Desarrollo humano


PRIMERA INFANCIA

Síntesis

  • Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo físico, social y emocional de las personas. La Argentina enfrenta un serio problema de infantilización de la pobreza: el 41% de los menores de 14 años son pobres.
  • Uno de los principales compromisos del Gobierno es cuidar y acompañar a los niños para que crezcan sanos y con las herramientas para desarrollar sus proyectos de vida.
  • Durante estos años, el Gobierno llevó adelante dos políticas fundamentales. Una fue ampliar y fortalecer la política de ingresos mínimos a través de la AUH y las Asignaciones Familiares.
  • La otra, el cuidado y la estimulación de los niños a través del Plan Nacional de Primera Infancia, que incluye una red de Espacios de Primera Infancia, el acompañamiento en las capacidades de crianza de las familias y el fortalecimiento de centros de prevención de la desnutrición infantil para que todos los chicos y chicas crezcan en igualdad de oportunidades sin importar el lugar del país en que hayan nacido.
  • Desafíos pendientes. Por el lado de las asignaciones, debemos consolidar una estrategia de largo plazo que defina las condicionalidades y la sustentabilidad del programa para mantener la cobertura a los menores de familias vulnerables. Por el lado del Plan Nacional de Primera Infancia, el objetivo es diseñar una estrategia nacional orientada a la Primera Infancia desde una perspectiva de desarrollo integral, que promueva accesos adecuados a la salud y la nutrición, prácticas de crianza acompañadas, estimulación temprana y oportuna para el desarrollo del lenguaje y de las capacidades cognitivas y motoras.

Qué encontramos

El país arrastra una gran deuda con los más chicos (definimos “primera infancia” como el período entre 45 días y 4 años). En diciembre de 2015 encontramos una política de ingresos mínimos que, aunque alcanzaba a una parte importante de los niños, por sus propias fallas dejaba a muchos de los más vulnerables fuera de la cobertura. Cientos de miles de niños que cumplían los requisitos para recibir la AUH no la estaban recibiendo.

Además, era una política basada casi exclusivamente en los ingresos, que no tomaba en cuenta el acompañamiento y el seguimiento como herramientas importantes para romper el círculo de la vulnerabilidad social. Muchos de los programas existentes estaban entendidos como beneficios y no como derechos de las niñas y los niños.

Qué hicimos

Durante estos tres años, se ha ordenado, fortalecido y ampliado la cobertura a la niñez, que en sus distintas modalidades (Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, programas provinciales y exenciones impositivas) alcanzó un nivel de cobertura récord hasta un 85% de todos los menores de la Argentina.

Por el lado de los ingresos, se equiparó el monto de las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo. De este modo, la percepción del derecho es independiente de condición laboral de los padres y no se desincentiva la participación en empleo formal.

Se ampliaron las Asignaciones Familiares, para incluir a los hijos de monotributistas (excluyendo a las tres categorías de más altos ingresos) y trabajadores temporarios. Con estas medidas el nivel de cobertura creció un 19% entre 2015 y 2018 con la incorporación al sistema de casi 1,5 millones de niños y niñas.

Además, se desarrollaron distintas acciones para buscar a los niños y niñas que cumplen los requisitos necesarios para percibir la AUH pero que por distintos motivos no la cobraban. Y se estableció por ley la periodicidad para la actualización de la Asignación Universal, así como la metodología para el cálculo del monto.

En momentos difíciles se otorgaron bonos vinculados a la AUH. En 2018 fueron en marzo, septiembre y diciembre. Se sumaron a los que ya se habían otorgado en diciembre de 2015 y en diciembre de 2016. La Asignación Universal por Hijo (AUH) es recibida por más de cuatro millones de niños y niñas, su cobertura máxima histórica.

Para facilitar el acceso a la cobertura creamos la libreta virtual de la Asignación Universal, para que las familias puedan completar en forma digital los datos de sus hijos con los controles sanitarios, vacunación, educación y declaración jurada de ingresos, sin necesidad de perder tiempo trasladándose a una oficina. Gracias a esta iniciativa en 2018 se alcanzó el récord de presentación de libretas (84%).

Plan Nacional de Primera Infancia. Está comprobado que la inversión en primera infancia es la política social más efectiva para el desarrollo de un país y con mayor retorno a la comunidad. Las políticas de primera infancia son fundamentales para el desarrollo de los niños y niñas, para que crezcan sanos y fuertes, y sobre todo para garantizar que tengan las mismas oportunidades e impulsar así su desarrollo integral y la protección y la promoción de sus derechos.

Si bien en nuestro país existía una amplia normativa vinculada a la protección y la promoción de la primera infancia, no existía una política integral que efectivizara las mismas a través de acciones concretas.

En 2016 la propuesta del Gobierno se orientó a fortalecer y construir espacios de primera infancia, basados en la exitosa experiencia en la ciudad de Buenos Aires. Se puso como objetivo construir en cuatro años 4.000 espacios a los cuales asistieran un promedio de 100 niños y niñas. El objetivo era equiparar las tasas de asistencia escolar de los niños y niñas de 0 a 4 años pertenecientes a los quintiles más vulnerables con aquellos de los quintiles de mayores ingresos.

Sin embargo, al contar con mayor información de diagnóstico y evidenciar tanto la amplitud del universo como las dificultades para la construcción de espacios desde el Estado Nacional, se optó por trabajar el Plan de Primera Infancia desde una perspectiva transversal, integral y federal, que incluya distintas iniciativas.

En este marco, se diseñó e implementó el Plan Nacional de Primera Infancia, cuyo objetivo principal es garantizar el desarrollo integral de niños y niñas de 45 días a 4 años en situación de vulnerabilidad social, para favorecer la promoción y protección de sus derechos.

El Plan Nacional de Primera Infancia cuenta con distintos componentes entre los que se destacan los Espacios de Primera Infancia, Acompañamiento Familiar y los Centros de Prevención y Abordaje de la Desnutrición Infantil.

Esta estrategia es complementaria a las políticas educativas nacionales para la Educación Inicial de enseñanza formal de niños de 3, 4 y 5 años de edad que buscan favorecer una trayectoria escolar continua y completa.

En estos años a través del Plan Nacional de Primera Infancia cuidamos y estimulamos el desarrollo de 337.427 niños y niñas.

Espacios de Primera Infancia. En los Espacios de Primera Infancia se brinda cuidado y abordaje integral a niños y niñas de entre 45 días y 4 años. Ahí reciben alimentación, estimulación temprana, psicomotricidad, hábitos de promoción y prevención de la salud como talleres y cursos de capacitación para madres, padres y profesionales.

Se trabaja de manera articulada junto a gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil en el fortalecimiento de espacios en todo el país. El Gobierno Nacional les paga una beca mensual por niño o niña.

Si bien existía normativa para conveniar y realizar los pagos de puesta en valor y becas, la extrema burocratización de los procesos administrativos dificultó inicialmente los circuitos de pago. Se redefinieron para mejorar los procesos administrativos.

Más de 114.000 chicos crecen sanos en 1.614 Espacios de Primera Infancia. e hizo foco en la mejora de la evaluación inicial de los espacios (estado edilicio, servicios, equipamiento, cantidad de niños y niñas y educadores) realizada por parte de los equipos territoriales para establecer la cuantía del aporte inicial para la puesta en valor y refacción de los espacios.

Más allá de la beca por niño, se puso foco en mejorar la calidad educativa. A partir de un complejo relevamiento de información, se diseñaron y pusieron en marcha distintas iniciativas vinculadas a la formación de las educadoras, como capacitaciones a través de convenios con organizaciones de la sociedad civil y desarrollo de una caja de herramientas. En convenio con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica de la Nación (INET), se puso en marcha un curso de formación de operadoras y operadores en primera infancia. Su duración es de un año y tuvo una inscripción de una primera cohorte de 300 educadores. Además, tendrá una segunda inscripción de otras 300 personas.

Se está trabajando en el desarrollo de un sistema de relevamiento, seguimiento y monitoreo de los espacios. El diseño del sistema contó con la asistencia técnica de Flacso y Unicef. La aplicación posibilitará un registro de información transparente, ágil y dinámica en línea. Además, este sistema podrá facilitar la detección de signos de alerta de los niños y niñas, que podrán compartirse con otros referentes institucionales.

Acompañamiento Socio Familiar-Primeros Años Acompañando la Crianza. El programa está orientado al fortalecimiento de las capacidades de crianza de familias con niños y niñas de 0 a 4 años en situación pobreza y vulnerabilidad social, a través de tres estrategias simultáneas: visita domiciliaria, creación de Espacios de Sostén y Acompañamiento a la Crianza y formación de personas e instituciones provinciales, locales y comunitarias.

Inicialmente, se reformuló el programa para que se oriente a la primera infancia y no a la infancia en general. Además, se rediseñó para focalizarse en el fortalecimiento de las pautas de crianza en esta etapa.

También se mejoraron las estrategias de intervención local y los canales de comunicación con instancias gubernamentales de distinto nivel, para la selección de las localidades y la selección y capacitación de las facilitadoras. Otro aspecto a destacar es la mejora en la capacitación de las facilitadoras.

Hoy, el programa Primeros Años alcanza a 19 provincias, 90 localidades y 200 barrios, 77.697 familias y 116.545 niños y niñas. Para 2020 el programa espera alcanzar a 140.000 familias en situación de vulnerabilidad y 210.000 niñas y niños de 0 a 4 años acompañados en las tareas de crianza.

Prevención y abordaje de la desnutrición infantil. Junto a la Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil (CONIN), se realizan actividades orientadas al desarrollo saludable de los niños y niñas y para prevenir la desnutrición infantil en los EPI y los Centros de Prevención de la Desnutrición, donde se brindan atención, seguimiento, tratamiento y estimulación, acorde a las características de cada niño o niña. Asimismo, se trabaja en la puesta en funcionamiento de Centros de Recuperación Regionales para la Desnutrición, para la atención de casos severos. Existen 81 centros donde se atiende a un promedio mensual de 5.800 niños y niñas.

Desafíos pendientes

Sobre la cobertura de la niñez, si bien los aspectos mencionados antes han permitido mejorar y ampliar cobertura de la prestación, queda pendiente un debate en torno a las condicionalidades (educación y salud) a fin de determinar si las mismas favorecen el acceso a los derechos o vulneran a quienes se encuentran en situaciones de exclusión.

También se continuará trabajando para automatizar los procesos de validación del cumplimiento de las condicionales para que la información se comparta entre organismos sin la necesidad de que los padres realicen trámites.

El objetivo es generar una política de automatización de la información, para que se comparta entre los organismos y la gente no tenga que hacer tantos trámites.  En todo el año, se generaron más de cuatro millones de certificados escolares y sanitarios.

Sobre el Plan Nacional de Primera Infancia, desde marzo de 2018 se ha conformado una mesa de trabajo técnico interministerial, conformada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. Asimismo, cuenta con la asistencia metodológica de UNICEF.

Se busca generar una estrategia nacional orientada a la primera infancia,

desde una perspectiva de desarrollo integral, que promueva accesos adecuados a la salud y la nutrición, prácticas de crianza acompañadas, estimulación temprana y oportuna para el desarrollo del lenguaje y de las capacidades cognitivas y motoras.

En 2018 se trabajó en el diseño y la consulta para el desarrollo de la estrategia nacional. Durante el año 2019 se espera realizar el proceso de validación y establecer el documento final de la estrategia. Para el año 2023 se implementará la evaluación del cumplimiento de metas.

ADULTOS MAYORES

Síntesis

  • En estos tres años el Gobierno concentró en dos ejes sus esfuerzos para garantizar los derechos de los adultos mayores: uno es el fortalecimiento de la política de ingresos y el otro, la promoción de un envejecimiento activo y de una mejor atención en los organismos del Estado.
  • En la política de ingresos se aprobaron dos reformas fundamentales y de largo plazo, que garantizan los ingresos de los mayores de 65 años hacia el futuro y corrigen inequidades acumuladas durante décadas.
  • Estas dos reformas son la Reparación Histórica, gracias a la cual más de un millón de jubilados finalmente está cobrando lo que le corresponde, y la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que estableció un ingreso mínimo para todos los mayores de 65 años.
  • En simultáneo, la ANSES, el PAMI y distintos organismos públicos trabajan para promover la inclusión y mejorar la atención a los adultos mayores. Hoy los trámites son más rápidos y más fáciles, los medicamentos son más baratos y las jubilaciones se entregan en tiempo récord. Casi tres millones de jubilados tomaron créditos de ANSES.
  • Desafíos pendientes. Hacia adelante tenemos pendiente una discusión madura sobre la equidad y la sustentabilidad de largo plazo del sistema previsional. El nuevo índice de movilidad y otros cambios (como la garantía del 82% del salario mínimo y la opción de trabajar hasta los 70 años), aprobados en 2017, fueron algunos primeros pasos importantes en esa dirección.

Qué encontramos

El alto porcentaje de cobertura del sistema previsional argentino escondía en 2015 dos enormes desafíos: 1) un altísimo nivel de litigiosidad, con más de dos millones de reclamos abiertos en la Justicia por reajustes de haberes, y 2) un esquema deficitario que sólo en 2017 exigió del Tesoro el equivalente a 3 puntos del PBI.

Además, recibimos un sistema previsional que escondía grandes inequidades. Algunas jubilaciones de privilegio y regímenes especiales que benefician sólo al 3% de las personas concentran el 9% del gasto previsional, con haberes que a menudo superan los 100.000 pesos mensuales.

A esto se debe sumar la mala atención y cobertura (a un altísimo costo) que brindaban tanto la ANSES como el PAMI. Las filas en las oficinas de ambos organismos eran eternas, obligaban a los jubilados a ir y venir más de una vez para resolver sus trámites y delataban esquemas de gestión que favorecían la corrupción.

Qué hicimos

Durante estos tres años el Gobierno tomó distintas medidas para para garantizar los derechos, el bienestar económico y las prestaciones sociales de los adultos mayores, promover el envejecimiento activo y su participación en la vida pública, social y cultural e inclusión digital.

Política de ingresos. La Reparación Histórica permitió que más de un millón de jubilados que estaban percibiendo menos de lo que les correspondía finalmente cobraran bien sus haberes. Gracias a esta iniciativa el haber medio de los jubilados que entraron al programa aumentó más de 6.000 pesos y medio millón de jubilados salieron de la mínima.

Con la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor todos los mayores de 65 vulnerables reciben un ingreso, equivalente al 80% de la jubilación mínima. Las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI, pueden acceder al cobro de asignaciones familiares y a los créditos ANSES. Ya hay más de 110.000 adultos que la están cobrando.

Estas medidas permitieron además reducir entre 2016 y 2018 la litigiosidad del sistema previsional. La cantidad de reclamos previsionales disminuyó un 42%, porque los jubilados y pensionados ya no deben recurrir a la Justicia para cobrar lo que les corresponde.

Hoy la Argentina tiene el nivel más alto de cobertura de su historia: 98% de los adultos mayores cuenta con algún ingreso del Estado.

Otros cambios:

  • Pusimos en práctica el régimen de opcionalidad para que quienes deseen seguir trabajando aunque estén en condiciones de jubilarse puedan hacerlo. En 2018, primer año en el que estuvo disponible, el 10% de los trabajadores privados que cumplieron la edad para jubilarse se adhirió al programa. Y pusimos un piso a las jubilaciones para que quienes hicieron sus aportes nunca cobren menos que el 82% del salario mínimo.
  • Otra reforma importante, a fines de 2017, fue el cambio de la fórmula de movilidad de los haberes. Se cambió una fórmula difícil de entender, que dependía de factores ajenos a la vida cotidiana de los jubilados (como la evolución de la recaudación) por una fórmula transparente y sencilla, similar a las de muchos otros países, basada en la evolución de la inflación y los salarios. Además, ahora los haberes se actualizan cuatro veces por año en lugar de dos.

A estas medidas se suman otras iniciativas, como la Tarifa Social Federal (para electricidad, gas y transporte), que alcanza a los jubilados con ingresos de hasta dos jubilaciones mínimas. Y gracias a las medidas implementadas desde el PAMI por primera vez se redujeron los precios de los medicamentos. En 2018 los precios de los medicamentos gestionados a través del PAMI bajaron sensiblemente en términos reales (ajustados por inflación).

Mejor atención. En simultáneo se trabajó para mejorar la calidad de atención en oficinas y puntos de contacto como el call center y acortar y simplificar los trámites para todos los jubilados y beneficiarios de programas sociales. Hoy los trámites se pueden iniciar por Internet y, en muchos casos, resolverlos íntegramente desde la computadora, sin tener que ir a una oficina.

Con el nuevo esquema de atención la ANSES acortó los tiempos para otorgar la jubilación. En 2015, el trámite demoraba entre seis y siete meses. Hoy, ese proceso lleva, en promedio, tres meses. Durante una prueba piloto en 2018, el trámite se hizo en sólo 18 días.

Envejecimiento activo. Para acompañar a los adultos mayores en un envejecimiento activo se trabaja para promover la inclusión y la socialización de los adultos mayores a través de la inclusión digital y financiera. Se brindan talleres y capacitaciones sobre herramientas digitales que permitan mejorar su calidad de vida y promover su inclusión financiera.

Créditos ANSES. Otro cambio importante fue el rediseño y la ampliación de los Créditos ANSES, que ofrecen hasta 80.000 pesos a pagar en 24, 48 o 60 cuotas. Más de 2,5 millones de jubilados tomaron un crédito de Anses en el último año y medio.

También trabajamos para profesionalizar el cuidado de los adultos mayores. Se han ordenado los programas dirigidos a la formación como cuidadores domiciliarios así como aquellos dirigidos a mejorar la calidad de vida y propiciar la autonomía de las personas mayores y se creó una Diplomatura en Atención Gerontológica Integral.

Registro de Cuidadores Domiciliarios. Creamos un registro que ofrece información actualizada de personas que ofrecen su servicio como cuidadores/as domiciliarios/as con formación debidamente acreditada y verificada para ejercer ese rol. Esta herramienta lleva la tranquilidad a las familias de saber que sus adultos mayores son cuidados por personas capacitadas y con experiencia.

Desafíos pendientes

Debemos seguir trabajando para promover la inclusión y el bienestar de los adultos mayores. Una parte importante de eso es mejorar la calidad de los servicios que ofrece el Estado.

También tenemos pendiente una discusión madura sobre la equidad y la sustentabilidad de largo plazo del sistema previsional. En la Ley de Reparación Histórica, de 2016, está contemplada la constitución de una comisión de estudio que prepare una propuesta que, sobre la base de un sistema que seguirá siendo público, universal y de reparto, también sea sustentable en el largo plazo.

IGUALDAD DE GÉNERO

Síntesis

  • El Gobierno está trabajando sobre tres ejes para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres: autonomía física, que incluye el acceso a la educación sexual y la protección frente a la violencia; autonomía en la toma de decisiones, enfocada en el acceso de mujeres a posiciones de liderazgo en el sector público y en sindicatos y empresas; y autonomía económica, que busca eliminar las trabas para el desarrollo y la discriminación hacia las mujeres en la vida económica. Para eso enfocamos nuestros esfuerzo en lograr un cambio cultural que lo haga posible.
  • En estos años pusimos en marcha tres iniciativas principales para avanzar hacia la igualdad: el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, el Plan Nacional de Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia de Género y el Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia.
  • Además, el Congreso sancionó dos leyes, conocidas como la Ley Brisa y la Ley Micaela, que brindan una reparación a los hijos e hijas de las víctimas fatales de violencia de género e impulsan la capacitación de funcionarios públicos sobre cuestiones de género y violencia, respectivamente.
  • Desafíos pendientes. Para seguir avanzando, buscamos que el Congreso apruebe el Proyecto de Ley de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo, que promueve la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y la extensión de licencias y busca erradicar las brechas salariales; y la Ley de Obstétricas, para hacer más accesibles los métodos anticonceptivos de larga duración.

