 2019 y 2022, se espera intervenir 700 kilómetros de vías para generar 3.000 empleos, 50% de ahorro en costos logísticos, multiplicar por seis la carga transportada y permitir que el tren alcance un promedio de 70 kilómetros por hora (frente a los 12 kilómetros por hora actuales).

En el G20, logramos un acuerdo para recuperar las vías del San Martín. Con una inversión de 1.089 millones de dólares, se recuperarán 1.020 kilómetros de vías del tren de cargas que une la región de Cuyo con los puertos de Rosario y Buenos Aires. Las obras generarán 3.800 empleos.

Empezamos a diversificar la carga que llevan los trenes. Gracias al crecimiento de la Línea San Martín y la incorporación de nuevo material rodante y tractivo, la empresa Siderar, ubicada en San Nicolás, que se dedica a la fabricación y el procesamiento de productos de acero, dejó de importar entre 20.000 toneladas y 25.000 toneladas de fundentes (caliza y dolomita) de Canadá a principios de 2018 y comenzó a apostar al ferrocarril argentino para hacer su logística. Trenes Argentinos Cargas pasó de transportar de 25.000 toneladas mensuales de fundentes en 2015 a 45.000 toneladas actuales. Está proyectado transportar 50.000 toneladas promedio en 2019. La empresa Siderar se abastece de las Caleras Sibelco y San Juan, ambas ubicadas en la provincia de San Juan. 

Y en agosto de 2018, el tren San Martín Cargas registró un récord histórico de 21.400 toneladas transportadas de carbón de coque para la empresa estatal YPF. Fue el mayor volumen registrado desde agosto del 2009, cuando se alcanzaron las 22.500 toneladas. La cifra transportada superó además el total transportado durante 2017, que fueron 13.100 toneladas. El carbón de coque, utilizado como sustituto del gas en varias industrias para abastecer hornos, se origina en la Destilería Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, y se transporta hasta Dock Central, en La Plata. El récord fue alcanzado gracias a la mejor circulación del nuevo material rodante chino y a una eficiente operación de Trenes Argentinos Cargas junto con YPF en las puntas de carga y descarga.

PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES

Redujimos costos logísticos para el sistema de puertos y vías navegables. Hubo rebajas en las tasas de remolcadores, costos de estiba, amarre y lanchaje y la máxima para practicaje. Van desde el 20% al 50%.

También redujimos significativamente los costos de exportación en el Puerto de Buenos Aires. Por primera vez, exportar un contenedor desde el Puerto de Buenos Aires es más barato que hacerlo desde el puerto de Santos en Brasil. Mientras que en 2015 sacar un contenedor por el Puerto de Buenos Aires costaba 509 dólares, hoy cuesta 198. Algunas de las medidas que aportaron a esta baja:

  • Eliminación del costo de verificación del precinto de los contenedores (una especie de candado que se usa para consolidar la carga). Antes, todos los productos que se exportaban llevaban un precinto o candado y el puerto cobraba 15 dólares por el control.
  • El TAP ya no es obligatorio. Era un seguro para contenedores que costaba 85 dólares. No existe en otras partes del mundo y su imposición había sido arbitraria, incluso mafiosa (era regenteado por un secretario gremial). 
  • Recuperación de la Zona de Apoyo Portuario, una playa donde los camiones esperan para hacer la descarga y, a veces, reciben servicios. Antes pagaban un costo aunque no recibieran ningún servicio. Mejoraron el tránsito y la operatividad en la zona. Pasó de costar 16,53 dólares más IVA a 10 dólares y se bonifican los primeros diez días.
  • Eliminación del costo por exportación de contenedores “high cube” y “de mudanza”. Era de 195 dólares por contenedor.
  • Derogación de la resolución de Aduana que obligaba al escaneo de los contenedores en tránsito. Generaba demoras y costos extra, de cerca de 2.500 dólares por contenedor. Había llevado a que la operatoria se mudara a Montevideo. La derogación de esta resolución le trae al Puerto de Buenos Aires un tránsito extra de 270.000 TEU (unidad de medida del transporte marítimo).
  • Licitaciones más transparentes y con más oferentes. Hay un nuevo reglamento de compras y contrataciones, concesiones de uso y subastas. Todas las licitaciones son públicas.
  • Unificación del costo de barrido y limpieza de contenedores. Antes se cobraban dos tasas, una por barrido y otra por limpieza, que llegaban a costar 88,5 dólares por contenedor. Ahora ambos servicios están unificados en una única tasa y su valor es de 30 dólares por contenedor.
  • Descuento por sustentabilidad. Se aplican descuentos de entre 5% y 10% a los buques que sean parte del Environmental Ship Index (es decir, que tengan prácticas sustentables).
  • Se simplificaron los trámites para hacer reclamos por servicios de terminales, incidentes en zona portuaria, operaciones, contaminación y seguridad civil y patrimonial, entre otros. Con el nuevo sistema se puede hacer el seguimiento online de cada trámite, con un plazo máximo de respuesta de diez días hábiles.
  • Se bancarizaron las operaciones de cobros y pagos de proveedores y clientes.

Estamos mejorando la infraestructura de los tres puertos más grandes del país. Ejemplos:

  • Buenos Aires. Comenzaron las obras para ampliarlo y transformarlo en una verdadera terminal portuaria que va a recibir cada vez más carga. Ya se rellenaron más de 12 hectáreas de la nueva terminal. Se avanzó con intervenciones en las escolleras, el retiro de buques y el relleno de la dársena F, el acceso ferroviario y el señalamiento (que está finalizado), el acceso único al puerto con pregate y el dragado de adecuación y mantenimiento. Las dársenas se terminarían en 2020 y los canales en 2019. La obra del Paseo del Bajo, con un corredor exclusivo para camiones de carga y micros de larga distancia, también va a mejorar la circulación y la logística del puerto.
  • Rosario. Hay 156 kilómetros de accesos intervenidos. También se empezó a construir la estructura del puente Carcarañá, que forma parte de los accesos ferroviarios a Rosario.
  • Bahía Blanca. Están en ejecución la autopista RN 33 de Bahía Blanca a Don Enrique, el camino Sesquicentenario y el paso urbano por Bahía Blanca.
  • Comodoro Rivadavia. La obra se terminó en agosto de 2017. La ampliación de dos muelles permitió duplicar la capacidad operativa del puerto.
  • Luis Piedrabuena. Se está extendiendo la plataforma para permitir la operación de embarcaciones de hasta 315 metros (hoy es de 241).
  • Almirante Storni. Es el principal muelle de exportación de la industria pesquera de Chubut, y la provincia es la quinta exportadora del país. La obra implica la reparación y el mejoramiento del acceso al puerto y la ampliación de su superficie operativa. Finaliza en 2019.

Aumentamos la seguridad para los camiones que llevan carga. El programa Cosecha Segura refuerza la seguridad de los camiones que esperan para ingresar a los puertos de Rosario y Santa Fe. El delito denunciado durante la cosecha 2016-2017 bajó 67%.

Ordenamos la carga y descarga con un sistema de turnos. Antes los conductores de camiones podían estar hasta dos días esperando al costado de la ruta para ingresar al puerto a descargar.

AEROCOMERCIAL

Inauguramos la nueva terminal de carga en Ezeiza. El proyecto incluyó ampliaciones, repotenciación eléctrica, climatización y la instalación de un control computarizado. Gracias a estas mejoras el costo de armado de la mercadería se va a reducir en un 30%.

Modernizamos las instalaciones de carga y el depósito fiscal del aeropuerto de Tucumán. En 2015, la operación de carga se ajustaba a la de pasajeros (seis vuelos diarios) y había restricciones de peso por las condiciones de la pista. Ahora, hay 15 vuelos diarios entre los de cabotaje y los internacionales. La operación de cargas es independiente de la de pasajeros. La adecuación del depósito fiscal permitió una operación de arándanos más rápida y consolidar la exportación de limones.

Estamos trabajando con el operador para bajar y simplificar la tarifa de cargo aéreo. La eliminación y reducción de tarifas para tránsito terrestre, tránsito aéreo, courier y habilitación derivaron en que la tarifa por tonelada perecedera exportada pasó de 88 dólares a 58,5 dólares y por tonelada seca exportada de 60,8 dólares a 40,4 dólares.

Gracias a estas medidas, y aunque todavía queda mucho por hacer, la carga transportada por vía aérea pasó de 120.000 toneladas en 2015 a más de 134.000 toneladas en 2018.

Desafíos pendientes

Argentina tiene el desafío de transportar cada día más carga y hacerlo de forma competitiva con sus principales competidores. Para lograrlo, el Gobierno tiene entre sus objetivos:

Trenes de carga

  • Continuar con el aumento de la participación del modo ferroviario en el total de la carga transportada.
  • Profundizar la recuperación del Belgrano Cargas y Logística. El estimado de crecimiento para 2019 es de 137% frente a 2015.
  • Llegar en 2019 a los 1.000 kilómetros de vías renovadas.

Automotor

  • Duplicar los kilómetros de autopistas.
  • Continuar en diálogo con el sector para mejorar la competitividad, a través de mesas de trabajo que permitan impulsar nuevas inversiones.
  • Ampliar el número de provincias por el que pueden circular libremente los bitrenes y escalados para seguir reduciendo los costos de la logística.
  • Mejorar la infraestructura para consolidar la red de corredores de bitrenes medianos.
  • Trabajar con los transportistas para bajar el consumo energético a partir de la incorporación de tecnología y buena prácticas.
    Simplificar el transporte de cargas en la Argentina: tenemos el objetivo de digitalizar los documentos que necesita el transportista para circular, simplificar todos los trámites y avanzar en la fiscalización inteligente. Este objetivo incluye todos los permisos de circulación de la Dirección Nacional de Vialidad y la fiscalización en ruta de la CNRT, por ejemplo.

Aéreo

  • Fomentar la carga transportada por modo aéreo, que tiene mucho potencial para las economías regionales, perecederos y productos de alto valor.
  • Simplificar trámites y procesos para reducir los tiempos de operación de la carga aérea.

Puertos

  • Avanzar en la licitación del puerto de Buenos Aires.
  • Avanzar con las obras de inversión en accesos a los puertos de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca.

AGRICULTURA Y ECONOMÍAS REGIONALES

Síntesis

  • La agroindustria es uno de los principales motores de la economía argentina. Aun así, tiene mucho potencial sin explotar. Estamos impulsando estrategias de desarrollo enfocadas en sectores específicos, con el objetivo de fomentar el agregado de valor y la innovación tecnológica, potenciar su capacidad exportadora, mejorar procesos y simplificar trámites, aumentar la transparencia de sus cadenas productivas y desarrollar las economías regionales.
  • En 2015 el campo venía de casi una década de un conflicto con el Estado que había deteriorado casi todos sus indicadores. Había áreas sembradas en mínimos históricos (como el trigo), economías regionales sin capacidad exportadora, presión tributaria récord, infraestructura logística envejecida y una compleja red burocrática que entorpecía el trabajo de los productores.
  • En 2016, la unificación del tipo de cambio y la reducción de las retenciones permitieron al sector liberar parte de su potencial y alcanzar, en la campaña 2016/2017 el récord histórico de producción. Esto tuvo efectos directos en la industria de maquinaria agrícola, las exportaciones, la inversión y el consumo.
  • Aunque en 2018 el sector registró una caída, en gran parte por la sequía más intensa en medio siglo, para 2019 se esperan nuevos registros históricos.
  • Gracias a mejores políticas de inserción internacional y a los avances en términos de simplificación y desburocratización de los procesos productivos y comerciales, en estos años la Argentina volvió a exportar a más de 150 mercados en 70 países antes cerrados o inactivos.
  • Las economías regionales también vivieron un nuevo impulso, gracias a las mejores condiciones y a programas específicos para fortalecer el arraigo rural a través de programas de reconversión productiva, como el caso vitivinícola en la provincia de Mendoza, mediante el cual ya se replantaron más de 2.000 hectáreass durante 2018.
  • Desafíos pendientes. El objetivo es seguir aplicando el desarrollo tecnológico a la agricultura y seguir abriendo mercados. La Argentina podrá producir, para 2030, alimento para 600 millones de personas, pero eso requiere capacidad productiva y condiciones económicas que permitan hacer crecer la inversión y la innovación. En este camino, la innovación en biotecnología, agricultura de precisión, tecnologías de la información y maquinaria de nicho representan una posibilidad de exportación de conocimiento vía patentes, servicios y productos de alto valor agregado intensivos en conocimiento.

Qué encontramos

El complejo agroindustrial es uno de los pilares productivos y sociales de la Argentina, por su impacto económico, federal y de arraigo. Genera el 32% de empleo directo a nivel nacional, aporta el 18% del PBI argentino, invierte 40.000 millones de dólares anuales y representa el 60% de las exportaciones. Está compuesto por más de 250.000 productores, el 80% de ellos pymes, y más de 17.000 industrias procesadoras.

Por falta de inversión privada y malas políticas públicas el sector se encontraba en 2015 con un menor stock de capital, menos capacidad exportadora y menos empleo. Al momento de cambio de gobierno, la participación del Estado en la renta agrícola había llegado a niveles récord, del 94%.

En la campaña 2012/2013 se registró la menor área sembrada de trigo desde 1970, el primer dato comparable. El período 2009-2014 abarcó las peores campañas de las últimas cinco décadas en términos de área sembrada de trigo.

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Esto fue producto de la pobre estrategia para desarrollar la agricultura en los últimas décadas. Entre mediados de la década de  1990 y 2015, la participación de la soja en el área sembrada pasó del 25% al 52% y, en la campaña 2009/2010, el área sembrada (excluyendo la soja) fue la menor desde 1970. En la campaña 2016/2017 se sembraron 21,7 millones de hectáreas, el máximo desde 1983, pero sin afectar la siembra de soja, que estuvo cerca del promedio de la década. En la campaña 2018/2019, la superficie sembrada de gramíneas, como soja y maíz, está en el máximo histórico y superó a la de soja por tercera campaña consecutiva, tras 14 años de haber estado por debajo.

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Qué hicimos

En estos tres años, los pilares de la gestión agroindustrial fueron el aumento de la productividad a través de una mejora de la competitividad, la inserción inteligente de nuestros productos al mundo, y la simplificación y la desburocratización de trámites y procedimientos. A partir de estos ejes, la cartera agroindustrial diseñó políticas públicas que le permitieron al sector agroindustrial nacional comenzar a crecer.

Retenciones. Poco después de asumir, el Gobierno eliminó las retenciones para el maíz, el girasol, el trigo, la carne, los productos de la pesca, el sorgo y las economías regionales. Y para la soja se dispuso una reducción de cinco puntos, del 35% a 30%. Además, se eliminó el sistema de distribución de los ROE para granos y los cupos para las operaciones de productos lácteos.

Con estas medidas, la participación del Estado en la ganancia agrícola bajó del 85% en 2015 al 60% en 2018, según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina.

Con el objetivo de acelerar la llegada al equilibrio presupuestario, se introdujo a mediados de 2018 un nuevo mecanismo de retenciones a la exportación, diferente a los anteriores por ser para todos los sectores (no sólo para el campo, sino para todas las exportaciones) y transitorio, al ser una suma fija en pesos por dólar. La baja se mantiene aun después de los nuevos impuestos a la exportación, implementados hace unos meses para acelerar el camino al equilibrio de las cuentas públicas en 2019.

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Fuente: FADA

Cosecha récord. La quita de las retenciones significó que 16.000 millones de pesos  volvieron a los productores y a las economías regionales, y explica en gran parte el renovado interés de los productores por los cultivos de trigo, girasol y maíz, para los que se observaron crecimientos del 38%, el 29% y el 22% en sus respectivas áreas de siembra respecto al año anterior. Para la campaña 2016/2017 se sembraron aproximadamente 38,8 millones de hectáreas con la suma de todos los cultivos.

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Esas decisiones llevaron a que en 2017 se diera la mayor producción agrícola de la historia argentina con 137 millones de toneladas (MMtn), con hitos destacados como la mayor producción de trigo de la historia (18,4 MMtn, de los cuales 12 MMtn fueron exportados) y la mayor producción de maíz de la historia con los 49,5 MMtn (de los cuales se exportaron 30 millones de toneladas).

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Lamentablemente, el ciclo 2017/18 presentó una caída del 20% de la producción de granos, a 113 millones de toneladas, como consecuencia de las inundaciones en las zonas productivas a fines de 2017 y la sequía posterior, la más significativa de los últimos 50 años.

