Cultura democrática


INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Síntesis

  • La integridad y la transparencia en la gestión del Estado y de los asuntos públicos producen varios efectos positivos: previenen y exponen la corrupción, aumentan el control interno y externo, mejoran el clima para la inversión, generan empleo y aumentan la confianza de los ciudadanos en la gestión pública.
  • El Gobierno entiende que para eliminar la corrupción del Estado no alcanza con no ser corrupto. Es necesario crear una arquitectura institucional que reduzca al mínimo las oportunidades de corrupción y prevea mecanismos para que los futuros actos de corrupción, si ocurrieran, sean descubiertos, denunciados y juzgados rápidamente.
  • En 2015 el Estado era opaco, discrecional y a menudo usado por la dirigencia para su beneficio personal. Los organismos de control, como la SIGEN o la Oficina Anticorrupción, no desempeñaban las tareas para los que habían sido creados, y el sistema de estadísticas públicas había sido desarticulado.
  • Aunque el camino hacia la creación de un Estado íntegro requiere paciencia y determinación, en estos tres años el Gobierno ha promovido una agenda de reformas necesaria, urgente e integral, que ha logrado avances importantes. Algunos fueron trabajando en conjunto con el Congreso, como las leyes de Acceso a la Información, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y del Arrepentido para los Casos de Corrupción.
  • Otros avances fueron impulsados por el Poder Ejecutivo, como la recuperación del INDEC y las estadísticas públicas, el fortalecimiento de los organismos de control, la incorporación de los sistemas electrónicos de compras y contrataciones y los nuevos procesos de licitación de obras de infraestructura, que generaron más competencia y transparencia y mejores precios para el Estado.
  • Desafíos pendientes. Por delante queda presentar y ejecutar el Plan Anticorrupción 2019-2023, que permitirá diseñar y ejecutar una estrategia de integridad en toda la administración pública. También, aprobar la nueva Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, para consolidar algunos de los avances logrados en estos años. Y aplicar la plataforma CONTRAT.AR a todas las obras y licitaciones públicas antes del 1 de septiembre de 2019.

Qué encontramos

En 2015 el Gobierno se hizo cargo de un Estado opaco y discrecional, que escondía o manipulaba información pública y que era menudo usado por la dirigencia para su beneficio personal.

La Oficina Anticorrupción (OA) estaba en estado vegetativo, incumplía su rol y había sido vaciada de recursos humanos, presupuestarios y tecnológicos. Otras agencias de control, como la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, veían sistemáticamente entorpecido su funcionamiento. Lo mismo ocurrió con el Ministerio Público Fiscal, al que se hizo trastabillar hasta llegar a la remoción de los fiscales que intentaron investigar al Gobierno en funciones.

El sistema estadístico nacional estaba en peores condiciones. Por ejemplo, en 2008 se dejaron de publicar estadísticas criminales porque los resultados eran malos, pero el caso más significativo es el del INDEC. A partir de febrero de 2007, el Índice de Precios al Consumidor que calcula el INDEC desde la década de 1920 comenzó a alejarse de la percepción que tenían amplios sectores de la población sobre la evolución de los precios. Con el tiempo, la divergencia empezó a advertirse también con los índices de precios elaborados por las provincias. Diversas consultoras privadas e instituciones comenzaron a elaborar sus propios cálculos de inflación. Incluso el Congreso Nacional agrupó a un conjunto de estas fuentes en el denominado IPC-Congreso. Organismos multilaterales como el FMI empezaron a incluir advertencias respecto de la calidad de la información proporcionada por la Argentina. Fue justamente el FMI, en 2013, el que impuso al país una moción de censura por la inexactitud de sus índices.

El sistema de contrataciones del Estado, por su parte, tenía serias deficiencias de funcionamiento. En muchos casos el procesamiento se completaba manualmente, quizás porque el sistema de procesamiento de la información de la Oficina Nacional de Contrataciones databa del año 2001. Según una estimación de las nuevas autoridades, hasta diciembre de 2015 se publicaba menos del 50% de los procedimientos de compras de la Administración Pública Nacional que debían ser publicados. Varias veces en los últimos años se había intentado un sistema electrónico de Compras –llamado provisoriamente “AR COMPRAS”– cuya puesta en marcha fracasó por errores en la definición y el desarrollo. Nunca se pudo usar.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparency International, clasifica países o territorios según las percepciones recogidas en distintas encuestas sobre el nivel de corrupción en el sector público. Sobre 176 países, la Argentina estuvo entre 2011 y 2015 siempre entre las posiciones 100ª y 107ª. En 2016 subió once puestos hasta el 95° y en 2017 ascendió otras diez posiciones, al 85°.

Qué hicimos

El camino desde un Estado opaco y discrecional a un Estado transparente y regido por normas exige el liderazgo del Gobierno y la participación de la sociedad civil y requiere paciencia y determinación. La construcción de la confianza en la instituciones, el descenso en la percepción de corrupción y el consenso sobre la necesidad de construir un Estado basado en la integridad y la transparencia son procesos largos y acumulativos, que se van haciendo más sólidos a medida que pasa el tiempo y cambian las administraciones pero se mantiene el rumbo.

Aun así, en diciembre de 2015 había cosas que el Gobierno podía hacer para avanzar rápido en algunos sectores especialmente urgentes. Estos avances incluyen hitos legislativos (como la sanción de las leyes de Acceso a la Información Pública, de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y del Arrepentido en Casos de Corrupción), cambios rápidos en la manera de gestionar las licitaciones de compras y obra pública, fortalecer los organismos de control y regulatorios –como el ENRE y el Enargas, que recuperaron su institucionalidad después de varios años intervenidos por el Poder Ejecutivo–, darles a la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General del Estado la relevancia y los recursos que merecen y establecer normas de buen gobiernos corporativo en las más de 30 empresas de mayoría estatal.

Acceso a la Información Pública. En septiembre de 2016 se sancionó, tras obtener amplias mayorías en ambas cámaras, la Ley de Acceso a la Información Pública. Entre los principios que la sustentan está el de no discriminación, incluido en su primer artículo: “Se debe entregar información a todas las personas que lo soliciten, en condiciones de igualdad, excluyendo cualquier forma de discriminación y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud”.

Así como toda persona tiene derecho a pedir información, todo miembro de la administración pública está obligado a darla (con las muy puntuales excepciones que establece la propia ley), desde ministros, organismos descentralizados, diputados, senadores o jueces hasta fideicomisos constituidos con bienes del Estado, el Banco Central o concesionarios de juegos de azar.

La ley indica, además, la constitución de la Agencia de Acceso a la Información Pública, cuyo director fue designado por un proceso público y transparente, y al que se le dieron todas las atribuciones para ejercer su cargo con efectividad. La agencia es un ente autárquico, con autonomía funcional, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, que debe velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Además de los actos obviamente públicos (decretos, leyes, resoluciones y otros actos administrativos), existen muchísimas otras clases de informaciones que son por su naturaleza públicas pero no siempre se encuentran disponibles para el ciudadano: nóminas, escalas salariales, transferencias de fondos, licitaciones, contrataciones, auditorías. El rol de la agencia no es tanto poner toda esa información a disposición del público, que debe pedirla inicialmente en los respectivos organismos sobre los que quiera informarse (por ejemplo, si alguien quisiera saber cuántos anestesistas trabajan en un hospital debería consultar en primer lugar al hospital, o al Ministerio de Salud correspondiente), sino resolver los casos de incumplimiento de la ley y fomentar una política de transparencia activa.

La información debe ser accesible por defecto, para que los ciudadanos puedan acceder a ella sin trámite alguno y reducir así la cantidad de pedidos de acceso a la información y las eventuales controversias. Entender en esas controversias y dar la orden al organismo de entregar la información correspondiente es también función de la agencia. Pero un Estado abierto y transparente no es sólo un Estado que responde eficazmente los pedidos de información de los ciudadanos, sino uno que logra hacer innecesarios estos pedidos, porque la información ya está disponible.

Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y del Arrepentido en Casos de Corrupción. Estas dos leyes facilitan la persecución de casos de corrupción a gran escala y ponen de manifiesto lo esencial de la colaboración del sector privado y de arrepentidos para detectar y prevenir la corrupción. El Estado no puede combatir la corrupción si no es junto con el sector privado y la sociedad civil.

La Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas era un deber incumplido por la Argentina desde 2001, cuando entró en vigor la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, firmada en el ámbito de la OCDE en 1997 y aprobada por el Congreso de la Nación en septiembre de 2000. Esta ley, sancionada en diciembre del año pasado, introdujo cambios en el Código Penal. Incorporó la posibilidad de que empresas, asociaciones civiles y fundaciones puedan ser sancionadas si se cometen delitos de corrupción (antes sólo podían ser castigados los individuos) y amplió la jurisdicción del Estado Nacional para poder juzgar a ciudadanos argentinos, o personas jurídicas (empresas) con domicilio en la Argentina, por soborno de algún funcionario o de alguna organización pública. El 80% de los sobornos transnacionales son destinados a empresas de origen estatal.

La ley prevé la posibilidad de acuerdos de colaboración que rebajen las sanciones.

Las personas jurídicas serán responsables de estos delitos cuando sean cometidos como consecuencia de un control inadecuado, lo que sirve como un incentivo para la empresa. Debe querer colaborar, asumir su responsabilidad y reencauzarse. Por lo pronto, las empresas no pueden seguir beneficiándose de los delitos cometidos por sus directivos o sus socios, y la ley las incentiva a que tengan un programa decompliance (integridad) que favorezca pautas de comportamiento ético en su día a día.

La Ley del Arrepentido, por su parte, aprobada en octubre de 2016, se complementa con la anterior porque extiende la figura del arrepentimiento, que ya existía para delitos como el secuestro y la trata de personas, el narcotráfico y el lavado de dinero a los casos de corrupción y asociación ilícita. La norma dispone una reducción de penas a cambio de información valiosa. El arrepentido no puede ser funcionario público ni solicitar la eximición de prisión, y está obligado a brindar información verdaderamente relevante. Sólo podrá esperar algo a cambio si la información que proporciona hace referencia a delitos a los que corresponde una pena mayor a la que le tocaría a él, o a personas de responsabilidad superior a la suya.

Secretaría de Fortalecimiento Institucional. En línea con los objetivos planteados y buscando jerarquizar nuestra política de dotar de mayor institucionalidad a toda la administración nacional, se tomó la decisión de crear la Secretaría de Fortalecimiento Institucional dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La Secretaría tiene como misión procurar el desarrollo y la implementación de políticas públicas que fortalezcan la integridad en la función pública y prevengan la corrupción, pero sobre todo coordinar los esfuerzos de todos los organismos que componen el Estado Nacional para lograr mayor eficiencia en las políticas que implementan.

Muchas de las competencias en materia de integridad y contralor se encuentran repartidas en órganos que actúan como rectores del sistema, como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) la Oficina Anticorrupción (OA), la Agencia Nacional de Acceso a la Información, la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto.

El trabajo coordinado nos permite evaluar y consolidar toda la información que se produce en diferentes ámbitos de la administración pública nacional, y con ella podemos desarrollar y administrar los instrumentos para hacer un seguimiento de las políticas públicas de integridad que involucran a toda la administración. De esta manera, estamos logrando fortalecer la respuesta del Estado en materia de prevención de la corrupción.

El gobierno nacional se propuso enfrentar los problemas de la corrupción desde un enfoque sistémico, para ser capaz de dar una respuesta que sea integral y definitiva. La articulación entre todos estos organismos nos permite tener un conocimiento más amplio y detallado de cuáles son las deficiencias de nuestro sistema, prevenir, detectar y si correspondiere sancionar prácticas que no sean acordes con la Ley ni con la ética pública, vencer las resistencias propias y elevar el estándar en la materia.

Gobierno Abierto y apertura de datos. La apertura de datos es un componente fundamental de la política de transparencia impulsada por el gobierno a partir de 2016, y un requisito fundamental para facilitar el control de los actos de gobierno, fomentar la participación cívica e incentivar la innovación tanto pública como privada. La Argentina avanzó 37 puestos entre la penúltima y la última edición del Índice Global de Datos Abiertos, ránking de referencia respecto del progreso gubernamental en materia de transparencia y apertura de datos alrededor del mundo.

Recupero de activos vinculados a delitos de corrupción. Entendemos que “recuperar lo robado”, es decir, devolver al Estado aquellos bienes vinculados a delitos es un reclamo de la sociedad y desde el Gobierno trabajamos en ello. La Unidad de Información Financiera (UIF) ha decomisado bienes vinculados a la causa de lavado de dinero por 1.329.000 pesos. Por otro lado, fueron decomisados, tras sentencias penales, 114.848.000 pesos. Y el objetivo es recuperar bienes que están sometidos a medidas cautelares en causas penales en las que no se ha llegado a una sentencia, por 19.361.685.324 pesos.

Revitalización de la Oficina Anticorrupción. El Gobierno fortaleció a la OA, le dio visibilidad institucional y política y la hizo protagonista del proceso de mayor transparencia y lucha contra la corrupción.

La OA tiene como principal objetivo fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención y la investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia. En el ámbito de las investigaciones judiciales, hay juicios, condenas y avances como nunca antes se había visto en la historia argentina. Se iniciaron 308 investigaciones, la OA participó de 52 procesos en calidad de querellante y de tres juicios orales: Ciccone, Tragedia de Once y causa Lázaro Báez.

Además, tiene a su cargo el registro de obsequios y viajes financiados por terceros, que puede ser consultado por toda persona interesada en forma irrestricta a través de la página de internet (se registraron más de 26.437 visitas al registro y 11.588 consultas respecto de obsequios y viajes específicos).

En materia de conflicto de intereses, se tramitaron 164 actuaciones para resolver casos por posibles conflictos, 108 de las cuales fueron resueltas durante el primer semestre de 2018.

Declaraciones juradas patrimoniales. La OA recibe y administra anualmente más de 53.000 declaraciones juradas y verifica el contenido de las declaraciones juradas de 1.500 funcionarios del más alto rango de la administración central, publica la lista de los funcionarios cumplidores e incumplidores y, respecto de estos últimos, solicita que se apliquen medidas administrativas como la retención del salario. En 2018 tuvimos el récord de cumplimiento y publicación online de declaraciones patrimoniales de funcionarios del PEN y universidades nacionales: 90% (en 2016 había sido poco más del 50%). Esto demuestra que los funcionarios están siendo receptivos al trabajo de la OA y comprendiendo el valor de la presentación en tiempo y forma.

Sindicatura General de la Nación (SIGEN). El fortalecimiento de la Sindicatura General de la Nación, principal órgano de contralor del Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado. La SIGEN ahora designa a los auditores internos de los ministerios, durante muchos años eran los ministros quienes elegían a las personas que debían controlar su gestión. Convencidos de la necesidad de jerarquizar y profesionalizar la tarea de los auditores, incluimos reglas para asegurar que sean nombrados por el Síndico General, puedan acceder a capacitación profesional de calidad y se produzca una rotación de sus tareas para asegurar su independencia, entre otras medidas que mejoraran las herramientas de control interno del sector público nacional, para mejorar su capacidad de prevenir y colaborar en alcanzar los estándares de institucionalidad que la transformación y el crecimiento de la Argentina demandan.

Procuración del Tesoro de la Nación (PTN). La Procuración del Tesoro es el máximo organismo de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo y de los más altos funcionarios de la Administración Pública Nacional, sin que esa función se limite a las cuestiones relativas a los dineros públicos. Su labor de consejo jurídico incluye un control de legalidad y juridicidad de las acciones de sus asesorados. También competen a la Procuración del Tesoro la instrucción de sumarios a los funcionarios de las dos más altas jerarquías de la administración pública nacional y la realización de auditorías de los juicios en los que el Estado Nacional es parte.

Sus principales acciones se focalizaron en resolver los conflictos de interés para estudios jurídicos que contratan con el Estado y establecer nuevos parámetros en los casos en que es procedente este tipo de contratación; reducción de causas judiciales por criterios de antieconomicidad; establecer la obligatoriedad de iniciar una acción civil una vez vencido el plazo para que la Administración resuelva el recurso administrativo y fomentar una mayor coordinación con las direcciones de asuntos jurídicos de los organismos.