Qué encontramos

El país carecía de una política integral para avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres. En la Argentina muere una mujer víctima de violencia de género cada 30 horas y cada año más de 100.000 chicas menores de 20 años quedan embarazadas. Muchas de ellas abandonan sus estudios después de eso. Y en el mundo del trabajo las mujeres argentinas están subrepresentadas en posiciones de liderazgo (tanto en el sector privado como en el público), ganan un 30% menos y tienen una tasa de empleo un 22% menor a la de los hombres.

A pesar de esto, hasta este año la Argentina era, junto con Cuba, uno de los únicos países de la región que no contaba con un plan de igualdad.

 

Qué hicimos

Buscamos implementar políticas que garanticen la participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles de la toma de decisiones en la vida pública. También pretendemos emprender reformas y fortalecer leyes para promover la igualdad entre los géneros.

La estrategia es transversal a todas las áreas de gobierno pero está apoyada en tres planes principales:

  • El Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD), que sistematiza iniciativas existentes y apunta a generar políticas públicas para lograr la igualdad entre los géneros en la Argentina. 
  • El Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una deuda que el Poder Ejecutivo tenía con la sociedad argentina desde la sanción de la Ley 26.485 en 2009.
  • El Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia.

Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Es una hoja de ruta trianual para impulsar, sistematizar y generar políticas públicas para lograr la igualdad entre los géneros en Argentina.

El objetivo general del PIOD es habilitar las condiciones para que todas las personas, independientemente de su género, tengan las mismas posibilidades de acceder y ejercer sus derechos y desarrollar su proyecto de vida libremente.

El plan tiene entre sus objetivos principales:

  • Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.
  • Fortalecer la educación sexual integral y promover el acceso a la anticoncepción.
  • Mejorar el acceso, la permanencia y las condiciones de trabajo de las mujeres en el mercado laboral.
  • Promover a más mujeres en espacios de toma de decisión, tanto en el ámbito público como el privado.
  • Incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas.
  • Promover la transformación cultural para alcanzar una sociedad igualitaria.

El plan es resultado de un trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado, la sociedad civil, el sector privado, organismos internacionales y la academia.

Además, prevé la articulación con las 24 jurisdicciones a través de los distintos Consejos Federales y la adhesión de todas las provincias mediante acuerdos con las gobernadoras y los gobernadores.

Las medidas impulsadas se ordenan en tres ejes estratégicos:

  • Autonomía física. Incluye mejorar el acceso a métodos anticonceptivos en todo el país, garantizar que todas las escuelas cuenten con un equipo docente capacitado en educación sexual, evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos en ese tema, fortalecer las competencias de las fuerzas policiales para una correcta actuación en casos de violencia de género, promover mediante una ley las licencias laborales para las víctimas de violencia y facilitar el acceso de las mujeres adultas mayores a los servicios de asesoramiento y contención, entre otras.
  • Autonomía en la toma de decisiones. Abarca las medidas destinadas a incentivar la participación de las mujeres en la Alta Dirección Pública Nacional y en los espacios de toma de decisión en los sindicatos, reglamentar la Ley de Paridad de Género y monitorear su efectivo cumplimiento.
  • Autonomía económica. Incluye eliminar las restricciones que limitan el desempeño de las mujeres en determinadas industrias, implementar un sistema de diagnóstico, planificación y certificación para que las empresas abandonen prácticas discriminatorias, promover la inclusión financiera de pymes dirigidas por mujeres y fomentar el equilibrio entre la vida productiva y reproductiva de hombres y mujeres a través del aumento de las licencias de paternidad y el fortalecimiento de los espacios de cuidado.

El plan también incluye una serie de compromisos transversales, que comprenden capacitaciones dentro del Estado, difusión de contenidos con perspectiva de género en el Sistema Federal de Medios y producción de informes y datos estadísticos.

Plan Nacional de Prevención de la Violencia de Género. Por primera vez nuestro país tiene un Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las mujeres. Es una herramienta de planificación estratégica que reúne y sistematiza políticas, programas e iniciativas para todo el territorio, con una mirada federal, transversal e interdisciplinaria y un camino común con estándares de protección, cuyo fin es garantizarles a todas las mujeres de Argentina el acceso a dispositivos de atención de calidad.

El Plan Nacional de Acción 2017-2019 está compuesto por dos ejes de acción (prevención y atención) y tres ejes transversales (formación, fortalecimiento y monitoreo).

El eje de la prevención busca transformar los patrones culturales que naturalizan la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad a través de una serie de acciones en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo y la comunicación. El eje de la atención tiene por objetivo la promoción y generación de espacios que brinden una atención integral a mujeres en situación de violencia desde un enfoque de derechos humanos.

Todo esto con estrategias de formación para las y los efectores de las distintas áreas y disciplinas en perspectiva de género; fortalecimiento institucional a fin de articular y coordinar estrategias de trabajo en conjunto con instituciones, organismos y actores; y una política de monitoreo y evaluación destinada a fortalecer y crear mecanismos y dispositivos que permitan hacer un seguimiento y una evaluación de las políticas implementadas.

El plan incluye 69 medidas y 132 acciones a desarrollar en tres años e involucra a más de 50 organismos públicos de los tres poderes del Estado. Dieciocho provincias adhirieron al plan (Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán).

Línea 144. Funciona desde 2013 y está destinada a brindar información, orientación y contención ante situaciones de violencia de género, en articulación con organismos nacionales, provinciales y municipales, y también con organizaciones sociales dedicadas a la temática, para generar y fortalecer políticas destinadas a la protección integral.

  • Fortalecimos la línea con la apertura de subsedes en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires y en la sede del Instituto Nacional de la Mujer incrementamos los operadores y las operadoras un 41% (pasaron de 99 a 140).
  • En 2017 aumentaron un 46% las llamadas de personas que contactan a la línea por primera vez. Si bien las llamadas son prioritariamente de mujeres en situación de violencia, se duplicó la cantidad de llamadas provenientes de personas del colectivo de la diversidad sexual (intersexual, transgénero, travesti y transexual, por ejemplo).
  • Hubo un aumento del 80% de las llamadas de jóvenes entre 15 y 24 años, lo que puede estar asociado a la realización de la campaña de prevención de noviazgos violentos.
  • En diciembre de 2017 las empresas Claro, Personal y Movistar firmaron una carta de compromiso para apoyar políticas de protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Como resultado, ahora desde cualquier celular –tenga o no crédito– se podrá efectuar la comunicación con la Línea 144.
  • Se generó un nuevo dispositivo –“El 144 en tu barrio”– que permite acercar a las profesionales de la línea con las mujeres de todo el país.
  • Se creó el Observatorio de Violencia Simbólica y Mediática que tiene como objetivo general promover la remoción de patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres en medios de comunicación. Para eso, realiza informes, brinda capacitaciones a medios y comunicadores y comunicadoras y cuenta con un mecanismo de recepción de reclamos del público.

Se lanzó una aplicación móvil para celulares con el objetivo de ampliar la capacidad de atención de la línea telefónica. La aplicación tiene un test de identificación de situaciones de violencia; los resultados se guardan de manera anónima; posee un enlace directo con la línea telefónica; tiene la opción de enviarle mensajes de texto a la 144 como primer acercamiento; brinda un mapa georreferenciado de recursos más cercanos en cualquier lugar del país; hay identificados más de 7.000 recursos de todo el país dedicados a la atención de mujeres en situación de violencia ordenados por cercanía en un mapa y un listado; y está disponible de manera gratuita para sistemas iOS y Android.

Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia. Si bien en la Argentina existen programas y dispositivos de política pública que tienen como fin la provisión de insumos y prestaciones para cuidar la salud sexual y reproductiva de las personas, sobre todo de los adolescentes, nunca antes se había desarrollado una estrategia nacional que abordara integralmente esta problemática y que posicionara la prevención y reducción del embarazo no intencional en la adolescencia como una prioridad en la agenda pública.

El embarazo adolescente es una problemática compleja, con muchas variables, que requiere el compromiso de todas las instituciones. Por eso, el plan se ejecuta en forma conjunta y articulada entre los ministerios de Salud y Desarrollo Social y el de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología con el acompañamiento adicional de la Secretaría de Gobierno de Modernización, los gobiernos provinciales y municipales, y el apoyo de UNICEF, UNFPA, CIPPEC, CEDES y otros actores de la sociedad civil.

El plan busca reducir el riesgo de embarazo no intencional en adolescentes a través de promover las decisiones libres e informadas, el acceso efectivo a métodos anticonceptivos y el abordaje integral del abuso sexual.  

Se establecieron cuatro ejes de trabajo principales, en todos los cuales ya hay avances importantes:

  • Sensibilizar a la población en general y a las y los adolescentes sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia.
  • Mejorar la oferta de servicios en salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y la aceptabilidad de las prestaciones.
  • Potenciar las decisiones informadas de las y los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos
  • Fortalecer políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual y para el acceso a la interrupción legal del embarazo según marco normativo vigente.  

El plan incluye en su primera etapa 12 provincias (Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires) priorizadas según el diagnóstico de las tasas de embarazo adolescente no intencional y la capacidad de impacto en relación con la cantidad de población joven.

Ya se está trabajando con 1.699 escuelas secundarias en la implementación de Asesorías en Salud Integral en la Adolescencia para 515.493 estudiantes y se capacitó 13.200 docentes en Educación Sexual Integral. Estas escuelas articulan con 1.430 centros de salud y hospitales.

Iniciativa Paridad de Género (IPG). Esta alianza busca generar consensos y acciones concretas entre el Estado y el sector privado para reducir la brecha económica de género en la Argentina. La elaboración y la implementación de la Iniciativa cuenta con la participación de grupos de liderazgo formados autoridades del Gobierno y representantes del sector privado y de la sociedad civil.

Tiene como objetivo aumentar la participación de mujeres en la economía, reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y promover la participación de mujeres en puestos de liderazgo.

IPG Argentina forma parte de un conjunto de iniciativas impulsadas en los países de la región por una alianza entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Económico Mundial (FEM) para reducir las brechas de género en el plano económico.

La IPG también promueve el desarrollo de compromisos tendientes a la paridad en los cargos directivos y gerenciales en empresas privadas y en cargos de Alta Dirección Pública.

Leyes aprobadas. Durante estos años el Congreso y la sociedad contribuyeron para avanzar hacia la igualdad de género con distintas iniciativas, algunas de las cuales se convirtieron en ley:

  • La Ley Brisa, aprobada por unanimidad, establece una reparación económica a las hijas e hijos de madres víctimas de femicidio equivalente a una jubilación mínima hasta que cumplan los 21 años. El subsidio se debe tramitar a través del Instituto Nacional de las Mujeres y en el caso de menores con discapacidad es vitalicio.
  • La Ley Micaela establece el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.
  • La Ley de Paridad de Género en los ámbitos de representación política establece la obligación de intercalar un varón y una mujer en el armado de listas para cargos legislativos, es decir, diputados, senadores y parlamentarios del Mercosur. También promueve la adecuación de las cartas orgánicas de los partidos políticos para garantizar la representación paritaria en las autoridades partidarias, cuyo incumplimiento tiene como consecuencia la caducidad de la personería política.
  • La Ley de Pérdida Automática de la Responsabilidad Parental del Femicida condenado establece que quienes estén condenados por el delito de femicidio no podrán ejercer la responsabilidad sobre sus hijos o hijas.

Hablemos de Todo. A fin de que los y las adolescentes y jóvenes conozcan sus derechos y tengan acceso a información y recursos se creó una plataforma digital con presencia en las redes sociales. Hablemos de Todo permite abordar, entre otros temas, cuestiones de interés de adolescentes y jóvenes relacionados al género y la sexualidad, como el uso de métodos anticonceptivos, grooming o violencia de género.

Además, Hablemos de todo ofrece un espacio de consultoría en línea que busca generar un espacio de confianza y cercanía con adolescentes y jóvenes para informar, dar a conocer y acercar espacios e iniciativas públicas para jóvenes, concientizar sobre sus derechos y dar acompañamiento e información libre de estigmatización.

Fuerzas de seguridad. La conducción política de las fuerzas de seguridad tomó la decisión de hacer de la igualdad de género un elemento clave en la formación de sus agentes, suboficiales y oficiales. Se capacitó a las fuerzas sobre la temática de la violencia contra las mujeres incluyendo módulos específicos en las asignaturas y contenidos curriculares de formación. Se jerarquizó el funcionamiento de los Centros Integrales de Género como espacios institucionales de comunicación, contención, orientación y asesoramiento. Se creó la licencia especial por violencia de género, una figura que no estaba prevista en la normativa interna vigente de las fuerzas policiales y de seguridad, para no sólo buscar que cada vez se produzcan menos hechos de violencia de género sino también proteger a las víctimas cuando se producen. Se creó la División de Investigaciones con Perspectiva de Género dentro de Asuntos Internos y las divisiones de investigación de las cuatro fuerzas federales. Se capacitó a los altos mandos y se le dio atención permanente a la especialización en prevención e investigación de femicidios. Establecimos la Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad para la Investigación de Femicidios en el Lugar del Hecho”.

Desafíos pendientes

En marzo de 2018 presentamos el Proyecto de Ley de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo que busca avanzar hacia la igualdad entre hombre y mujeres. Aspiramos a que se trate en el Congreso y sea aprobado en 2019.

En el marco del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional, buscamos combatir la información falsa sobre la Educación Sexual Integral en medios de comunicación, redes sociales y en la comunidad y revertir problemas de acceso a métodos anticonceptivos.

Para hacer más accesible la colocación de métodos anticonceptivos de larga duración esperamos la aprobación de la Ley de Obstétricas que les permita también colocarlos.

PLAN DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO INTENCIONAL EN LA ADOLESCENCIA

Síntesis

  • La adolescencia es un período de enormes transformaciones biofísicas, sociales y psicológicas, en el que suceden eventos clave, como la finalización de la educación media, el inicio de la vida laboral y el comienzo de la vida sexual y reproductiva.
  • En Argentina cada año 109.000 adolescentes de entre 15 y 19 años tienen una hija o un hijo. Siete de cada 10 de esos embarazos no son intencionales. Además, 3.000 niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual.
  • Un embarazo en la adolescencia representa un riesgo de salud para las madres y compromete su trayectorias de vida y sus posibilidades para avanzar en su educación o el mundo laboral.
  • Si bien en la Argentina existían programas para la provisión de insumos y prestaciones para el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las personas, nunca antes se había desarrollado una estrategia nacional que abordara integralmente esta problemática como una prioridad en la agenda pública.
  • El Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, lanzado el año pasado, es la primera iniciativa integral de este tipo en el país. Combina el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral en las escuelas con capacitaciones a docentes y nuevo material didáctico, consejerías en salud sexual y reproductiva para adolescentes, actividades de promoción comunitaria y, con una mejor articulación entre centros educativos y de salud, la distribución de métodos anticonceptivos.
  • Desde su lanzamiento en las 12 provincias con las tasas más altas de embarazo adolescentes, se capacitó a más de 6.000 docentes y 123.000 estudiantes ya participaron de actividades específicas. Unos 32.000 alumnos recibieron asesorías personalizadas y 14.000 mujeres se colocaron métodos anticonceptivos de larga duración.
  • Desafíos pendientes. Combatir la desinformación sobre la Educación Sexual Integral y el uso de métodos anticonceptivos y lograr la aprobación de la Ley de Obstétricas que permitirá a las parteras y obstétricas también colocar métodos anticonceptivos de larga duración.

Qué encontramos

Si bien en la Argentina existían programas y dispositivos de política pública que tienen como fin la provisión de insumos y prestaciones para cuidar la salud sexual y reproductiva de las personas, sobre todo de los adolescentes, nunca antes se había desarrollado una estrategia nacional que abordara integralmente esta problemática y que posicionara la prevención y la reducción del embarazo no intencional en la adolescencia como una prioridad en la agenda pública.

En el país 109.000 adolescentes y 3.000 niñas menores de 15 años, tienen un hijo o hija cada año, lo cual representa el 15% de los nacimientos anuales. En los últimos cinco años este porcentaje se mantuvo estable. Esta situación constituye un riesgo para la salud de esas madres adolescentes y un hecho que compromete enormemente sus trayectorias de vida y posibilidades de integración social a través del estudio o el trabajo. Este fenómeno se acrecienta cuando se observa la magnitud del embarazo no intencional: 7 de cada 10 embarazos en adolescentes, de entre 15 y 19 años no son intencionales. Asimismo, 8 de cada 10 embarazos de niñas menores de 15 años no son intencionales y la mayoría es consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación.

Estadísticas del Ministerio de Educación revelan que el 30% de las jóvenes que abandonan el secundario lo hace por embarazo o maternidad. En las últimas Pruebas Aprender, 8 de cada 10 adolescentes pidieron recibir mayor educación sexual.

Qué hicimos

El embarazo adolescente es una problemática muy compleja, con muchas variables, y por eso requiere el compromiso de todas las instituciones. Por ello, el plan se ejecuta en forma conjunta y articulada entre el ministerio de Salud y Desarrollo Social y el de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología con el acompañamiento adicional de la Secretaría de Gobierno de Modernización, los gobiernos provinciales y municipales, y el apoyo de UNICEF, UNFPA, CIPPEC, CEDES y otros actores de la sociedad civil.

El plan busca reducir el riesgo de embarazo no intencional en adolescentes promoviendo las decisiones libres e informadas, el acceso efectivo a métodos anticonceptivos y el abordaje integral del abuso sexual.

El desarrollo del Plan Nacional implica:

  • Acceso gratuito a métodos anticonceptivos. Para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, el Plan Nacional busca incrementar el número de adolescentes de 15 a 19 años protegidas eficaz y apropiadamente por la anticoncepción, pasando de 61.200 a 162.500. Este aumento en la protección anticonceptiva permitirá pasar de 9.200 embarazos no intencionales evitados por año al inicio del Plan Nacional a 43.800 en los tres años de vigencia.
  • Educación Sexual Integral en las Escuelas. Desde este eje se promueven saberes y habilidades para que las y los jóvenes puedan tomar decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado de su cuerpo, las relaciones con el otro, la sexualidad y sus derechos. Para eso, se capacita a los equipos directivos y docentes, dándoles herramientas y materiales específicos de formación con perspectiva de género y respeto por la diversidad. La Educación Sexual Integral es un derecho y una obligación de todas las escuelas, que debe ser garantizada por el Estado, tal como lo establece la Ley 26.150 de 2006. Las asesorías en las escuelas son espacios de consulta, que orientan a las y los adolescentes. Este espacio es de demanda espontánea y, de ser necesario, deriva y facilita los turnos a los servicios de salud.
  • Consejerías en Salud Sexual y Reproductivas. La consejería es un espacio de encuentro, escucha e información en los centros de salud donde se brinda asesoramiento a las y los adolescentes para que puedan tomar decisiones autónomas e informadas sobre su sexualidad, el cuidado de su cuerpo y su función reproductiva.
  • Actividades de Promoción Comunitaria. A través de distintas actividades en las comunidades buscamos que chicos y chicas conozcan sus derechos y aprendan sobre el cuidado del cuerpo, la prevención del abuso y del embarazo no intencional.

En su primera etapa (2017-2019), el plan incluye 12 provincias (Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires) y 36 departamentos, priorizados según el diagnóstico de las tasas de embarazo adolescente no intencional y la capacidad de impacto en relación a la cantidad de población joven, de los departamentos.