A pesar de esto, gracias a las buenas condiciones climáticas y la apuesta constante del sector, se espera que la campaña 2018/2019 muestre signos de recuperación. La producción de granos se proyecta en casi 140 millones de toneladas (un nuevo récord histórico) y ya se habla de la revancha del trigo, cuya siembra para la campaña actual alcanzó un récord de 6,3 millones de hectáreas, un 6% por encima de la superficie de la campaña anterior.

Mesas sectoriales. Con el objetivo de llegar a consensos y tomar mejores decisiones para las cadenas productivas, se hicieron 35 reuniones del Consejo Federal Agropecuario (CFA), con la participación de todas las provincias, donde se formularon 32 recomendaciones de políticas públicas y nueve resoluciones.

Desde 2017, los referentes de las distintas cadenas agroindustriales se empezaron a reunir en mesas de trabajo público-privadas convocadas por el Gobierno, con el objetivo de coordinar políticas para aumentar la competitividad, la transparencia y el agregado de valor según las necesidades de cada sector. Actualmente hay 23 mesas de competitividad sectoriales iniciadas y siete en formación.

INTA. A través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se presentó en 2017 año la primera vacuna contra la diarrea viral bovina, se modificó el gen que provoca que la papa se ponga negra y se lanzaron nuevas variedades de semillas de algodón que darán un renovado impulso a ese cultivo. Se aprobó también la comercialización de nuevos cultivos biotecnológicos: cinco variedades de maíz y una de soja mejorados por biotecnología moderna.

Inserción al mundo. A partir de 2016, la producción argentina volvió o entró por primera vez a más de 170 mercados, diversificó sus exportaciones y logró acuerdos comerciales con las principales potencias económicas. Además, se revalorizó la participación argentina en la cuota Hilton y se duplicó el cumplimiento del cupo, que alcanzó el 95% en 2018. Se volvió a exportar aceite de soja a China luego de tres años, se reabrieron los mercados de limones y carne bovina a los Estados Unidos y de carne bovina y ovina de la Patagonia a Japón.

Simplificación y desburocratización. El foco en la desburocratización y la simplificación de trámites permitió dinamizar acciones y facilitar las gestiones que deben hacer los usuarios de sus prestaciones, poniendo en primer plano la celeridad, la economía y la eficacia de los procedimientos, para asegurar la libertad y la igualdad de oportunidades dentro de los mercados.

Se trabajó en una agenda que permitiera unificar o eliminar trámites que sólo agregaban costos de intervención, sin una lógica de previsión o cuidado del consumidor o productor.

El principal ejemplo es el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) nuevo sistema que reemplazará a los registros y los regímenes informativos vinculados a la actividad de producción y comercialización de granos y semillas en proceso de certificación (cereales y oleaginosas) y legumbres secas.

Hasta ahora, los productores podían estar dentro del registro, suspendidos o excluidos, y cambiar de estado era poco útil, muy difícil y lento. Con este cambio, se hace más dinámica la movilidad entre categorías y comienza a haber premios y penalidades. Para todos los productores hay una menor retención de IVA pero, para los de mejor desempeño, la alícuota será ocho puntos menos que para los de riesgo alto, mientras que la retención de ganancias será 15 puntos menor.

Logros parlamentarios. Se reglamentó la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, que regula el destino de los envases en todo el país, para que su gestión sea efectuada de un modo que no afecte a la salud de las personas ni al ambiente. También establece que las empresas que registran productos en el mercado tendrán que hacerse cargo del destino de los envases que contienen sus productos.

Además, se aprobaron la Ley Donal sobre donación de alimentos, la Ley de Plaguicidas Fumigantes, la creación de la Dirección de Maquinaria Agroindustrial, se sancionó la renovación y la reforma de la Ley de Promoción Forestal y el Programa de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.

Emergencia agropecuaria. En 2016, en el marco de la Ley de Emergencia Agropecuaria, el Gobierno sancionó 30 resoluciones de emergencia para 18 provincias, con un monto ejecutado de 538 millones de pesos y destinado a mejorar caminos rurales, entregar maquinarias y apoyar escuelas rurales. Para 2018 se decretaron 20 resoluciones en 13 provincias.

Una de las metas más importantes para la gestión fue potenciar el interior productivo a través del fomento de proyectos de agregado de valor en la producción agropecuaria y agroindustrial, fundamental para generar arraigo y productos de calidad.

Uno de los ejemplos más destacados en este sentido fue el aumento del corte de bioetanol en 2016, que pasó del 10% al 12%, y la consolidación de la mezcla de biodiesel en el consumo de gasoil en el país, que alcanza hoy un 10%. Este incremento del 2% en el corte de bioetanol de caña de azúcar les reportó un ingreso adicional estimado de 1440 millones de pesos a Tucumán, Salta y Jujuy. Bajo esta premisa de estimular la producción de bioetanol de caña, se conformó la Mesa intersectorial Sucroalcoholera.

Arraigo rural y economías regionales. Se trabajó en la regularización dominial de 1.036 agricultores familiares en las provincias de Chaco, Misiones, La Rioja, Jujuy, Mendoza, Catamarca y Santiago del Estero. También se impulsó el programa Compre Público, a través del cual organizaciones de pequeños productores formalizan su situación y pueden vender sus productos por ese canal. Además, el programa de Inclusión Digital capacitó a más de 2.000 productores familiares sobre las herramientas de venta online y publicaciones en línea, con talleres en ocho provincias.

Economías regionales. El programa de Fortalecimiento de las Economías Regionales destinó un presupuesto de 7.100 millones de pesos en 2017 y fue diseñado para mejorar la competitividad, la sanidad y el financiamiento de todas las regiones productivas del país. Su objetivo principal es generar más y mejores oportunidades para cada pueblo y cada ciudad del país.

Se destaca el crecimiento de 13,4% de las exportaciones de las economías regionales de 5.890 millones de dólares a 6.680 millones de dólares entre 2015 y 2017.

Algunos casos destacados:

  • En 2017, crecieron significativamente las exportaciones de pistacho, aceite de oliva, nuez de nogal, jugo de naranja y garbanzo, entre otros.
  • Entre enero y septiembre de 2018 se destacó el crecimiento de las exportaciones de cebolla, arroz partido, cereales de desayuno de arroz, uva, jugo de uva, carne ovina y ciruela, entre otros.
  • Lobesia: se implementó una de las campañas de control de plagas más grandes del mundo, más de 160.000 hectáreas. El resultado de la estrategia de control integral fue óptimo: las capturas bajaron un 95% y la plaga se redujo un 70%.
  • Mosca de los frutos: se logró la disminución del indicador de nivel de la plaga (MTD: moscas por trampa por día) por debajo de 0,1. Este efecto permite demostrar la eficiencia de la técnica empleada para el control en grandes áreas, y partir de una menor incidencia de la plaga durante la próxima temporada.
  • El 2018 fue para el complejo vitivinícola un año de gran performance exportadora, dado que las exportaciones totales de vino en volumen aumentaron un 23,4% respecto de 2017.

Desafíos pendientes

El campo es un sector estratégico para el desarrollo del país. El 53% de la superficie argentina es cultivable y podríamos en 2030 producir alimentos para 600 millones de personas, casi 15 veces nuestra población.

También es el sector más dinámico del comercio mundial, y requiere del uso de mano de obra calificada y de la incorporación de alto valor agregado, creatividad y conocimiento. La Argentina tiene una oportunidad inmensa en la tecnología aplicada a la agricultura, también conocida como AgTech. La agricultura es uno de los sectores con menor digitalización a nivel mundial.

La AgTech viene creciendo a un ritmo exponencial gracias a que todos los actores del ecosistema están comenzando a interactuar con mayor frecuencia.  Es además nuestra gran aliada a la hora de cuidar el medio ambiente. Si queremos garantizar la sostenibilidad del agro, necesitamos de un enfoque colaborativo y el trabajo en red entre el sector privado, el público y la sociedad civil, y poner a su servicio la innovación y la tecnología.

GANADERÍA Y LECHERÍA

Síntesis

  • Después de años de estancamiento y retracción, el sector ganadero está volviendo a ser un motor productivo y exportador, gracias en parte a las medidas de impulso y normalización tomadas por el Gobierno.
  • En 2015 habíamos dejado de estar entre los 10 principales exportadores de carne, habíamos perdido 10 millones de cabezas de ganado y 18.000 puestos de trabajo sólo en la industria frigorífica. La industria lechera no crecía, no tenía inversiones, no había ningún registro claro de las transacciones y era muy dispar el poder de negociación entre los distintos actores de la cadena.
  • En estos tres años, el sector tuvo una fuerte reactivación, con aumentos en la inversión, la producción y la exportación sin perjudicar el consumo local de carne y leche. Después de haber retrocedido del 3º al 12º puesto en una década, en tres años avanzamos al 6º. Las exportaciones de carne vacuna están cerca de recuperar lo perdido entre 2009 y 2015. Si bien recuperar el stock total llevará tiempo, ya recuperamos la misma cantidad de vacas, es decir, la fábrica de terneros, que teníamos en 2007.
  • Lo mismo sucede con la producción de leche, que sigue recuperando terreno. Entre 2011 y 2015 las exportaciones de leche habían caído un 32%. Desde 2016, las medidas trabajadas con el sector en la mesa lechera se orientaron a dotar a la industria de transparencia y reglas claras. Los resultados son positivos: entre enero y octubre de 2018 la producción de leche creció un 6% y las exportaciones, un 30%.
  • Desafíos pendientes. Tenemos que profundizar los ejes actuales: más transparencia y formalización de las cadenas productivas, más apertura de mercados internacionales para seguir impulsando las exportaciones y más trabajo en conjunto entre el sector público y el privado para buscar soluciones que ayuden a consolidar a la ganadería como un motor productivo y una referencia internacional.

Qué encontramos

Las políticas productivas anteriores a 2015 relacionadas al desarrollo del sector ganadero tuvieron un impacto negativo. La cantidad de cabezas de ganado vacuno, uno de los principales capitales del sector, cayó un 16% en seis años, mientras en Brasil creció un 33%.

Argentina pasó de ser el tercer exportador mundial de carnes a ser el 11°. Entre 2009 y 2015, las exportaciones de carne cayeron casi 70% y en 2015 sólo se exportaba el 7% de lo producido, 13 puntos menos que en 2009. Por falta de inversión, la industria frigorífica perdió 18.000 puestos de trabajo.

Las casi diez millones de cabezas de ganado perdidas se tradujeron en una considerable pérdida de empleo. Las autoridades nacionales prefirieron cerrar las exportaciones, con el objetivo de proteger el mercado interno, pero al costo de perder mercados de exportación debido a demoras e incumplimientos de distinto tipo, lo que desalentó la inversión y quitó competitividad. Además, entre 2006 y 2014 la industria de las curtiembres perdió, por razones parecidas, otros 4.500 empleos, un 30% de su personal, según estadísticas del Ministerio de Trabajo.

Entre los mercados perdidos en estos años y que estamos recuperando están Alemania, a la que dejamos sin nuestras carnes para el Mundial, u Holanda, que antes sólo compraba carne argentina y en diciembre de 2015 les compraba a dos o tres proveedores por las dudas, para no volver a quedarse sin carne si la Argentina decidía volver a cerrar sus exportaciones. Entre enero y noviembre del 2018, las exportaciones de carne en dólares registrara el valor más alto desde 1990 (1.178.530.000 dólares).

Encontramos un sector lechero poco transparente, sin información clara sobre los distintos eslabones de la cadena y con una fuerte disparidad de poderes de negociación entre productores e intermediarios.

La producción nacional casi no creció en los últimos diez años, mismo período en que nuestros vecinos aprovecharon para crecer entre 5% y 7%. La inversión en tecnología en los tambos fue muy baja y no hubo políticas activas para fortalecer el sector y la industria, lo que generó pérdidas de productividad y peores condiciones para el trabajo.

 

Qué hicimos

Como primera medida, se avanzó en la normalización del mercado, con foco la eliminación de los impuestos distorsivos a la exportación como lo eran los ROE, que penalizaban especialmente al sector.

La ganadería reaccionó positivamente al cambio de políticas, en el marco de un círculo virtuoso que motorizó el crecimiento de la producción, el consumo y las exportaciones principalmente de bovinos y porcinos (el sector avícola se vio perjudicado por el aumento de los costos).

En 2018, la faena de ganado bovino fue 10% mayor a la de 2015. La producción creció 8% y alcanzó su mayor nivel desde 2009. El principal foco de aumento vino por las exportaciones, que crecieron un 180% con respecto a 2015 y superaron las 500.000 toneladas luego de nueve años, con nuevos mercados estratégicos para el país, como China e históricos como Estados Unidos. Todo esto fue posible gracias a las polìticas de aperturas y simplificación de trámites enfocadas en facilitar la exportación. En sólo tres años, la Argentina pasó del puesto 11° al 6° en el ránking de exportadores y quedó segundo en el Mercosur.

Agroindustria se convirtió en la nueva autoridad de aplicación de la Cuota Hilton, un cupo de exportación fijado por la Unión Europea a los principales productores de carne vacuna. Nuestro país es uno de los principales beneficiados dentro de este contingente, lo que permite el ingreso de nuestra carne a uno de los principales mercados del mundo, con una menor carga arancelaria.

Durante años, la selección de los frigoríficos beneficiados estuvo marcada por arbitrariedades y preferencias políticas, lo que impacta de manera negativa en el resto de la cadena. En junio de 2017 se modificó el mecanismo de asignación, dando lugar a más empresas con un esquema más ágil y flexible.

Entre 2012 y 2017, el promedio de cumplimiento fue del 78%. En la campaña 2017/2018, el cumplimiento mejoró y, a partir del cambio en el mecanismo de asignación y de la eliminación de las distorsiones, se alcanzó el 96%. Para la campaña 2018/2019 esperamos cerrar con un cumplimiento del 100%.

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Tanto la faena como la producción de porcinos crecieron alrededor del 25% desde 2015. El consumo también creció en estos niveles. Además, se avanzó en la reducción de impuestos. Se presentó en la reforma impositiva la baja del IVA al 10,5% para la carne de aves, cerdo y conejos. Se instalaron las “cajas negras" (balanzas electrónicas) en todos los frigoríficos del país para un mayor control, la creación del Sistema de Información de Operaciones de compra-venta de carne bovina (SIO Carnes) y la implementación de la prenda ganadera (se reglamentó la posibilidad de prendar stocks de hacienda, como herramienta de garantías por 30.000 millones de dólares), y el mercado de futuros.

Lechería. La lechería también estaba muy golpeada en el momento del cambio de gobierno. Había caído la producción de lácteos sólidos entre 2011 y 2015, especialmente yogur y leche en polvo, y las exportaciones habían bajado un 32%.

Una de las prioridades fue dotar de transparencia a las operaciones, para equilibrar el desbalance de poder de negociación entre los actores de la cadena y remediarla falta de información para la toma de decisiones, la falta de reglas claras en la comercialización y la existencia de prácticas desleales de comercialización a lo largo de la cadena.

Se llevaron adelante acciones para recuperar las estadísticas del sector, se implementaron la LUME (Liquidación Única Mensual Electrónica) y el Sistema de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA), que registra el precio de la totalidad de ventas primarias de leche, dando a todos los actores un valor de referencia real y transparente, y se renovó el convenio de cálculo de costos regionales llevado adelante por el INTA, que había sido discontinuado.

El 17 de diciembre de 2018 inició sus operaciones en MATBA-ROFEX el Mercado de Futuros de Leche lo que permitirá seguir transparentando los valores de este producto y les dará certezas a los productores y la industria sobre las perspectivas de negocios en la actividad.

Para potenciar la competitividad del sector, se impulsó el programa de Cambio Rural Lechero (del que participan más de 400 productores), la recuperación del Monitoreo de Competitividad en tambos y el programa de Reconversión Industrial. Además, se buscó profundizar el acceso a financiamiento con la articulación con Banco Nación y la emisión del Certificado Oficial Productivo (COP), que permite mejorar el acceso al financiamiento no sólo en bancos públicos sino privados.

Luego de haber sido discontinuado en 2012, desde el inicio de la gestión se retomó el trabajo del Consejo Federal de la lechería donde de manera mensual se hace un seguimiento de la coyuntura y la agenda de mediano y largo plazo de la actividad y se definen planes de acción.