Recuperación de las estadísticas públicas. Tras una exhaustiva revisión metodológica, el INDEC volvió a difundir el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) en junio de 2016. En julio de 2017, el IPC amplió su cobertura a todo el país. También se reinició la publicación del indicador de Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia, interrumpido desde el cuatro trimestre de 2013 después de haber sido publicado desde 1992.

La normalización del INDEC incluyó la reactivación de su relación con distintos organismos internacionales, como las Naciones Unidas, el BID y el FMI, que en 2013 había emitido una declaración de censura contra el país por la manipulación de las estadísticas públicas. El proceso incluyó a la OCDE, en el contexto de la candidatura argentina a ser miembro del grupo. En 2016 vinieron distintas misiones de trabajo y se hizo una primera evaluación de las capacidades estadísticas del INDEC y el Sistema Estadístico Nacional. Esta evaluación –y la incorporación de las recomendaciones resultantes– logró que el programa estadístico argentino recibiera el respaldo oficial de la organización.

La recuperación del INDEC fue acompañada por la recuperación de las estadísticas públicas de diversas entidades públicas, que también habían sido abandonadas o intervenidas. En particular se puede mencionar el Sistema Nacional de Información Criminal, que había sido desmantelado en 2008 y que recientemente recibió la mejor calificación posible por parte de las Naciones Unidas.

COMPR.AR. Se habilitó el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, denominado COMPR.AR, como medio para llevar a cabo en forma electrónica todos los procedimientos prescritos en el decreto que reglamenta el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. A partir de su implementación en cada jurisdicción o entidad, es obligatorio su uso para los procedimientos de selección que a partir de esa fecha se autoricen o que a partir de esa fecha se convoquen (cuando no se requiera autorización previa).

CONTRAT.AR. Este mecanismo da mayor accesibilidad, transparencia y eficiencia al uso de los recursos. Este nuevo sistema de gestión de contratos, concesiones de obras y servicios públicos y licencias se creó a finales de 2016 y entró en vigencia en enero del 2017. Ministerios como los de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Energía y Minería o Transporte lograron progresos notables al instrumentarlo. Este sistema no es sólo es más eficiente desde el punto de vista económico y de empleo del tiempo, sino que además es una herramienta para la ciudadanía, ante la que los funcionarios están obligados a rendir cuentas. No sólo se ocupa del proceso de licitación de la obra pública, sino también del seguimiento del avance de las obras. Más eficiencia, pero también más control y mayor seguridad.

Designación de personas con algún vínculo de parentesco. Como ejemplo del compromiso con la mejora en los estándares de institucionalidad, transcurridos dos años de gestión y efectuado un reordenamiento administrativo en busca de mejorar la gestión global del Estado, se dispusieron nuevos criterios aplicables al régimen de designaciones bajo cualquier modalidad de funcionarios públicos. Esta Administración limitó la discrecionalidad en las designaciones para combatir al nepotismo y, por esta regla, ya no pueden contratarse personas que sean familiares del Presidente y el Vicepresidente de la Nación, del Jefe de Gabinete de Ministros, de los ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro.

Desafíos pendientes

El Gobierno está trabajando en un Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023, que, a partir de la confección de un mapa de riesgo, permitirá diseñar y dar seguimiento a un conjunto de planificaciones estratégicas, mayor previsibilidad a la gestión y mayor conocimiento sobre la ejecución de las políticas. Para su elaboración fueron consultados tanto los organismos de la administración pública como diferentes sectores de la sociedad civil y organismos internacionales. Todos ellos prestaron colaboración para alcanzar un plan que guíe las acciones del gobierno nacional durante los próximos cinco años. El plan será abierto a consulta pública y será publicado en marzo de 2019.

El Poder Ejecutivo también impulsa una nueva Ley de Ética Pública para modificar la actual ley, adaptarla a los nuevos desafíos que presenta la gestión pública y otorgarle mayor eficacia como herramienta para alcanzar mejores niveles de integridad, instruyendo de manera más clara a los funcionarios y empleados públicos a fin de que ejerzan la defensa del interés público por sobre cualquier otro particular o específico.

El proceso para modificar esta ley debía alcanzar de los más amplios niveles de participación. Se habilitó la discusión del borrador ofreciéndose canales de consulta pública a través de dos plataformas: mediante la realización consulta pública e iniciativa en el Eje Institucional de Justicia 2020, destinados al debate de los principales ejes temáticos del documento, con el fin de trabajar de manera conjunta con la ciudadanía.

Se implementará un nuevo sistema de declaraciones juradas, que contendrá un nuevo formulario que requerirá más información de los más de 51.000 declarantes, a fin de prevenir y detectar con más eficacia conflictos de intereses y enriquecimiento ilícito. Se revertirá la restricción en el acceso a información sobre el patrimonio de los cónyuges y antecedentes laborales de los funcionarios que se había establecido en 2013. La totalidad de la presentación se hará a través de una plataforma online independiente creada específicamente para la presentación de las DDJJ, eliminando así el formato papel y mejorando las posibilidades de control.

En el marco del Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio se elaborará un protocolo para dotar de máxima transparencia al proceso de administración de los bienes e instrumentos financieros secuestrados durante el proceso judicial.

Recientemente el Gobierno sancionó un decreto estableciendo los Lineamientos para la Mejor Gobernanza del Sistema de Contrataciones de Obra Pública. Se trata de una serie de cambios sustanciales a la estructura del sistema, que eleva los estándares de transparencia para una mayor rendición de cuentas a la ciudadanía. Implementar estos cambios es uno de los desafíos más cercanos e importantes que tiene la actual gestión en términos de transparencia e integridad. Algunos de ellos son, entre muchos otros: implementación total de CONTRAT.AR en plazo perentorio, extendido a todas las provincias y municipio (se fija el 1° de septiembre de 2019 como plazo límite para la implementación total).

En lo que concierne al acceso a la información, la ley fija los estándares mínimos en cuanto transparencia activa que deben cumplir los sujetos obligados. Para evaluar el cumplimiento de esta obligación se elaborará un índice de transparencia activa en cada ministerio y cada secretaría de gobierno.

Un Estado íntegro y transparente es indispensable para generar la confianza necesaria entre los distintos participantes de la vida pública. Seguiremos trabajando en fortalecer nuestras instituciones con procedimientos abiertos y transparentes, con reglas claras y simples, entendibles por todos, buenos controles y rendición de cuentas.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, PUBLICIDAD OFICIAL
Y MEDIOS PÚBLICOS

Síntesis

  • El Gobierno considera la libertad de expresión y la libertad de prensa como dos pilares fundamental para una democracia robusta y vibrante. Por eso, en estos tres años, inició un proceso de construcción de instituciones públicas relacionadas con la libertad de expresión.
  • Generamos un clima de debate abierto, que permite conversaciones amplias y profundas sobre la vida democrática del país, incluyendo un Gobierno dispuesto a escuchar y a sumar los aportes de quienes piensan distinto.
  • Ordenamos, sistematizamos y redujimos progresivamente el presupuesto de la publicidad oficial, que estaba en niveles demasiado altos y se repartía sin criterios objetivos. La publicidad oficial de 2018 del Gobierno nacional fue dos tercios menor que la de 2015 y se repartió con criterios objetivos y profesionales.
  • Colocamos el Acceso a la Información como una obligación central del Estado, a través de la sanción y el cumplimiento de una nueva Ley de Acceso a la Información, aprobada en 2016; la restauración de las estadísticas públicas, algunas de las cuales habían sido discontinuadas o perdido la confianza del público; y el ejercicio de un Poder Ejecutivo que escucha y rinde cuentas cuando otro sector de la sociedad –el Congreso, el Poder Judicial, la prensa, la sociedad civil o los organismos internacionales– se lo reclaman.
  • Avanzamos hacia un ecosistema de telecomunicaciones que permite aprovechar los beneficios de la convergencia tecnológica y ofrece más alternativas y de mejor calidad, y un mejor acceso a los contenidos y a la información a todos los ciudadanos.
  • Aumentamos la pluralidad y la sustentabilidad de los medios de comunicación públicos, dañadas tras muchos años de cercanía con el Poder Ejecutivo y gestiones poco profesionales, y los estamos adaptando a los cambios tecnológicos y culturales recientes.
  • Desafíos pendientes. El Gobierno tiene pendiente la aprobación de la Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TIC para contribuir al desarrollo del sector. También resta seguir trabajando para lograr un sistema de medios públicos que esté a la altura de los desafíos del mundo actual y que sea sustentable. El presupuesto para publicidad oficial continuará reduciéndose en términos reales.