Se trabaja con 1.699 escuelas secundarias implementando Asesorías en Salud Integral en la Adolescencia para 515.493 estudiantes y se capacitan a 13.200 docentes en ESI. Estas escuelas articulan con 1.430 centros de salud y hospitales.

En octubre se lanzó una campaña de comunicación masiva que busca varios resultados: presenta al plan en sociedad, sensibiliza a la población en general sobre esta temática y difunde los medios por los cuales las y los adolescentes pueden informarse sobre los métodos anticonceptivos y cómo acceder a ellos.

Hablemos de Todo. A fin de que los y las adolescentes y jóvenes conozcan sus derechos y puedan tener acceso a información y recursos se diseñó y se está implementando una plataforma digital con presencia en las redes sociales, denominada Hablemos de Todo.

La plataforma permite abordar la temática de interés de adolescentes y jóvenes (sexualidad, métodos anticonceptivos, diversidad sexual, consumos problemáticos, grooming, violencia de género, prevención del suicidio, bullying, acoso laboral).

Además, Hablemos de Todo ofrece un espacio de consultoría en línea que busca generar un espacio de confianza y cercanía con adolescentes para informar, dar a conocer y acercar espacios e iniciativas públicas para jóvenes, concientizar sobre sus derechos, otorgando acompañamiento e información libre de estigmatización.

Si bien existían iniciativas similares en la ciudad de Buenos Aires, Hablemos de Todo logró posicionarse como referente a nivel mundial.

En su diseño contó con la colaboración de organizaciones sociales expertas en la temática y también recibió recomendaciones de referentes de diversas instituciones religiosas y especialistas en la temática.

La página web y la presencia en los medios digitales se constituyó como una iniciativa dinámica que fue adaptándose y mutando sus contenidos a la agenda de coyuntura y a la demanda de temas de interés de los jóvenes.

Más de 120.000 jóvenes utilizaron alguno de los recursos que ofrece Hablemos de Todo durante 2018.

Desafíos pendientes

Combatir la información falsa sobre la ESI, el abuso de la “objeción de conciencia”, brindar mayor conocimiento sobre el marco normativo (mayores de 13 años pueden acceder a métodos anticonceptivos) y su impacto en barreras de acceso a métodos anticonceptivos e información sobre ellos.

En el caso de niñas abusadas sexualmente con embarazos forzados debemos generar alertas para detectar estos casos en los sistemas educativo y de salud y brindar apoyo oportuno e integral del sistema de protección, consecución del proceso penal, acceso a interrupción del embarazo o apoyo social de la maternidad según decisión libre e informada de la niña/adolescente (autonomía progresiva).

Presentamos un proyecto de ley para que las obstétricas pudieran también colocar métodos anticonceptivos que todavía espera la aprobación del Congreso.

REFORMA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

Síntesis

  • El Gobierno trabajó estos años para que los programas sociales dejaran de ser un subsidio asistencial y se convirtieran en puentes hacia la inserción laboral. Los programas de transferencia deben estar orientados a la formación de capital humano y la generación de oportunidades reales.
  • Para cambiar esta lógica, el Gobierno transformó Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el Barrio en Hacemos Futuro, un programa que hace foco en los beneficiarios, no tiene intermediarios y exige la terminalidad educativa y realizar cursos de capacitación y formación. Además, todos los titulares deben acercarse a una oficina de ANSES para presentar su documentación y realizar una entrevista para conocer su situación social y la de su familia.
  • Desafíos pendientes. Seguir profundizando el cambio de paradigma en los programas de transferencia, especialmente en las dos direcciones iniciadas por el Gobierno: más transparencia y cercanía entre el Estado y las personas, sin intermediarios que decidan por ellas, y más foco en el carácter de desarrollo de capital humano de los programas, cuyo fin debe ser fortalecer a las personas para que puedan ser parte del sistema formal.

Qué encontramos

Hasta 2015 los programas sociales estaban enfocados en una lógica asistencialista. Primaba un modelo basado en transferencias económicas sin un esquema de transformación real de las condiciones de vida de las familias más vulnerables. Los programas estaban fragmentados, desarticulados y superpuestos. Tampoco había planificación con objetivos de largo plazo ni seguimiento de las acciones.

Los programas tenían intermediarios (municipios, organizaciones sociales o sindicatos) que, en muchos casos, los aprovechaban para su beneficio político.

Qué hicimos

Cerca de tres millones de trabajadores se desempeñan cada día en la economía social o economía popular. En su mayoría, mujeres y hombres a quienes las crisis recurrentes de la economía dejaron fuera del mercado formal de trabajo y que encontraron en la economía social un medio de subsistencia. Muchos de ellos son beneficiarios de programas sociales que fallaron como vías de transición hacia el empleo formal y terminaron convirtiéndose en un medio de vida.

El Gobierno buscó cambiar esta lógica, a partir de la construcción de puentes que ampliaran sus oportunidades y generamos distintas iniciativas para estar más cerca porque es la única manera de generar cambios reales y de largo plazo. Los programas de transferencia deben estar orientados a la formación de capital humano y la generación de oportunidades reales.

Por eso en 2016 hicimos una entrevista a cada uno de los titulares de los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el Barrio en las oficinas de la Anses para conocer su situación social y la de sus familias. Gracias a ese esfuerzo pudimos saber que cerca de la mitad de los beneficiarios no había terminado el secundario y casi un 20% tenía el primario incompleto; el 70% de las titulares son mujeres y el 85% tiene hijos menores de 18 años.

A partir de entender la situación de cada persona el Gobierno inició un proceso de reformulación de los programas cuyo resultado fue la creación en 2018 de Hacemos Futuro.

Hacemos Futuro. A diferencia de sus predecesores, Hacemos Futuro exige como condición a quienes reciben un plan social terminar sus estudios primarios y secundarios, realizar cursos de formación y capacitación y completar una actualización de datos en las oficinas de la ANSES.

Cada año adicional de educación formal implica un aumento en los ingresos futuros y una disminución en el riesgo de vida para los niños a cargo. Desde el inicio de la gestión 142.011 personas están cursando o se inscribieron para terminar sus estudios y 67.558 pudieron finalizar el secundario.  

Los cursos de formación y capacitación son una herramienta fundamental para generar oportunidades para acceder a un empleo formal o insertarse en el mundo laboral a través del autoempleo.155.090 personas pasaron por algún tipo de práctica formativa. En este contexto, los titulares han realizado 3.433 obras para el mejoramiento de los barrios en los que residen.

Además, se ha ampliado y diversificado la oferta de formación. A través de la plataforma Formate en Red los titulares pueden elegir entre 19.402 formaciones y cuentan con 390.000 cupos. También se desarrolló la Plataforma Portal de Empleo donde los titulares pueden cargar su currículum vitae y acceder a búsquedas de empleo.

Transparencia. Ya no hay intermediarios en el programa y los beneficios se transfieren directamente a sus participantes. Todos las personas cobran por medio del Banco Nación, cada una con su tarjeta de débito (personal e intransferible).

También, para mejorar la transparencia, se implementó una línea telefónica de atención de consultas y de denuncias por posibles irregularidades, para que cualquier persona que fuera amenazada o intimidada pueda comunicarse. Se han recibido más de 1.200 consultas. A aquellas personas a las que se les exigía un aporte de su subsidio se las ha acompañado a hacer las denuncias policiales locales correspondientes.

Egresados del programa. Alrededor de 10.000 personas dejaron de cobrar su beneficio porque consiguieron empleo formal, al menos en parte gracias a la capacitación y el entrenamiento recibido durante su participación.

En muchos casos, los titulares que llevaban mucho tiempo en los programas sociales tenían temor de acceder a un empleo en blanco, ante la posibilidad de perderlo y ya no contar ni con ese salario ni con la asignación del programa al que pertenecían antes. Por ello se efectivizó que pudieran mantenerse en el programa por un año si consiguen un empleo formal.

Desafíos pendientes

Hacia adelante, el desafío es seguir profundizando el cambio de paradigma en los programas de transferencia, especialmente en las dos direcciones iniciadas por este Gobierno: más transparencia y cercanía entre el Estado y las personas, sin intermediarios que decidan por ellas; y más foco en el carácter de desarrollo de capital humano de los programas, cuyo fin debe ser fortalecer a las personas para que puedan ser parte del sistema formal.

AGUA, CLOACAS E INUNDACIONES

Síntesis

  • El agua potable y las cloacas mejoran la calidad de vida de las personas y son fundamentales para un desarrollo humano alto y una vida saludable. El Gobierno aspira a que para 2025 el 100% de la población urbana tenga agua corriente y el 75%, cloacas.
  • Para ello estamos ejecutando junto a las provincias y los municipios el Plan Nacional de Agua, y la priorización de las obras está orientada no por criterios políticos sino por la evaluación objetiva de cada lugar y de las necesidades de sus habitantes.
  • El Gobierno encontró una política de agua y saneamiento sin planificación y con décadas acumuladas de desinversión. Las obras, si se llegaban a hacer, se pensaban no con criterios técnicos sino por conveniencia política o personal de los funcionarios. En muchos casos quedaban abandonadas a medio construir o eran vandalizadas poco después de su inauguración.
  • En 2015 el 87% de los argentinos tenía acceso a agua corriente y el 58% a cloacas. En estos tres años llevamos esa cobertura al 88,6% y 62,5%, respectivamente, con el objetivo (y el presupuesto aprobado para ello) de llegar a 90% y 65% a fines de 2019.
  • En el Área Metropolitana de Buenos Aires estamos haciendo la obra de agua y cloacas más importante desde 1944, con las mejoras en el Sistema Matanza Riachuelo, que en 2023 beneficiarán a más de 4,5 millones de personas y evitarán el vuelco de líquidos cloacales en el Riachuelo, la principal fuente de contaminación del río.
  • Además, para fin de 2019 se habrán terminado 140 obras para prevenir inundaciones, con más de 100 centros urbanos y más de tres millones de hectáreas productivas protegidas.
  • Desafíos pendientes. Fortalecer el trabajo interprovincial sobre cuencas y avanzar con las nuevas áreas de riego, que llevarán agua, producción agropecuaria y empleo a zonas áridas de todo el país.

Qué encontramos

En diciembre de 2015, de los 3,9 millones de personas que residían en áreas urbanas, el 87% tenía acceso a agua por red pública y el 58% a cloacas. Este promedio disimulaba inequidades de acceso a los servicios a nivel regional y dentro de las jurisdicciones provinciales. El crecimiento de la población, las elevadas pérdidas por la falta de mantenimiento de las redes y la mala planificación agudizaron el déficit de agua en áreas con escasa cobertura, en particular en el conurbano bonaerense. Menos del 20% de las aguas servidas eran tratadas antes de su descarga final.

El Gobierno se encontró con una absoluta falta de planificación y con décadas de desinversión. La provincia de Corrientes, por ejemplo, no había recibido ni un peso en doce años para obras contra inundaciones porque el gobierno provincial no respondía a los intereses del Gobierno Nacional, a pesar de que las inundaciones afectaban a gran porcentaje del territorio correntino.

Las obras hídricas estaban paralizadas en un gran porcentaje por falta de pagos, frenados a principios de 2015. Barrios enteros debieron padecer calles cortadas y veredas abiertas que les impedían acceder a sus hogares porque la obra había sido paralizada. Un caso paradigmático es el Arroyo Boquerón, en Morón. Obras fundamentales como el Segundo Acueducto del Chaco o la (recientemente finalizada) presa del Bolsón también padecían atrasos en los pagos, que frenaban su avance.

En la provincia de Buenos Aires, plantas de tratamiento financiadas con créditos internacionales habían sido vandalizadas y abandonadas al mes de haber sido finalizadas. En algunas regiones nos encontramos con plantas de tratamiento al 10% de su capacidad porque no habían sido contempladas las redes cloacales. Toda la inversión destinada a mejorar la calidad de vida de los bonaerenses fue desperdiciada por la falta de cuidado y planificación.

Qué hicimos

En este marco se diseñó el Plan Nacional de Agua (PNA), cuyo primer eje tiene como objetivo alcanzar una cobertura del 100% de agua potable y del 75% de saneamiento (redes cloacales y plantas de tratamiento) a nivel nacional. Desde que se lanzó el plan, la población urbana con disponibilidad de agua de red pública creció 1,6 puntos porcentuales (a 88,6%), mientras que entre 2010 y 2015 había crecido un sólo punto porcentual.

Además, mientras la población en vivienda particular en áreas urbanas con disponibilidad de servicio de desagüe cloacal creció cinco puntos porcentuales entre 2009 (53%) y 2015 (58%), desde la implementación del PNA, el aumento fue de 4,5 puntos, hasta el 62,5%. Es decir: casi se duplicó la velocidad de crecimiento de la cobertura cloacal.

Entre 2016 y 2018 incorporamos 817.000 habitantes a la red de agua potable y 1,5 millones a la red de cloacas.

En noviembre de 2018 se habían finalizado más de 400 obras de agua y cloacas y se estaban ejecutando otras 105 obras de agua potable y 129 de saneamiento en todo el país. La cartera de obras de la gestión incluye más de 40 plantas de tratamiento, que vienen a duplicar la capacidad de tratamiento del país.

Riachuelo. Entre las obras grandes se puede señalar el Sistema Matanza Riachuelo, que en 2023 beneficiará a más de 4,3 millones de vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires, con una inversión de 1.200 millones de dólares. Es la obra de agua y cloacas más importante en el AMBA desde 1944.

Esta megaobra de infraestructura va a incrementar la capacidad de transporte de los líquidos cloacales, dará mayor seguridad y flexibilidad al sistema y mejorará la calidad del servicio y el saneamiento del Riachuelo, gracias al tratamiento de los efluentes cloacales. El Sistema Riachuelo está integrado por una planta de pretratamiento, estaciones de bombeo, un emisario subfluvial y obras de transporte e intercepción.

Sistema Agua Sur. También estamos construyendo el Sistema Agua Sur, para asegurar el abastecimiento de agua potable en los partidos de Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Ezeiza y La Matanza. Las obras contemplan la ampliación de la Planta Potabilizadora General Belgrano, la construcción de un río subterráneo de 23 kilómetros (que facilitará la expansión y mejorará el abastecimiento del servicio), dos estaciones elevadoras y cañerías primarias que transportarán el agua hacia las zonas de demanda. Estas obras beneficiarán a una población aproximada de 2,5 millones de habitantes, con la incorporación de nuevos usuarios y mejorando el servicio de los usuarios actuales.

Además, estamos ampliando la Planta Depuradora Sudoeste (Aldo Bonzi, partido de La Matanza) y la Planta Depuradora Hurlingham, ambas en la provincia de Buenos Aires, que beneficiarán a 330.000 y 300.000 habitantes respectivamente.

En pequeñas localidades que nunca tuvieron acceso a servicios básicos y donde los desechos cloacales se acumulaban en las calles y constituían un riesgo para la salud, las obras modificaron sustancialmente la calidad de vida de los vecinos. Por ejemplo, en la provincia del Chaco, se realizaron las primeras obras de cloaca en localidades que carecían por completo de desagües, como Laguna Limpia y Capitán Solari, que benefician a 7.000 vecinos.

Más municipios en AySA. Con el objetivo de cumplir las metas fijadas por el Plan Nacional del Agua para universalizar la provisión de agua potable y saneamiento la empresa AySA comenzó en 2016 la expansión de su área de concesión, con la incorporación gradual de nueve municipios del Área Metropolitana en los que viven 3,2 millones de personas, duplicando así la superficie del área concesionada a 3.300 kilómetros cuadrados.

El área de cobertura de AySA incorporó al área de concesión los partidos de Escobar, Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Miguel en 2016. En 2017 sumó Moreno, Merlo y Florencio Varela, y Presidente Perón y Pilar en 2018.

Prevención de inundaciones. En estos tres años se firmaron 85 convenios para obras en todas las provincias. Terminamos más de 60 obras contra inundaciones en todo el país, muchas de las cuales fueron iniciadas por esta gestión y finalizadas en tiempo récord, como la defensa sur de la ciudad de Concordia, que no padeció nuevas inundaciones desde la inauguración. Hay otras 90 en ejecución y nueve en licitación (por un monto de 30.000 millones de pesos). Pusimos en marcha la etapa IV del Plan Maestro del Río Salado, la obra contra inundaciones más importante del país, que beneficiará a cinco provincias y más de un millón de hectáreas productivas.

Restauración de cuencas. Como parte del trabajo con las provincias, el Gobierno avanzó en la constitución y conformación de nuevos comités de cuenca interprovinciales con representantes de las provincias y de la Nación. El Consejo Hídrico Federal se convirtió en una mesa de diálogo entre todas las provincias del país. Los actores involucrados en el manejo del recurso hídrico discuten y acuerdan políticas de Estado. Como ejemplo de ello, en 2016 se constituyeron las comisiones interjurisdiccionales de la Cuenca del Río Carcarañá, de la Laguna La Picasa, de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana, y de la Cuenca del Arroyo Medrano.

Represas. El eje 4 del Plan del Agua contempla la realización de grandes obras multipropósito para garantizar la provisión de agua potable, riego, generación de energía limpia, turismo y fomento de las economías regionales en lugares donde la escasez de agua es muy significativa. En 2018 se lanzó la licitación para la realización de la represa El Tambolar en la provincia de San Juan y comenzó el proceso licitatorio de Portezuelo del Viento en el sur de la provincia de Mendoza. Ambas presas fueron proyectadas hace más de 40 años y hoy comienzan a hacerse realidad.

Plan de riego. Se creó el Programa Nacional de Nuevas Áreas de Riego, con el objetivo de dar cuenta del enorme potencial de ampliación de la producción agrícola bajo riego de la Argentina y generar una herramienta de identificación, desarrollo y ejecución de los proyectos concretos identificados.

Se identificaron 49 proyectos potenciales en 18 provincias, que pueden ser instrumentados bajo esquemas de financiación público‑privada. Se priorizaron tres a modo piloto, para los cuales se hizo una evaluación técnica y económica para estudiar su factibilidad en distintos esquemas de financiación público‑privada: Negro Muerto (Rio Negro), Meseta Intermedia (Chubut) y Mari Menuco (Neuquen).

Red Hidrológica Nacional. Se puso en marcha la nueva red hidrológica nacional que multiplicará por diez los puntos de medición en tiempo real y, por primera vez, contará con información sobre cantidad y calidad de agua y más de 400 puntos de todo el país.

Desafíos pendientes

Una prioridad para el futuro de la gestión es seguir incrementando nuestras capacidades para prevenir inundaciones. Para 2019 estimamos tener más 140 obras finalizadas, más de 100 centros urbanos protegidos y más de tres millones de hectáreas adaptadas.

Otros desafíos pendientes:

  • Continuar la mejora del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos. Ya instalamos seis y restan 12 más. Están operativos, por ejemplo, los de Mar del Plata y Mercedes (Corrientes) que brindan certezas climáticas a más de 400 kilómetros a la redonda.
  • La licitación de planes directores estratégicos, entre los que se destacan el Plan Director para la Gestión Integrada y Sostenible de los Recursos Hídricos del Noroeste de la Llanura Pampeana y la evaluación de los sistemas estructurales de defensas para el control de crecidas en el Litoral Argentino.
  • La creación de Comités de Cuencas Interjurisdiccionales para trabajar en la gobernanza del recurso hídrico en forma coordinada con las jurisdicciones.

Pero lo más importante para nuestra gestión es continuar implementando el Plan Nacional de Agua, que, como ya se dijo, tiene como objetivo primario alcanzar la cobertura universal de agua potable y del 75% de saneamiento (redes cloacales y plantas de tratamiento) a nivel nacional.