Para acceder a nuevos mercados y hacer llegar los productos argentinos a más países, se trabajó en misiones comerciales a destinos estratégicos, participación en ferias internacionales, negociaciones internacionales para la apertura y consolidación de mercados y en la desburocratización del proceso exportador. En los primeros once meses del 2018, las exportaciones crecieron un 34% anual y quedaron cerca de los 300.000 toneladas.

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Desafíos pendientes

El sector ganadero tiene mucho potencial, por su tradición y sus ventajas comparativas pero también por el aumento de la clase media global, que presenta una oportunidad para la carne argentina. Para estar a la altura, tenemos que seguir trabajando en la inserción de argentina en las cadenas de valor, lo que requiere de la cooperación de los distintos sectores, para que trabajen con un objetivo común y coordinados. Para 2030, el objetivo es aumentar un 20% la producción de carne vacuna, 75% la de carne aviar y 48% la de cerdo.

El mercado de leche en la Argentina todavía tiene mucho por mejorar en términos de transparencia, profesionalización y sofisticación. Actualmente se registra la comercialización de alrededor de 800 millones de litros mensuales entre más de 8.300 tambos y más de 300 industrias y mes a mes se van incorporando más actores al sistema.

Se estima que aún queda un 10% de la producción que se opera pero no se registra. Por otro lado, la leche se vende en el mercado sin una correcta segmentación de precios que identifique las diferencias en calidad. Avanzar en el mercado de futuros de leche, que ya está comenzando a operar, permitirá comenzar a descubrir precios y a dar herramientas a los productores e intermediarios para tener esquemas financieros más avanzados.

EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL

Síntesis

  • La Argentina necesita un mercado laboral más productivo y dinámico, que brinde más y mejores oportunidades a trabajadores y empleadores. Para eso hace falta mejorar la productividad del trabajo, reducir la litigiosidad, combatir la informalidad e impulsar la capacitación de los trabajadores en todos los sectores.
  • El empleo privado en la Argentina ha crecido por debajo de la población en los últimos seis años, y más del 60% de los trabajadores en el sector privado tiene problemas de empleo. Algo más de un tercio trabaja en el mercado informal.
  • En estos tres años el Gobierno respetó el sistema de paritarias abiertas y se puso como objetivo reducir los costos no salariales del empleo, sobre todo en tres aspectos: bajar la litigiosidad laboral, que encarece el empleo a través del alícuota de las ART; incluir cláusulas de productividad en la renovación de los convenios colectivos; y establecer mínimos no imponibles para los aportes y contribuciones de los salarios más bajos.
  • Este proceso se llevó adelante a través del diálogo con todos los sectores, especialmente a través del Consejo Federal de Trabajo, que dejó de ser un lugar de discusión de ajustes inflacionarios para convertirse en un lugar donde se piensa cómo mejorar la productividad.
  • En 2017 se sancionó la ley de reforma del sistema de riesgos del trabajo, que permitió reducir casi un tercio la cantidad de juicios nuevos y bajar de cinco años a tres meses el plazo de lo trabajadores para cobrar sus demandas. Esto permitió también bajar la alícuota del seguro, con un ahorro de más de 22.600 millones de pesos para empresas.
  • Desafíos pendientes. En los próximos años, muchos argentinos tendrán trabajos que hoy no existen y deberán adaptarse a un nuevo mercado laboral, atravesado por la inteligencia artificial, la robotización y la automatización. Esto plantea desafíos para el sector público, las empresas, los sindicatos y los trabajadores, cuyo abordaje deberá hacerse en conjunto.

Qué encontramos

En diciembre de 2015, el mercado laboral llevaba cuatro años de estancamiento, en los que el sector privado había prácticamente dejado de crear nuevos empleos y el sector público había pasado a ser el principal demandante de mano de obra. Entre 2008 y 2015 la participación del sector público en el mercado laboral formal aumentó 10 puntos porcentuales.

También habían crecido la conflictividad y la litigiosidad laboral. Entre 2006 y 2015 la cantidad de conflictos con paro aumentó un 49%. Y la cantidad de juicios laborales notificados a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) se duplicó, de 53.000 a más de 100.000, entre 2010 y 2015, a pesar de una caída del 50% en los incidentes en el lugar de trabajo. En definitiva, el mercado laboral no generaba nuevas oportunidades y uno de los puntos para entender el por qué está en la litigiosidad.

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Fuera de la situación del mercado laboral en adultos, uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio era la erradicación del trabajo infantil para 2015. En este sentido, sólo se hicieron dos encuestas, en 2004 y 2012, que no son comparables entre sí, por diferencias metodológicas y de marcos muestrales. En la de 2012, por ejemplo, se analizaron sólo localidades con población mayor a 2.000 personas, donde el trabajo infantil suele ser menor.

El Consejo Nacional del Empleo, organismo encargado de fijar periódicamente el Salario Mínimo, Vital y Móvil y de delinear políticas para promover la capacitación y la inclusión a la formalidad de los distintos grupos con dificultades, se encargó durante casi una década de fijar el aumento anual como respuesta a la inflación, dejando de lado su rol de diseñador de políticas laborales.

Qué hicimos

En estos tres años el Gobierno buscó crear espacios de diálogo constante con los principales actores de la economía con el objetivo de conocer las demandas y llegar a soluciones de largo plazo y basadas en el consenso.

La negociación colectiva empezó a ser distinta. Desde 2016, en los convenios colectivos también han sido incluidas cláusulas destinadas a mejorar la productividad y potenciar el carácter inclusivo de este tipo de negociaciones. Esto constituye una medida esencial para aumentar la producción, reducir la desigualdad y ampliar el ámbito de la protección laboral. La productividad es uno de los indicadores que permiten monitorear la marcha de la eficiencia de la economía.

Otro espacio muy importante es el Consejo Federal del Trabajo, que se reunió en más de 15 oportunidades durante estos tres años con el fin de continuar atendiendo de manera conjunta y federal las problemáticas del ámbito laboral y enfocarse en aumentar la productividad de los trabajadores, promover la inclusión de personas con discapacidad, brindar herramientas para aumentar la formalidad laboral, la lucha contra la trata de personas y avanzar para erradicar el trabajo infantil. Se ha buscado presentar políticas de Estado que avanzaran sobre estos temas, como fueron las mejoras del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. Otros avances:

  • En 2018 se realizaron una serie de jornadas nacionales de Formación Sindical en el marco del Consejo Federal del Trabajo, que reúnen a funcionarios de Gobierno, miembros de sindicatos y empresarios. Asimismo se contó con la participación de académicos y expertos de la sociedad civil y de organismos internacionales a fin de abordar la agenda estratégica de todos los sectores.
  • En el transcurso de las jornadas se capacitaron más de 3.000 personas, entre sindicalistas, empresarios y funcionarios gubernamentales.
  • Se llevó a cabo, después de muchos años, el Encuentro Nacional de Consejos Sectoriales. Esta estrategia se encuadra en la prioridad nacional de establecer mecanismos de diálogo, para dar impulso a la innovación tecnológica y a una Formación Profesional actualizada en todos los sectores de actividad en términos de competencias y habilidades y refiere esencialmente a trabajar en profundidad, coordinación y de manera sostenida en el tiempo en el Diálogo Social.

Riesgos de trabajo y litigiosidad. Uno de los principales logros de estos tres años fue la reducción en la litigiosidad en el mercado laboral. La Ley de Riesgos del Trabajo, sancionada en febrero de 2017, modifica sustancialmente el Sistema de Riesgos del Trabajo y busca incrementar su cobertura y su inclusión a efectos de garantizar las prestaciones a todos los trabajadores, disminuir la siniestralidad e instalar definitivamente la cultura de la prevención en el país.

Busca, además, modificar la tramitación de los accidentes de trabajo frente a las comisiones médicas, para mejorar su funcionamiento y el acceso a ellas. En 2018, el primer año completo de implementación, la cantidad de nuevos juicios se redujo cerca de un tercio, para estar en niveles similares al período 2013-2014

  • 15 provincias han adherido a la ley y dos más se encuentran en vías de adhesión. La provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires concentran el 63% de los trámites y el 81% de la litigiosidad.
  • Gracias a la ley, por primera vez la alícuota general bajó del 3% y llegó a ser del 2,35% en la Ciudad de Buenos Aires en junio del 2018. En Santa Fe (que no adhirió a la ley) supera el 4,4%.
  • Los juicios por accidentes laborales iniciados en la ciudad de Buenos Aires se redujeron un 70% desde la sanción de la nueva ley.
  • Las empresas (las alícuotas se descuentan de sus salarios brutos) ahorraron, gracias a esta ley, 17.600 millones de pesos. Para el trabajador promedio, el tiempo hasta que se recibe el dinero, en concepto de indemnización por un accidente laboral, pasó de cinco años a tres meses.

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Fuente: SRT

Formalización del trabajo. El Plan Nacional de Regulación del Trabajo tiene como objetivo incorporar al Sistema de Seguridad Social a los trabajadores no registrados, a través de la ejecución de acciones de verificación y fiscalización de la normativa del trabajo y la seguridad social, procurando que el contribuyente regularice la situación de forma voluntaria.

A fin de aumentar la efectividad y el impacto de nuestra política en materia de registración, se continuaron las acciones de información y sensibilización en el interior del país a través de capacitaciones. Se sostuvo la labor de las unidades móviles, en las cuales los interesados se informaron acerca de los beneficios de estar registrados, realizaron trámites y consultaron sobre las escalas salariales, las condiciones mínimas de labor y el régimen de trabajo adolescente.

Se enviaron, además, 100.000 trípticos con material informativo y una sencilla “Guía de Registración del Trabajo Doméstico”, que describe derechos y obligaciones de las trabajadoras y empleadores y los pasos a seguir para efectivizar la registración correspondiente. Como resultado de las campañas de concientización sobre la importancia de registrar a estos trabajadores, se logró aumentar la registración un 4,6% (julio 2018) en relación con el mismo periodo del año pasado, según el Ministerio de Producción y Trabajo.

Para sumar a esta acción y facilitar su registración también se realizó en conjunto con la Secretaría de Modernización y la AFIP: una actualización de los aplicativos, la creación de una app destinada a facilitar la registración y el desarrollo de un portal  de información sobre derechos y obligaciones en el trabajo en casas particulares.

Foco en el empleo y la productividad. El Proyecto de ley de Ordenamiento Laboral y Previsional es una iniciativa consensuada con representantes de trabajadores y empleadores que busca establecer reglas claras que favorezcan el crecimiento del empleo formal de calidad.

  • Por otro lado, las Ferias Futuro proponen el encuentro entre jóvenes de 18 a 30 años que buscan empleo, y empresas nacionales y regionales de diferentes sectores productivos. En 2018 se incluyó una sección de tecnología con charlas con expertos y demostraciones en vivo, además de entrevistas reales para cubrir posiciones en distintas empresas.
  • Se lanzó la Competencia Nacional de Formación Profesional y se convocó a los jóvenes a participar en ella. Organizada por el Gobierno, en coordinación con los distintos actores del mundo del trabajo y en articulación con los organismos gubernamentales pertinentes, la Competencia Nacional propone una instancia de participación abierta a todos los jóvenes trabajadores y estudiantes en distintos sectores de actividad. 
  • Se lanzó el Portal Trabajo en Red, una herramienta con la que las empresas pueden ofrecer trabajo y ver los perfiles de trabajadores postulados para ocupar puestos vacantes. De la misma manera, las personas pueden postularse y acceder a empleos de calidad.
  • El Plan de Formación Laboral inicial tiene por objetivo sistematizar la oferta formativa de las personas que por distintas circunstancias se encuentran “fuera del sistema”, con foco en los jóvenes.

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Desarrollo humano sustentable. Se realizó una nueva edición de la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (EANNA), con el objetivo de obtener información superadora y actual, tanto en el ámbito rural como urbano. Como principales conclusiones de la encuesta surge que el 9,4% de los niños de entre cinco y 15 años trabaja, de los que un 3,7% lo hace en la producción de bienes y servicios destinados al mercado, un 2,8% con destino al autoconsumo y un 4,3% en tareas domésticas.

Hay más de 700.000 niños trabajando en el país, de los que 500.000 viven en áreas urbanas y el resto en áreas rurales. Sin embargo, el hecho de que haya más niños trabajando en zonas urbanas responde a la concentración de la población. Cuando se analiza en términos relativos a la población de cada área, el trabajo infantil en áreas rurales es más intenso, siendo, por ejemplo, del 53% en el área rural del NOA y del 33% en el área urbana. Estas diferencias son similares en todas las regiones del país.

Se elaboró este año el Plan para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Trabajo Adolescente 2018-2022, sobre la base de tres ejes: prevención, restitución de derechos y acciones de soporte con el objeto de atacar los determinantes y condicionantes del trabajo infantil.

El plan es el resultado del esfuerzo coordinado de múltiples actores de organizaciones sindicales, empresariales y miembros del Poder Ejecutivo, comprometidos con la erradicación del trabajo infantil en nuestro país. Esta guía nacional está basada en ejes estratégicos que permitan abordar, monitorear y evaluar acciones concretas que garanticen el cumplimiento de los derechos de la infancia.

Desafíos pendientes

Argentina necesita que cada vez trabajen más personas y que lo hagan en puestos de calificación alta, porque esa es la mejor manera para reducir la pobreza. Necesitamos un mercado laboral dinámico, que emplee a la mayor cantidad de gente posible, pero que pueda adaptarse constantemente a las necesidades de las empresas y trabajadores.

El mundo que se viene incluye puestos de trabajo que no conocemos pero para los que tenemos que estar preparados. Tenemos que hacer foco en la capacitación de las personas para que estén a la altura del desafío. La inteligencia artificial, la automatización y la robótica, entre otros avances, pueden generar fuertes aumentos en la productividad pero también desafíos difíciles para algunos trabajadores y empresas, a quienes el Estado deberá orientar y contener a medida que se adaptan a la nueva realidad.

La desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral empieza desde mucho antes de que comienzan a buscar trabajo. Si bien existen diferencias salariales entre hombres y mujeres para trabajos similares, las principales causas de la desigualdad, y a donde debemos destinar las políticas laborales, son las diferencias en la participación laboral de mujeres y varones en distintos sectores y a medida que avanza la escala jerárquica. Para esto, tanto la legislación laboral, como el trabajo conjunto entre Estado, trabajadores, empresas y sindicatos debe ser consciente de que mejorar la situación de las mujeres traerá beneficios para todos.

TURISMO

Síntesis

  • El turismo tiene la capacidad de llegar a todos los puntos del país, reactivar las economías regionales por su rol redistribuidor de recursos y generar empleo con arraigo. Diseñamos y estamos ejecutando una estrategia para convertir al turismo en un motor del crecimiento económico.
  • La estrategia tiene cuatro ejes: posicionar a la Argentina como líder turístico regional a través del crecimiento del turismo receptivo; hacer crecer el turismo interno; desarrollar nuevos destinos y productos en las economías regionales; y aumentar la inversión pública y privada en el sector.
  • En 2015, el turismo receptivo tendía a la baja. Dependía de Brasil sólo por el tipo de cambio, no teníamos ningún tipo de estrategia para ese ni otros mercados y no estábamos trabajando para abrirnos al mundo. El turismo interno estaba estancado y era caro, en parte por la poca conectividad.
  • Para crecer, necesitábamos acercarnos al mundo. Por eso salimos activamente a buscar vuelos. Hoy volvemos a estar conectados: tenemos nuevas líneas aéreas volando y nuevas conexiones estratégicas, tanto internacionales como de cabotaje. En paralelo, impulsamos medidas como el reintegro del IVA en alojamiento para turistas extranjeros y la facilitación de visados. Y tenemos una nueva estrategia inteligente de promoción y comercialización internacional que apunta a los mercados clave para la Argentina.
  • Ya estamos viendo resultados. Los arribos de turistas internacionales por vía aérea llevan más de dos años y medio de crecimiento sostenido.
  • El turismo interno también reaccionó a las mejoras de conectividad y las nuevas oportunidades para viajar. Un indicador de eso es que en 2017 tuvimos 52 millones de viajes de turistas nacionales y hoy hay un 38% más de pasajeros en vuelos de cabotaje que en 2015.
  • Desafíos pendientes. Posicionar a Argentina como un destino de naturaleza a nivel internacional; consolidar a ViajAR como la plataforma que nuclea toda la oferta turística argentina; mejorar la conectividad con mercados estratégicos para el turismo receptivo, como el asiático; y realizar un estudio de mercado exhaustivo sobre el perfil del turista argentino, entre otros.