Qué encontramos

Durante muchos años los gobiernos entendieron los medios públicos y la publicidad oficial como una herramienta política. La pauta se administró de manera poco transparente y discrecionalmente para beneficio propio y los medios públicos fueron un espacio para hacer campaña política.

En diciembre de 2015, el Gobierno hizo un diagnóstico sobre la publicidad oficial del Estado Nacional y llegó a dos conclusiones. La primera era que la pauta publicitaria del Estado era demasiado abultada (se había multiplicado por cuatro, hasta casi 2.400 millones de pesos, entre 2010 y 2015) y había sido repartida arbitrariamente y sin transparencia. El nuevo Gobierno también se encontró con facturas de publicidad impagas por alrededor de 800 millones de pesos, que empezó a pagar en 2016.

La segunda conclusión era que el reparto había sido poco federal, demasiado orientado a los diarios porteños (que en 2015 recibieron el 38% de la publicidad del Estado) y enfocado en unos pocos destinatarios.

Durante el mismo período también se concretó la destrucción de las estadísticas públicas, que habían habían sido manipuladas, ocultadas o directamente abandonadas. El caso del INDEC es el más conocido, pero no el único. Estadísticas de diversos ministerios, que deberían servirle al propio Estado para evaluar el impacto de sus políticas y a los ciudadanos para controlar su progreso, habían sido intervenidas o dejado de publicarse.

Por ejemplo, las estadísticas sobre homicidios y delitos, a pesar de que era una de las preocupaciones principales de la población, habían dejado de publicarse en 2008. Hay evidencia de que las evaluaciones a estudiantes primarios y secundarios fueron intervenidas para lograr mejores resultados. Y de que un cambio en la manera de contar las víctimas de accidentes permitió mostrar una reducción en víctimas fatales que en realidad no existía. Tampoco se hacían, desde 2010, quizás por temor a que los resultados fueran decepcionantes, los relevamientos nacionales sobre adicciones.

También había quedado desactualizada, y en muchos casos incumplida, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no incorporaba muchos de los grandes desafíos que presenta la convergencia tecnológica.

En el caso de los medios públicos (Televisión Pública Argentina, Radio Nacional y Télam) el Gobierno encontró problemas similares: falta de profesionalismo –en la TV Pública, por ejemplo, el ausentismo llegaba hasta el 30%– y un ambiente donde se premiaba la propaganda gubernamental. No había estrategia comercial ni política de recursos humanos ni un análisis prospectivo sobre la evolución tecnológica o los cambios de los medios.

Qué hicimos

El Presidente Mauricio Macri dio su primera conferencia de prensa dos días después de asumir el cargo, tras un encuentro con los gobernadores de las 23 provincias y el Jefe de Gobierno porteño. Era la primera conferencia en mucho tiempo en la Quinta Presidencial de Olivos, cuya sala de prensa había tenido que ser acondicionada por la falta de uso.

Aquel domingo de diciembre de 2015, en el que el presidente se presentó ante los periodistas con cuatro gobernadores, dos de Cambiemos y dos de la oposición, fue el inicio de una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y la prensa.

Esta relación abierta y fluida con el periodismo refleja la importancia que el Gobierno le da al respeto de la libertad de expresión y de la libertad de prensa como pilares fundamentales para una democracia robusta y vibrante.

Por eso, en estos dos años, el Gobierno inició un proceso de construcción de instituciones públicas relacionadas con la libertad de expresión, que incluyen generar un clima de debate abierto, que permita conversaciones amplias y profundas sobre la vida democrática del país, incluyendo un Gobierno dispuesto a escuchar y a sumar los aportes de quienes piensan distinto.

Publicidad oficial. Para ordenar la administración de la publicidad oficial el Gobierno avanzó en dos sentidos: 1) redujo sustancialmente el presupuesto y 2) introdujo criterios objetivos para su distribución.

La reducción de la pauta devolvió el monto de la publicidad oficial a cifras más razonables, pero a una velocidad que dio un tiempo de adaptación a los medios más dependientes de ella en los años finales de la administración anterior.

En 2016, la Jefatura de Gabinete redujo el presupuesto de publicidad oficial a casi la mitad de lo gastado el año anterior: de 2.200 millones de pesos a 1.300 millones de pesos. En 2017 se mantuvo constante en términos reales y en 2018 fue de 1.700 millones de pesos, que en términos reales (ajustado por inflación) representa un descenso a un tercio de los niveles de 2015.

Como porcentaje del presupuesto total del Gobierno, el gasto combinado en publicidad oficial de Jefatura de Gabinete y organismos como la Anses o el PAMI bajó del 0,22% en 2015 al 0,12% en 2016 y 2017. En 2018 tuvo otra reducción importante llegó al 0,08% del gasto primario del Estado Nacional.

En simultáneo, el Gobierno estableció un reglamento y una planificación de la publicidad oficial que permitiera tener criterios objetivos a la hora de pautar las campañas, incluyendo a los medios de las provincias y dejando el menor margen posible a la arbitrariedad de las autoridades públicas.

Los criterios para la asignación de pauta oficial siguen estándares internacionales e incorporan los lineamientos que utilizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus fallos relacionados a este tema, en los cuales pidió criterios “claros, objetivos y equitativos” sobre la distribución de la pauta.

Los criterios son cuatro y en ningún caso alguno de los criterios podrá superar el 60% de la ponderación total para cada campaña:

  • Alcance del medio. En función de su circulación o su audiencia, para cuya determinación se tendrán en cuenta los indicadores de referencia en cada mercado y los registros que el proveedor certifique mediante declaración jurada.
  • Pertinencia del mensaje. En función de su especialización en relación con la audiencia o público objetivo del mensaje.
  • Zona geográfica. En función de que las publicaciones o medios posean una comprobable cobertura de una determinada zona o región geográfica en la cual se encuentre circunscripta la audiencia o el público objetivo del mensaje.
  • Fomento del federalismo y la pluralidad de voces. En función de que las publicaciones o los medios sean gestionados por organizaciones sociales sin fines de lucro que acrediten debidamente su fin social, que emitan en lenguas de pueblos originarios y/o en las categorías de baja potencia, según las definiciones técnicas que establece el Ente Nacional de Comunicaciones.

Desde 2017, y por primera vez, es obligatoria la publicación de los datos sobre la distribución de publicidad oficial dos veces al año. Los datos son públicos y están disponibles en Internet. También se publicaron los datos correspondientes a los años 2014 y 2015, que no habían sido dados a conocer.

En línea con los criterios establecidos para la distribución de la publicidad oficial, cerca de un cuarto del presupuesto se destina a medios del interior del país. Esta decisión busca apoyar el trabajo de medios, que, con frecuencia, son la única alternativa en sus pueblos y ciudades.

Ley de Acceso a la Información Pública. En septiembre de 2016 el Congreso aprobó por unanimidad la Ley de Acceso a la Información que sigue los estándares de algunos de los países más avanzados en materia de transparencia. Gracias a esta ley, los tres poderes del Estado y las empresas, los partidos políticos, las universidades y los sindicatos que reciben aportes públicos están obligados a responder consultas de cualquier ciudadano en un plazo máximo de un mes (más información en Integridad y Transparencia).

Estadísticas públicas. Como parte del compromiso del gobierno con la verdad se recuperaron los datos y las estadísticas públicas como una herramienta para conocer el avance de las políticas públicas.

Todas estas evaluaciones y estadísticas –incluidas, por supuesto, las del INDEC, que en estos tres años recuperó su independencia y su prestigio– volvieron a ser relevadas y publicadas, incluidas las del Ministerio de Seguridad, como el robo de autos, homicidios y secuestros; y las pruebas nacionales Aprender y Enseñar, del Ministerio de Educación. Con estadísticas públicas, detalladas y confiables es posible avanzar hacia un debate político de mayor calidad (más información en Integridad y Transparencia).

Un gobierno que rinde cuentas. Todo esto se complementa con el compromiso del Gobierno para escuchar y rendir cuentas cuando otro sector de la sociedad –el Congreso, el Poder Judicial, la prensa, la sociedad civil o los organismos internacionales– se lo reclaman.