Para alcanzar el objetivo el plan requiere de una inversión total estimada de 22.000 millones de dólares. Se estima que en el periodo 2016‑2019 la inversión conjunta de Nación y las provincias será de 6.000 millones de dólares. Para fin de 2019 se estima que la cobertura será de 90% para agua y 65% para cloacas. Si se sostienen los niveles de inversión nacional y provincial se estima que se alcanzará la meta para 2025.

VIVIENDA Y CRÉDITO HIPOTECARIO

Síntesis

  • En diciembre de 2015, el Gobierno nacional encontró que el 28% de las familias argentinas tenía problemas de vivienda. Faltaban 1,6 millones de casas nuevas y otros 2,2 millones de hogares necesitaban reformas urgentes. El crédito hipotecario prácticamente había desaparecido.
  • En 2016 se lanzó el Plan Nacional de Vivienda, un programa integral que ofrece una solución para los distintos ingresos de cada tipo de familia y proyecta un Estado menos enfocado en la construcción de viviendas y más orientado a facilitarles a las familias el acceso a la casa propia. Es decir, pasar de un Estado constructor a un Estado facilitador.
  • Uno de los cambios principales fue la creación de la UVA, una unidad de cuenta que permite otorgar créditos hipotecarios con cuotas ajustables según la inflación. En estos tres años se otorgaron más de 170.000 créditos hipotecarios, de los que más de 100.000 fueron en UVA.
  • Además, se renovó y amplió el plan ProCreAr, uno de cuyos requisitos pasó a ser que el ingreso familiar fuera inferior a cuatro salarios mínimos. El plan ya no se financia con los fondos jubilatorios sino con los bancos públicos y privados que ofrecen los créditos, y el Gobierno subsidia el capital para la compra o la construcción de la primera vivienda.
  • Otras 100.000 viviendas se terminaron o están siendo construidas actualmente con fondos públicos nacionales, con lo que en estos cuatro años entre créditos y viviendas sociales se habrá mejorado la situación habitacional de casi un millón de personas.
  • Es la primera vez en la historia del país que existe una política de vivienda integral, que incluye soluciones para cada tipo de familia. El Gobierno reserva un papel para el sector privado y entiende que una casa es más valiosa y produce verdadera inclusión social si está insertada en su comunidad y apoyada en el acceso a los servicios públicos y un entorno urbano sustentable.
  • Desafíos pendientes. Estamos trabajando para mejorar la regulación del sistema financiero orientado a la vivienda, con el objetivo de aumentar la oferta de fondos prestables y que esto se traduzca en una mayor cantidad de créditos para compradores. Y, también, para poder tener mercados intermedios con crédito a desarrolladores, a aseguradoras y a inversores.

Qué encontramos

En diciembre de 2015 hacía falta en la Argentina 1,6 millones de viviendas nuevas. Además, había otros 2,2 millones de hogares que necesitaban refacciones, ampliaciones o mejor infraestructura. El problema, que en total alcanzaba al 28% de las familias u hogares del país, había crecido aceleradamente en los años anteriores, según un estudio del Ministerio del Interior.

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El empeoramiento de la situación no se debió a falta de dinero público. En todos estos años hubo un abundante financiamiento del Estado a proyectos de vivienda social, pero administrado de modo ineficiente y, en ocasiones, con criterios políticos discrecionales y clientelares. Se invirtió mucho pero se invirtió mal, sin planificación ni transparencia, lo que explica en parte la persistencia y la ampliación de los déficits de vivienda. Ante la ausencia de crédito, las familias se procuraron como pudieron la vivienda propia, en muchos casos deficitaria y sin acceso a los servicios básicos.

El programa más ambicioso del gobierno anterior fue el Plan ProCreAr, lanzado en 2012. Financiado por las generaciones futuras de argentinos a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), de la ANSES, daba créditos a tasas subsidiadas –y negativas, por debajo de la inflación– a familias elegidas a través de un sorteo, no siempre las que más lo necesitaban.

Sería injusto, de todas maneras, achacarle sólo al gobierno anterior los problemas crónicos de la vivienda en Argentina, que acumulaba varias décadas de frustraciones y contradicciones. La historia de la política habitacional más o menos reciente ha sido un péndulo entre los subsidios a la oferta (constructoras, provincias) y los subsidios a la demanda (fomento al crédito, programas de ahorro), que nunca lograron completar su objetivo. Dos resultados visibles de estos fracasos son los barrios a medio terminar, o que nunca entregaron títulos de propiedad, y el colapso de los créditos hipotecarios después de cada crisis económica, como en 1975 o 2001.

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Qué hicimos

Una política de vivienda integral y de largo plazo es imprescindible para darles a las familias argentinas la posibilidad de autonomía y cimientos firmes sobre los cuales construir sus sueños de movilidad social. El Gobierno combate la pobreza desde una visión multidimensional: para dejar de ser pobre, una familia necesita no sólo mayores ingresos, sino también una mejor calidad de vida y la posibilidad cierta de sentirse ciudadanos plenos, con derecho a ocupar, si se lo proponen, el lugar que deseen dentro de la sociedad.

Una política de vivienda exitosa ayuda a conseguir todos estos objetivos y, además, como muestran diversos estudios, mejora la salud, la educación y la integración social de las familias beneficiadas y produce más comunidad en los barrios.

Plan Nacional de Vivienda. El Gobierno lanzó en 2016 el Plan Nacional de Vivienda con el objetivo de orientar el desarrollo de proyectos nuevos para que hubiera más oferta para las familias. Una manera de lograr esto son las reformas necesarias para volver a tener un sistema de hipotecas al mismo tiempo atractivo para las familias y sostenible en el largo plazo. Un sistema tal había estado ausente durante décadas. Otra manera de hacerlo es reformar y ampliar la política de subsidios, para ayudar a dar el último paso a las familias que no califican para el crédito bancario.

El objetivo es ir pasando de un Estado constructor a lo que el Gobierno llama un Estado facilitador, al mismo tiempo que aumenta significativamente la cantidad de viviendas. Un Estado constructor, como el que tuvimos históricamente, concentra la mayoría de sus esfuerzos en construir viviendas por sí mismo, o en transferirles fondos a las provincias para que construyan las suyas. Es deficitario, difícil de controlar, caro y no tiene escala.

Un Estado facilitador, en cambio, concentra sus esfuerzos en ayudar a las familias compradoras, darle estabilidad y profundidad al mercado hipotecario y reservar la construcción con fines sociales para los casos más urgentes. Y en intervenir, especialmente, en la urbanización integral de barrios populares: llevarles la infraestructura básica que necesitan, darles el título de propiedad de su casas y proponerles préstamos para mejorar sus viviendas. Algunos avances:

  • Vivienda social. Mediante las distintas políticas del Plan Nacional de Vivienda se terminaron y entregaron 49.412 viviendas sociales y están en ejecución otras 49.875. También se realizaron 34.974 mejoramientos y 72.045 procesos de regularización dominial, para mejorar la situación de quienes ya tenían su vivienda, pero sin que estuviera correctamente escriturada o certificada.
  • Los adjudicatarios de las viviendas son ingresados en un Sistema de Gestión de Beneficiarios, cuyo objetivo es garantizar que las viviendas se entreguen a quienes más lo necesitan. Por eso se validan los ingresos de las familias, se constata la inexistencia de otra propiedad y se evalúa la situación de vulnerabilidad a través del cruce con bases de la ANSES, la AFIP y el BCRA. Actualmente cuenta con más de dos millones de registros.
  • FONAVI. Hasta la firma del Consenso Fiscal a fines de 2017, el dinero del FONAVI era de libre disposición y por eso muchas provincias lo usaban para gastos corrientes, como pagar sueldos. El objetivo es ahora que el sistema de financiamiento de desarrolladores se apalanque en estos fondos, así puede haber más viviendas con el mismo monto total, compartiendo el riesgo con el sector privado pero, también, fortaleciendo al ecosistema pyme constructor de las distintas provincias.
  • Mejor Hogar. Luego de la primera etapa del Mejor Hogar en la que se dieron 95.226 créditos entre compra de materiales y conexión a gas, se relanzó en coordinación con los créditos ANSES, aprovechando que estos últimos tenían una clara orientación al mejoramiento, la ampliación y la refacción del hogar. Se espera dar cerca de medio millón de créditos para mejoramientos con acuerdos firmados con corralones y comercios para mejorar precios y condiciones de venta.
  • Vivienda social para ACUMAR. Buscamos ofrecer soluciones de vivienda y mejoramientos, para cumplir con el fallo de 2008 en la causa “Mendoza”, que obligó a ACUMAR a llevar adelante un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) para la recuperación de la Cuenca Matanza Riachuelo. Se llevan terminadas 1.630 viviendas y hay 1.522 en ejecución.
  • Viviendas para la Emergencia. Se trata de un proyecto desarrollado para dar solución a casos de emergencia hídrica. Hasta el momento hay 835 viviendas en ejecución y 139 por iniciar. Además, se licitó, a través del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, la provisión de viviendas para atender a la emergencia. Son unidades prefabricadas por un proveedor por región, con contrato abierto por un año, con un tiempo de respuesta de no más de seis meses desde ocurrida la emergencia.
  • Fideicomiso de Vivienda Social. Se creó con la finalidad de aumentar la oferta de viviendas mediante un nuevo esquema de financiamiento, sumado al esquema de Unidad de Vivienda como mecanismo de actualización de valores de obra. Hoy cuenta con 5.033 viviendas.

Con este principio –ofrecerle a cada familia una solución acorde a sus posibilidades– se lanzó el año pasado el Plan Nacional de Vivienda. Creemos que es la primera vez que hay en el país una política de vivienda con esta mirada integral sobre el tema.

Renacimiento del crédito hipotecario. En las últimas décadas, la inflación, la incertidumbre económica y la falta de estímulo hicieron casi desaparecer el mercado hipotecario. En 2015 prácticamente no hubo crédito hipotecario en la Argentina, y en el momento del cambio de gobierno, los créditos equivalían a sólo 0,8% del PBI de la economía (0,4% para vivienda) y se encontraban en clara decadencia. En países como Chile (19%), Costa Rica (15%) y Colombia (4%), el número era (y sigue siendo) varias veces superior.

Desde la creación de la UVA, a comienzos de 2016, el crédito hipotecario volvió a ser una opción para muchos hogares que buscaban empezar a ser propietarios, así como también para quienes querían ampliar su casa o mudarse a una más grande.

El acceso a la vivienda propia se facilitó a partir de la fuerte reducción en las cuotas iniciales, una de las principales restricciones para quienes buscan financiamiento. En junio de 2016, cuando se empezaron a otorgar los primeros créditos UVA, menos del 10% de los hogares podía acceder a un crédito hipotecario, mientras que un crédito UVA ampliaba el acceso a cerca del 35% de los hogares.

Gracias a esto, desde 2016 se dieron más de 170.000 créditos hipotecarios, de los cuales 109.000 fueron en UVA. Estos créditos se otorgaron con cuotas similares a lo que se hubiera pagado por alquilar ese inmueble y, en la mayoría de los casos, representaron la principal forma de ahorro de esas familias. La tasa de mora es la menor desde que se tienen registros y la situación patrimonial de los hogares ha mejorado significativamente desde que sacaron el crédito.

A partir de 2017, el Banco Nación comenzó a ofrecer créditos a 30 años y eso impactó en el mercado, impulsando al resto de los competidores a prestar a plazos más largos. El plazo promedio pasó de 15 años en mayo de 2016 a 25 años en octubre de 2018, aunque tuvo picos de 27 años en abril.

En los últimos meses, sin embargo, la demanda de nuevos créditos cayó, afectada por la depreciación del peso y la persistencia de los precios en dólares del mercado inmobiliario, que aumentó el umbral de ingresos requeridos para acceder a un inmueble.

Aun así, en diciembre (el peor mes de 2018 para el sector) se otorgaron cerca de 2.000 créditos hipotecarios en UVA y 2.800 en total, alrededor del triple que el promedio de 2015. En 2018 la participación de la cartera de créditos hipotecarios en el PBI superará el 1,6% del PBI, algo que no sucedía hace casi una década.

En los próximos años, a medida que se normalice la macroeconomía y tengan más certidumbre las familias sobre sus ingresos, el ritmo de liquidación de créditos hipotecarios podría volver al de principios y mediados de 2018.

Plan ProCreAr. En 2016 relanzamos el plan ProCreAr y más de 30.000 familias pudieron acceder a su vivienda a través del programa, que incluye un subsidio promedio de 300.000 pesos, ahorro del beneficiario y un crédito otorgado por un banco comercial. Más de la mitad de los que sacaron un crédito ProCreAr dejaron de ser inquilinos.

El programa tiene un nuevo diseño, superior al anterior. Desde mediados de 2016, la selección ya no depende del azar sino que se basa en un puntaje que se calcula para cada familia que se inscribe, basado en las principales características socioeconómicas. Se busca poder asignar correctamente los fondos a quienes más los necesitan y no a la construcción de viviendas lujosas en barrios privados.

La participación del Estado ya no se produce a través de un subsidio de tasa sino con una bonificación no reembolsable. Esto es mejor porque, en primer lugar, no distorsiona la competencia entre los bancos sino que genera una mayor cantidad de familias buscando crédito e incentiva a los bancos a ofrecer las mejores condiciones. En segundo lugar, al bonificar el capital, la deuda se reduce considerablemente y permite ampliar el acceso de muchas familias a la vivienda.

Estamos impulsando el ahorro de los jóvenes a través de la línea ProCreAr Ahorro Joven, con más de 8.000 futuros propietarios que accederán a su vivienda en 2019. Este programa, el primero de su tipo en la Argentina, busca incluir en el sistema financiero a jóvenes con trabajo formal o informal para que, a partir de ahorrar durante un año, tengan un historial financiero que les facilite el acceso al crédito.

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Facilitar la construcción. Desde hace dos años el Gobierno mantiene conversaciones con desarrolladores, el sector inmobiliario y el sistema bancario para atender y solucionar los problemas que complican la construcción de nuevas viviendas. Algunos avances:

  • Anunciamos en 2018 un paquete de medidas para impulsar la construcción de viviendas y potenciar el empleo en el sector. Con la sanción del presupuesto también se aprobó un impulso para desarrolladores vía reducción o exención de IVA, impuesto a los débitos y créditos, ganancias e ingresos brutos (sujeto a adhesión de las provincias).
  • Lanzamos líneas de crédito intermedio a desarrolladores contra boleto de compraventa, que pasará a ser registrable y tomado como garantía.
  • Para orientar la inversión a proyectos con destino de vivienda social presentamos la exención de IVA (vía devolución de crédito fiscal) para proyectos de viviendas de hasta 140.000 UVA (unos 100.000 dólares a precios de hoy) aprobados por la Secretaría de Vivienda. Con estos beneficios se busca promover la construcción de 60.000 viviendas en cuatro años.
  • Se reducirá la alícuota de ganancias a los Fondos Comunes Cerrados de Inversión y Fideicomisos Financieros que inviertan en viviendas de hasta 220.000 UVA (unos 155.000 dólares a precios de hoy). Las compañías de seguros van a poder invertir en estos FCI y aprovechar la exención de ganancias.
  • Buscamos seguir mejorando la regulación del sector y hacerla más amigable a las necesidades de la oferta pero también a la de los hogares. Los seguros de caución permitirán ampliar el acceso al crédito a los constructores. El Banco Nación financiará a constructores, tomando como garantía un seguro de caución válido hasta el fin de la obra municipal. Además, la creación de un seguro hipotecario para los bancos permitirá bajar las tasas y mejorar el perfil crediticio de los hogares.
  • Con el objetivo de acelerar los procesos de otorgamiento de crédito hipotecario en los casos en que se compra desde el pozo, se habilitarán el registro y la digitalización del boleto de compraventa, para concederle carácter público y escriturable, al pasar a ser un documento oponible a terceros. El crédito podrá darse desde el momento en el que hay boleto y este será la garantía.
  • Como entendemos que una parte esencial del acceso a la vivienda es el acceso a la tierra, se licitarán predios de la AABE. El lote se le entregará al desarrollador a modo de subsidio, a diferencia de la manera actual, en la que se da una bonificación de capital.

Nuevos estándares mínimos de calidad. Se puso el foco en mejorar la calidad de las soluciones habitacionales progresivamente. Se definió el Nivel B de transmitancia térmica de la Norma IRAM 11601 como obligatorio y se incorporó, también como obligatoria, la provisión de Sistema Solar Térmico para provisión de agua caliente sanitaria, con la intención de mejorar la eficiencia energética de las viviendas.

Sistemas constructivos. Con el objetivo de mejorar la productividad en la generación de viviendas se declararon como tradicionales los sistemas constructivos de Steel Framing y Entramado en Madera.

Vivienda sustentable. La construcción de viviendas no puede ser ajena a su impacto en el ambiente. El objetivo es, por un lado, disminuir el gasto de las familias asociado a los servicios del hogar y, por el otro, cumplir el compromiso asumido por la Argentina en el Acuerdo de París. Todos los proyectos que sean en conjunto con la Secretaría de Vivienda deberán asegurar el acceso a los servicios y el equipamiento, procurando a su vez consolidar los núcleos urbanos existentes, completando espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y densificando los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo, basado en los principios de la integración sociourbana.

A su vez, se deberán asegurar niveles de aislación adecuados para reducir el consumo energético del hogar. Para lograr este objetivo se han desarrollado acciones que promovieran el uso de sistemas constructivos industrializados, que no sólo reducen los tiempos de ejecución sustancialmente sino que además logran los niveles de eficiencia necesarios con más facilidad.

Todos los proyectos deberán incluir equipamiento para reducir fuertemente el consumo energético del hogar, y para ello se exigirá que incluyan sistema solar térmico para el agua caliente sanitaria, como requisito indispensable.

Desafíos pendientes

Tenemos que pensar a la vivienda como el centro de la vida de una familia. Debe tenerse en cuenta el impacto en el medioambiente, y cómo la ubicación, los servicios públicos y el acceso a oportunidades determinan el día a día de las personas. Todo desarrollo urbanístico debe ser considerado desde esta perspectiva.

Casi uno de cada cuatro hogares tiene problemas en su vivienda o no tiene dónde vivir. Faltan nuevas viviendas, y falta mejorar las que ya existen, pero para que eso suceda también tenemos que pensar en esquemas de financiamiento sostenibles. Al ser la vivienda el principal activo de una familia, difícilmente sea posible que se compre sin un mercado de capitales que financie a largo plazo. Estamos trabajando en un esquema que permita usar los recursos del FGS según lo dicta la ley que lo creó, para invertirlos en la promoción de nuevas viviendas. Esto se complementaría con la licitación de tierra pública para la construcción (a través de la AABE) y el uso de recursos del FONAVI como fondo de garantía para otorgar crédito a las pymes constructoras provinciales.

Además, la regulación argentina para la compra y el alquiler de vivienda está muy atrasada, consistentemente con lo pequeño del mercado hipotecario y lo difícil del acceso a la vivienda. Tenemos el desafío de impulsar los seguros de caución para que los desarrolladores puedan acceder al financiamiento intermedio y los bancos estén cubiertos de posibles inconvenientes con la terminación de la obra.