Qué encontramos

En 2015, el turismo receptivo tendía a la baja. La llegada de turistas internacionales dependía en gran medida de Brasil sólo por el tipo de cambio y no teníamos ningún tipo de estrategia para hacer crecer ese mercado. Como consecuencia, se habían perdido 300.000 turistas brasileños por año durante los últimos años. Además, no teníamos una estrategia para abrirnos hacia otros mercados y había una fuerte caída en el gasto de los turistas extranjeros en el país.

No se había desarrollado un plan, por ejemplo, para captar al emergente turismo chino, que cada año coloca 120 millones de turistas en el mundo, con un promedio de gasto que supera los 260.000 millones de dólares anuales.

La estrategia de promoción del país era obsoleta. El Instituto Nacional de Promoción Turística, un área clave que se dedica a promocionar a la Argentina en el exterior para atraer turistas, se dedicaba casi exclusivamente a las acciones offline en eventos y no trabajaba sobre la base de los mercados emisivos internacionales.

En cuanto al turismo interno, la demanda estaba estancada en números menores a los de 2012, con niveles de consumo amesetados. El turismo era caro, en parte por la escasa oferta de conectividad. También influían en este proceso las restricciones que imponían los pisos tarifarios a los pasajes de avión y de micro.

Qué hicimos

Diseñamos y estamos ejecutando una estrategia para hacer crecer el turismo y convertirlo en un motor de crecimiento económico sobre la base de cuatro objetivos:

  • posicionar a Argentina como líder turístico regional a través del crecimiento del turismo receptivo internacional;
  • hacer crecer el turismo interno;
  • desarrollar nuevos destinos y productos en las economías regionales;
  • aumentar la inversión pública y privada en el sector.

A continuación, un análisis en detalle de cada uno de los ejes de la estrategia:

Posicionamiento de la Argentina como líder turístico regional a través del crecimiento del turismo receptivo internacional. Cambiamos la estrategia de turismo receptivo y pusimos el foco en revolucionar la conectividad y la facilitación de los viajes.

No sólo abrimos el juego a la llegada de más aerolíneas, sino que salimos activamente a buscar nuevos vuelos. Como resultado, hoy la Argentina vuelve a estar conectada. Si en el 2015 teníamos 91 conexiones internacionales, hoy tenemos 153 y aterrizaron nuevas líneas aéreas: entre otras, Air Europa, Azul Linhas Aereas, Edelweiss, Norwegian UK y Ethiopian Airlines, que permitió volver a tener conexiones desde todos los continentes.

Y no sólo crecimos en cantidad de rutas, sino también en la oferta de asientos en vuelos internacionales, que en 2018 tuvo un incremento del 40% en comparación con 2015. Es decir que hoy hay nuevas y más oportunidades para que lleguen turistas extranjeros.

Las conexiones que incorporamos son estratégicas. Se sumaron vuelos directos vitales para seguir creciendo, por ejemplo, con dos mercados importantes como Brasil y Estados Unidos. Y se logró algo histórico: ya se está vendiendo el vuelo Madrid-Iguazú de Air Europa, que empieza en junio de 2019 y acercará al continente europeo a nuestro país, y a uno de nuestros destinos clave, en sólo nueve horas.

Ahora la Argentina tiene varias puertas de entrada, además de Aeroparque y Ezeiza. En 2018 recibieron vuelos internacionales directos la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Santa Fe, Salta, Tucumán, Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan y Jujuy. Y los aeropuertos que más crecieron en estos años son los del interior.

También impulsamos medidas para facilitar la llegada de los viajeros. Algunas estaban pendientes desde hacía años, como el reintegro del IVA en alojamiento para turistas extranjeros. Además, eliminamos tasas de reciprocidad y avanzamos con la agilización del visado para mercados estratégicos. Por ejemplo, los viajeros  chinos ahora pueden ingresar a nuestro país tramitando solamente la Autorización de Viaje Electrónica (AVE), si ya poseen visa para entrar a Estados Unidos o a países de la Unión Europea. Esto mismo se extendió a otras 73 nacionalidades, que antes necesitaban visado.

Y sin descuidar el formato presencial en las grandes ferias internacionales, comenzamos a hacer inteligencia de mercado y a utilizar los medios online para posicionar Argentina. Se desarrolló una estrategia de marketing digital, comercialización y comunicación, con la que se apuntó a mercados clave, tanto por la cantidad de turistas que emiten como por su impacto económico, como Estados Unidos, Brasil, Alemania, España, Chile, Colombia y Perú.

Para el mercado chino, además, se creó un plan integral de presencia y comercialización del destino Argentina en la principal plataforma de viajes de ese país y en las redes sociales que más usan. En paralelo, se está trabajando  estratégicamente a nivel regional en la promoción conjunta y en visas recíprocas para facilitar la visita de turistas chinos a Sudamérica: ya se logró con Chile y se está avanzando con Brasil.

Por otro lado, gracias a una serie de medidas para reducir los costos de la industria de cruceros, en la temporada 2018-2019 habrá más de 551.000 pasajeros de cruceros, un 14% más que en la temporada 2015-2016.

Esta estrategia ya está mostrando resultados. En conjunto, la llegada de 6.700.000 turistas extranjeros por todas las vías durante 2017 nos convirtió en el primer destino de Sudamérica (más incluso que Brasil, que rondó los 6.500.000 viajeros), según el Barómetro de Turismo Internacional de la Organización Mundial de Turismo.

El gasto de los turistas también empezó a mostrar crecimiento: en 2017 representó 5.400 millones de dólares, lo que convirtió al turismo en el cuarto complejo exportador (después de las oleaginosas, los cereales y el automotor) y en un pilar fundamental de la economía. En 2018 seguimos creciendo: con aproximadamente siete millones de turistas extranjeros viajando a nuestro país, el ingreso de divisas por turismo fue de cerca de 5.900 millones de dólares.

Crecimiento del turismo interno. Uno de nuestros objetivos es hacer crecer el turismo interno y que más argentinos viajen por la Argentina. Para lograrlo, nos enfocamos en generar más oportunidades para viajar, más alternativas de vuelos y precios competitivos y accesibles.

Hoy el turismo funciona con una lógica de varias escapadas al año y la conectividad es fundamental para acortar distancias y precios. Por eso trabajamos para aumentar la oferta de vuelos y conectar internamente a Argentina.

Mientras en el 2015 había 92 conexiones de cabotaje, a diciembre de 2018 tenemos 139 y se sumaron nuevas aerolíneas, como Flybondi y Norwegian Argentina. Y empezamos a cambiar hacia un mapa de conexiones más federal. De las rutas nacionales, hay 47 que no pasan por Buenos Aires y también creció el número de pasajeros que vuelan entre las provincias sin pasar por esa ciudad. En ese mismo marco está el nuevo hub de Aerolíneas Argentinas en Córdoba, que une destinos del norte y el sur del país, reduce los tiempos de viaje y espera y abarata los precios. Esta configuración más federal de la conectividad aérea también contribuyó a hacer más accesible y atractivo el turismo interno.

Además, parte de la estrategia apuntó a bajar los precios de los pasajes y que volar dejase de ser un privilegio. Para eso, en julio de 2018 se eliminó el piso tarifario. En paralelo se trabajó para tener colectivos de larga distancia más accesibles: desde agosto de 2018, también pueden vender pasajes sin restricciones tarifarias.  Además, se impulsaron mejores condiciones para el transporte interno a través de distintas medidas y se abrió el juego a nuevos prestadores de servicios, ya que el registro que permitía operar como transporte turístico estaba cerrado desde hacía años.

Para que más argentinos viajen por la Argentina, también lanzamos la plataforma ViajAR, un sitio web con ofertas de temporada baja de servicios turísticos de todo el país, que integra compañías aéreas, transporte terrestre, alojamientos, actividades, empresas de alquiler de autos y agencias de viajes. A través de esta plataforma, se busca fortalecer la oferta y reducir la estacionalidad de los destinos, ya que prestadores de todo el país ahora tienen una herramienta para ofrecer sus actividades turísticas, aprovechando la capacidad ociosa del sector en temporada baja.

Por otro lado, los turistas argentinos ahora pueden encontrar en una sola plataforma ofertas a precios promocionales para viajar por todo el país, todo el año, estimulando el crecimiento del turismo.

Motivado en parte por la mejor conectividad interna, las nuevas oportunidades para viajar a precios competitivos, la mejor infraestructura y las mejoras en los aeropuertos, el turismo interno se fortaleció en estos años. Empezamos a crecer a mediados de 2016 y en 2017 tuvimos más de 52 millones de viajes de turismo interno.

A la vez, los fines de semana largos, que aportan a las economías regionales y responden a una nueva demanda del turista que estila realizar varias escapadas durante el año, también mostraron crecimiento. Tomando solo 2018, significaron 13,2 millones de turistas viajando por el país y dejaron un impacto de 39.397 millones de pesos. Ese mismo año, de hecho, hasta tuvimos un Carnaval histórico, con dos millones de viajeros, el número más alto desde que se reinstauró el feriado en 2011.

Desarrollo de nuevos destinos y productos en las economías regionales. Desde una perspectiva federal, avanzamos con una política de desarrollo de la oferta turística tanto de los destinos tradicionales como de los emergentes, siempre con el objetivo de potenciar el crecimiento local y generar empleo con arraigo.

Entre otros avances:

  • Buscamos posicionar a la Argentina como destino de naturaleza. En ese marco, estamos invirtiendo para impulsar un gran Corredor Ecoturístico en el Litoral, de manera coordinada con todas las provincias, las áreas de gobierno y con foco en las zonas de mayor potencial y de menor desarrollo relativo. Partiendo desde las Cataratas del Iguazú, Patrimonio Mundial y Maravilla Natural del Mundo, el objetivo es desarrollar la selva misionera y los Saltos del Moconá en Misiones, los flamantes Parques Nacionales de los Esteros del Iberá en Corrientes y El Impenetrable en Chaco, el Bañado La Estrella en Formosa, junto con el Parque Nacional Islas de Santa Fe, en Jaaukanigás, en Santa Fe, y el Parque Nacional Pre Delta y Parque Nacional El Palmar en Entre Ríos.Todas ellas son zonas de increíble naturaleza y biodiversidad. El eje está en el turismo sustentable, las actividades ecoturísticas y la naturaleza como prioridad. Estamos generando infraestructura turística y mejoras en centros de interpretación, pasarelas, miradores, accesos, centros de informes y peatonales para hacer crecer el turismo en toda la región.
  • Además, se avanzó para desarrollar el Turismo Náutico en la Argentina. En el Litoral, estamos generando las condiciones para la construcción de terminales fluviales en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Con este plan queremos atraer cruceros con servicio a bordo, catamaranes y desarrollo costero a los ríos Paraná y Paraguay. En el escenario mundial es una oportunidad para captar inversores interesados, generar empleo y crecimiento para los pueblos costeros y los destinos turísticos.
  • Con el Corredor Andino, el objetivo es desarrollar la Puna y los Valles Calchaquíes de manera integrada en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, para posicionarlos en el mundo y que sean reconocidos por todas esas cualidades paisajísticas, patrimoniales, naturales y culturales únicas que los caracterizan. Se están implementando diferentes estrategias de competitividad que aporten al fortalecimiento al sector público y privado, la mejora de la infraestructura, el equipamiento, la conectividad, la facilitación migratoria, la capacitación de los recursos humanos, la comercialización y la promoción del destino. El objetivo es generar empleo en las comunidades, diversificar los productos e impulsar a los emprendedores.
  • Y al sur, con el Corredor Patagónico, trabajamos para desarrollar una nueva propuesta de valor turístico para la región, bajo una mirada territorial amplia e integradora que abarca todos los encantos de la Patagonia, desde el mar hasta la cordillera. El objetivo es contribuir a la transformación productiva del sector. Para eso, se invirtió en productos turísticos de amplia cobertura territorial y capacidad de creación empleos y emprendimientos. Entre ellos, la gastronomía, el turismo de naturaleza, el científico, rural, religioso y el desarrollo de la emblemática Ruta 40.
  • En los Parques Nacionales, y también en línea con el objetivo de desarrollar y posicionar a la Argentina como destino de naturaleza, avanzamos con una iniciativa para atraer inversiones privadas para el desarrollo de servicios turísticos de nuestras áreas naturales protegidas. El foco está puesto en el turismo sustentable y con impacto social y ambiental positivo para las comunidades que las rodean.
  • Creamos el programa Pueblos Auténticos, que trabaja, en una primera etapa, con 18 pequeñas localidades de todo el país para posicionarlas como nuevas experiencias de turismo y generar empleo y arraigo para sus habitantes. Se trata de pueblos con características únicas, que conservan y muestran parte de nuestra identidad. En ellos, junto a provincias y municipios se invirtieron más de 50 millones de pesos en obras turísticas que están en ejecución. Se trabajó para fortalecer a los emprendedores y desarrollar productos turísticos y experiencias comercializables que diversifiquen la oferta de cada lugar. Y, para que el desarrollo de los pueblos sea integral, se elaboraron propuestas junto a otros organismos, que van desde infraestructura hasta conectividad, vialidad y acceso a Internet.
  • Por otro lado, con el plan CocinAR buscamos impulsar el turismo gastronómico y desarrollar toda su cadena de valor, que va desde los productores al plato, destacando los productos más nobles e idiosincráticos de nuestras regiones. Su objetivo es poner en valor la identidad de la cocina argentina y lograr su posicionamiento como factor de atracción turística tanto a nivel nacional como internacional.
  • Y a través del programa Artesanías Argentinas, el objetivo es destacar nuestros productos identitarios, contribuir al desarrollo integral de la actividad artesanal, aportando al rescate y la preservación de los oficios, la identidad y la tradición local, promoviendo la competitividad, la innovación y la investigación en el desarrollo de productos en un marco de gestión sostenible que asegure el desarrollo de las capacidades locales y el bienestar de los artesanos.
  • También se elaboraron planes y se trabajó para desarrollar y consolidar distintos productos turísticos en todo el país, con especial foco en el enoturismo, el turismo de reuniones, el turismo activo, el turismo religioso, el turismo idiomático y cultural, entre otros.

Aumento de la inversión pública y privada. En línea con nuestra estrategia de desarrollo, invertimos en obras turísticas en todo el país, con especial foco en los lugares clave para el crecimiento. A través de ellas, se consolidaron destinos, se mejoró su competitividad, se promovió la radicación de inversiones privadas en el lugar y se generaron oportunidades de empleo genuino.

Desde 2015, se hicieron 129 obras por 161 millones de pesos, que generaron 4.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Por otro lado, se invirtió en más desarrollo a través de financiamiento internacional, con inversiones que rondan entre los 340 y los 560 millones pesos. Además, en el marco del Plan Belgrano, se financiaron 60 obras por 64,9 millones de pesos, distribuidas en las diez provincias involucradas.

En paralelo, se implementaron acciones para promover la radicación de capitales privados para volver a ser confiables para los inversores. Como resultado, en los últimos tres años llevamos registradas inversiones turísticas privadas por más de 71.000 millones de pesos, entre ejecutadas, en ejecución y proyectadas. El destino de esas inversiones abarca a toda la actividad turística e incluye nuevos alojamientos, aerolíneas, transporte, termas, centros de esquí, centros de convenciones y bodegas, por ejemplo.

Todo esto se traduce en puestos de trabajo para la gente de cada destino: estas inversiones turísticas son y serán generadoras de aproximadamente 50.000 empleos directos e indirectos.

También tenemos un sector hotelero que crece y crea trabajo a su paso: se inauguraron en los últimos tres años más de 200 establecimientos de alojamiento en diferentes puntos del país y hay registrados más de 100 en construcción.

Por otro lado, también se trabajó para que micro, pequeñas y medianas empresas puedan obtener financiamiento para desarrollar y consolidar sus proyectos turísticos. Se gestionaron créditos a bajo costo junto a distintas entidades, como el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el Consejo Federal de Inversiones, Banco Nación y bancos provinciales.