En sus primeros tres años de gobierno, el presidente Macri dio 92 conferencias de prensa, a un ritmo de 2,6 conferencias por mes. Esto lo convierte en el presidente con más frecuencia de conferencias de prensa desde el regreso de la democracia. El promedio mensual de Cristina Kirchner había sido 0,4. El de Néstor Kirchner, 0,1 por mes.

Otra muestra de esto son las presentaciones periódicas del Jefe de Gabinete de la Nación en el Congreso para satisfacer el mandato constitucional de rendir cuentas e informar sobre los avances de la gestión. Entre 1995 y 2015 los jefes de Gabinete cumplieron en promedio con el 33% de sus presentaciones ante el Congreso. En sus tres años como Jefe de Gabinete Marcos Peña presentó 27 informes, 18 de ellos presenciales y 9 por escrito.

Convergencia tecnológica. En el marco de los cambios que se están dando en el mundo de los medios de comunicación y las telecomunicaciones el Gobierno inició un proceso para avanzar hacia la convergencia de medios. Se planteó el desafío de crear un nuevo marco normativo integral, moderno y plural, que garantice la más amplia libertad de prensa y el acceso a la información, fomentando la innovación y el despliegue de nuevas redes y promoviendo la competencia entre los actores del sector.

Un primer paso fue fusionar la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) para crear el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), lo que permitió reunir en un solo organismo la regulación de los servicios audiovisuales y los de telecomunicaciones.

Para elaborar un marco regulatorio que tenga una mirada amplia sobre todo el ecosistema audiovisual y de comunicaciones se instruyó a una comisión redactora para elaborara un nuevo proyecto de ley, con eje en la convergencia, que favorezca la competencia y las inversiones y garantice el derecho a la comunicación y la libertad de expresión. La comisión trabajó sobre cinco ejes:

  • Facilitar el acceso de todas las personas a los medios de comunicación y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
  • Garantizar la neutralidad, la apertura y la competitividad de las redes para llevar conectividad a todo el país.
  • Garantizar la pluralidad y la diversidad de los contenidos audiovisuales y en los medios públicos.
  • Proteger y fomentar la pluralidad y la diversidad de voces a través de frecuencias de espectro radioeléctrico reservadas para medios comunitarios o sin fines de lucro.
  • Mejorar la calidad de los servicios de Internet y telefonía.

Una parte de este trabajo es el proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TIC, que promueve una convergencia real, que incluya fibra óptica, televisión por cable, telefonía móvil y telefonía fija, que se sustente en las inversiones en infraestructura fija y genere impacto social y económico. La ley está aprobada por la cámara alta del Congreso de la Nación y a la espera de ser tratada en la cámara baja.

Medios públicos. La Secretaría de Medios y Contenidos Públicos asumió el compromiso de adaptar los medios públicos a los desafíos actuales del sector a través de cuatro objetivos de corto plazo:

  • Construir credibilidad, afianzar el federalismo y contribuir a la modernización de la Argentina a través de medios federales y plurales.
  • Llevar adelante medios modernos y eficaces para recuperar el valor de lo público, a través de una gestión austera.
  • Ampliar la llegada a las nuevas audiencias, para acompañar los nuevos comportamientos de los usuarios a través de medios digitales y multiplataforma.
  • Integrar los medios de comunicación públicos para optimizar recursos y potenciar su alcance en todo el país.

En cada uno de estos cuatro objetivos se han hecho progresos importantes. Los medios públicos son más plurales, están más integrados, más atentos a darle un sentido federal a su método de trabajo y tienen una gestión más profesional –que incluye una estrategia comercial, para depender menos de los fondos del Tesoro– que hace tres años.

  • Un ejemplo es la plataforma digital CONTAR, dedicada a los contenidos públicos y que nuclea contenidos en vivo y también on demand (incluidos los de las señales Encuentro, Paka Paka y DeporTV), a los que se puede acceder por streaming desde cualquier dispositivo.
  • Radio Nacional. Se renovó la programación con periodistas profesionales y se reorientaron los contenidos, antes caracterizados por su partidización, hacia una radio de servicios y con pluralidad de voces. Además de un panorama de noticias que se emite en cadena en todas las emisoras del país, se puso al aire el Panorama Federal, que se emite tres veces al día y que se produce con aportes de todas las emisoras.
  • Televisión Pública Argentina. Inició un proceso de renovación hacia contenidos que reflejen todas las voces y todas las regiones. En el noticiero se incorporaron periodistas y locutores de todo el país y un magazine dedicado a recorrer las provincias de la mano de un anfitrión local. En los programas periodísticos y políticos se trabaja fuertemente para mantener la representatividad de todos los sectores. En 2017, el 54% de los invitados fueron representantes de la oposición, según un relevamiento interno de Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal que nuclea a La TV Pública y Radio Nacional.

En materia comercial, tanto la Radio Nacional como la TV Pública y Télam se propusieron incrementar sus ingresos genuinos, que estaban descuidados. En 2015, por ejemplo, Télam sólo obtuvo de sus abonados el 3% de su presupuesto, y el resto se financió con aportes del Tesoro Nacional. En estos tres años, Télam pasó de 124 a 288 abonados pagos. Radio Nacional, por su parte, duplicó la participación de la publicidad privada en su tanda: había sido sólo del 38% en 2015 y superó el 85% en 2017. Y La TV Pública atravesó un proceso similar: la participación de los ingresos de anunciantes privados del 66% en 2015 al 85% actualmente.

Desafíos pendientes

Durante los próximos años el Gobierno se propone seguir construyendo una sociedad donde la libertad de expresión, la verdad y la transparencia sean valores fundamentales. Esto abarca su compromiso con seguir rindiendo cuentas ante otros poderes del Estado y los ciudadanos.

También implica continuar fortaleciendo el rol de los medios públicos desde una óptica responsable con el presupuesto, siempre garantizando su independencia, el profesionalismo y la pluralidad de voces. Los medios públicos argentinos no están exentos de los desafíos que plantean los cambios en la industria a nivel mundial y deben trabajar para encontrar su propio camino.

Debemos extender las políticas de transparencia, datos públicos y acceso a la información para garantizar a los ciudadanos las herramientas para ejercer un control sobre el devenir de las políticas públicas.

MEJORA DE LA JUSTICIA

Síntesis

  • El Gobierno cree en un sistema judicial cercano a los ciudadanos, independiente, moderno y transparente, que sea eficaz en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas y la resolución de conflictos.
  • Al asumir, el Gobierno encontró un sistema judicial lento y burocrático, poco eficaz en su tarea de llevar justicia a la sociedad; percibido como lejano por una gran parte de la población; cercano al poder político, especialmente en la Justicia Federal; y, en algunos sectores, excesivamente ideologizado.
  • En estos tres años se dieron pasos importantes para avanzar en cada uno de estos frentes. El Gobierno, para empezar, se ha mantenido imparcial y ha respetado la independencia de la Justicia, incluso en las grandes investigaciones por corrupción y cuando existieron decisiones contrarias a los intereses de funcionarios nacionales.
  • Se impulsaron leyes que dieron mejores armas a los jueces para hacer sus investigaciones, como la Ley del Arrepentido, la Ley de Flagrancia y la de herramientas especiales de investigación. Se designó una cantidad récord de jueces y fiscales, a través de concursos transparentes, que llenaron vacantes con los mejores candidatos para cada puesto. Se aprobó un nuevo Código Procesal Penal, un cambio fundamental, largamente demandado por la comunidad judicial, que dará más claridad y celeridad a las investigaciones federales y a las de las provincias.
  • Para acercar a la justicia a la sociedad, el Gobierno lideró Justicia 2020, una inédita plataforma de consulta, con miles de participantes, de cuyas propuestas surgieron muchas de las medidas implementadas en estos años. Además, se expandieron y consolidaron los Centros de Acceso a la Justicia en todo el país, que atienden más de 360.000 consultas cada año. 
  • Desafíos pendientes. El objetivo es continuar por este camino, hacia una Justicia más eficaz y rápida (tanto para los acusados como para las víctimas), más transparente y más independiente del poder político. Buscamos seguir reduciendo los altos niveles de impunidad. Entre los desafíos de corto plazo está la sanción del nuevo Código Penal, en el que se viene trabajando participativamente hace más de un año y que actualizará y modernizará el texto de 1921, emparchado cientos de veces.