HÁBITAT E INTEGRACIÓN DE BARRIOS POPULARES

Síntesis

  • Por primera vez en su historia nuestro país tiene una estrategia para la integración social y urbana de los barrios populares. Después de décadas de abandono, al margen de las políticas públicas y aislados de las ciudades formales, el Gobierno está trabajando de manera integral en villas y asentamientos de todo el país.
  • Para avanzar en una transformación profunda e integral de las villas y los asentamientos en 2016 iniciamos el primer relevamiento nacional de barrios populares junto a organizaciones de la sociedad civil. Ahora conocemos sus características y las de las familias que viven en ellos.
  • Con esa información se creó el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que comprende los 4.416 barrios populares existentes al 31 de diciembre de 2016. Cada familia relevada en el marco del Renabap puede acceder al Certificado de Vivienda Familiar (CVF), un documento que les permite acreditar su domicilio ante autoridades y solicitar el acceso a servicios públicos. Hasta enero de 2019 se entregaron más de 170.000 CVF en todo el país y había otros 360.000 listos para entregar.
  • En 2018 el Congreso aprobó la Ley de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que permite consolidar una política pública consistente y de largo plazo para promover la integración y el desarrollo integral de los barrios populares.
  • La ley declara de utilidad pública los terrenos identificados en el Renabap y faculta al Gobierno a expropiar aquellos que son privados. Además, suspende los desalojos por cuatro años y genera proyectos de integración socio urbana para los barrios populares. Ya estamos trabajando en nueve provincias combinando la inversión en infraestructura con el desarrollo humano, comunitario y socioproductivo.
  • A medida que avanza este proceso, invertimos más de 24.000 millones de pesos en infraestructura urbana para 62 barrios y villas urbanas de ciudades que se habían extendido sin servicios ni planificación. Estamos trabajando en otro 320. También llevamos infraestructura a más 100 localidades más vulnerables del país con intervenciones integrales.
  • Desafíos pendientes. Tenemos por delante escalar, desde este abordaje integral, el trabajo a todos los barrios que forman parte del registro de barrios populares, a partir de una planificación consistente, fiscalmente responsable, con involucramiento pleno de todas las jurisdicciones de gobierno y de largo plazo, que consolide la integración sociourbana como verdadera política de Estado.

Qué encontramos

Los barrios populares, las villas y los asentamientos en los márgenes de nuestras grandes ciudades crecieron durante décadas sin planificación, casi sin servicios y sin una respuesta adecuada o coordinada de parte del Estado. Según el relevamiento iniciado en agosto de 2016, unas 930.000 familias viven en barrios populares de este tipo y el 40% de sus habitantes tiene menos de 15 años.

Más de la mitad de los barrios que relevamos nacieron antes de 2000 y un cuarto son posteriores a 2010. De sus habitantes:

  • 94% no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente
  • 99% no cuenta con acceso formal a la red cloacal
  • 71% no cuenta con acceso formal a la red de energía eléctrica
  • 98% no cuenta con acceso formal a la red de gas natural

Hasta hoy, la problemática del segmento más vulnerable del hábitat informal en la Argentina nunca había sido parte de la agenda pública con la puesta en marcha de un plan concreto, integral y de largo plazo.

Qué hicimos

Desde agosto de 2016, junto a Cáritas Argentina, Techo y otras organizaciones sociales, se está llevando adelante por primera vez un relevamiento de las villas y asentamientos en ciudades de más de 100.000 habitantes de todo el país, donde la tenencia de la tierra es precaria y la mayoría de las familias carece de acceso formal a los servicios básicos de agua potable, saneamiento o red eléctrica. Esto significó los primeros pasos de un proceso histórico que permitió tener información certera acerca de cuántas familias viven, cómo están compuestas y cuáles son sus necesidades.

A partir de este trabajo, en 2017 se conformó el Registro Nacional de Barrios Populares, que identifica, reconoce y localiza 4.416 barrios populares de todo el país. Por decreto se creó el Certificado de Vivienda Familiar, un documento emitido por la ANSES que permite a las familias relevadas acreditar su domicilio ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o municipal, entes y empresas privadas y solicitar el acceso a servicios públicos (como agua corriente, cloacas, energía eléctrica, red de gas natural).  Para la inmensa mayoría de las familias el CVF constituye el primer reconocimiento estatal, un paso fundamental hacia la plena construcción de ciudadanía. Hasta enero de 2019 más de 170.000 familias recibieron su CVF.

Además, a inicios de 2018 se creó la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, para promover el desarrollo urbano y social de los barrios populares y fortalecer así su vinculación con los sistemas sociales y productivos de las ciudades y las regiones en las que se encuentran.

Programa de Integración Socio Urbana. El Programa de Integración Socio Urbana entiende la inversión en acceso al agua, saneamiento y otras infraestructuras básicas como un componente esencial, aunque no suficiente, para el desarrollo sostenible y la integración de barrios y comunidades. El fortalecimiento y desarrollo social y comunitario, la promoción de derechos ciudadanos y el desarrollo productivo son una parte fundamental para erosionar las barreras que aún separan a los barrios populares de las ciudades formales. Más integración, entendida en sentido amplio, permitirá avanzar hacia una Argentina para todos y con mayor justicia social.

El trabajo de la secretaría se prioriza en una primera etapa en 11.000 familias de barrios de siete provincias: Jujuy, Salta, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén.

También se está trabajando junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires en proyectos de integración socio urbana de ocho barrios del Gran Buenos Aires: Costa Esperanza, Costa del Lago y 8 de Mayo, de San Martín; Barrio Presidente Sarmiento “Carlos Gardel”, de Morón; Libertad y Don Orione Viejo, de Almirante Brown; La Cava, de San Isidro; Porá, de Lanús; Itatí, de Quilmes; Barrio Almirante Brown “El Garrote”, de Tigre; y San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo de La Matanza.

Una nueva ley. Si bien había numerosos proyectos de ley vinculados a los barrios populares, villas y asentamientos, en 2018 se logró la sanción de Ley de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que sienta las bases para llevar adelante una política pública consistente, integral y sustentable que tienda a la integración social y urbana de los barrios más vulnerables del país. Esta ley tiene un profundo sentido federal y fomenta el trabajo conjunto entre la Nación, las provincias y los municipios.

La ley declara la utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles en los que se asientan los barrios populares relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares y cuya propiedad no sea del Estado Nacional. Además, suspende los desalojos por cuatro años, instruye a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a generar un régimen especial para la regularización dominial de los terrenos del registro, establece un marco para el desarrollo de proyectos de inversión para la integración socio urbana y crea un fideicomiso para su financiamiento.

Plan Nacional de Hábitat. En paralelo al avance del programa de integración de barrios y asentamiento, el Gobierno lanzó y está ejecutando el Plan Nacional de Hábitat, que en una primera etapa identificó las zonas del país con realidades complejas y cuyas barreras físicas y sociales las separaban de los grandes centros urbanos.

Pusimos en marcha un plan que incluye la urbanización integral de villas y asentamientos informales, para que sean barrios con acceso a agua potable y cloacas, calles con sus nombres y veredas iluminadas, espacios públicos y Núcleo de Integración y Desarrollo de Oportunidades de calidad, y donde cada familia sea dueña de su hogar, con un entorno de oportunidades, seguro, sustentable e inclusivo.

Se creó la Secretaría de Infraestructura Urbana (SIU) para el desarrollo de proyectos integrales que promueven la integración y la reconsolidación del tejido urbano, mejorando la conectividad y garantizando el acceso a los servicios básicos, al espacio público y a la ciudad.

Entre 2016 y 2018 invertimos más de 24.000 millones de pesos en obras de integración urbana que transformaron la vida de cerca de 300.000 familias. A fines de 2018 había otras 458 áreas en obra que beneficiarán a más un millón de familias.

En las localidades más pequeñas y vulnerables, trabajamos para universalizar el acceso al agua, a las cloacas, al espacio público y a la oportunidad de acceder a una vivienda. Actualmente, ya están finalizadas 30 obras en localidades vulnerables, 62 en ejecución y siete próximas a iniciar que benefician a más de 80.000 familias.  

En las ciudades llevamos adelante obras de renovación urbana orientadas a mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Renovamos espacios públicos como cascos urbanos, parques lineales y bordes costeros y recuperamos áreas vacantes o en desuso para generar oportunidades de desarrollo, basándonos en una mirada ambiental que incorpore distintos aspectos de cada ciudad a la hora de planificar las obras, como su historia, orígenes, sistema hídrico y geográfico entre otros.

Desafíos pendientes

Las principales iniciativas tomadas hasta ahora –el relevamiento de barrios populares y la sanción de la ley de integración urbana– son imprescindibles y fundamentales, pero apenas los primeros de un plan de varios años que deberían concluir, a través de este abordaje integral y de colaboración entre jurisdicciones, con la inclusión de los barrios y asentamientos en la trama de las ciudades en las que se encuentran, con los mismos beneficios, los mismos servicios y los mismo derechos (incluido el derecho de propiedad) que sus vecinos de la ciudad formal.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Síntesis

  • La Argentina no contaba con una política única e integral para las personas con discapacidad. El tema era tratado desde diferentes ópticas por organismos repartidos en distintos ministerios del Gobierno.
  • En 2017 presentamos el primer Plan Nacional de Discapacidad, que busca llevar adelante una política integral para garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
  • Ese compromiso se plasmó en la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que por primera vez centraliza, al máximo nivel, todas las políticas públicas del Estado Nacional. En este tiempo la ANDIS impulsó el primer estudio del INDEC sobre las personas con discapacidad, está ordenando programas como Incluir Salud y está relevando las pensiones por invalidez laboral y vulnerabilidad social.
  • Desafíos pendientes. Avanzar hacia la plena inclusión de las personas con discapacidad, garantizando que la asistencia del Estado llegue a quienes necesitan.

Qué encontramos

Una de cada diez personas en la Argentina tiene algún tipo de dificultad. Sin embargo, la Argentina no tenía hasta ahora ni una mirada unificada sobre la discapacidad ni una propuesta integral para las personas con discapacidad. Hasta 2017 las políticas estaban repartidas en distintos organismos, de distinto nivel y distintos ministerios. Había poca coordinación entre áreas y faltaba una visión integral sobre el tema.

Esta falta de coordinación llevó a que apenas el 30% de las personas con dificultades cuente con el Certificado Único de Discapacidad. El certificado es fundamental para que una persona pueda ejercer sus derechos y, al mismo tiempo, acreditar su discapacidad.

También contribuyó al crecimiento exponencial de las pensiones. Entre 2006 y 2015 la cantidad de pensiones por invalidez laboral y vulnerabilidad social pasó de 170.000 a 1.048.000. Los controles periódicos que hace la Agencia Nacional de Discapacidad pusieron en evidencia fraudes y estafas en el otorgamiento de esas pensiones: certificados incompletos, médicos que extendían muchas cantidades de certificados médicos obligatorios y personas que no cumplían con los requisitos.

Qué hicimos

El gobierno decidió darle a la discapacidad un lugar central en la agenda pública. Ese compromiso se puso en marcha con la creación del Primer Plan Nacional de Discapacidad que delinea los ejes de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad: 

  • igualdad para todas las personas;
  • trabajo, empleo y protección social;
  • educación y cultura;
  • accesibilidad universal y diseño para todos;
  • salud y rehabilitación;

El primer paso para avanzar sobre esos objetivos fue la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, a la que se le dio la máxima jerarquía al ponerla en dependencia directa de la Presidencia de la Nación. Este dato refleja el compromiso que tenemos sobre una política integral y transversal para las personas con discapacidad.

La creación de la Agencia hizo posible que por primera vez el Estado cuente con un organismo que centralice con una visión integral los desafíos de la plena integración de las personas con discapacidad, articulando políticas de manera interministerial e intergubernamental.

La Agencia tiene hoy bajo su órbita la gestión de las políticas públicas que antes llevaba adelante el Consejo Nacional de Integración para las Personas con Discapacidad (CONADIS), la gestión de las pensiones que dependían de la Comisión Nacional de Pensiones en el entonces Ministerio de Desarrollo Social, la gestión del programa Incluir Salud, que pertenecía al ex Ministerio de Salud, y los programas de rehabilitación que llevaba adelante el Servicio Nacional de Rehabilitación.

Una de las primeras iniciativas que se tomaron en el marco del Plan Nacional de Discapacidad fue el Estudio sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad. Nunca antes la Argentina había contado con un estudio tan amplio y detallado sobre el tema. Gracias a ese informe hoy conocemos el nivel de incidencia de la discapacidad en nuestro país y las condiciones de vida de esas personas. A partir de esta información es posible diseñar mejores políticas públicas.

Entre otros temas permite conocer la cantidad y el tipo de dificultades que se presentan en la población, sus orígenes, su impacto etario y regional, el uso del certificado de discapacidad, las condiciones laborales, de salud y educativas de las personas con dificultad y sus condiciones de vivienda.

A partir de la creación de la ANDIS, además, se pusieron en marcha iniciativas transversales como el nuevo protocolo de certificación de la discapacidad que permite tener información más precisa acerca de la situación en las cuales viven las personas con discapacidad y con ello realizar un abordaje territorial de las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.

Rehabilitación. También se consolidó la Red Federal de Rehabilitación, cuyo objetivo es coordinar los recursos existentes en el territorio nacional para favorecer el acceso oportuno y adecuado de las personas a los servicios de atención en rehabilitación. Bajo este principio 17 provincias ya suscribieron su adhesión a la Red, lo que permitió desarrollar un primer relevamiento de los recursos tanto públicos como privados de servicios de rehabilitación existentes.

En este marco de creación y fortalecimiento de la red se instalarán Talleres de Órtesis y Prótesis en las provincias de Catamarca, Chaco, Misiones y Río Negro y se van a brindar las capacitaciones necesarias para ponerlos en funcionamiento. Prevemos abrir seis talleres más.

Incluir Salud. La ANDIS firmó un convenio con las provincias en el cual se establece que, a partir de 1° de enero de 2019, las jurisdicciones provinciales asumirán la responsabilidad de administrar y asegurar las prestaciones de radioterapia, diálisis, y transporte para personas con discapacidad.

La medida tiene como objetivo descentralizar la administración y gestión de trámites, otorgar mayor independencia a las provincias en el manejo de los recursos, brindar mayor eficiencia y tener mayor cercanía con los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud. Esto permitirá reducir los tiempos de atención en los territorios provinciales y garantizar la prestación y calidad de atención.

Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Cuando detecta incompatibilidades en Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, la responsabilidad de la ANDIS es informar a los beneficiarios y analizar cuidadosamente caso por caso para brindar claridad, transparencia y asegurar que este derecho llegue a quienes realmente les corresponda.

Ampliación de bocas de atención. Como parte de la política del Gobierno de mejorar la atención a los ciudadanos, la Agencia Nacional de Discapacidad realizó un relevamiento de las condiciones edilicias y el funcionamiento de sus 74 Centros de Atención Local (CAL) distribuidos en todo el país.

En el relevamiento se detectó que no cuentan con las condiciones edilicias apropiadas, ni con equipo informático de uso exclusivo para el trabajo cotidiano, lo cual hace más lenta la gestión del trámite.

Frente a este escenario la ANDIS trabajó con la ANSES en un acuerdo para que las personas con discapacidad puedan disponer de las 379 bocas de atención que tiene este organismo para ampliar la cobertura territorial, brindar mayor accesibilidad y eficiencia y reducir los tiempos en los que las personas con discapacidad pueden realizar sus trámites.

Cumbre Mundial de Discapacidad. 2019 va a representar un hito importante para la Argentina, que será sede de la II Cumbre Mundial de Discapacidad, el mayor y más importante evento global y regional de discapacidad. La Cumbre supone una inmejorable oportunidad para fomentar la participación de los países de nuestra región, Iberoamérica. Se realizará los días 6, 7 y 8 de junio de 2019 en Tecnópolis.

Desafíos pendientes

  • Continuar trabajando articuladamente con las distintas áreas del gobierno para avanzar en los proyectos que buscan derribar barreras y lograr la verdadera inclusión de las personas con discapacidad.
  • El principal desafío de la ANDIS es lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad. Un paso fundamental para lograrlo es la distinción entre la invalidez laborativa de una persona incapacitada para trabajar de una persona con discapacidad que puede desarrollarse normalmente en el ámbito laboral.
  • En el área de pensiones es importante establecer nuevos parámetros para brindar más transparencia a su otorgamiento y hacer más ágil el trámite.
  • Continuar trabajando en ampliar las bocas de atención y la cercanía del estado.
  • Desde el programa Incluir Salud es necesario trabajar con los gobiernos provinciales en auditorías para asegurar que las prestaciones que se financian se realicen.

SISTEMA DE SALUD Y PAMI

Síntesis

  • El Gobierno Nacional trabajó durante estos años para extender la cobertura del sistema de salud, garantizar el acceso a servicios de calidad y mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos.
  • El sistema de salud argentino presenta desde hace muchos años dos desafíos fundamentales: 1) un bajo nivel de cobertura efectiva de parte del subsistema de salud público que garantice servicios de salud de calidad a toda la población por igual y 2) ausencia de políticas de cobertura explícitas para medicamentos y otras tecnologías de salud.
  • El Gobierno lanzó en 2016 la Cobertura Universal de Salud, que ya está en desarrollo en varias provincias y nos está permitiendo ordenar el sistema de salud. La CUS moderniza el sistema con una atención personalizada, integral y gratuita que brinda mejor acceso a las prestaciones, medicamentos y tecnologías de diagnóstico y terapéuticas.
  • Otra prioridad es el trabajo sobre la desnutrición y la malnutrición infantil. La malnutrición, en la forma de sobrepeso y obesidad, creció enormemente durante los últimos años y ya alcanza al 40% de los niños y adolescentes argentinos.
  • En cuanto al acceso a los medicamentos, por primera vez el Ministerio de Salud, PAMI y otras obras sociales y organismos públicos están llevando adelante una política farmacéutica coordinada con la fijación de políticas de cobertura claras, la compra consolidada de medicamentos y estrategias de negociación de precios que bajaron los costos de los medicamentos e introdujeron transparencia en el sector.
  • Gracias a la sanción de la Ley de Trasplante de Órganos, que agilizó y simplificó los procesos, en 2018 hubo récord de donantes y trasplantes en el país.
  • Desafíos pendientes. La creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, para consolidar una política transparente con sustento científico sobre la cobertura de tecnologías en salud (que incluyen medicamentos). Aunque la CUS ya se está implementando en la mayoría de las provincias, resta lograr una mayor expansión dentro de las provincias y lograr una mayor articulación con el resto de los subsectores de salud (obras sociales y prepagas). Y lanzar el Plan Contra la Obesidad y el Sobrepeso Infantil, que incluirá mejoras en la calidad nutricional de los programas alimentarios e iniciativas legislativas que busquen el etiquetado frontal de los alimentos, entre otras medidas.

Qué encontramos

El sistema de salud en la Argentina está segmentado y fragmentado desde hace muchos años. Está segmentado porque la ejecución de las prestaciones de salud es federal y corresponde a cada una de las 24 provincias, de modo que cualquier ley nacional sobre salud requiere adhesión de cada una de ellas. Y está fragmentado porque conviven en él subsistemas de salud con muy poca conexión entre sí: el subsistema público, las prepagas, las obras sociales, el PAMI y leyes nacionales específicas.

El resultado es un sistema plagado de superposiciones (una persona puede tener cobertura en varios subsistemas a la vez, sin ninguna articulación entre ellas, generando un sistema de subsidios cruzados que benefician a quienes menos pacientes atienden) y a la vez hay quienes sólo tienen la cobertura pública.

Si bien el acceso y el derecho a la salud en la Argentina es universal, hoy no hay cobertura pública explícita. Existe únicamente una cobertura esporádica en los centros públicos a los que las personas acuden cuando tienen un problema de salud y la interacción con los distintos niveles de atención de la salud es compleja. Acceder a programas y estudios complementarios es complejo para los pacientes y los cuidados continuos a lo largo de la vida no son explícitos.