Desafíos pendientes

Los próximos objetivos para seguir posicionando a la Argentina como destino turístico internacional y hacer crecer el turismo interno incluyen, entre otros:

  • Realizar un estudio de mercado exhaustivo sobre el perfil del turista argentino, sus motivaciones al elegir destinos nacionales, barreras y análisis de destinos competencia, de los principales emisores y generar así una matriz de destinos.
  • Aumentar la difusión de beneficios para los turistas argentinos a través de ViajAR.
  • En materia de conectividad, alcanzar los niveles de vuelos de cabotaje de la región; que más aerolíneas operen en Argentina; fortalecer los hub que distribuyen los vuelos de manera federal; y mejorar la conectividad internacional, la facilitación de viajes y la comunicación con los países asiáticos.
  • Desarrollar la conectividad digital en destinos de todo el país y la innovación aplicada al turismo.
  • En una década, el principal producto que demandará el turista será el natural. Por eso, uno de los objetivos es seguir trabajando para posicionar a la Argentina como un destino de naturaleza a nivel internacional. Los pendientes abarcan elaborar nuevas ofertas de productos, ofrecer fortalecimiento comercial a emprendedores y aumentar las capacitaciones específicas, además de crear un observatorio para este sector del turismo. El objetivo es que cuando el mundo piense en naturaleza, piense en la Argentina.

COMUNICACIONES: UN PAÍS MÁS CONECTADO

Síntesis

  • Una sociedad conectada y con tecnologías de la comunicación integradas a la vida diaria presenta nuevas oportunidades de crecimiento, trabajo y desarrollo productivo. La Argentina, que mostraba hasta hace no mucho un retraso comparativo en el despliegue de estas tecnologías, tiene el desafío de maximizar esas oportunidades y asegurar, al mismo tiempo, que toda la sociedad tenga acceso a sus beneficios.
  • En estos tres años impulsamos el despliegue de infraestructura en conectividad y una política pública de telecomunicaciones moderna, que busca incentivar las inversiones y la competencia, con el objetivo de conectar a los argentinos entre sí y con el mundo.
  • En 2015, el país tenía 6,82 millones de accesos de Internet en hogares, en enero de 2019 tiene 8,35 millones (un 20% más) y el objetivo es llegar a 10 millones al final de la gestión.
  • La velocidad promedio de Internet fija era de 4,5 megabits por segundo, hoy es de 15,4 megabits y buscamos superar los 20 megabits por segundo en 2019. También tenemos como meta para el año que viene que el despliegue de 4G alcance a toda la población. Partimos del 16% de las localidades del país alcanzadas por esta tecnología y actualmente cubre al 68%.
  • A través de ARSAT, conectamos a más de 700 pequeñas localidades e iluminamos la fibra óptica que tenemos extendida por todo el país. A fin de la gestión, habremos conectado 1.300 localidades a través de 33.000 kilómetros de fibra óptica iluminados.
  • Desafíos pendientes. Los desafíos para el futuro incluyen continuar el camino de mejora de estos indicadores y la sanción de la Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TIC, que ya tiene media sanción, para terminar de darle forma a un marco normativo que favorezca la inversión y la convergencia y facilite el acceso a sectores más amplios de la población.

Qué encontramos

En 2015, el país tenía 6,82 millones de accesos de internet en hogares (sobre un universo de 13 millones de hogares), una velocidad promedio de Internet fijo de 4,5 megabits por segundo y el despliegue de 4G alcanzaba al 16% de las localidades.

ARSAT, titular de la Red Federal de Fibra Óptica, dos satélites de comunicaciones, un sistema de televisión digital y un data center, había hecho obras de infraestructura, pero no había priorizado su utilidad social o su efecto de equilibrador del mercado de Internet.

Por ejemplo, de los 36.000 kilómetros de fibra óptica tendidos sólo se había “iluminado”, es decir, se encontraban listos para ser usados, unos 6.500 kilómetros. Esa demora en darle utilidad a la tecnología afectó a las más de 1.000 localidades a las que se podría haber conectado a fibra óptica por primera vez.

Además, la ejecución del Fondo del Servicio Universal, integrado con los aportes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones (el 1% de sus ingresos) y dedicado al desarrollo de infraestructura, era nula. 

El atraso tecnológico en materia de telecomunicaciones también fue consecuencia de un marco regulatorio antiguo, que no buscaba incentivar la inversión privada. Los principales afectados por esas políticas son los ciudadanos de menores recursos y quienes están más alejados de los centros urbanos.

Qué hicimos

En estos tres años, desarrollamos una estrategia moderna de despliegue de infraestructura, que busca incentivar las inversiones y la competencia y que tiene en cuenta las necesidades de conectividad particulares de cada región. También trabajamos a través de la inclusión digital para que las oportunidades que presenta el mundo digital puedan ser aprovechadas por todos los argentinos.

Plan Federal de Internet. A través de ARSAT, conectamos a más de 700 pequeñas localidades e iluminamos la fibra óptica que tenemos extendida por todo el país. A fin de la gestión, habremos conectado 1.300 localidades a través de 33.000 kilómetros de fibra óptica iluminados. Hoy ya hay más de 30.000.

ARSAT lleva la infraestructura y después los proveedores locales, en muchos casos cooperativas o pymes, completan la conexión hasta los hogares. De esa manera, pueden prestar un servicio de calidad y a menor precio para el usuario final. A su vez, al entrar en zonas donde sólo había un proveedor de Internet, el Estado Nacional torna competitivo el mercado y fomenta la mejora en la calidad y la baja de precios.

La forma en la que ARSAT actúa está diseñada de acuerdo a las necesidades particulares de cada zona, de acuerdo a la población, ubicación geográfica y tipo de actividad. Por ejemplo, para una localidad de menos de mil habitantes, pero con una intensa actividad agropecuaria, la conectividad a internet por vía satelital abre oportunidades para incorporar tecnología a la producción.

Velocidad de Internet. Gracias a la actualización de los accesos tecnológicos y el desarrollo de infraestructura, pasamos de tener una velocidad de 4,5 megabits por segundo en 2015 a 15,4 en 2018. Es decir que triplicamos la velocidad en tres años. Buscamos alcanzar los 20 megabits por segundo.

Acceso de internet a hogares. Pasamos de 6,82 millones a 8,35 millones. El objetivo en 2019 es llegar a 10 millones.

Despliegue 4G. En 2015 cubría al 16% de las localidades del país. Ahora, al 68% de las localidades y el 92% de la población. El objetivo para 2019 es alcanzar el 79% de las localidades y al 93% de la población. Además, para diciembre de 2019 habrá conectividad en 9.961 kilómetros de rutas nacionales y provinciales y hay otros 4.607 kilómetros proyectados para 2020.

Plan de Conectividad de Escuelas Rurales. Conectamos más de 1.300 escuelas rurales de todo el país (se suman a 1.400 que ya estaban activas). Al fin de la gestión 3.000 escuelas rurales estarán conectadas a internet satelital a través de los satélites ARSAT 1 y 2.

Conectividad turística. Se está mejorando la conectividad de 223 sitios de interés distribuidos en cuatro planes sobre un total de 196 localidades. El proyecto apunta a promover el crecimiento del turismo a través de puntos de Wifi gratuitos, despliegue 4G, banda ancha fija y así beneficiar a más de 4.600.000 argentinos que hoy viven en localidades turísticas

Salud. ARSAT va a conectar a Internet a más de 1.000 centros de atención primaria. Se comenzó por la zona cercana a la cordillera.

Seguridad. ARSAT acordó la cesión de fibra óptica para conformar una red federal de comunicaciones para conectar 150 puntos de la Policía Federal, 800 de la Gendarmería Nacional, 100 de la Policía Aeroportuaria, 350 de Prefectura Nacional y 1.600 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que incluyen puntos de videovigilancia en localidades y puntos fronterizos de migración, entre otros.

Acuerdos provinciales. Trabajamos con las provincias para crear un plan de conectividad conjunto, en el que cada parte asume compromisos. Se analizaron las sinergias posibles entre las redes nacionales y provinciales para abordar los problemas de conectividad de cada región y mejorarla, con énfasis en la conectividad de localidades pequeñas, escuelas y centros de salud.

Servicio Universal. Después de haber estado frenado, volvimos a usarlo para la función para la que fue creado, que es proveer fondos al desarrollo de redes locales de fibra óptica por parte de pymes y cooperativas. La utilización de esos fondos se da a través de distintos proyectos:

  • Internet satelital y wifi para localidades de menos de 500 habitantes.
  • Internet inalámbrico en localidades rurales de menos de 2.000 habitantes.
  • Financiamiento a través de Aportes No Reembolsables para la mejora de redes en localidades de hasta 10.000 habitantes.
  • Extensión de cobertura en barrios con infraestructura deficitaria donde existe un operador presente.

Inclusión digital

  • Puntos digitales. Son espacios de aprendizaje y contención que brindan acceso y capacitación en las nuevas tecnologías en localidades de todo el país. Ya fueron visitados por más de cinco millones de personas.
  • Red de Alfabetizadores Argentinos. Es una red de capacitadores que recorren el país con el objetivo de que las personas alcancen las habilidades, la motivación y la confianza necesarias para utilizar las herramientas digitales. Ya hubo más de 200.000 capacitados en todo el país.
  • + Simple. Entregamos 100.000 tablets para promover la inclusión digital en los adultos mayores.

Marco regulatorio. Argentina necesita un marco normativo moderno y dinámico, que promueva la competencia en el sector de las telecomunicaciones, favorezca la inversión y dinamice el mercado. Ese es el objetivo de la Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TIC: una convergencia real, que incluya fibra óptica, televisión por cable, telefonía móvil y telefonía fija, que se sustente en las inversiones en infraestructura fija y genere impacto social y económico. La ley está aprobada por la cámara alta del Congreso de la Nación y a la espera de ser tratada en la cámara baja.

Agenda Digital 2030. Es la estrategia de desarrollo digital de la Argentina con proyección al año 2030. Su propósito es coordinar las iniciativas de gobierno relacionadas con el aprovechamiento de las tecnologías digitales, con foco en el desarrollo económico, la inclusión digital de todos los argentinos y la construcción de un gobierno eficiente y centrado en el ciudadano.

Desafíos pendientes

Queremos incrementar en dos millones las conexiones de Internet, para llegar a más hogares, escuelas y municipios, superar los 20 megabits por segundo de velocidad promedio de acceso a Internet fijo y alcanzar el 100% de cobertura 4G para 2020. También tenemos como objetivos impulsar las nuevas tecnologías y el despliegue de 5G a través de nuevos modelos de espectros y seguir trabajando para lograr la inclusión digital de cada vez más argentinos.

Una de las formas de alcanzar esas metas es incentivar aún más la inversión privada para el desarrollo de infraestructura, en general, y, en particular, el despliegue de la última milla desde el cable de ARSAT hasta los usuarios por parte de los proveedores de servicios de Internet, cooperativas y todo el sector privado. Los proyectos del servicio universal, en especial las últimas líneas de crédito con tasa subsidiada y los aportes no reembolsables, le darán herramientas al sector privado para ese despliegue.

Además, la modificación del marco regulatorio para crear un ecosistema de telecomunicaciones que propicie el avance tecnológico, a través del diálogo con el sector y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema, va a contribuir a alcanzar esos objetivos.

INNOVACIÓN Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Síntesis

  • La economía del conocimiento es el tercer complejo exportador de la Argentina, por detrás del oleaginoso y el cerealero. En estos tres años las exportaciones de servicios basados en el conocimiento crecieron a 6.160 millones de dólares, un 20% más que en 2015, gracias en parte a las acciones de promoción e impulso del Gobierno. 
  • Los servicios basados en el conocimiento, como el software, los servicios profesionales y las tecnologías aplicadas al campo, la ciencia o la industria, emplean a 400.000 personas, más de la mitad de ellas profesionales. Es un sector que mantiene superávit comercial hace 14 años y que está en plena expansión.
  • Durante años, lo único que hizo el sector público para promover este sector, de los de mayor crecimiento a nivel global, fue la Ley de Software, aprobada en 2004, que tenía pocos beneficios y poca penetración. El ecosistema era poco dinámico, con muchas trabas operativas y comerciales.
  • En tres años estamos cerca de triplicar la cantidad de empresas inscriptas en el régimen de promoción bajo la Ley de Software pero, también, estamos llevando a cabo programas de capacitación para que cada vez más trabajadores puedan sumarse a una industria en auge. Además, estamos capacitando a pequeñas y medianas empresas del sector para que conozcan y apliquen las nuevas tecnologías.
  • Empresas como Metalfor, Alladio, Sinteplast, Arcor y Algodonera del Valle muestran cómo compañías sin origen tecnológico pueden estar en la frontera de la producción aprovechando los avances de la economía del conocimiento.
  • Desafíos pendientes. En marzo de 2019 presentamos una nueva Ley de Economía del Conocimiento, superior a la existente Ley de Software y adaptada a la realidad y necesidades de una industria en pleno crecimiento. Sería importante su aprobación en 2019. También necesitamos crear un esquema para que los nuevos emprendimientos relacionados al conocimiento puedan acceder a financiamiento fácil y barato.

Qué encontramos

La cuarta revolución industrial es un concepto acuñado en 2016 por Klaus Schwab y adoptado por el Foro Económico Mundial para hablar de la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas que están cambiando la manera de producir en todo el mundo. Esta carrera, también llamada Industria 4.0, consistirá en una competencia por el conocimiento y en ver quién innova de manera más eficiente y disruptiva. Internet de las cosas, impresión 3D, inteligencia artificial, ingeniería de datos, robotización y nanotecnología son algunas de las herramientas de este proceso, para el que la Argentina, gracias a su tradición emprendedora e industrial y su capital humano, está mejor preparada que otros países y en condiciones de explotar para transformarse en un líder regional.

Al inicio de la gestión no existía un área gubernamental competente en materia de economía del conocimiento. El único instrumento existente era el Régimen de Promoción de la Industria del Software (“Ley de Software”), sancionado en 2004 y modificado en 2011. Tenía 166 empresas inscriptas y el beneficio total otorgado rondaba los 1.000 millones de pesos.

La generación de nuevas tecnologías y procesos productivos o científicos dependía casi totalmente del sector privado. Desde el punto de vista de la transferencia tecnológica al sector productivo no se logró un alto impacto durante la última década, en parte porque no se pudo encontrar un desarrollo económico o beneficio social proporcional al crecimiento de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Debió haber sido una meta desarrollar economías del conocimiento donde el vínculo entre el ecosistema científico-tecnológico y el emprendedor-sector privado se diera de manera virtuosa, para mejorar así la competitividad del país a largo plazo y mejorar la calidad de vida para resolver los problemas sociales de manera innovadora.

A pesar de que la inversión pública en inversión y desarrollo aumentó del 0,25% al 0,48% del PBI entre 2004 y 2015 y que la cantidad de becarios e investigadores se duplicó en el período, la cantidad de patentes solicitadas por habitante se redujo a la mitad y la participación de residentes en las patentes otorgadas quedó sin cambios.

El ecosistema de empresas del sector era poco dinámico, con bajos niveles de innovación y pequeña escala, marcado por la dificultad para acercarse a la frontera de la tecnología, aumentar la productividad y generar empleos de calidad. Si bien la Argentina tiene más empresas industriales por habitante que Estados Unidos, las empresas tienen una menor escala y el crecimiento aquellas que logran sobrevivir es menor, hay una menor cantidad de empresas argentinas multinacionales y el porcentaje de empresas que exportan es menor.

Qué hicimos

El Gobierno tenía el desafío de revitalizar un sector con mucho potencial pero que había sido olvidado por la gestión anterior. Para eso, la nueva Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos puso en marcha un plan de acción basado en cuatro ejes prioritarios de trabajo. El primero era fortalecer el desarrollo de la industria de servicios basados en conocimiento mediante la promoción de actividades de investigación y desarrollo, la certificación de normas de calidad, el incremento de las exportaciones y la generación de empleo calificado. Después, promover la creación y el desarrollo de enclaves regionales de servicios basados en el conocimiento –mediante el fortalecimiento de las capacidades existentes y la articulación entre empresas, instituciones educativas y gobiernos locales– incluyendo metas a corto y mediano plazo y sus respectivos cursos de acción, con foco en la atracción de inversiones y la generación de empleo.                 

El tercer eje es un pilar necesario para cumplir los primeros dos: la formación de recursos humanos a gran escala en las diferentes disciplinas vinculadas con los servicios basados en el conocimiento, con el propósito de contribuir a la generación del talento necesario para asegurar el crecimiento del sector y fomentar el empleo de calidad entre las nuevas generaciones. Entre estos objetivos se incluye al Plan 111 Mil, que se propone la formación de 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores en un plazo de cuatro años.                