Qué encontramos

En diciembre de 2015, las nuevas autoridades encontraron un Ministerio de Justicia organizado y orientado funcionalmente a sostener políticamente a la gestión anterior. Fue un ministerio cuyos funcionarios buscaban influir en el funcionamiento de la Justicia e involucrarse en los procesos y en la dinámica propia del Poder Judicial. Esto se veía claramente en los nombramientos de los jueces que actualmente se desempeñan en la justicia. El 70% de los jueces que se encontraban en actividad en diciembre de 2015 habían asumido después de 2003, muchos de ellos con nombramientos temporarios (subrogancias) en juzgados vacantes.

Mientras tanto, el sistema judicial continuó acumulando deudas reclamadas desde hacía tiempo por la sociedad y por buena parte de la comunidad judicial. Los procesos eran lentos, burocráticos y poco efectivos (sólo el 0,03% de las causas ingresadas a la Justicia Federal terminaban en juicio y los juicios civiles duraban hasta una década, sin razones que lo justificaran), existían fenómenos, como el de la “puerta giratoria”, que minaban la confianza de la sociedad en la justicia y las bases legales de la actividad penal (el Código Penal y el Código Procesal Penal) llevaban años reclamando una actualización para adaptarlas al mundo contemporáneo.

El Sistema Penitenciario Federal, finalmente, estaba en una situación de emergencia. La falta de gestión y de control en la provisión de alimentos, medicamentos y ropa en las unidades carcelarias había generado una situación con condiciones precarias de salubridad e higiene para los internos. El sistema tenía, además, un gran déficit de plazas carcelarias, paliado parcialmente con el alojamiento de presos federales en cárceles provinciales, servicio por el que existían deudas de larga data con las provincias.

Qué hicimos

El Gobierno está concentrando sus esfuerzos en poner al sistema judicial realmente al servicio de los ciudadanos, en un proceso muy amplio que incluye desde respetar la independencia de los jueces e impulsar reformas legislativas que faciliten la tarea judicial hasta un mayor acceso a la justicia para la población y el cuidado y el respeto de la víctima en los procesos penales.

Justicia 2020. La principal herramienta de la gestión fue Justicia 2020, un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pensado para lograr una transformación integral de las instituciones del sistema de justicia a través de un proceso de participación, guiado por la pluralidad de voces e ideas. Su objetivo es elaborar, implementar y evaluar políticas para construir, junto a la sociedad, una Justicia que produzca resultados socialmente relevantes y permita la solución de los conflictos en forma rápida y confiable.

La visión de Justicia 2020 tiene cuatro notas esenciales: cercanía a la gente; modernidad; independencia y transparencia.

Muchas de las iniciativas del Gobierno en esta área surgieron de Justicia 2020 o fueron debatidas, comentadas y mejoradas por los miles de participantes de la plataforma. Esos encuentros tuvieron lugar tanto a través de la plataforma como en encuentros en persona entre los interesados en las distintas iniciativas. Los proyectos se nutren del trabajo especializado de referentes del ámbito de la justicia, profesionales, ONG, expertos, legisladores, jueces y todos los que desean aportar en la construcción de un mejor servicio de justicia.

Acceso a la Justicia. Estamos mejorando el acceso de los ciudadanos a la Justicia. Hay 90 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) distribuidos en todo el país, que brindan atención legal primaria y gratuita y que resuelven más de 360.000 consultas anuales.

  • En el Corredor Norandino Legal y Sanitario los CAJ son oficinas móviles conformadas por un equipo interdisciplinario para dar un servicio conjunto de salud y justicia en los territorios más complejos.
  • También pusimos en funcionamiento el Primer Hospital de Derechos, un centro que ofrece asesoramiento y asistencia legal de manera integrada y gratuita en coordinación con distintos organismos del Estado y de la ciudad de Buenos Aires.
  • La Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito permite que los CAJ deleguen casos que requieren de abogados, con 60 instituciones que forman parte de la Red.

Derechos de las víctimas. En junio de 2017 se sancionó la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que tiene como objetivos proteger a las víctimas de delitos y reconocer su rol en el proceso penal. Su sanción implicó un cambio de paradigma, porque antes las víctimas eran excluidas durante la investigación del hecho y proceso judicial. Además, esta ley creó el Centro de Atención a las Víctimas de Delitos (CENAVID) en el ámbito del Ministerio de Justicia, que tiene un representante en cada uno de los CAJ en todas las provincias.

También se creó el Observatorio de Víctimas de Delitos, que otorga protagonismo y contención a las víctimas al permitirles hacer seguimiento de los casos. Entre sus distintos programas y dependencias, el Ministerio de Justicia da atención diaria a cien víctimas.

Se llevan 1.140 víctimas de trata de personas rescatadas en allanamientos. También se está implementando la ley que creó el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género (en proceso de selección y capacitación de los abogados/as).

Finalmente, sigue aumentando la entrega de dispositivos electrónicos duales a víctimas de violencia de género, lo que les permite retomar sus actividades cotidianas sin quedar desprotegidas ante el agresor.

Designación y remoción de magistrados. Desde 2016 se designaron 234 magistrados nacionales y federales: 169 jueces, 29 fiscales y 36 defensores. Esto es casi el triple que los 60 designados en el período presidencial anterior. Se prevé alcanzar la cifra de 350 designaciones de magistrados para diciembre de 2019.

Además, se designaron dos jueces de la Corte Suprema de Justicia, votados por amplias mayorías en el Senado y se removió a la Procuradora General de la Nación y a un número importante de jueces cuestionados o investigados por corrupción.

También se puso en práctica, junto con la Administración Federal de Ingresos Públicos, un sistema de control de la situación patrimonial de los candidatos a magistrados federales. El objetivo de la medida es garantizar una mayor transparencia en la selección de jueces, fiscales y defensores y disminuir las posibilidades de enriquecimiento ilícito.

Modernización judicial. A partir de 2016 se empezó a aplicar (sin requerir nuevas leyes) la modalidad oral en procesos civiles. Ya van nueve jurisdicciones que la aplican en todos o parte de sus juzgados: Buenos Aires, San Luis, Formosa, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Civil Nacional de la ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Tucumán. En ellas, los juicios civiles se redujeron, en promedio, de 5 años a menos de dos años. La satisfacción de los usuarios alcanza el 90%. En términos nacionales, el 37% de los jueces civiles aplica la oralidad efectiva y ya hay otras ocho jurisdicciones en preparación. Se espera que para diciembre de 2019 el 50% de los jueces civiles del país apliquen el sistema. Además:

  • Se dio asistencia a los 24 sistemas de justicia de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires en áreas como infraestructura judicial, construcción de cárceles e implementación de dispositivos electrónicos, proyectos de oralidad efectiva, modernización de la gestión judicial, incorporación de tecnología y fortalecimiento de las investigaciones penales
  • A partir de 2017 todos los magistrados que ingresan a la Justicia pagan el Impuesto a los Ingresos de las Personas (ganancias). El Ministerio de Justicia litigó contra la medida cautelar interpuesta por aquellos que viniendo de la carrera judicial se oponían a que se les descontara el impuesto y la Corte Suprema decidió que procede el descuento.

Política criminal y reducción del delito. La Justicia argentina está cambiando para hacer del sistema penal argentino un sistema moderno, justo, eficiente, centrado en la protección de la víctima y en el castigo del criminal.

A través de la Ley de Flagrancia, se implementó una modalidad para que los juicios de las personas que fueron atrapadas en el momento que estaban cometiendo el delito (“in fraganti”) sean más rápidos. Todos los juicios de flagrancia son orales y las audiencias se llevan a cabo dentro de las 24 horas de la detención. Esto acaba con la “puerta giratoria” en las comisarías, y el 76% de los casos son resueltos en las primeras 30 horas (las 24 horas iniciales se pueden prorrogar otras 24).

Con las leyes de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y en lo Penal Económico y Juicio Unipersonal, de Unificación Fuero Correccional y de Implementación Juicio Unipersonal y de Integración Unipersonal de Cámara también se alcanzaron resultados positivos: se duplicó la cantidad de resoluciones y se redujeron notablemente los tiempos para fijar la audiencia de juicio.