A esto se suma que no existen en la Argentina políticas de cobertura explícitas sobre qué medicamentos y tecnologías deben ser cubiertas por los distintos subsistemas y cuáles no. La judicialización y las leyes por patología hacen que el acceso no sea transparente y basado en criterios epidemiológicos y evidencia científica. Por otro lado, los medicamentos en la Argentina son demasiado caros, fundamentalmente por la falta de competencia y transparencia en la industria de los medicamentos.

El alto costo de los medicamentos en la Argentina perjudica a los pacientes y pone en riesgo la sustentabilidad de todos los subsistemas de salud. Esto hace que jubilados, y especialmente quienes sólo cuentan con cobertura pública exclusiva, paguen muchas veces sus medicamentos más caros.

El costo de los medicamentos impacta directamente en la calidad de los servicios de los financiadores de salud, haciendo que el gasto sea ineficiente. Cuanto más dinero se gasta en medicamentos menos se destina a otras prestaciones, planes de prevención, promoción o tecnologías de la salud. Hasta hace poco el PAMI destinaba uno de cada cuatro pesos a comprar remedios.

Por otro lado el sistema de salud argentino carece de reglas claras para la cobertura de nuevas tecnologías. No hay una estrategia nacional sobre qué se cubre, qué se incorpora al Plan Médico Obligatorio o qué se debe cubrir. Esto implica que no haya criterios uniformes sobre qué tecnologías se deben aplicar para cada tipo de paciente, en qué circunstancias y situaciones clínicas y a qué precio. Esta falta de definiciones amenaza la sustentabilidad del sistema de salud y hace que el acceso sea menos equitativo.

Qué hicimos

La Cobertura Universal de Salud es la primera estrategia de este tipo a nivel nacional y busca asegurar una cobertura de calidad a toda la población contribuyendo a un sistema de salud más articulado, eficiente y que brinde servicios de calidad para los que más los necesitan.

Con la Cobertura Universal de Salud los beneficiarios cuentan con un centro de salud de referencia y pueden acceder a medicamentos de manera gratuita y ser derivados a los hospitales que formen parte de la red integrada de servicios de salud para realizarse estudios o tratamientos con turnos protegidos.  

Todo esto se realiza en conjunto con las provincias, que son las responsables de las prestaciones de salud en el subsistema público y de la seguridad social. Estamos avanzando con el despliegue de la CUS sobre tres ejes: 

  • Cobertura territorial. Estamos conformando los equipos de salud familiar y comunitaria que cuentan con médicos de familia, generales, de atención primaria, enfermeros y agentes sanitarios. En una primera etapa piloto en Godoy Cruz (Mendoza) ya contamos con la cobertura de 3.000 personas asignadas a centros de atención primaria y georeferenciados. Los beneficiarios que se incorporan a la CUS están nominalizados y cada uno asignado a su equipo de atención primaria.
  • Cobertura digital. La incorporación de tecnología en los centros de salud permite relacionar todos los componentes del sistema de salud entre sí y mejorar la calidad y la capacidad de atención.
  • Ampliación de líneas de cuidado. Se priorizaron líneas de cuidado de acuerdo a las necesidades de la población. Estamos avanzando en el tratamiento de enfermedades crónicas y sus factores de riesgo, especialmente sobre las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, la hipertensión, la diabetes, los accidentes cerebro-vasculares y el infarto de miocardio, y ambién continuando las líneas de cuidado de atención de la madre, el niño, los adolescentes y los adultos.

Una nueva política de medicamentos. Estamos mejorando el acceso de la población a los medicamentos. Durante estos años introdujimos mayor competencia y transparencia en el sector, lo que nos permitió alcanzar una reducción sensible en los precios que pagan los sistemas públicos y sus beneficiarios, logrando comprar más medicamentos.

Una de las principales medidas que tomó el Gobierno para avanzar en ese camino fue el inicio de una serie de compras conjuntas y licitaciones públicas. El Ministerio de Salud, el PAMI y distintas obras sociales comenzaron adquirir sus medicamentos de manera conjunta y a través de licitaciones públicas. La primera experiencia, para la compra de Factor VIII, un medicamento muy caro para la hemofilia, generó reducciones en los precios de casi el 80% y ahorros de 300 millones de pesos.

Este esquema se está repitiendo para otras drogas y con más organismos. En la compra de drogas oncológicas, también de alto costo, se lograron reducciones de precios de más del 50% y la participación de laboratorios nacionales e internacionales en condiciones de competencia claras y transparentes. Con esta compra prevemos ahorros por 1.500 millones de pesos.

Nuevo acuerdo entre el PAMI y los laboratorios. El PAMI tiene una nueva manera de comprar medicamentos que reemplaza el sistema en uso desde 1997. Con el nuevo convenio, por primera vez en 20 años el PAMI compra los medicamentos directamente a los laboratorios, sin la intermediación de las cámaras. Es decir que los laboratorios compiten entre sí para ofrecerles mejores precios al PAMI y a sus casi cinco millones de afiliados.

  • Además, se lanzó un sistema informático propio para las farmacias, que le permite al PAMI tener toda la información sobre qué y cómo se venden los medicamentos. Este sistema ya se usaba con éxito en ocho provincias, y ahora fue expandido a todo el país.
  • Para los afiliados del PAMI se mantienen las mismas farmacias, los mismos medicamentos y las mismas coberturas de siempre. También se mantienen los descuentos del 60% y el 80% para los medicamentos ambulatorios y de 100% para los afiliados en situación de vulnerabilidad social.
  • A medida que se implemente esta nueva modalidad, el PAMI podrá empezar a bajar los precios de los medicamentos. El PAMI va a poder ofrecer medicamentos con su propia marca, cuya fabricación licitará entre todos los laboratorios. Uno de los beneficios de este sistema es que permitirá competir en mejores condiciones y con más transparencia a los laboratorios pequeños y medianos.

Desde marzo, gracias al convenio anterior, que ya tenía importantes mejoras con respecto al de 1997, PAMI había logrado hacer más licitaciones y moderar aumentos. Ese convenio representó un ahorro de 5.600 millones de pesos para el PAMI y de 1.700 millones de pesos para sus afiliados. Los precios de los medicamentos aumentaron un 19% menos que la inflación.

A partir de ahora la gestión de los convenios se hace a través de los colegios farmacéuticos provinciales. Esto también mejora la situación de las farmacias, que reciben el pago por los medicamentos más rápido y en efectivo (antes era con vales para comprar más medicamentos de cada laboratorio).

Este convenio es el resultado de un proceso que empezó en 2016 con las primeras licitaciones para medicamentos. Gracias a todo eso por primera vez en 10 años el PAMI alcanzó en 2018 el equilibrio en sus cuentas (sus ingresos provienen de descuentos de los salarios formales y las jubilaciones). Y lo hizo mejorando los servicios que ofrece a sus afiliados.

Política de evaluación de coberturas. En 2018 presentamos en el Congreso un proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud para dotar al sistema de salud argentino de reglas claras para la cobertura de nuevas tecnologías.

La creación de la agencia va a permitir definir qué tratamientos, tecnologías y medicamentos se deben incorporar al Plan Médico Obligatorio y deben ser cubiertos de una manera explícita, transparente y basada en la mejor evidencia disponible. Hasta tanto el proyecto de ley sea tratado funciona la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud que analiza la mejor evidencia disponible y los aspectos sociales, éticos, económicos, poblacionales y organizacionales de la utilización o la cobertura de las tecnologías en salud.

Enfermedades crónicas. Se están llevando adelante adelante políticas sanitarias que permitan reducir el impacto de las enfermedades crónicas en la población. Las enfermedades crónicas dan cuenta de más del 80% de la carga de enfermedades del país, muerte prematura y discapacidad. Entre ellas, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, que son las principales.

Sobrepeso y obesidad infantil. La obesidad infantil y el sobrepeso son la principal amenaza de salud pública de la Argentina. Comprometen el futuro y el desarrollo social y económico del país. Es la desnutrición del siglo XXI: 40% de las niñas, niños y adolescentes sufren de sobrepeso y se concentra fundamentalmente en los sectores más vulnerables. Por cada chico con desnutrición clásica (bajo peso y baja talla) hay cuatro chicos con sobrepeso y obesidad. Se trata de un problema global especialmente grave en la Argentina. Nuestro país lidera las estadísticas, particularmente en niños.

Para revertir esta situación hemos desarrollado un programa interministerial de prevención del sobrepeso y la obesidad junto a los ministerios de Desarrollo Social y Educación y la Secretaría de Agroindustria. Incluye diferentes componentes que van de la información nutricional al mejoramiento de la calidad de los programas alimentarios a poblaciones vulnerables, la participación local y la sensibilización de toda la sociedad con campañas de comunicación.

Vamos a trabajar en el desarrollo de sistemas alimentarios sustentables, mejorando la producción y la distribución de productos frescos como frutas, verduras y hortalizas. También haremos foco sobre entornos regulatorios que permitan mejorar la disponibilidad de los alimentos y el cuidado de entornos escolares saludables, fomentando la instalación de bebederos y evitar en quioscos los productos no saludables.

Otro de los ejes son las políticas etiquetado frontal que permiten que la población identifique los productos que son saludables o tienen excesos de nutrientes críticos.

Encuestas. A principios de 2019 tendremos los resultados de la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. En esta edición tendremos por primera vez mediciones directas de más de 40.000 personas de presión, talla, peso y sangre, lo que nos permitirá conocer mejor el perfil epidemiológico y qué factores de riesgo cardiovascular tienen los argentinos.

También iniciamos la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que incluye a niños, para obtener información de qué comen, cómo comen y cómo se compone su dieta. Por primera vez será la línea de base para evaluar el impacto de los programas y medidas que se implementan.

Vacunas. Iniciamos el proceso producción local de la vacuna contra la fiebre amarilla en el Instituto Malbrán. Es un enorme avance junto a la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Ante el déficit global de esta vacuna, nos va a permitir abastecer al mercado local y exportar.

Instituto Nacional de Medicina Tropical. Estamos terminando la apertura del nuevo edificio que va a ser el instituto más complejo y modelo en Latinoamérica para enfermedades tropicales.

Ley Justina. Desde la sanción de la ley, a mediados de 2018 todos los argentinos son donantes presuntos. Esto permitió un aumento récord en la cantidad de trasplantes, que en 2018 fueron 1.681.

Desafíos pendientes

Tenemos por delante avanzar sobre algunas de las políticas que ya pusimos en práctica e implementar nuevas. Durante los próximos años prevemos desplegar la Cobertura Universal de Salud en nuevos distritos y con mayor penetración en las provincias.

En simultáneo, y para comienzos de 2019 prevemos poner en marcha el plan contra la obesidad y el sobrepeso infantil. Ese proyecto implica el cambio de marcos regulatorios y el trabajo con todas las provincias.

Finalmente, esperamos que el Congreso apruebe la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías para consolidar un política con sustento científico sobre la cobertura de medicamentos y tratamientos de alto costo.

EDUCACIÓN OBLIGATORIA

Síntesis

  • En la Argentina todo niño, niña, joven y adulto tiene derecho a acceder a una educación inclusiva y de calidad que responda a las demandas del mundo actual.
  • Desde el Gobierno estamos trabajando para mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos. Buscamos impulsar una transformación de los procesos y las propuestas educativas para que niños, niñas y jóvenes reciban en la escuela una educación que los prepare para los desafíos del futuro.
  • El primer paso fue impulsar la evaluación como herramienta de diagnóstico escolar. Las pruebas Aprender y Enseñar permiten obtener datos sobre el estado de la educación para planificar políticas públicas.
  • Todo esto de la mano de los docentes, quienes deben estar a la altura de los requerimientos del mundo actual y para eso reciben ofertas actualizadas de formación continua.
  • En este marco se debe dar un compromiso, un diálogo y un consenso entre todas las provincias, que han recuperado un rol activo en la toma de las decisiones. Es el Consejo Federal de Educación el encargado de garantizar que se lleven a cabo las políticas educativas tales como ESI, Secundaria 2030, el Plan Nacional Aprender Matemática y Aprender Conectados, entre otras.
  • En estos años las provincias recuperaron su lugar en la discusión salarial. En 2016, fijamos un piso mínimo de ingresos para los docentes de todo el país y las paritarias se discuten ahora entre gobiernos provinciales y docentes. Esto va en línea con una mirada federal e histórica de recuperación de autonomía fiscal por parte de las provincias.
  • Desafíos pendientes. A partir de la recuperación de las estadísticas, estamos en condiciones de planificar y generar propuestas pedagógicas que permitan continuar mejorando la educación obligatoria, desarrollar en los niños y niñas la capacidad de aprender a aprender, hacer de las escuelas nodos de inclusión y jerarquizar la labor de los docentes con una mayor formación que los acompañe en los desafíos del mundo actual y del que viene.

Qué encontramos

En diciembre de 2015, la educación pública tenía severos problemas de calidad y no lograba garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades. Las mejoras presupuestarias de los primeros años de la gestión anterior no se veían reflejadas en una escuela que garantizara los aprendizajes fundamentales para el desarrollo integral de todos los niños y jóvenes del país.

Para el momento del cambio de Gobierno, sólo la mitad de los estudiantes terminaba sus estudios secundarios en tiempo. Y sólo la mitad de los que se graduaban comprendía textos correctamente.

Este escenario se agravaba ante la ausencia de estadísticas sobre calidad educativa. Ni la sociedad, ni los padres ni los propios equipos educativos de las provincias y las escuelas contaban con información precisa o creíble sobre lo que los alumnos terminaban aprendiendo. Gradualmente el Gobierno dejó de publicar los resultados de las evaluaciones hasta directamente discontinuarlas.

En diciembre de 2015, además, los docentes de siete provincias cobraban sueldos menores al salario mínimo. Esta deuda explicaba en parte la falta de clases que sufrieron muchos de los alumnos de escuelas públicas de todo el país. Los paros y los temores antes del comienzo de clases eran una foto que se repetía todos los años. En 2015, ocho provincias tuvieron más de 20 días de paro.

Qué hicimos

Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno en materia educativa fue garantizar un piso mínimo de ingreso para los docentes. El Gobierno Nacional acompaña a las provincias para que todos los docentes tengan asegurado un salario un 20% superior al Salario Mínimo Vital y Móvil. Esto implica, al mismo tiempo, fortalecer el rol de los gobiernos provinciales en la discusión salarial con sus docentes.

Evaluación de la calidad educativa. Para avanzar con políticas claras que permitan que los alumnos salgan de la escuela con las herramientas necesarias iniciamos una política seria de evaluación de la calidad educativa, tanto de los estudiantes como de los futuros maestros.

En 2016 se implementó por primera vez Aprender, la evaluación nacional de aprendizajes en todas las escuelas primarias y secundarias del país, con casi tres millones de estudiantes evaluados en Matemática, Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. La aplicación del dispositivo (con un acceso democrático a los resultados) generó un estudio de los desempeños en las distintas áreas evaluadas y percepciones de los estudiantes y docentes para que sirvan como insumo de todos los niveles de la política educativa y para la sociedad en general.

En 2017 se lanzó la primera evaluación nacional Enseñar, en 464 institutos superiores de formación docente, en la que se indagaron en los conocimientos de casi 12.000 estudiantes avanzados de las carreras de formación docente de Educación Primaria y Secundaria (Lengua/Literatura, Matemática, Historia, Geografía, Física, Química, Biología e Inglés). Esto nos permitió contar con información para profundizar el conocimiento sobre el sistema formador y aportar evidencia para la toma de decisiones dirigidas a su mejora.

A estas iniciativas se suma la Autoevaluación Aprender, que complementa la evaluación de los estudiantes y es una modalidad participativa, formativa y democrática destinada a reflexión y acción para la mejora de los proyectos institucionales y las prácticas pedagógicas.

Además, en el marco del Consejo Federal de Educación (CFE), se creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Formación Docente (CNEAC). La misma estará destinada a evaluar los Institutos Superiores de Formación Docente y acreditar las carreras que se dictan allí. Junto a las acciones de fortalecimiento, son un paso clave hacia el futuro de la mejora en la calidad educativa del país.

Prevención del abandono escolar. El abandono escolar es una de los principales desafíos que enfrenta el sistema educativo argentino. Para comenzar a revertir esa situación pusimos en marcha un proyecto que busca detectar rápidamente el ausentismo reiterado para actuar antes de que los estudiantes abandonen la escuela definitivamente.

El proyecto comenzó este año en 741 escuelas de la provincia de Buenos Aires a través de un nuevo sistema de toma de asistencia digital que permite a los docentes y las autoridades de las escuelas contar con alertas tempranas de riesgo de abandono. En esta primera etapa el proyecto alcanza a 151.528 alumnos.

En simultáneo, 88 promotores del programa trabajan en 43 municipios de la provincia de Buenos Aires para acompañar a los alumnos y ayudarlos a fortalecer sus trayectorias escolar y reducir el abandono escolar.

En ese proceso, a noviembre de 2018, se identificaron 4.439 estudiantes con trayectoria escolar en riesgo de interrupción. Gracias a las intervenciones de los promotores se registraron 3.065 estudiantes con evolución positiva (escolarizados), el 69% de los identificados. De ellos, 939 habían interrumpido su escolaridad y volvieron a asistir a las escuelas regularmente; 1.982 alumnos mejoraron su asistencia; 144 regularizaron las trayectorias a través de proyectos especiales y 1.361 están en proceso de intervención.

Infraestructura escolar. Trabajamos con las provincias y municipios para que todos los chicos del país cuenten con una vacante en una escuela o jardín cerca de su casa.

Durante estos tres años llevamos adelante un ambicioso plan de infraestructura con foco en la ampliación de las vacantes de jardín de infantes:

  • Se terminaron 1.283 salas de jardines de infantes y maternales (equivalentes a 408 jardines).
  • Se están construyendo 1.014 salas (equivalentes a 351 jardines).
  • Hay 501 salas en proceso licitatorio (equivalentes a 110 jardines)

A este ritmo, para fin de 2019 habremos construido 2.798 salas de jardín de infantes que equivalen a 889 jardines nuevos, más del doble de los 384 jardines que se construyeron durante el período presidencial anterior.

Innovación en el aprendizaje. Implementamos Secundaria 2030, un nuevo modelo que pone foco en la organización de los aprendizajes, y el trabajo en equipo por proyectos interdisciplinarios. Está orientado al desarrollo de capacidades y de proyectos de vida. Al momento 623 escuelas se encuentran implementando este nuevo formato y 2.700 docentes participan del acompañamiento institucional.

En este contexto presentamos el Plan Nacional Aprender Matemática que propone cambiar la estrategia tradicional utilizada por los docentes a la hora de enseñar matemática, permitiéndoles a los alumnos resolver situaciones reales que se adapten a su contexto, con el objetivo de garantizarles una trayectoria educativa plena.

A partir de este acuerdo federal establecimos los saberes mínimos fundamentales que los estudiantes deben desarrollar de esta ciencia exacta, durante cada año de estudio y ciclo. Para lograrlo estamos poniendo en marcha un plan de formación docente con el fin de que la matemática se convierta en una materia escolar más atractiva, interdisciplinaria y desafiante para los estudiantes. Participarán de esta propuesta 650 formadores del nivel primario y secundario, quienes a su vez formarán a 75.000 docentes pertenecientes a 10.000 escuelas de todo el país (5.000 primarias y 5.000 secundarias).