El cuarto eje es ampliar el acceso a financiamiento. Como en otros sectores de la economía, la falta de financiamiento restringía las posibilidad de desarrollo. Por eso comenzamos a articular programas de acceso al crédito, garantías y otros instrumentos financieros dirigidos especialmente a promover el desarrollo de empresas tecnológicas de activos intangibles.

Además, la subsecretaría creó el Observatorio de la Economía del Conocimiento, un área dedicada a generar información relevante sobre el sector para la formulación de políticas públicas, la investigación académica y la toma de decisiones por parte del sector privado, mediante la publicación de informes periódicos y la respuesta a las consultas recibidas.

En 2018 se designó la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa como autoridad de aplicación de la Ley de Software. Además, se creó la Dirección Nacional de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC), cuya responsabilidad primaria es desarrollar e implementar políticas públicas destinadas a promover los servicios basados en el conocimiento.

Los SBC son un complejo productivo que incluye más de 400.000 puestos de trabajo, generalmente de alta calificación, con casi 60% de profesionales. Entre julio de 2017 y junio de 2018 las exportaciones de SBC alcanzaron los 6.160 millones de dólares, un 20% por encima de las ventas de 2015. Es un sector que mantiene el superávit comercial desde hace ya 14 años y que está en plena expansión.

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Ley de Software. Se realizaron grandes avances en la normalización de los trámites pendientes y en la simplificación de las presentaciones, gracias en buena medida a la tramitación a distancia y la digitalización de expedientes.

En diciembre de 2015, sólo 166 empresas se habían inscripto en el régimen de promoción, la principal medida para promover el crecimiento del sector. El trabajo en conjunto con el sector permitió incluir a más empresas y en 2018 ya fueron 453 las inscriptas, que reciben desde su registro un bono de crédito fiscal del 70% sobre sus contribuciones patronales y el 60% de reducción del impuesto a las ganancias por año, que acumularon beneficios desde 2015 por más de 5.800 millones de pesos dentro del régimen de promoción.

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Teniendo en cuenta el vencimiento en diciembre de 2019 de la vigencia de la Ley de Software y la relevancia del sector de la economía basada en el conocimiento se trabajó en la propuesta de un régimen más amplio y que alcance a un mayor número de empresas claves en el fomento de la productividad. Será presentado en marzo de 2019.

En este sentido, se contemplan beneficios fiscales a aquellas empresas de Economía del Conocimiento y que faciliten la contratación y la capacitación de talento, promuevan las exportaciones e incentiven la investigación y desarrollo y la creación de nuevos emprendimientos. El instrumento utilizado será la ampliación de la Ley de Software a otras actividades del conocimiento, habiéndose visto los beneficios que esta ley trajo para el sector.

Desarrollo regional. Se realizó un relevamiento y diagnóstico para la elaboración del mapa federal de polos y clusters tecnológicos (25 iniciativas en todo el país).

  • Sobre la base de este trabajo y el financiamiento del BID se desarrollaron procesos de planeamiento estratégico en cuatro clusters (Corrientes, Jujuy, Misiones y Tucumán).
  • Se comenzó a brindar asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de parques tecnológicos a diferentes clusters (Santa Fe, Posadas, Corrientes, Río Cuarto).
  • También se implementaron talleres de fortalecimiento de capacidades en métodos ágiles y calidad para un total de 14 clusters.
  • En 2018 se elaboraron seis nuevos planes estratégicos de polos y clusters (Casilda, Chaco, Mendoza sur, San Francisco, Villa María, Valle Chubut) y se brindó asistencia técnica para el desarrollo de ocho proyectos de parques tecnológicos a diferentes clusters (Corrientes, Paraná Río Cuarto, San Francisco, San Rafael, Santa Fe, Trelew y Villa María).
  • Por otro lado, se llevó a cabo la encuesta de relevamiento y actualización 2018 para la elaboración del mapa de polos y clusters y se trabajó conjuntamente a la UTN San Francisco en la usina de desarrollo de software.      

Capacitación. En diciembre de 2016 se lanzó el Plan 111 Mil en Casa Rosada, tras el inicio de una prueba piloto de alcance nacional en agosto, con la participación de más de 1.000 alumnos. En 2017 se presentaron 24.000 aspirantes que fueron asignados a alguna de las 356 redes de todo el país. En el primer año egresaron 496 nuevos alumnos y en 2018 ese número ya llegó a casi 1.500 aunque restan las correcciones de 800 exámenes, que podrían llevar la cantidad de egresados a 2.300.

Se lanzó el Programa de Transformación Digital de PyMES 4.0, que consiste en la sensibilización y capacitación a las pymes sobre los beneficios asociados a la aplicación de las tecnologías 4.0 en todas sus áreas de gestión, al igual que las habilidades requeridas para gestionar dichos cambios en sus organizaciones.

A su vez, se ofrece una asistencia técnica (consultoría) para impulsar y acompañar a las pymes con mayor potencial y preparación en el desarrollo de planes de transformación digital a nivel 4.0.  

Financiamiento. Se lanzó una línea de crédito en el marco del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPyME) para financiar proyectos de empresas de software, servicios informáticos o audiovisuales a tasas y plazos preferenciales y con garantías flexibles. Como resultado de la convocatoria se aprobaron en el primer año créditos para 10 empresas beneficiarias por un total de 13,6 millones de pesos.

A fines de 2017 se complementó con una nueva línea de crédito para empresas de software y servicios informáticos en conjunto con el BICE, aplicable al adelanto de inversiones, la adquisición de empresas locales o extranjeras y la prefinanciación, garantías internacionales y financiación de exportaciones.

Industria 4.0. Hay varias empresas que ya están incluyendo diferentes avances tecnológicos en su proceso productivo:

  • Metalfor, una empresa cordobesa que fabrica pulverizadoras y otras maquinarias agrícolas, usa robots para soldaduras de piezas de gran tamaño y ensamblaje; inteligencia artificial para automatizar la maquinaria de autopropulsado y los sensores para pulverizadoras; Internet de las cosas en los sensores para recolectar y enviar información de humedad del suelo; y herramientas de análisis de big data para aumentar la productividad agropecuaria, siembra de precisión y mejoras de rendimiento.
  • Alladio, una empresa cordobesa de línea blanca, incorporó la impresión 3D en la línea de producción de tableros de encendido de lavarropas y en el diseño y desarrollo de partes. También produce lavarropas con Wi-Fi para conectar con el celular o la tablet.
  • Sinteplast, una empresa bonaerense de pinturas y esmaltes, tiene robots en los depósitos para el manejo de stock e incluyó variaciones de internet de las cosas para la trazabilidad de ventas.
  • Arcor, la multinacional cordobesa de alimentos, comenzó a realizar acciones de marketing con realidad virtual e incorporó robots en la línea de producción para automatizar el proceso de empaquetado.
  • Algodonera del Valle, una empresa textil catamarqueña, aplicó la impresión digital a series cortas y a la customización de estampados.

Desafíos pendientes

Los servicios basados en conocimiento siguen creciendo y llevando el talento argentino a nuevos mercados, pero tenemos que lograr su integración como proveedores de soluciones al resto de la economía y aumentar la productividad de manera transversal en todos los sectores. Además, Argentina tiene gran potencial para posicionarse como un jugador líder global en nuevos nichos de servicios, como fintech, agtech y aquellos vinculados a industrias creativas y creación de experiencias.  

Por eso, y dado que a fin de 2019 vence la actual de Ley de Software, presentamos un nuevo proyecto de Ley de Economía del Conocimiento. La propuesta se basa en la ampliación y la aplicación de los beneficios a nuevas industrias, como la audiovisual, biotecnología, biología molecular, ingeniería genética, servicios profesionales (únicamente de exportación), la industria aeroespacial y satelital, tecnologías espaciales, inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, sensores y realidad aumentada y virtual.

Además, la nueva Ley de Economía del Conocimiento ajustará sus beneficios a la reforma tributaria aprobada en 2017, con el mayor mínimo no imponible contemplado para cada empleado y una reducción en el Impuesto a las Ganancias a una tasa del 15%.

Otro punto será fortalecer la mesa audiovisual, donde entre el sector privado y los actores públicos involucrados atiendan a las problemáticas del sector para lograr una mayor exportación y generación de fuentes de trabajo. Allí se trabajará con sindicatos cuyos convenios colectivos datan de la década de 1970.

Desde el área de Digitalización de la Economía se está desarrollando el plan de escalabilidad para el Programa de Transformación Digital de PyMEs 4.0 y el Plan de Inteligencia Artificial.

SISTEMA CIENTÍFICO

Síntesis

  • El Gobierno define a la ciencia, la tecnología y la innovación productiva como una política de Estado de largo plazo, cuyos resultados son fundamentales para generar un ecosistema de conocimiento y tecnología local, ayudar al país a ser protagonista de los cambios tecnológicos y científicos y crear círculos virtuosos entre la investigación básica y la innovación productiva.
  • Esta definición de la ciencia como política de Estado se demuestra en la continuidad de los equipos de gestión y las políticas del área de Ciencia y Tecnología, que ya llevan más de una década. Valoramos el trabajo realizado y los logros obtenidos al mismo tiempo que apreciamos la necesidad de una profundización de estrategias, la adaptación de ciertas normativas y una mayor focalización en la transferencia tecnológica.
  • Al asumir, el Gobierno se encontró con una gran inversión pública en I+D, un sistema científico-tecnológico fortalecido y un importante crecimiento de la planta de investigadores y becarios. También, con una infraestructura modernizada y bien distribuida geográficamente.
  • Lo que faltaba era generar una vocación por el involucramiento de la comunidad científica en la transferencia de tecnología a proyectos relacionados con problemas y necesidades de la sociedad.
  • En ese camino concentramos nuestro esfuerzo en estos tres años. Fortalecimos el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y potenciamos su eficacia y su eficiencia. Impulsamos la cultura emprendedora y la innovación para generar un nuevo perfil productivo competitivo centrado en la agregación de valor, la generación de empleo de calidad y la incorporación de conocimiento.
  • Mantuvimos un crecimiento del CONICET que asegure su sustentabilidad, agregamos 30.000 metros cuadrados de laboratorios al sistema científico-tecnológico nacional y multiplicamos las opciones de financiamiento para proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), entre otros avances.
  • Desafíos pendientes. Necesitamos seguir impulsando un sistema científico-tecnológico competitivo que sume a su excelencia actual en investigación básica, la capacidad de aprovechar de desarrollar proyectos que puedan ser aprovechados por el sector productivo y la sociedad en su conjunto. El Plan Argentina Innovadora 2030, que esperamos presentar en septiembre de 2019, será la manera de reunir y coordinar todas estas iniciativas.

Qué encontramos

Al asumir, el Gobierno se encontró en la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con una serie de innovaciones, tanto institucionales como de gestión, que tenían el propósito de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y, por otra, fomentar el desarrollo de una cultura innovadora, particularmente en la actividad privada y en sectores estratégicos previamente seleccionados.

El Plan Argentina Innovadora 2020 fue lanzado en 2012 para enfrentar una serie de problemas recurrentes que conspiraban contra la estructuración de un SNCTI en el que sus integrantes estuvieran vinculados de manera virtuosa. Entre estos problemas se destacaban la escasa articulación de las instituciones de ciencia y tecnología, tanto entre sí como con los actores sociales y productivos, que demandaban soluciones a sus problemas; la necesidad de fortalecer sus recursos humanos y la infraestructura necesaria para realizar actividades de I+D; y el insuficiente involucramiento del sector privado en los esfuerzos de innovación.

Qué hicimos

Mantuvimos el objetivo del Plan Argentina Innovadora 2020 de impulsar la innovación productiva inclusiva y sustentable sobre la base de la expansión, el avance y el aprovechamiento pleno de las capacidades científico-tecnológicas nacionales.

En el marco del plan operativo 2016-2020, fortalecimos el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, además de potenciar su eficacia y su eficiencia. También impulsamos la cultura emprendedora y la innovación, para dar lugar a un nuevo perfil productivo competitivo centrado en la agregación de valor, la generación de empleo de calidad y la incorporación de conocimiento.

El plan 2016-2020 tiene dos estrategias principales: el desarrollo institucional del SNCTI y el desarrollo de tecnologías de propósito general para la expansión y el mejoramiento de las actividades productivas.

1. Desarrollo institucional del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Continuando el apoyo a las actividades científicas tecnológicas, buscamos mejorar la articulación y la coordinación de los actores que lo integran, e impulsamos un cambio en las organizaciones acorde a los nuevos desafíos.

Sector público nacional. Lanzamos el programa Innovación Colectiva, con el objetivo principal de dar servicios de investigación, desarrollo e innovación que permitan ayudar a los ministerios a llevar adelante sus planes estratégicos. Tenemos en ejecución diez proyectos estratégicos, que van desde nuevas tecnologías para potabilización de agua en zonas de baja densidad poblacional hasta protocolos para edición génica y medicina personalizada y de precisión.

  • Territorial. Relanzamos el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, para financiar proyectos de I+D+i que las provincias y los municipios establezcan como prioritarios, buscando además el fortalecimiento de las instituciones provinciales. Tenemos en ejecución 578 proyectos en todo el país, y todas las provincias cuentan hoy con personal especializado en vinculación tecnológica financiado desde la Nación.
  • Comenzamos el plan de agendas provinciales de ciencia, tecnología e innovación. Por primera vez vamos a contar con un plan estratégico por provincia, con visión a 10 años, totalmente relacionado con el desarrollo de las economías regionales. Ya finalizamos 13 planes y en septiembre del 2019 tendremos los 24 planes.

Sector privado. Lanzamos el programa Impulsando Innovación Productiva, para acompañar a las empresas con mayor potencial innovador de Argentina en la definición y la ejecución de proyectos de I+D+i que les permitan ganar competitividad y exportar sus productos y sus servicios. Tenemos en ejecución acuerdos con más de 100 empresas, entre multinacionales, nacionales grandes, medianas y pequeñas, y emprendimiento de alto impacto de base científico-tecnológica.

  • Continuamos con el acompañamiento al sector privado, a través de los instrumentos de la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología. Tenemos en ejecución 6.400 proyectos de empresas y consorcios de empresas, con la intención de llevar al mercado nuevos y mejores productos y servicios, a partir de la articulación con el sector científico.
  • Para aumentar el alcance de la vinculación tecnológica entre el sector científico-tecnológico y el sector productivo lanzamos el Mercado de Innovación Argentina. Se trata de una plataforma digital que permite mostrar las innovaciones que se están realizando en nuestro país, desde investigación básica hasta desarrollos tecnológicos, acercándolas a posibles demandantes y a interesados en financiarlas.

Internacional. Trabajamos en ampliar el alcance de la gran cantidad de acuerdos bilaterales y multilaterales. Al intercambio de investigadores, las delegaciones científico-tecnológicas y los mecanismos mixtos para investigación básica y aplicada aportamos nuevos proyectos de cooperación público-privada, para poder hacer escalamiento internacional de empresas y proyectos de gran relevancia. Muestra de esto son los nuevos convenios firmados y en ejecución con Israel, Alemania, Francia e Inglaterra.

Participamos del grupo de trabajo de Economías Digitales del G20, grupo que se inició en 2016 bajo la presidencia de China, continuó con Alemania y se consolidó bajo la presidencia argentina en 2018. Continuamos con el programa Raíces, pensado para las redes de científicos argentinos que viven en distintos países.

Recursos humanos. Logramos dar una visión global del sistema, previsible y sustentable, ajustada a los criterios de excelencia y pertinencia. Definimos la cantidad de ingresos para becas e investigadores y dimos prioridad a temáticas específicas. Dimos incentivos para lograr fortalecer otros organismos de ciencia y tecnología, para tender a la federalización de la ciencia y el acompañamiento a planes estratégicos.

Seguimos sumando becarios e investigadores al CONICET, buscando siempre asegurar su sustentabilidad. Desde enero de 2016 hasta enero de 2019 incorporamos unos 1150 investigadores y 6770 becarios.

Infraestructura. Continuamos las obras de infraestructura, que esperamos terminar entre 2019 y 2020. Con ellas agregamos otros 30.000 metros cuadrados de laboratorios al sistema científico-tecnológico nacional. Desarrollamos el primer Plan Estratégico del CONICET, formado a partir del plan individual de cada unidad ejecutora, que nos permite planificar las próximas obras grandes de infraestructura, y repensar las formas de adquisición de equipamiento.