Protección de testigos. También se viene fortaleciendo el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados. Se profesionalizó y capacitó al personal y el promedio de casos ingresados pasó de 41 por año (2003-2016) a 153 por año (2016-2018). Se duplicó la cantidad de testigos protegidos por casos de narcotráfico y aumentó un 155% la cantidad por casos de crimen organizado. La Ley del Arrepentido incentiva a los sospechosos de delitos complejos a aportar información que permite atrapar a los líderes de las organizaciones delictivas.

Código Procesal Penal. Recientemente se aprobó el Código Procesal Penal Federal, que tiene por objetivo la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal (en el que la investigación está a cargo de los fiscales) para lograr procesos penales efectivos, rápidos y transparentes que garanticen el reconocimiento pleno de los derechos de la víctima, la igualdad entre las partes y la realización de juicios orales en lo inmediato.

El nuevo Código incorpora las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, sancionadas en los últimos años. Se prevé que la implementación de la ley tomará unos cuatro años, ya que se aplicará progresivamente en las jurisdicciones del norte del país, luego en las del sur y finalmente en las del centro.

Otros avances.

  • Ley de Herramientas para la Investigación de Delitos de Investigación Compleja: se crearon técnicas especiales de investigación para combatir el crimen organizado (informante, agente encubierto, agente revelador, entrega vigilada).
  • Ley de Adhesión a la Convención de Budapest sobre Ciberdelito: permitirá fortalecer las investigaciones sobre ciberdelitos y el intercambio de información y evidencia digital en el marco de las investigaciones penales.
  • Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo: la Argentina logró durante el año 2017 y 2018 la presidencia del GAFI, el más importante organismo multilateral encargado de fijar las políticas para prevenir y perseguir penalmente el lavado de dinero.
  • Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, para que las empresas sean penalizadas por sus delitos de corrupción (además de los tipos penales que les puedan corresponden a los responsables individuales).

Sistema Penitenciario, construcción de ciudadanía y reinserción social. Por primera vez en la historia, hay más detenidos con condena firme (54%) que procesados en las cárceles federales y provinciales del país. Más allá de esto, por la gran cantidad de detenidos en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, de prófugos recapturados y de detenidos por corrupción, hubo que introducir reformas y mejoras en el sistema penitenciario:

  • Construcción de nuevas cárceles, como el Complejo Penitenciario Federal VI en Mendoza (capacidad de 1072 plazas), y obras en cárceles federales para aumentar cantidad de plazas.
  • Detenidos por corrupción: hubo gran aumento de la cantidad de detenidos a partir de 2016. Creación de pabellones IRIC (sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad).
  • Incremento de los programas de readaptación social.
  • Asistencia de personas bajo vigilancia electrónica: incremento en la cantidad de dispositivos de monitoreo electrónico activados en la justicia federal y entregados a las justicias provinciales como medidas alternativas a la privación de libertad fuera de los establecimientos penitenciarios.

Derechos Humanos. Se elaboró el Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020), que contiene 243 compromisos prioritarios de acción y está dividido en cinco ejes: inclusión; no discriminación e igualdad; seguridad pública y no violencia; memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias; acceso universal a derechos y cultura cívica y compromiso con los derechos humanos. Hasta el momento hay 14 provincias adheridas.

El Plan Humanitario Malvinas instrumentó el acompañamiento a los familiares de soldados argentinos caídos en Malvinas en el proceso de identificación y fue reconocido en el mundo como modelo de trabajo. Se hizo el primer viaje histórico a las Islas Malvinas con familiares de los héroes enterrados en Darwin.

Respecto de los pueblos originarios, se incrementó la cantidad de relevamientos territoriales culminados entre esta población y se aumentó la cantidad de acciones en territorio. Se cambió el enfoque del asistencialismo al acceso a derechos para los pueblos originarios.

Modernización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos/Modernización Registral. Se digitalizaron y modernizaron muchos trámites registrales:

  • Registro Propiedad Automotor:
  • 1.100.000 turnos online.
  • 250.000 informes online.
  • Transferencia 100% digital.
  • Reducción del 40% del costo en el Registro Automotor, e importantes reducciones en los demás.
  • Certificado de Reincidencia 100% digital.
  • Inspección General de Justicia:
  • Más de 5.000 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
  • 6.254 Sociedades de Responsabilidad Limitada en 24 horas.
  • 1.130 Sociedades Anónimas en 24 horas.
  • Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual: implementado luego de su aprobación por ley en 2013.
  • Ranking Doing Business: Argentina subió 29 posiciones (puesto 128 de 190 países) en el ítem que mide la facilidad para abrir un negocio.

Desafíos pendientes

El Gobierno quiere seguir profundizando en los principios que lo han guiado hasta este punto. Que la Justicia sea cada vez más moderna, más transparente y más cercana a los ciudadanos. Hay que seguir trabajando en mejorar el acceso a la justicia, acelerar procesos y seguir impulsando una justicia independiente.

También quedan pendientes cambios legislativos muy importantes, como el nuevo Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la implementación el Código Procesal Penal.

Código Penal. Tenemos un Código Penal viejo, desordenado y emparchado. Hace décadas que se viene pidiendo actualizar el Código de 1921 (modificado más de 900 veces). El proyecto de reforma del Código Penal fue redactado por una comisión plural y federal que trabajó más de un año, integrada por jueces, funcionarios, expertos y familiares de víctimas del delito. Desde 1921 se crearon 18 comisiones para reformar el Código Penal: esta es la primera que logra consensuar y presentar un proyecto. Las instancias que siguen son su presentación al Congreso, prevista para el año legislativo 2019, y su discusión por parte de diputados y senadores. El Gobierno propone un Código Penal ordenado y moderno, que da respuesta a demandas contemporáneas. El nuevo código es más específico sobre los delitos de narcotráfico, para diferenciar a los jefes de las bandas de los vendedores menores. Tiene una perspectiva de género y establece penas más graves para los delitos que involucren discriminación de cualquier tipo. Se duplican las penas por corrupción, pero estas penas más graves sólo aplicarán para los delitos que se cometan con el código ya aprobado: es un cambio que piensa en el futuro.

Ley Penal Juvenil. A través de una resolución de 2017 el Ministerio de Justicia creó la Comisión de Trabajo para un Nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. La ley juvenil actual es de 1979 y deja casi enteramente en manos del juez la suerte del menor que comete un delito. La primera tarea de esta comisión fue el diagnóstico y el relevamiento de los menores en situación delictiva, para la elaboración de un anteproyecto de ley de Justicia Penal de Menores.

Se celebraron múltiples reuniones, divididas en distintos ejes y en las que participaron legisladores nacionales, representantes del Poder Judicial y de los poderes judiciales provinciales, de los ministerios públicos, docentes universitarios, organizaciones relacionadas con la temática, especialistas en educación, salud, medidas restaurativas, protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Al anteproyecto lo guían la idea de justicia restaurativa y la de prevención: se trata de evitar que el joven cometa delitos cada vez más graves. Este anteproyecto será presentado en 2019 para su debate parlamentario y su aprobación.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encaró una ambiciosa obra de modernización edilicia. El plan es mudar la totalidad de las oficinas del Ministerio de Justicia al predio de la ex ESMA para diciembre de 2019.

TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO
Y NUEVO EMPLEO PÚBLICO

Síntesis

  • Trabajamos para construir un Estado ágil, cercano y transparente, con empleados públicos capacitados, reconocidos y orientados al servicio de los ciudadanos. Buscamos un Estado inteligente que utilice sus recursos de manera eficaz, segura y al servicio de los que más lo necesitan.
  • Al inicio de la gestión, encontramos problemas arrastrados desde hacía décadas. El empleo público había crecido un 64% entre 2003 y 2015, estaba mal organizado y, en gran medida, en situación de precariedad. La carrera pública estaba desactualizada y no había incentivos ni herramientas para el crecimiento profesional. Tampoco se controlaba el presentismo.
  • En estos tres años, implementamos el expediente electrónico para eliminar el papel de la administración pública, hicimos transparente el proceso de compras y contrataciones del Estado Nacional y fuimos el país con mayor crecimiento en el Índice Global de Datos Abiertos.
  • Relanzamos la carrera pública, cuadruplicamos la oferta de capacitaciones, relevamos más de 300.000 puestos de trabajo e hicimos análisis de dotación en la administración pública nacional. Redujimos cerca de 1.000 cargos políticos.
  • Desafíos pendientes. Aumentar la cantidad de puestos concursados en la Alta Dirección Pública, completar el 100% de los trámites dentro del Estado con Gestión Documental Electrónica y estar entre los países con mejores índices de apertura, transparencia e integridad del sector público.