Aprender Conectados. Para que todos los chicos reciban en la escuela una educación digital de calidad que los prepare para los desafíos del futuro, pasamos de un modelo basado en la entrega de equipamiento, como era Conectar Igualdad, a un modelo integral, cuyo objetivo es que los chicos incorporen competencias digitales y que la escuela se convierta en un nodo de inclusión digital basándonos en cuatro pilares fundamentales: equipamiento, conectividad, contenidos pedagógicos y formación docente.

Aprender Conectados reúne 18 programas en una sola iniciativa y extiende la educación digital a todos los niveles educativos (Conectar Igualdad llegaba sólo al nivel secundario). Triplicará el alcance, a más de 10 millones de alumnos. Aprender Conectados incorpora educación digital, programación y robótica para todos los niveles obligatorios –inicial, primario y secundario– y para los Institutos de Formación Docente.

Hasta el momento alcanzamos 3.047.357 de alumnos con el Plan Nacional de Conectividad Escolar, cuyo objetivo es mejorar los aprendizajes de los estudiantes y desarrollar herramientas que permitan la adaptación de las comunidades educativas a las nuevas tecnologías. Asimismo, estamos gestionando la instalación, integración y puesta en marcha de la red local de Internet en miles de escuelas de todo el país.

Formación docente. Ninguna de estas iniciativas sería posible sin el compromiso de los docentes, que son quienes están cada día con los alumnos. Durante estos años ampliamos la oferta de capacitación con nuevas modalidades: 50.000 docentes egresaron de cursos virtuales y 30.800 docentes concluyeron estudios con postítulos; 220.200 docentes participaron de ateneos didácticos y 930.000 de jornadas institucionales.

Durante este año también formamos a un gran número de docentes de escuelas técnicas de todo el país. Con el programa EnFoCo ETP, 37.000 docentes se han capacitado a través de 65 ofertas formativas, cuatro postítulos virtuales y 27 ofertas formativas presenciales y semipresenciales. La propuesta, que se irá ampliando paulatinamente, se basa en pensar el perfil profesional como organizador de las trayectorias formativas y del currículum, así como también la pertinencia de la formación con respecto al mundo del trabajo y el vínculo con la innovación del conocimiento tecnológico.

Además, el Consejo Federal de Educación aprobó la Resolución 340/18 por la cual se estableció, entre otros puntos, los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para cada nivel educativo y la necesidad de que en todas las escuelas del país haya un equipo docente referente de Educación Sexual Integral (ESI) que lleve adelante un enfoque interdisciplinario y funcione como nexo con los equipos jurisdiccionales. En este contexto, 36.250 docentes se capacitaron presencial y virtualmente en ESI.

Educación a distancia. Para poder cumplir con el anhelo de que todo niño, niña, joven o adulto concluya satisfactoriamente su formación obligatoria, en consenso con todos los ministros provinciales y sus equipos técnicos, se modificó, después de 15 años, la resolución que establecía los requisitos para los títulos de Educación a Distancia. A partir del consenso entre las provincias los estudios se podrán cursar hasta un 70% a distancia para obtener el título con validez nacional (antes si era más del 30% requería una autorización especial). De esta manera, la nueva norma facilitará el acceso a la educación a los jóvenes y adultos del país, independientemente de su procedencia geográfica y situación personal y social.

G20 Educación. En el marco de la presidencia argentina del G20 se creó la agenda educativa, y tuvo lugar a la Primera Reunión de Ministros de Educación del G20 y a la Primera Reunión conjunta de Ministros de Educación y Ministros de Trabajo.

Desafíos pendientes

A partir de la recuperación de las estadísticas, estamos en condiciones de planificar apuntado a generar propuestas académicas y pedagógicas que permitan revertir resultados desfavorables. En este sentido, nuestro foco está puesto en que la totalidad de los niños, niñas, jóvenes y adultos del país estén escolarizados y que concluyan satisfactoriamente su educación obligatoria.

Debemos continuar trabajando en mejorar la educación secundaria, desarrollando en los niños y niñas la capacidad de aprender a aprender, en tanto virtud de iniciar, organizar y sostener el propio aprendizaje. Buscamos que nuestros jóvenes conozcan y comprendan las necesidades personales de aprendizaje, formulen objetivos de aprendizaje, organicen los recursos para alcanzarlos y evalúen el progreso hacia las metas propuestas, asumiendo sus propios errores durante el proceso.

Las escuelas deben constituirse como nodos de inclusión, en donde los estudiantes adquieran las habilidades y herramientas necesarias para poder enfrentar los desafíos del mundo actual y del mundo que se viene. El entorno laboral se encuentra en un cambio permanente, quizás a una velocidad mayor que en otras épocas. La escuela debe incorporar estos cambios y formar a las niñas y a los niños argentinos en las competencias adecuadas para que puedan desarrollar su propio proyecto de vida.

En este contexto, es fundamental continuar jerarquizando el rol del docente, con condiciones salariales dignas y propuestas formativas que lo acompañen en la esencial tarea que desempeña. Además, pensando en los futuros docentes, buscamos fortalecer y acompañar a sus institutos de formación, estandarizando criterios de evaluación de instituciones y de carreras que se dictan allí. Para lograrlo continuaremos impulsando la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Formación Docente (CNEAC), para llevar adelante acciones de acompañamiento y fortalecimiento a los institutos de formación.

Debemos continuar llevando adelante un trabajo federal, de colaboración entre todas las provincias, dialogando, conociendo las necesidades de todas y cada una de ellas y consensuando medidas y políticas que hagan de la educación el motor de crecimiento de la Nación.

FORMACIÓN SUPERIOR Y UNIVERSITARIA

Síntesis

  • Durante estos años, a través del diálogo y el trabajo conjunto con las casas de estudio, el Gobierno trabajó para dotar de planificación estratégica y coordinación al sistema universitario.
  • El sistema universitario argentino enfrenta tres desafíos centrales: baja tasa de graduación, baja participación de las carreras estratégicas y poca articulación con la educación obligatoria y el mundo del trabajo.
  • Para empezar a revertir esa situación, hicimos el primer estudio de áreas de vacancia para conocer la oferta académica y poder orientar esfuerzos a las necesidades de desarrollo del país.
  • Mejoramos las Becas Progresar, que además de ser más significativas en términos económicos ahora tienen una verdadera lógica educativa que premia el avance de los estudiantes y fomenta las carreras estratégicas para el desarrollo del país.
  • Facilitamos la articulación con la educación obligatoria y el mercado laboral a través del programa Nexos.
  • Impulsamos a la articulación del sistema con la firma de convenios de Reconocimientos de Trayectos Formativos entre las universidades.
  • Desafíos pendientes. Debemos continuar fortaleciendo un sistema universitario federal donde los jóvenes puedan elegir carreras que, además de ofrecer un futuro, los conecte con las áreas con mayor potencial de desarrollo. Para eso tenemos por delante el desafío de ofrecer modalidades (como la educación a distancia) y trayectos formativos que permitan a más jóvenes acceder a una formación universitaria que les abra las puertas de un mercado laboral que exige cada vez nuevos perfiles y más especializados.

Qué encontramos

En la Argentina apenas el 20% de la población posee un título terciario o universitario, una cifra que entre los países de la OCDE promedia el 42% y que está por debajo de otros países de la región. En Chile el 30% de la población cuenta al menos con un título terciario.

Este porcentaje es más desafiante aun si se analizan las áreas estratégicas para el desarrollo del país. Apenas el 14% de los graduados de universidades públicas nacionales pertenece a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Las estadísticas se repiten (o empeoran) al ver el porcentaje de estudiantes universitarios entre los sectores más vulnerables. En 2017, apenas uno de cada cien jóvenes de bajos recursos egresó de la universidad.

A esto se debe sumar que cerca de la mitad de los abandona su carrera durante el primer año. Esta baja tasa de graduación se mantiene estable desde hace años.

Qué hicimos

Durante estos años el Gobierno trabajó para que más personas se incorporen y gradúen de la educación superior y universitaria, para fomentar el estudio de carreras estratégicas para el desarrollo del país y para acompañar económicamente a los jóvenes que desean estudiar estimulando, al mismo tiempo, la excelencia académica.

Áreas de vacancia. A partir del trabajo de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (reactivados a partir de 2015) se elaboró el informe sobre áreas de vacancia, que permite conocer cuál es la demanda de profesionales en cada región del país y cómo la satisface la oferta universitaria en la zona.

El informe se volcó en el libro Áreas de vacancia. Vinculación, pertinencia y planificación del Sistema Universitario – Una herramienta para abordar la expansión de la educación superior en territorio y en un mapa georeferenciado diseñado junto con el INET y el INFD que contiene y ordena toda la oferta académica del país.

Sistema de becas. Se creó la Dirección Nacional de Becas Educativas que unifica la línea de becas preexistentes en el Ministerio de Educación y la ANSES, transformándose en el Programa de Becas Progresar. Becas Progresar está destinado a estudiantes universitarios, terciarios y de terminalidad educativa de hogares con ingresos menores a tres salarios mínimos.

Ahora el programa cuenta con becas más altas, que son una verdadera herramienta para que aquellos que no cuentan con los recursos suficientes puedan acceder a la universidad. Y además promueve que los estudiantes avancen en sus estudios, premiando el mérito académico y reconociendo el avance de los estudiantes en sus carreras. A partir de este año también promueve el estudio de carreras estratégicas para el desarrollo del país con becas más altas para esas áreas de estudio.

A través de la articulación entre el Ministerio de Educación y las instituciones educativas, se pudo conocer el avance académico y la trayectoria educativa de los alumnos. Se creó Progresar Virtual, una iniciativa que busca generar un espacio online que acompañe y potencie la participación de los becarios a lo largo de su trayectoria académica.

Mediante el programa de becas internacionales se amplió el cupo de las becas para estudiar en otros países (se pasó de 800 becas otorgadas en mandato 2011-2015 a 2.200). Se crearon becas para docentes, directivos y supervisores.

Articulación entre el nivel secundario y el nivel superior. Con el foco en el acompañamiento de los estudiantes durante el proceso de elección de carrera e ingreso en la universidad, se diseñó el Programa Nexos como concreción de una política de articulación del nivel superior con la escuela secundaria y al interior del subsistema de Educación Superior para revertir la problemática de la desarticulación del sistema educativo.

Reconocimiento de trayectos formativos. Con la creación del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, se fomenta la celebración de acuerdos formales y voluntarios entre instituciones universitarias de todo el país que permitan el reconocimiento mutuo y automático de trayectos formativos, ya sean materias, ciclos, prácticas, asignaturas u otras experiencias formativas, para que los estudiantes puedan transitar por el sistema de educación superior aprovechando toda su diversidad y profundizando su experiencia de formación.

A través del plan de Reconocimiento de Trayectos Formativos los estudiantes pueden migrar de una institución a otra con facilidad y adquirir experiencias en diferentes realidades formativas que promuevan profesionales con mayor conocimiento de las situaciones diversas de cada región del país.

También se fomenta la extensión de este sistema al ámbito internacional a través de la negociación y la firma de acuerdos de reconocimiento de títulos con otros países. En este aspecto, recientemente se logró la homologación entre países miembros del Mercosur del acuerdo regional de libre circulación y ejercicio profesional de carreras que estén acreditadas de modo internacional.

Desafíos pendientes

Argentina tiene todo el potencial para desarrollar una educación federal que forme profesionales que se adecúen a las características demográficas, geográficas y productivas de cada provincia, y responder así a sus necesidades y contribuir al desarrollo tecnológico y productivo nacional.

Anhelamos que nuestros jóvenes elijan una carrera que, además de ofrecer un futuro, los conecte con las áreas que hacen falta en el país. Asimismo, con la intención de facilitar el acceso a la información de todos los estudiantes universitarios sin importar su ubicación geográfica, impulsaremos el Consorcio de Educación a Distancia, una plataforma única para que todos los estudiantes de las universidades nacionales puedan encontrar allí las ofertas de educación a distancia.

Por eso debemos sostener nuestro ambicioso plan de becas, con el que fomentamos la elección de carreras estratégicas que representan un crecimiento para toda la Nación. También buscamos que la formación técnico-profesional pueda dialogar con los recursos disponibles en cada lugar para mejorar el planeamiento y la expansión territorial así como también las trayectorias educativas y profesionales de los estudiantes. Nuestras Aulas Talleres Móviles seguirán siendo un espacio de capacitación para miles de personas en todo el país para que obtengan una salida laboral.

Hoy el mercado laboral requiere profesionales con perfiles específicos; por esta razón, no podemos exigirles a todos los alumnos el mismo recorrido y vamos en cambio hacia un sistema que incluya más posibilidades y flexibilidades para todos. Cada estudiante debe tener la posibilidad de construir su carrera de acuerdo a sus intereses y sus tiempos, seleccionando materias y universidades que se acerquen al tipo de carrera que desea armar, fomentando la movilidad y la formación de egresados con un perfil profesional más elástico.  

Debemos seguir trabajando en herramientas que promuevan y consoliden el trabajo articulado e interinstitucional que ayude a definir la oferta de educación superior que necesita cada región, sustentada en la pertinencia y dirigida a promover el desarrollo del país. Con la mirada hacia el futuro, tenemos que pensar en la Argentina de los próximos cien años, con profesiones nuevas que surgen a cada momento y sectores productivos en crecimiento.

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Síntesis

  • Después de años de aislamiento, la política ambiental argentina volvió a alinearse con el mundo. Ratificamos el Acuerdo de París, creamos el Gabinete Nacional de Cambio Climático para cumplir con las metas de emisión de gases de efecto invernadero y durante el G20 asumimos el liderazgo de las negociaciones internacionales para la Declaración de Líderes con un párrafo proactivo sobre cambio climático.
  • En estos tres años, además, se crearon nueve parques nacionales, reservas naturales y áreas protegidas (más que ningún otro gobierno en la historia), que más que triplicaron la superficie protegida en todo el país.
  • Volvimos a publicar el Informe del Estado del Ambiente, una de las principales herramientas de gestión de la política ambiental nacional, que no se publicaba desde 2012. Además, se publicó el Inventario Nacional de Glaciares, una obligación establecida por ley que permanecía incumplida desde 2010.
  • Lanzamos Forestar 2030 con el objetivo de alcanzar los compromisos asumidos por el país en el Acuerdo de París y convertir a la Argentina en una potencia forestal sustentable.
  • También se desarrollaron criterios y acciones concretas para integrar la agenda ambiental al desarrollo productivo del país.
  • Desafíos pendientes. Diseñar una Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable, seguir ampliando la superficie de áreas protegidas, aumentar la inversión privada en los parques nacionales, crear un sistema de estadísticas ambientales a nivel nacional, en conjunto con el INDEC, y presentar proyectos de leyes sobre cambio climático, biodiversidad y aplicación de fitosanitarios.

Qué encontramos

Hasta la llegada de este Gobierno había poco interés político del Estado por el eje ambiental. Las acciones generadas eran defensivas y proteccionistas, a partir de una actitud conservadora sobre la agenda ambiental. La Argentina estaba alineada con países como los nucleados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que desde una posición minoritaria cuestionaba los informes producidos por las Naciones Unidas sobre cambio climático.

Se trabajaba de manera desarticulada y sin lineamientos estratégicos. Tampoco había un trabajo conjunto con las provincias, pese al fuerte contenido federal del área.

El área de inspecciones se encontraba casi paralizada desde 2011. No se hacían controles, no había procedimientos homologados ni programas de trabajo y existía, además, una absoluta falta de vínculo con el sector industrial.

El Informe del Estado del Ambiente no se publicaba desde el año 2012, ignorando el cumplimiento de la ley y privando a la Argentina de una herramienta fundamental para desarrollar políticas ambientales

La Ley de Glaciares se encontraba prácticamente paralizada por falta de ejecución de las partidas destinadas a la confección del inventario, las partidas de incentivo fijadas por la Ley de Bosques se ejecutaban de forma esporádica y discrecional y muchos de los programas que contaban con financiamiento internacional se usaban con fines políticos ajenos a su objeto.

 

Qué hicimos

Desde diciembre de 2015, la política ambiental empezó a estar articulada por objetivos específicos y a ejecutarse en conjunto con otras áreas de gobierno, las administraciones provinciales y municipales y el sector privado.

En estos tres años, la política ambiental fue uno de los canales principales de la estrategia de integración inteligente al mundo de la Argentina. Como consecuencia, la política ambiental se alineó con las discusiones globales y contemporáneas. A partir de eso se desarrolló una estrategia ambiental que no le da la espalda al desarrollo productivo sino que se integra en su cadena de valor y la mejora. También mejoramos el acceso a la información pública sobre el estado del ambiente, para que tanto las organizaciones civiles como todos los niveles de gobierno puedan desarrollar políticas sobre la base de diagnósticos confiables. A continuación, los hitos principales.

Creamos el Gabinete Nacional de Cambio Climático para cumplir con el Acuerdo de París. Funciona desde 2016 desde la Jefatura de Gabinete de Ministros. Al ratificar el Acuerdo de París, se presentó la NDC (contribución nacional determinada, por sus siglas en inglés, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero), comprometiendo al país a no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en 2030. Adoptamos cuatro planes sectoriales (bosques, transporte, energía e industria) de mitigación y adaptación para implementar la NDC, a través de un proceso interministerial, participativo y federal.

Revalorizamos los parques nacionales y áreas protegidas:

  • En tres años, aumentamos un 241% la superficie protegida. Se crearon cuatro parques nacionales: Aconquija, Ciervo de los Pantanos, Traslasierra e Iberá. También se crearon las nuevas reservas naturales silvestres El Rincón, Isla de los Estados y Patagonia. Además creamos la Reserva Natural de la Defensa Campo de Mayo en la provincia de Buenos Aires y establecimos un régimen especial de manejo y conservación del ambiente para la preservación de valores naturales y culturales sobre 1.320 hectáreas. Logramos la creación de los parques marinos Yaganes y Namuncurá-Banco Burwood II y cumplimos con el compromiso de ampliar la protección de nuestro mar al 10%.
  • Creamos una iniciativa para fomentar inversiones en servicios turísticos en áreas naturales protegidas, con foco en el turismo ecológico y con impacto social y ambiental positivo para las comunidades. Se instalaron antenas de ARSAT en distintas áreas protegidas para que los parques nacionales tengan conectividad y se implementó el cobro con tarjeta de débito en los Parques Nacionales Iguazú, Tierra del Fuego, Glaciares y Nahuel Huapi.
  • Se relanzó el curso de formación de guardapraques nacionales, que estaba cerrado desde 2012.

Publicamos el Inventario Nacional de Glaciares. Era una obligación establecida por ley en 2010 pero incumplida hasta ahora. El inventario ofrece la información necesaria para individualizar los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el país. Permite protegerlos, controlarlos y monitorearlos.

Presentamos el primer nivel del Inventario Nacional de Humedales. Además, fueron declarados dos nuevos sitios Ramsar (una clasificación internacional para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos). Hoy Argentina tiene 23 humedales de importancia internacional.

Trabajamos para restaurar la cuenca Matanza Riachuelo. La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) trabajó para solucionar los desafíos ambientales y sociales de la cuenca, a partir de sus objetivos estratégicos: dejar de contaminar, mejorar la vida de la población, prevenir el daño, recomponer el ambiente y fortalecer la institución. Entre otras iniciativas:

  • Se avanzó con las perforaciones para concretar el Sistema Riachuelo, un proyecto de solución estructural para desagües cloacales que beneficiará a 4,3 millones de habitantes de la cuenca. Es la obra de saneamiento más importante de los últimos 70 años.
  • Se cerraron de todos los macrobasurales de la cuenca. Además, se hicieron tareas de limpieza de puntos de arrojo, microbasurales y de márgenes de la cuenca media y baja. 
  • Sólo en 2018, se hicieron más de 5.000 inspecciones para controlar las descargas de efluentes industriales. 
  • Se pusieron en marcha las obras del Parque Industrial Curtidor (PIC) en Lanús, con capacidad para 60 industrias, para dar solución definitiva a la problemática de las curtiembres de la cuenca. 
  • Se realizaron exámenes a 41.556 personas en 45 barrios de la cuenca Matanza-Riachuelo, en el marco de las evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de riesgo, para detectar riesgos y patologías ambientales en la población.