Información. Lanzamos el Portal de Información de Ciencia y Tecnología Argentino. Se trata de una iniciativa que promueve la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, ligada a las políticas de gobierno abierto y que forma parte del Plan de Apertura de Datos establecido por el Poder Ejecutivo. Está dirigido a usuarios diversos: científicos, emprendedores, funcionarios de gobierno, periodistas, informáticos y ciudadanos interesados.

Financiamiento. Adjudicamos 4.800 subsidios a través de la Agencia Nacional de Promoción de CyT para proyectos de investigación científica. En el marco de la reforma tributaria de 2017 habilitamos un nuevo instrumento de crédito fiscal para I+D+i, con un cupo fiscal de 1.500 millones de pesos para 2019, para reembolsar en forma de certificado de crédito a las empresas un porcentaje de su inversión, que pueden utilizar para el pago de cualquier impuesto nacional por el plazo de dos años. Además:

  • Se lanzó el Fondo de Regulación de Productos Biotecnológicos con el objetivo de financiar la desregulación de organismos genéticamente modificados. Es decir, obtener la aprobación para la liberación y el uso comercial de dichos productos biotecnológicos, desarrollados en el país por empresas e instituciones públicas. El Fondo también financia los ensayos necesarios para la aprobación de biofármacos biosimilares e innovadores, con el requisito que se desarrollen en el país, con bajo nivel de riesgo técnico y con una agenda de ejecución que permita fijar hitos de verificación.
  • Ampliamos el tipo y la cantidad de fuentes de financiamiento para llevar adelante actividades de I+D+i. Pasamos de solamente contar con financiamiento directo a través de la Agencia Nacional de Promoción, a sumar el financiamiento directo a del Consejo Federal de CyT (COFECYT), el financiamiento indirecto a través del crédito fiscal, y el financiamiento privado a través de la aprobación por ley del financiamiento colectivo y de la creación del fondo de capital emprendedor.

Procedimientos. Estamos modificando el Régimen de Importaciones para Insumos Destinados a Investigaciones Científico-Tecnológicas (ROECYT) para que se puedan importar de forma más económica, simple y rápida los insumos y los equipamientos necesarios para el desarrollo de la investigación científica. La simplificación consiste en una fuerte reducción del tiempo de emisión del certificado, de la cantidad de documentos y de la información que se solicita para hacer el trámite. El ROECYT pasará a ser una ventanilla de importación, donde los investigadores podrán hacer el seguimiento transparente y en línea desde el inicio hasta el final del trámite. También habilitaremos la importación puerta a puerta, que es una demanda histórica de la comunidad científica que no fue atendida hasta ahora. Por último, haremos que el trámite sea completamente gratuito. No sólo el certificado ROECYT sino también el resto de las autorizaciones que deban tramitar para ingresar la mercadería al país tendrán costo cero para la comunidad científica.

2. Desarrollo de tecnologías de propósito general para la expansión y el mejoramiento de las actividades productivas. ElGobierno busca que el sistema científico pueda contribuir a la transformación de distintos sectores de la economía para que puedan competir en el mundo con productos diferenciados y de mayor valor agregado.

Sectores prioritarios. Realizamos un acuerdo interministerial (Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Agroindustria y Producción) para trabajar esta temática de forma conjunta y aprovechar aquellas características que ofrecen oportunidades para el desarrollo de la bioeconomía local, como el territorio extenso, la gran variedad climática y de biodiversidad, la superficie de bosques nativos e implantados y lo altamente competitivos que son los sectores agrícola-ganaderos y agroindustrial. Otros avances:

  • Hicimos cinco rondas de tecno-negocios y workshops para impulsar negocios de base científica y tecnológica. Las rondas estuvieron orientadas a generar sinergias entre empresas tractoras, proveedores y potenciales clientes, de los distintos sectores alimentarios y organizaciones del sistema científico y tecnológico. De estas rondas surgió la ejecución de 68 proyectos de desarrollos tecnológicos.
  • Formamos la red de seguridad alimentaria, entre distintos grupos de investigación del país, para dar soporte a las necesidades del sector, acompañándolos en la certificación de productos para su aprobación y para la apertura de mercados internacionales
  • Crecimos seis puestos en el ránking global de biotecnología, y somos el país con mayor crecimiento neto entre los años 2016-2018. Acompañamos al Ministerio de Salud y Desarrollo Social en las mejoras necesarias del sistema para hacer crecer el sector de investigación clínica en el país y generamos un acuerdo con Inglaterra en conjunto con el Ministerio de Salud para el trabajo colaborativo en resistencia antimicrobiana.
  • Tenemos en ejecución cuatro proyectos de medicina personalizada con el objetivo de obtener toda la información necesaria para definir la estrategia nacional de esa temática. Estamos trabajando en el desarrollo de la planta de producción nacional de la vacuna contra la fiebre amarilla, basada en la transferencia tecnológica de la planta de producción brasileña, uno de los únicos dos fabricantes en el mundo.
  • Seleccionamos diez proyectos innovadores de invención local con posible impacto global para acelerar su madurez tecnológica y lograr su llegada a mercado.

Pampa Azul. Es una iniciativa estratégica de investigaciones científicas en el Mar Argentino que incluye actividades de exploración y conservación, de innovación tecnológica para los sectores productivos vinculados al mar y de divulgación científica dirigida al público en general.

Formada por 19 grupos de trabajo de siete ministerios, llevó adelante desde 2016 30 campañas oceanográficas, que permitieron recabar datos y obtener muestras que, luego de ser procesados en los laboratorios en tierra, fueron clasificados y utilizados para elaborar distintos tipos de modelos.

Plan Espacial. Incorporamos a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales al ámbito de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Continuamos las actividades del Plan Espacial. Muestra de ello es el lanzamiento del SAOCOM 1A, el satélite argentino para la medición de la humedad del suelo, casi único en el mundo por sus características. El lanzamiento fue visto por casi 700.000 personas por Televisión Pública Argentina y redes sociales, muestra de que la ciencia puede ser de interés de todos los argentinos. Iniciamos la integración del Plan Espacial con el Plan de Comunicación Satelital. Lanzamos el laboratorio de innovación espacial, un espacio físico-virtual que reúne a todos los actores públicos y privados del sector.

Desafíos pendientes

Estamos trabajando en la construcción del Plan Argentina Innovadora 2030 (PAI 2030), para ser presentado en septiembre de 2019. Este plan nos permitirá continuar desarrollando institucionalmente el sistema científico-tecnológico nacional, para que pueda adaptarse a la innovación abierta, el trabajo interdisciplinario y la colaboración público-privada.

El plan nos deberá permitir también administrar mejor los recursos humanos del sistema científico, generar las condiciones de incentivos e infraestructura para que puedan trabajar mejor, y desarrollar nuevas formas de financiamiento que ayuden a aumentar la inversión privada y nos permitan al mismo tiempo redistribuir y potenciar la inversión pública en la generación de conocimiento disruptivo, novedoso y con impacto social.

El presente proceso de planificación aspira a lograr una participación amplia y diversificada, que logre un alto grado de institucionalización a partir de la conformación de la Comisión Asesora del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CAPLANCYT), que garantice la pluralidad de perspectivas y favorezca el intercambio de ideas y propuestas para la elaboración de una visión apoyada en el consenso y la voluntad compartida por la construcción de un futuro deseado. En 2018 se realizaron 16 mesas de trabajo temáticas con la participación de más de 500 personas.

El PAI2030 será el instrumento ordenador de las políticas de CTI, expresa los propósitos y las expectativas de los actores del SNCTI y tendrá las siguientes características:

  • Será indicativo y flexible, abierto a las modificaciones que impongan un contexto de cambio permanente, la emergencia de nuevas demandas y oportunidades y la ocurrencia de cuestiones no previstas. Estará sujeto a un monitoreo permanente y a la evaluación rigurosa.
  • Será concebido con una debida ponderación de las prioridades de política de otras dependencias gubernamentales, también vitales para el proceso de desarrollo, en un esfuerzo por consolidar la articulación del trabajo interministerial.
  • Estará orientado hacia la configuración de una nueva ingeniería institucional, con una normativa moderna, que se base en la generación de nuevas y mayores capacidades en materia de CTI, en un momento histórico en que el conocimiento será cada vez más el principal activo estratégico para alimentar los procesos de desarrollo.
  • Tendrá un eje en la focalización y la selectividad de las políticas en actividades consideradas vitales para el desarrollo económico y social de largo plazo del país, con un enfoque interdisciplinario y con una mirada prospectiva sobre las nuevas tecnologías.

Confiamos en que el plan será la herramienta necesaria para vincular de manera virtuosa la generación y la utilización de conocimiento, y que unirá definitivamente al sector científico-tecnológico con el sector público y el sector productivo. La Argentina debe ser un país desarrollado, con un gran desarrollo industrial y comercial, y sobre todo con un nivel de vida elevado para todos sus habitantes.

MINERÍA RESPONSABLE

Síntesis

  • En las últimas décadas, países como Chile y Australia encontraron en la minería un camino para su desarrollo económico. Chile triplicó su producción minera como parte de su estrategia para la reducción de la pobreza. En Australia, la minería fue uno de los pilares de la reconversión de una economía que ya lleva 25 años de crecimiento. Hoy representa el 25% de sus ingresos.
  • La Argentina dejó pasar muchas oportunidades para ser una potencia minera. Entre 2007 y 2015 invirtió la octava parte que Chile y una quinta parte de lo que invirtió Perú. Se impuso una visión cortoplacista, de altos impuestos y poco atractivo para la producción.
  • Una minería responsable y sustentable, que respeta a las comunidades locales y cuida el ambiente, es una enorme oportunidad para la Argentina. Es una actividad federal, que se desarrolla en zonas aisladas, lleva empleo a nuevos lugares, genera tantos empleos indirectos como la industria automotriz, promueve el desarrollo de infraestructura que beneficia a otras actividades y es de las que pagan mejores salarios.
  • Desde 2016 el Gobierno viene tomando medidas para volver a posicionar a la Argentina como un destino de inversiones mineras. Esto permitió casi duplicar las inversiones en exploración y poner en operación nueve proyectos de minería de metal y litio.
  • En 2017 alcanzamos con las provincias un Nuevo Acuerdo Federal Minero, que establece las bases para una nueva etapa de la minería en la Argentina.
  • Una vez que todas las partes del sector hayan entendido que la apuesta es en serio, que la minería responsable y sustentable puede ser un mecanismo de reducción de la pobreza y de inclusión de las comunidades, podremos aprovechar los recursos con los que contamos.
  • Desafíos pendientes. El potencial para el país es enorme. En el litio, por ejemplo, tenemos una gran oportunidad, con la tercera reserva mundial y el desafío de estar a la altura de los tiempos que se vienen, donde el litio será uno de los principales insumos para la revolución tecnológica que nos espera.

Qué encontramos

La minería es una de las principales actividades de alta calificación en muchas partes del país. Encontramos que el sector estaba complicado, después de años de enfrentarse a políticas que no lo impulsaban a producir.

El principal beneficio que ofrecía la Ley de Inversiones Mineras –la estabilidad fiscal y cambiaria– fue desconocido cuando se impusieron las retenciones a las exportaciones. Este impuesto no existe casi en ningún país del mundo y fue el principal factor por el que la Argentina dejó de ser competitiva a nivel internacional, especialmente cuando Chile y Perú se orientaban a estrategias más agresivas de promoción minera.

Entre 2007 y 2015, en Chile se invirtieron más de 80.000 millones de dólares en minería y en Perú más de 50.000 millones de dólares. En la Argentina, en esos mismos años, alrededor de 10.000 millones. En el caso del cobre, por ejemplo, se inauguraron 12 minas en Chile, y ocho en Perú. En la Argentina, cero.

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Qué hicimos

Las medidas tomadas a nivel nacional desde comienzos de la nueva gestión sirvieron como incentivo para volver la mirada de los inversores hacia la Argentina como destino para la inversión en minería.

En 2016 mejoró la competitividad de la Argentina gracias a medidas como el acceso al mercado global, restituido en 2016 tras el acuerdo con los holdouts, la quita de retenciones a las exportaciones, la quita de restricciones a la transferencia de dividendos y de limitaciones regulatorias a las importaciones y el levantamiento de los controles de cambio.

Esto se tradujo de modo inmediato en la posibilidad de explotar mineral de baja ley (o concentración), que prolongó la vida de minas que estaban en proceso de cierre, como Alumbrera, Pirquitas, Manantial Espejo y Casposo.

También en la exploración minera, etapa inicial de la industria minera, se produjo un cambio notable en la tendencia a la caída que había comenzado en 2012. En 2016, mientras en el ámbito global y regional la inversión en exploración bajó, en la Argentina creció un 20%.

Entre 2016 y 2018, la inversión global en exploración creció apenas un 10% (lo mismo en América Latina). En Argentina, un 92%. En ese período Argentina casi duplicó su cuota de captación de dinero con estos destinos en América Latina, del 5% al 9%. Las mineras invirtieron 241 millones de dólares en exploración en nuestro país en 2018, casi el doble que en 2015.

Desde 2016 se pusieron en marcha cuatro nuevas operaciones, Don Nicolás, Cerro Moro y Chinchillas y Cauchari-Olaroz y se reabrió Mina Martha. A fines de 2018 había cinco proyectos en construcción: Lindero, Bajo la Alumbrera Subterránea, Joaquín-Cose, Exar y Andacollo.

Además, se están desarrollando dos ampliaciones en minas de litio: Olaroz y Mina Fénix. Esto significa que sobre 14 operaciones mineras de metales y litio que había en 2015, se incorporaron nueve nuevas minas y dos ampliaciones desde 2016.

Litio. Argentina ya es el tercer productor mundial de litio y se están haciendo inversiones para ampliar su participación, en un mercado global aún relativamente pequeño.

En el país hay dos minas en producción y una tercera, inaugurada este año, que tendrá sus primeras exportaciones en 2020. El presupuesto exploratorio en proyectos y operaciones desde 2015 creció 928%, lo cual se vio reflejado en el incremento de recursos identificados que nos posicionó en el primer lugar a nivel mundial, y con un importante avance en la cartera de proyectos, tal es así que actualmente hay 12 proyectos avanzados que en 2015 estaban en etapas iniciales o no se habían comenzado a explorar.

El Gobierno Nacional y las provincias del NOA participan en las reuniones y juegan un rol protagónico en la elaboración de una cotización de litio como parte del grupo consultivo en la London Metal Exchange, bolsa de referencia en el precio de los principales metales básicos y preciosos.

Para de promocionar la oferta de proyectos mineros en cartera en el exterior, se ha participado en las ferias y las reuniones internacionales más importantes de minería a nivel global, en Canadá, Australia, China, Japón, Perú y el Reino Unido. El tratado de Integración con Chile fue reactivado para trabajar en conjunto para promover y facilitar los avances en los proyectos binacionales.

Mejoras y simplificaciones normativas. En temas de normativa, se trabaja en conjunto con la AFIP para dictar la norma que posibilite el cumplimiento de la estabilidad fiscal garantizada a los proyectos mineros por la Ley de Inversiones Mineras (LIM). La reglamentación de la LIM prevé que cuando se afecte la carga tributaria total, se podrá solicitar la devolución o la compensación de conformidad con el procedimiento que debía establecer la AFIP, el cual nunca se reglamentó. Este es también el camino indicado en fallos de la Corte Suprema. Hay consenso sobre un borrador de proyecto de resolución conjunta de la AFIP y la Secretaría de Política Minera.

Implica respetar la LIM y significa superar una etapa en la cual se afectó la estabilidad y no se estableció aún la manera que las empresas pudieran reclamar por ello. Hacia el mercado internacional y los inversores es un mensaje de certidumbre y seguridad jurídica.

Se trabajó en la producción de nuevas normas simples, claras, precisas y de fácil comprensión para el administrado en aras de una mejora continua de la administración, implementando la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), eliminándose requisitos que representan cargas y costos para los administrados, admitiéndose las declaraciones juradas para la acreditación ante este organismo y revisando los procedimientos de contralor aplicables.

El primer bloque de normas revisado atendió el procedimiento de inscripciones de productores, prestadores de servicios y organismos públicos al Registro de la Ley de Inversiones Mineras; el procedimiento para la obtención de la estabilidad fiscal por los emprendimientos mineros; el procedimiento y las condiciones para la utilización de los beneficios referidos al Impuesto a las Ganancias que establece la LIM; y el procedimiento para la obtención del beneficio de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la exploración minera establecido en el mismo régimen.

En lo inmediato estas acciones generarán la derogación de veinte normas cuyo régimen será regulado en sólo cuatro, que atenderán aspectos como la interoperatividad de los sistemas y el intercambio de información con otros organismos del Estado, la comunicación eficiente y la participación ciudadana.

En una segunda instancia se avanzará con la regulación de los procedimientos para la importación de bienes al amparo de la Ley de Inversiones Mineras, y con el de las auditorías para el control de la utilización del régimen promocional.

Asistencia a pymes. Se hicieron encuentros entre productores y consumidores de minerales industriales, en particular de mica, feldespato y cuarzo y carbonatos. También se realizaron mesas de diagnóstico sobre problemáticas de pymes mineras en seis provincias.

Se firmaron acuerdos con entidades financieras (BICE, GARANTIZAR SGR), asesoramiento para el acceso a pymes del sector y acuerdo con el Banco Nación para asistencia de evaluación de proyectos de minería. También vinculado a la minería artesanal y pequeña, se desarrolla el Programa de Promoción de Rocas Ornamentales, colaborando hasta ahora con ocho provincias, realizando relevamientos y reuniones para estimular el uso de la piedra local, regional y nacional en la construcción. También se desarrolla junto aprovincias, SEGEMAR y el INTA, el programa para potenciar el uso de minerales para el agro.

Cooperación con las provincias. La relación con las provincias dio un giro importante. El Consejo Federal Minero (COFEMIN) fue reinstalado para el trabajo de una agenda común a todas las provincias mineras. El Acuerdo Federal Minero, firmado en 2017, permite consensuar una política de Estado para la minería que se adecue al contexto nacional e internacional y fije el horizonte en el largo plazo para el desarrollo minero en el camino de la sustentabilidad.

Infraestructura. Se terminó el relevamiento de las necesidades de infraestructura en la Patagonia, NOA y Cuyo. Con respecto a la demanda creciente de gas en la región puna de Jujuy, Salta y Catamarca debido al aumento creciente del interés internacional de realizar inversiones en litio, se trabajó de manera conjunta con los secretarios de minería del NOA para hacer un relevamiento de las necesidades de las empresas.

Se gestionó ante GASNOR y ENARGAS una propuesta de obra en la cual se optimiza la obra, la inversión y se alcanzaría a cubrir las necesidades estimadas hasta 2030. Se mantuvieron reuniones con integrantes del el Plan Belgrano de manera de coordinar las necesidades de la minería con lo relevado y las acciones a llevar adelante por medio del plan.

Se realizaron las Mesas de competitividad, en reuniones con las autoridades mineras de todas las provincias, (NOA, Centro, Cuyo ) y con las empresas mineras de cada una de las regiones, de manera de actualizar y priorizar las necesidades del sector y los factores que generarán mayor competitividad.

Transparencia y sistemas de información. En primer lugar, se trabajó en el desarrollo de un sistema de información para el sector minero argentino y la participación activa en iniciativas globales y nacionales para la transparencia. Estas políticas se llevan a cabo a través del Centro de Información Minera de Argentina (CIMA) y del Catastro Minero Unificado por medio de sistemas de información geográfica gegistrales mineros (provinciales y nacional) para la gestión de información y de concesiones en tiempo real.

Hasta hoy ya se cuenta con el catastro minero on-line (en el SIG del CIMA) de ocho provincias: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz; y sistema de seguimiento del estado legal de los expedientes de dos provincias: Jujuy y Neuquén. Quedan pendientes para diciembre de 2019 el catastro minero online de cuatro provincias más y el sistema de seguimiento de expedientes de seis provincias más.

Se realizó con el INDEC el Censo Nacional Minero 2017 con la participación de todas las provincias, y se participa en el Tercer Plan de Gobierno Abierto de la Argentina, con cuatro metas cumplidas en tiempo y forma según el Compromiso de Transparencia N° 6 del Tercer Plan de Gobierno Abierto.

También en temas de transparencia, se trabaja para implementar el estándar EITI (Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas), que es el estándar global para la transparencia de los flujos económicos generados por estas industrias. Actualmente se presentó la candidatura de la Argentina.

Ambiente y comunidades. Se trabaja en la redacción de la guía de recursos para la elaboración y la evaluación de planes de cierre sobre la base de las buenas prácticas internacionales.

Se puso en marcha el diagnóstico de capacidades institucionales para la evaluación ambiental y social de proyectos mineros, cuyo principal objetivo es conocer la situación actual del proceso de evaluación de impacto ambiental y los posteriores seguimiento y la fiscalización de los proyectos mineros en cada provincia. A su vez, la Dirección Nacional es punto focal técnico nacional de la iniciativa sobre principios voluntarios de seguridad y derechos humanos, y participó de la elaboración del plan de acción nacional, en coordinación con distintas áreas de Gobierno y que el cual ya se encuentra en etapa de implementación.

En materia regulatoria se elaboró, con el aporte del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) el primer borrador de los anteproyectos de ley de cierre de minas y gestión integral de residuos mineros, como posibles instrumentos “marco” que abordan temáticas ambientales, sociales y económicas de ambas temáticas. Respecto a la gestión ante incidentes ambientales, se dictó una disposición administrativa con protocolo de actuación de la SPM ante incidentes ambientales en operaciones mineras.

Se tiene participación permanente en actividades interministeriales, a través de la contribución con iniciativas regulatorias aplicables a la actividad, y en la implementación de convenios internacionales, entre otros: Convenio de Minamata sobre Gestión del Mercurio, Convenio sobre Diversidad Biológica, Tramo Ambiental, Residuos y Sustancias Químicas (OCDE), Convenio de Rotterdam sobre Gestión de Productos Químicos y Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.

Con respecto a la gestión de pasivos, se llevó a cabo el relevamiento preliminar de información sobre pasivos ambientales provenientes de la actividad minera pretérita a nivel nacional, en conjunto con las autoridades provinciales. En esta misma temática, concluyeron los trabajos de remediación ambiental de la Ex Fundición Metal Huasi en Abra Pampa (provincia de Jujuy) y de las Ex Sulfateras en Calingasta (provincia de San Juan).

Desafíos pendientes

Entre 2007 y 2015, la Argentina fue de los países de la región que menos inversión extranjera directa captaron con destino a la minería. Así y todo, fue el principal sector de inversiones extranjeras en la Argentina. Es decir, el potencial para el país es enorme. Por ejemplo, para 2026, el 80% de la demanda de litio tendrá como destino la producción de baterías para redes de alta tensión, la industria automotriz y la computación.

Desarrollar la minería potencia regiones, genera empleo de calidad, arraigo y mejora la situación de millones de personas. La Argentina tiene la oportunidad de comenzar un proceso de complejización de su matriz productiva minera, generar encadenamientos verticales y horizontales que le permitan insertarse en la cadena global de valor, una que está recién comenzando a conocer su límite.

EMPRESAS PÚBLICAS SOSTENIBLES

Síntesis

  • El Gobierno cree que el Estado puede ser accionista y operador de un grupo de empresas que contribuyan al crecimiento del país, dedicadas a cumplir un rol social –como los trenes suburbanos o la provisión de agua y cloacas–, que hagan inversiones en infraestructura, mejoren los mercados donde operan y sean administradas por una gestión profesional y transparente que les impida transformarse en botines políticos o corporativos.
  • El Gobierno encontró en 2015 un grupo de empresas públicas mal administradas, sin coordinación ni estrategia comercial, con déficits enormes y que incumplían su compromiso con la sociedad.
  • Para avanzar en ese camino se trabajó en cuatro frentes: 1) mejorar la gestión, para reducir todo lo posible las transferencias del Tesoro, 2) aumentar las inversiones y mejorar la calidad del servicio, 3) centralizar la supervisión y la estrategia de las empresas, y 4) iniciar un proceso de más transparencia y buen gobierno para incrementar la eficacia y prevenir la corrupción.
  • En estos tres años las empresas redujeron sus necesidades de transferencias para gastos corrientes en un 40%, de 1,1% del PBI en 2015 a 0,75% en 2018, e incorporaron lineamientos de buen gobierno y estándares de transparencia internacionales.
  • Desafíos pendientes. Seguir mejorando la gestión, la estrategia y la transparencia de las empresas, reducir las transferencias del Tesoro para gastos corrientes y, en una segunda etapa, coordinar mejor su funcionamiento, quizás a través de un holding de empresas estatales, como los que existen varios países.

Qué encontramos

Al momento del cambio de Gobierno las empresas de propiedad estatal presentaban dos problemas centrales. Por un lado, requerían de transferencias del Tesoro para cubrir sus gastos operativos, ya sea como subsidios para cubrir sus costos de provisión de servicios o por déficits de gestión. Por el otro, presentaban serios problemas en su gobernanza, lo que las hacía vulnerables a prácticas corruptas.

En 2015 el Estado Nacional transfirió a las empresas estatales 6.400 millones de dólares para cubrir gastos de tipo corriente, fundamentalmente a causa de ineficiencias de gestión. Esos fondos representaban 1,1% del PBI y habían alcanzado un pico de 1,5% del PBI en 2014.

Estos recursos se destinaban a subsidios para cubrir tarifas no actualizadas (en aquellas empresas prestatarias de servicios públicos como AySA) o para cubrir gastos operativos (por ejemplo, Aerolíneas Argentinas).

Al mismo tiempo las empresas carecían de marcos de gobernanza que promovieran la transparencia, la rendición de cuentas, y la evaluación de la gestión, entre otros aspectos. Por ejemplo, en diciembre de 2015 el directorio de Aerolíneas Argentina no había presentado los balances correspondientes a los años 2014 y 2015 para ser auditados.

Muchas empresas tenían malas gestiones. La Casa de Moneda, por ejemplo, pasó de tener un patrimonio neto de 118 millones de pesos en 2012 a un saldo negativo de 400 millones de pesos en 2015. Durante ese tiempo se vio salpicada en casos de corrupción, como el Caso Ciccone. Aerolíneas Argentinas, por su parte, que no recibía subsidios al momento de ser estatizada, necesitó entre 2008 y 2015 un promedio de dos millones de dólares por día para cubrir gastos operativos, es decir 678 millones de dólares al año.

La mayoría de estas empresas había adoptado, al momento de su estatización, el formato de sociedades anónimas, aunque sin prácticas de buen gobierno corporativo. Esto significó en la práctica la utilización de un modelo que, aunque beneficioso para la gestión empresarial por su flexibilidad, promovió el uso discrecional de recursos públicos para fines personales y/o políticos.

Las áreas de  compras, por ejemplo, presentaban altos riesgos de corrupción. No contaban con esquemas de transparencia ni de promoción de la competencia entre proveedores. Se encontraron innumerables casos de sobreprecios, cartelización y compras directas, entre otros déficits.

Qué hicimos

El Estado Nacional tiene el control y una participación total o mayoritaria en 42 empresas. Entre ellas se encuentran YPF y Enarsa; bancos como el Banco Nación, empresas de transporte como Belgrano Cargas o SOFSE (la operadora de los trenes de pasajeros) y de comunicaciones como Correo Argentino o ARSAT, entre otras.

El Presidente tomó la decisión, siguiendo estándares de organismos internacionales como la OCDE, de organizar el portfolio de empresas. Para eso, creó en la Jefatura de Gabinete de Ministros un equipo específico para seguir el desempeño de las empresas de mayoría estatal, tanto en lo relacionado a su gobernanza como a su eficiencia.

Este equipo trabajó en dos objetivos principales: 1) generar mayores niveles de eficiencia en las empresas vía la reducción de transferencias para gastos corrientes del tesoro y 2) establecer estándares de transparencia e integridad que blinden a las empresas de prácticas corruptas.

En diciembre de 2018 las empresas habían reducido sus necesidades de transferencias para gastos corrientes en un 40%, de 1,1% a 0,75% del PBI. En 2017 las transferencias habían bajado a 0,5% del PBI y el objetivo era que siguieran bajando, pero la depreciación del peso y el alto precio de los combustibles durante el año incrementó las transferencias en pesos a IEASA (ex Enarsa), que importa energía, y Aerolíneas Argentinas, que tiene muchos costos en dólares.

Los esfuerzos de reducción de los déficits fueron más notorios en aquellas empresas cuyos ingresos dependen de una tarifa (como AySA y las empresas de ferrocarriles de pasajeros), pero también fueron significativos entre las empresas que no prestaban servicios públicos como Aerolíneas Argentinas, Casa de Moneda y las empresas de defensa (FAdeA, Fabricaciones Militares y Tandanor).

Los esfuerzos de mejora de la eficiencia fueron posibles en parte debido a un monitoreo efectivo del desempeño de las empresas y en gran medida debido a la incorporación en las empresas de gerentes con experiencias significativas en cada área. Un análisis de los perfiles de los CEO de las empresas de propiedad estatal permite ver el nivel de profesionalización alcanzado. El 90% de los CEO de las empresas posee experiencia relevante previa en la industria y un 40% formación relevante de posgrado. El buen desempeño es crítico para las carreras de gerentes con experiencias previas en el sector privado. Les permite mostrar su liderazgo y continuar creciendo profesionalmente.

El monitoreo del desempeño de las empresas fue también un factor determinante. A diciembre de 2015, sólo el 36% de las empresas del portfolio enviaban información de ejecución presupuestaria y muchas de ellas lo hacían de manera parcial e incompleta. No contar con información de gestión de las empresas era una debilidad muy fuerte del rol del Estado como accionista de empresas.

Desde 2016 se introdujeron cambios significativos en el gobierno corporativo de las empresas. Se incorporaron estándares internacionales de gobierno corporativo, especialmente de la OCDE. Del mismo modo, el gobierno avanzó en el desarrollo de Lineamientos de Buen Gobierno para todas las empresas de propiedad estatal los cuales establecen siete reglas de buena gobernanza que las empresas deben adoptar.

En 2017 la OCDE evaluó a las empresas de propiedad estatal de la Argentina en materia de su gobierno corporativo y aceptó al país como adherente a la Recomendación de Gobierno Corporativo, el primero  en recibir este status sin ser parte de OCDE o haber recibido una invitación para serlo.

Tandanor. Tandanor es un ejemplo de los cambios que logró el Gobierno durante estos años. El Gobierno puso en marcha una nueva estrategia para la compañía, con foco en la reparación y el mantenimiento de buques civiles y militares con el objetivo de llegar a la sustentabilidad financiera y expandirse en el ámbito privado. Los resultados son muy alentadores.

Entre 2015 y 2018 el déficit operativo de Tandanor se redujo en un 83%. La deuda de la empresa se redujo en un 43%. Respecto de 2015, las reparaciones de buques privados aumentó un 104%. El 40% de los clientes privados son extranjeros. En 2017 y 2018 se cumplió el 100% de los tiempos estipulados en los contratos de reparación.

Las transferencias del tesoro nacional a Tandanor se redujeron, entre 2015 y la actualidad, en un 85%. Todo esto lo hizo reduciendo la dotación, entre 2015 y 2018, en un 28%. Los empleados actuales de Tandanor están motivados y comprometidos con el futuro de la empresa.

Manteniéndose en este camino de trabajo y seriedad, Tandanor aspira a alcanzar el equilibrio financiero en 2019 y a seguir aumentando sus ingresos, siempre buscando aumentar su participación en el sector privado.

Desafíos pendientes

El Gobierno cree que el Estado puede ser accionista y operador de un grupo de empresas que contribuyan al desarrollo del país, dedicadas a cumplir un rol social –como los trenes suburbanos o la provisión de agua y cloacas–, que hagan inversiones en infraestructura, mejoren los mercados donde operan y sean administradas por una gestión profesional y transparente que les impida transformarse en botines políticos o corporativos.

El desafío principal es que las empresas públicas sean sustentables y ofrezcan servicios de calidad. Para lograrlo no sólo deben avanzar en la implementación de buenas prácticas de gestión y transparencia sino también en consolidar sus propios modelos de negocios y ser competitivas. Muchas de ellas tienen capacidad para ampliarse o incorporar nuevas líneas de acción, particularmente haciendo foco en los sectores con potencial para el desarrollo del país.

Una herramienta posible, implementada con éxito en muchos países, incluidos varios de la región, es la creación de una empresa holding que, como accionista de todas estas empresas (hoy los accionistas son los ministerios), pueda coordinar y establecer estrategias y dar seguimiento a los avances en gestión y transparencia.