Creamos la Red Federal de Ciudades Sustentables. El programa da asistencia técnica y financiera a municipios de todo el país, para que desarrollen acciones que contribuyan a la mejora de la calidad ambiental local.

Impulsamos el desarrollo productivo sustentable:

  • Creamos PROESUS, un concurso para potenciar emprendimientos sustentables mediante el desarrollo de nuevas tecnologías. 
  • Se hizo el Primer Hackaton Ambiente para dar respuestas a desafíos ambientales de manera colaborativa con la sociedad y el sector privado.
  • Se implementó el Programa de Reconversión Industrial (PRI) en sectores productivos y de servicios en empresas de Tucumán, Misiones, Córdoba y Salta. 
  • Se elaboraron guías de mejores prácticas sobre producción sustentable para los sectores metalmecánico, vitivinícola, tratamientos superficiales y eficiencia de recursos.
  • Argentina ingresó al Marco Decenal de Programas de Producción y Consumo Sustentable y al Comité Directivo del Panel Internacional de Recursos (ONU Medio Ambiente).

Lanzamos Forestar 2030. El objetivo es alcanzar los compromisos asumidos por el país en el Acuerdo de París y desarrollar una nueva economía forestal de triple impacto: desarrollo social, económico y ambiental, para convertir a la Argentina en una potencia forestal sustentable.

Además:

  • Se empezó el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos, que dará información detallada de la masa forestal nativa del país y permitirá planificar políticas públicas para la protección, la conservación y la promoción del uso sustentable de estos ecosistemas.
  • Se fortalecieron instrumentos de monitoreo y alerta temprana de deforestación y un sistema online que permite mejorar la trazabilidad y asegurar la legalidad del comercio de madera nativa.

Mejoramos la fiscalización y aumentamos las inspecciones ambientales. Creamos el Cuerpo Especializado de Control y Fiscalización Ambiental (CEFCA). Entre marzo y diciembre de 2018 se hicieron 960 inspecciones ambientales referidas a residuos peligrosos, efluentes líquidos, flora y fauna silvestres, gestión integral de residuos sólidos urbanos y seguro ambiental. Además, en estos tres años rescatamos 2.966 animales del comercio ilegal de fauna.

Elaboramos una estrategia nacional para promover la construcción de viviendas sustentables. Se inició un proyecto para el desarrollo de nuevos estándares de sustentabilidad en la vivienda social a partir de la incorporación de eficiencia energética y energías renovables en 128 hogares de Formosa, Tucumán, Salta, Mendoza, Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego. También se inició la implementación de un proyecto para el mejoramiento de 1.000 viviendas en Bariloche.

Desarrollamos una herramienta de buenas prácticas de aplicaciones de fitosanitarios. El trabajo fue liderado por Ambiente y Agroindustria, con participación de Ciencia y Tecnología, Salud, INTA y SENASA, así como los consejos federales de Ambiente y Agropecuario. Además se realizó una consulta pública con récord de participación y hay un proyecto de ley en elaboración.

Cumplimos con el compromiso de Gobierno Abierto:

  • Argentina volvió a publicar el Informe del Estado del Ambiente, una de las principales herramientas de gestión de la política ambiental nacional. A pesar de que la Ley General del Ambiente, sancionada en 2002, obligaba a presentarlo de forma anual, el primero se publicó en 2012 y después se interrumpió hasta que publicamos los de 2016 y 2017. Se está trabajando en el de 2018.
  • El Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero ofrece información actualizada a nivel nacional y una desagregación provincial.
  • Creamos el SIMARCC, una herramienta interactiva que permite combinar las amenazas del cambio climático con vulnerabilidades para identificar las zonas del país con mayores riesgos y trabajar en planes específicos de adaptación.
  • Se conectaron más de 650 puntos de monitoreo de calidad de agua y 28 estaciones de calidad de aire, con información disponible de manera pública.
  • Se integraron al expediente electrónico los trámites administrativos de los certificados de flora-fauna y CITES, y ahora se pueden gestionar desde cualquier parte del país y con mayor transparencia.
  • El desarrollo y la puesta en funcionamiento de la aplicación Ambiente Móvil permite a los ciudadanos el seguimiento y alerta ante incendios forestales.

Participamos de la inserción inteligente al mundo:

  • La política ambiental es una parte importante del proceso de ingreso a la OCDE, a través de la identificación de estándares ambientales y un grado de cumplimiento en la Argentina.
  • La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable ejerció la presidencia argentina de la XXI Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe en 2018. Se adoptó la Declaración de Buenos Aires y otras decisiones regionales referidas a químicos, basura marina y gestión de desechos, cambio climático, consumo y producción sustentables y biodiversidad.
  • Logramos acuerdos ambientales con Alemania, Italia, China, España, Chile, Brasil, Guatemala, Francia y Suiza. Cooperación con Alemania, Italia, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Costa Rica y México. En ese marco, se consiguió financiamiento por 42 millones de dólares.
  • Argentina se incorporó a la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde.

Fuimos protagonistas del G20. Creamos el Grupo de Sustentabilidad Climática en el marco del G20 y lideramos las negociaciones internacionales para la adopción de dos documentos por consenso y la Declaración de Líderes con un párrafo proactivo sobre cambio climático.

Desafíos pendientes

  • Acompañar la gestión de otras áreas de gobierno a través de evaluaciones ambientales, guías de buenas prácticas, protocolos y sistemas de trazabilidad para los planes de energía, agroindustria, infraestructura y territorio. Diseñar una Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable. Crear una marca que identifique los productos de la biodiversidad argentina.
  • Seguir ampliando la superficie de áreas protegidas y aumentar la inversión privada en los parques nacionales.
  • Crear un sistema de estadísticas ambientales a nivel nacional, en conjunto con el INDEC y en articulación con los organismos provinciales.
  • Presentar un proyecto de ley de cambio climático, entre otras propuestas legislativas, como leyes sobre biodiversidad y gestión de residuos.
  • Profundizar la inserción inteligente en el mundo. Acompañar y seguir los compromisos asumidos en el marco de la presidencia argentina del G20.

CULTURA

Síntesis

  • Pasamos de una gestión cultural con una fuerte impronta política a una que  da herramientas a artistas y gestores culturales para que desarrollen sus propios proyectos en un ecosistema plural y democrático.
  • En estos tres años se benefició a más de 70.000 proyectos y actores culturales mediante becas, subsidios, préstamos, concursos, premios y capacitaciones.
  • Modernizamos la gestión de los museos nacionales. Por primera vez en la historia, designamos a sus directores a través de concursos de oposición, antecedentes y proyectos. Además, destinamos recursos a restaurar y poner en valor su infraestructura, en algunos casos en completo estado de abandono.
  • La cultura argentina volvió a ocupar un lugar protagónico en la escena internacional. Fuimos invitados de honor a las ferias LIBER y Arco en Madrid, FILBO y FITB en Colombia. Participamos activamente en los mercados internacionales de industrias culturales de Colombia en 2016 y Brasil en 2018. Organizamos con Canadá la Cumbre Cultural de las Américas en Ottawa en 2018.
  • Comenzamos la primera fase de la puesta en valor del Teatro Cervantes y restauramos su fachada, que había estado oculta por andamios de seguridad por más de una década. 
  • Corregimos irregularidades administrativas que significaron ahorros millonarios para el Estado Nacional.
  • Simplificamos los trámites para la circulación internacional de obras de arte, un reclamo histórico de la comunidad artística, y la cantidad de solicitudes de exportación de obras aumentó un 240% en un año.
  • Desafíos pendientes. Fomentar la innovación de nuestras instituciones culturales a través de herramientas digitales, ampliar los incentivos para el sector privado en proyectos culturales y acompañar con nuevas políticas la transformación del sector audiovisual hacia nuevas maneras de producir y consumir contenidos, entre otros.

Qué encontramos

Hasta 2015, la política cultural promovida desde el Estado era utilizada en muchos casos como propagando política y partidaria. En el organigrama del Ministerio de Cultura existía incluso una Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, incompatible con una concepción democrática y plural de la gestión cultural. Y dentro del programa Puntos de Cultura, destinado a apoyar organizaciones y comunidades que promueven la cultura, se detectaron 24 casos de organizaciones políticas.

Por otra parte, la infraestructura de algunos edificios históricos estaba en completo estado de abandono. El sistema eléctrico de la Casa Histórica en San Miguel de Tucumán requirió reparaciones inmediatas por casi diez millones de pesos. En el Palais de Glace, hubo que cerrar el acceso a la sala de exposiciones de su segunda planta en los días de lluvia por la presencia de filtraciones y goteras nunca resueltas. Siete años de la gestión anterior no lograron resolver la presencia de andamios en la fachada del Teatro Nacional Cervantes, tras el fracaso de varios llamados a licitación para restaurarla.

Qué hicimos

En estos tres años, aumentó significativamente la cantidad de beneficiarios de líneas de apoyo en las distintas disciplinas artísticas y culturales: llegamos a más de 70.000 proyectos de todo el país mediante becas, subsidios, préstamos, concursos, premios y capacitaciones. El monto destinado superó los 3.000 millones de pesos. El Fondo Nacional de las Artes triplicó el presupuesto destinado a becas y nuevas líneas de fomento. A su vez, en 2018 el INCAA subsidió 342 producciones, el número más alto en los últimos 10 años. También se lanzaron líneas destinadas a la formación y la profesionalización de distintos sectores culturales, como las capacitaciones escenotécnicas del programa SPOTT y los talleres a promotores culturales comunitarios.

Inserción inteligente al mundo. La cultura argentina volvió a ocupar un lugar protagónico en la escena internacional, con participaciones destacadas como país invitado de honor en las ferias LIBER (Madrid), FILBO (Bogotá) y ArCoMadrid. Participamos activamente en los mercados internacionales de industrias culturales de Colombia en 2016 y Brasil en 2018. Organizamos en conjunto con Canadá la Cumbre Cultural de las Américas en Ottawa en 2018. Y nuestro cine participó de innumerables festivales y certámenes.

Circulación de obras. Se firmó una reglamentación para favorecer la circulación internacional de bienes culturales, un reclamo histórico de la comunidad artística. Esta nueva normativa simplifica los trámites de exportación de obra para artistas, galeristas y coleccionistas. A partir de la iniciativa, sólo hace falta realizar un aviso online para obra de artistas vivos o fallecidos hasta hace 50 años y la obra podrá viajar como equipaje acompañado. Las obras que requieran licencia de exportación, pertenecientes a artistas fallecidos hace más de 50 años o anónimos, tramitan una licencia que se obtiene en menos de 48 horas. Antes, el permiso sólo se podía tramitar de manera personal en el Aeropuerto de Ezeiza tres días hábiles antes del viaje. Gracias a esta modificación, la cantidad de solicitudes para circulación de obras de arte aumentó un 240% en 2018.

Directores de museos. Para garantizar la transparencia y la excelencia de los cargos públicos, se realizó el llamado a concurso de directores para museos e institutos nacionales. Ya hay veinte cargos concursados, en el marco del plan estratégico de modernización y profesionalización de los museos.

Teatro público nacional. Se implementó un nuevo modelo de teatro nacional argentino en el Teatro Cervantes, en consonancia con los principales teatros públicos del mundo. Se generó una programación contemporánea, experimental y de calidad para encarar el desafío de pensar el teatro y lo nacional en toda su complejidad. Sus líneas curatoriales, sus convocatorias, sus programas de producción integral de obras, sus espacios de experimentación y su relación con la audiencia crearon una red de prácticas teatrales cuyo objetivo es fortalecer el teatro que se hace en y para el país.

Además, se realizó la puesta en valor de su edificio, que contempló la recuperación de las fachadas y cubiertas, los muros, la carpintería, los solados, la herrería, la iluminación, la limpieza integral de desagües pluviales y el tratamiento de humedad del perímetro. En diciembre de 2018, se completó la quita total de los andamios que vistieron la fachada por más de 11 años.

Muestras temporarias de primer nivel. Los museos nacionales contaron con exposiciones temporarias de alto nivel. Por ejemplo, Joan Miró: la experiencia de mirar, J.M.William Turner: Acuarelas, Obras Maestras del Renacimiento, Xul Solar: Panactivista y La vida entera es una Bauhaus. En estos tres años las visitas a los museos nacionales aumentaron: se recibieron 6.156.000 visitas.

Lanzamiento de las webs de todos los museos nacionales. Se rediseñaron los sitios web de veinte museos. Esto es un hito de modernización de las instituciones. Los nuevos sitios funcionan como puerta de entrada al museo y buscan estimular las visitas, traccionar nuevos públicos, identificar sus intereses y responder a ellos con agilidad. Se hizo especial foco en generar contenidos atractivos que comuniquen la esencia de cada museo y proveer servicios en línea, como información sobre el acceso, visitas particulares y escolares.

Modernización y ampliación del acervo de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca fue dirigida por el célebre editor y traductor Alberto Manguel, cuya gestión logró ampliar considerablemente el acervo patrimonial. Se recibieron donaciones importantes como la biblioteca personal de Bioy Casares y Silvina Ocampo y el archivo personal del ex presidente Raúl Alfonsín. Por otra parte, en una segunda etapa de gestión, Elsa Barber asumió la Dirección y se convirtió en la primera mujer y bibliotecaria de carrera en dirigir la Biblioteca Nacional. Además, se estrecharon vínculos con actores estratégicos como Microsoft, que donó 1.800.000 dólares para software, y Edenor, que donó un sistema completo de iluminación exterior e interior tipo led.

Nuevo reglamento del Salón Nacional de Artes Visuales. Con más de 100 años de historia, el Salón Nacional de Artes Visuales es un reconocimiento del Estado a los artistas visuales que permanecen en el tiempo, con el objetivo de premiar su trayectoria y promover su formación. El nuevo reglamento promueve más transparencia, federalismo y equidad. Fue modificado en torno a cuatro ejes: el desdoblamiento de los ganadores (los premios del Salón Nacional propiamente dicho, por un lado, y los nuevos premios a la trayectoria artística, por el otro); la representación igualitaria de varones y mujeres en jurados, seleccionados y premiados; un nuevo sistema de inscripción online; la novedad de exhibir juntos a los seleccionados de todas las categorías.

Ideas. Se desarrollaron dos ciclos de IDEAS, pensando juntos el mundo. En ellos se convocó a dialogar a más de veinte referentes mundiales de nuestra época sobre temas clave como religión, ciencia, feminismo y tecnología. Más de 8.000 personas se acercaron a las conferencias.

Convenio de coparticipación con el Instituto Smithsoniano. Es el complejo de museos, educación e investigación más grande del mundo. Sus representantes llegaron al país para participar del programa de intercambio profesional destinado a museos e instituciones culturales. La asesoría de los proyectos, seleccionados a través de una convocatoria abierta, durará 18 meses y está dividida en distintas instancias.

CINE.AR. Se consolidó la plataforma CINE.AR, una plataforma de contenidos audiovisuales on demand para ver películas, series, documentales y cortos de producción nacional desde cualquier dispositivo. Pasó de 260.000 a más de un millón de usuarios totales (+300% de crecimiento). Tiene ocho millones de visitas y cuatro millones de visualizaciones acumuladas.

Restitución de arqueología a Perú, Ecuador, Bolivia y México. Se lanzó un programa de capacitación para la prevención del tráfico ilícito en zonas de frontera Se restituyeron a Perú y Ecuador 4561 bienes culturales, 55 a Bolivia y seis a México.

Regularizaciones y recuperación de espacios. Normalizamos la situación de alquileres y concesiones con cánones atrasados, como las concesiones a emprendimientos gastronómicos en la Manzana de las Luces y en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo, y los estacionamientos de la Biblioteca Nacional, donde no sólo recuperamos el espacio público sino que, además, exigimos transparencia, rendición de cuentas y normalización de los pagos. Lo mismo ocurrió en el Cabildo, donde la explotación del espacio gastronómico no registraba ningún pago del canon.

Federalismo. Gestionamos eventos regionales con una amplia oferta programática y de formación para reforzar el impacto federal de la gestión y las identidades regionales. Entre otras, destacamos los festivales Experiencia Cultura en Bariloche y San Salvador de Jujuy, a los que asistieron más de 40.000 personas entre artistas, productores, gestores culturales y público general; los Campus Culturales, jornadas intensivas de capacitación a través de propuestas pedagógicas gratuitas e innovadoras, y el apoyo a fiestas regionales a través del programa Festejar, que fomenta mediante asistencia artística a celebraciones populares de todo el país, entendidas como espacios de encuentro y generadoras de valores comunitarios y empleo regional.

Las muestras “Congreso de Tucumán: 200 años de arte argentino” y  “Bellas Artes: en tránsito” reunieron piezas de artistas consagrados con piezas contemporáneas, itineraron por el país y fueron visitadas por más de 100.000 personas.

También fortalecimos las comunidades artísticas locales, a través del programa Red de Ciudades Creativas, una red federal con impacto en la economía local mediante la promoción sectorial de las industrias culturales.

Información pública y estadísticas. Mediante el SINCA, el Sistema de Información Cultural de la Argentina, realizamos en todo el país una encuesta de consumos culturales. El informe presentado da respuestas estadísticas acerca de cuestiones como qué escuchamos los argentinos, qué leemos, qué hacemos en Internet, en qué prácticas culturales participamos, entre otras. Esta información es relevante tanto para el diseño de políticas públicas culturales como para el desarrollo de estrategias por parte de todas las industrias culturales. Además, realizamos en articulación con la UNESCO un informe sobre perspectiva de género en el sector cultural, analizada desde la óptica del acceso, el consumo y la participación de las mujeres el mercado laboral.

Ahorros y licitaciones transparentes de servicios

  • Por primera vez en la historia se realizó una licitación de los servicios de seguridad de los museos nacionales. El ahorro fue de 14.000.000 de pesos.
  • En enero de 2017 se adjudicó el servicio de limpieza para los edificios administrativos de la Secretaría de Cultura de la Nación, que derivó en un ahorro de 15.000.000 de pesos anuales.
  • En noviembre de 2017 también se licitó por primera vez el servicio de seguridad en los edificios administrativos e institutos de la Secretaría. El ahorro asciende a 28.000.000 de pesos anuales.
  • Se hizo por primera vez en la historia una licitación pública en el servicio de limpieza en los museos nacionales, que generó un ahorro anual de 67.000.000 de pesos.

Desafíos pendientes

  • Seguir haciendo que nuestras instituciones culturales, creadas en los siglos XIX y XX, se pongan a la vanguardia de la innovación a través de herramientas digitales.
  • Ampliar los incentivos para la participación del sector privado en proyectos culturales.
  • Diseñar nuevas políticas para el sector audiovisual que nos permitan ser protagonistas de la transformación en la manera de producir y consumir contenidos a través de los nuevos sistemas de streaming.
  • Ampliar y reformar el Museo Nacional de Bellas Artes para poder mostrar más y mejor su extraordinaria colección, considerada la mayor de América Latina.
  • Profundizar la integración con Educación y Ciencia y Tecnología en programas transversales, aprovechando las oportunidades que genera un único ministerio. En particular, en los campos del desarrollo de orquestas infantiles y juveniles y en la formación en el método científico y en los procesos lógicos y de argumentación y debate.