Qué encontramos

En diciembre de 2015, encontramos en el Estado Nacional una actitud ambivalente con respecto al empleo público. Si bien en los años anteriores la planta de personal en todos los niveles del Estado había crecido sustancialmente –un 64%, de 2.200.000 a 3.600.000, entre 2003 y 2015–, la calidad, la productividad y la coordinación de esos empleos no había mejorado de manera notoria. Existía un discurso a favor del empleo público desmentido por sucesivas gestiones que lo mantenían en situación de precariedad, mal remunerado, mal organizado, en algunos casos como un sostén de militancia política y, en muchos otros, con pocas oportunidades de crecimiento para los muchos empleados que se tomaban en serio su servicio público y querían progresar profesionalmente.

La carrera pública, por ejemplo, estaba completamente desactualizada y no contemplaba el mérito y el esfuerzo de cada trabajador. La capacitación del personal estaba desarticulada y no perseguía objetivos de crecimiento profesional dentro de la administración pública. Los plazos de los concursos públicos eran demasiado extensos: algunos de ellos llevaban abiertos más de diez años sin que se alcanzara el nombramiento del personal.

Otro aspecto de la administración nacional que acumulaba años (incluso décadas) de atraso era la gestión de documentos y trámites, tanto internos como en la atención al público. En 2015, por ejemplo, se acumularon 150 millones de documentos en papel. La tramitación de cada uno de ellos con frecuencia demoraba varios meses. La tramitación de expedientes seguía siendo en papel y transportados a mano de un ministerio a otro, como desde mediados del siglo pasado. Esto incluía a las licitaciones, que también seguían siendo en papel. No había, tampoco, ningún tipo de control sobre el proceso de tramitación. Los expedientes se perdían o se “cajoneaban” sin que nadie tuviera control sobre por qué ocurría eso.

Y si bien era miembro desde 2012 de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto, la Argentina había incumplido sus compromisos. Al momento del cambio de gobierno, el país se encontraba en el puesto 54º en materia de apertura de datos públicos. Uruguay, en cambio, se ubicaba 7º.

Qué hicimos

Un Estado moderno es un Estado abierto, transparente y cercano a los ciudadanos. Después de más de un siglo y medio de gestión en papel, la administración pública nacional se maneja hoy con expediente electrónico. Eso permite acelerar y transparentar plazos y mejorar la calidad de las decisiones. También tomamos una fuerte iniciativa en la capacitación y la motivación de los empleados públicos. Y en mejorar la atención al ciudadano, que tiene que ser el beneficiario real de todas las mejoras de procesos.

Además, con el objetivo de abrir la administración pública, estamos afianzando las prácticas de gobierno abierto a nivel federal a través de la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Gestión Documental Electrónica. Estamos eliminando el papel de la administración pública. El expediente electrónico ya funciona en todos los ministerios nacionales y en más de 150 organismos, donde los trámites internos son 100% digitales. En total, se caratularon más de 10 millones de expedientes electrónicos y se generaron 250.000 usuarios. El ahorro generado es de 2.000 millones de pesos anuales. También lo estamos llevando a las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Tierra del Fuego y Río Negro.

COMPR.AR y CONTRAT.AR. Creamos plataformas web en las que se publica toda la información pública sobre compras y licitaciones del Estado Nacional. En ambos sitios, cualquier persona puede consultar pliegos, presentaciones de ofertas, detalles sobre los montos, empresas ganadoras y otros detalles de cada procedimiento, con lo cual se transparenta el uso y destino de los fondos públicos. Además, cualquier pyme puede inscribirse, buscar licitaciones, ofrecer sus servicios y competir de manera transparente y ágil. Es una de las medidas que contribuyeron a que la obra pública dejara de ser sinónimo de oscuridad y ocultamiento.

Entre ambas plataformas ya hay inscriptos más de 23.000 proveedores y se hicieron más de 14.000 procesos de compra. Esta reestructuración de los procesos le generó al Estado un ahorro de 2.500 millones de pesos.

Relanzamiento del Instituto Nacional de la Administración Pública. Se trabajó de manera articulada con universidades públicas y privadas y un consejo consultivo de excelencia.

  • En comparación con 2015, el INAP cuadruplicó sus vacantes y su participación y oferta académica. De 42.000 vacantes se pasó a 161.000.
  • Capacitó a más 200.000 empleados en el manejo de la gestión documental electrónica, que está agilizando los procesos internos del Estado.
  • Hay un nuevo campus virtual, con más oferta y alcance. 
  • Se diseñaron itinerarios formativos orientados a las competencias laborales de los empleados públicos.
  • Por primera vez, los ingresantes al Estado deben hacer un curso de inducción.

Concursos para la Alta Dirección Pública. Al inicio de la gestión, sólo había siete cargos que habían sido concursados. Desde ese momento, ya hay más de 80 concursos iniciados y más de 200 en proceso. En 2019 el objetivo es concursar otros 800 cargos de directores y coordinadores a lo ancho de toda la administración pública.

Estructura y organización. Se relevaron más de 300.000 puestos de trabajo a través del plan de dotaciones que está funcionando en más de 2.000 reparticiones públicas. El objetivo es determinar la cantidad y el perfil de los recursos humanos necesarios en cada organismo para cumplir con sus funciones y objetivos, y favorecer la convocatoria a concursos de planta permanente sobre la base de un dimensionamiento real del Estado. El proceso resultó, hasta ahora, en un ahorro de 23.400 millones de pesos y 33.000 empleados menos en el Estado Nacional.

Reducción de cargos en la Alta Dirección Pública. Se están rediseñando las estructuras jerárquicas del Estado Nacional con el objetivo de hacerlo más ágil, mejorar su funcionamiento y atender mejor a los ciudadanos. Para eso, se diseñaron estructuras más horizontales que mejoran la toma de decisiones, empoderan a los equipos de trabajo con mayores responsabilidades y optimizan la utilización de los recursos económicos.

En una primera etapa, enfocada en reformar las estructuras organizativas de los ministerios, se redujeron 971 cargos políticos y se logró un ahorro de casi 1.500 millones de pesos anuales. La segunda etapa, en proceso de implementación, está enfocada en 25 organismos descentralizados con gran volumen de cargos y complejidad estructural e implica la reducción de otros 1.000 cargos y un ahorro de 751 millones de pesos anuales. Una tercera etapa, que está en la instancia de análisis y diseño, incluye a otros 31 organismos y va a generar un ahorro estimado de 400 millones de pesos por año.

Pases a planta permanente. Se hicieron efectivos más de 4.500 pases a planta entre 2016 y 2018 de personas que trabajan hace más de diez años en el Estado, que lo merecen por esfuerzo y vocación de servicio, y que estaban frenados desde la gestión anterior.

Movilidad y búsqueda interna. Para contribuir al desarrollo de las personas que trabajan en el Estado y que cada una se desempeñe en el lugar más adecuado a su potencial, se impulsó la movilidad laboral interna. Ya se hicieron efectivos más de 700 casos y hay otros 1.000 en proceso. El programa, además, funciona como complemento de la decisión de cero ingresos al Estado tomada en junio de 2018. Se logró un ahorro de 500 millones de pesos anuales en contratos.

Presentismo. En 2019 todas las dependencias públicas van a contar con el sistema de control biométrico. Ya está presente en más de 80 organismos. Este control, habitual en el sector privado pero ausente hasta ahora en el público, generó 1.500 renuncias de personas que no iban a su lugar de trabajo y un ahorro de 576 millones de pesos.

Gestión por resultados. Se crearon tableros de control para el seguimiento de proyectos y cumplimiento de compromisos públicos. Todos los ministerios ya tienen uno a disposición.

Base Integral de Empleo Público. Es la base que unifica, por primera vez en la historia, datos integrales y completos del empleo público en la Argentina. Funciona como fuente para la implementación de políticas de recursos humanos a largo plazo y ser útil para el desarrollo de investigaciones de empleo con cifras exactas. 176 organismos ya están incorporados.

Evaluación de desempeño. A partir de 2019, se va a medir la productividad y el cumplimiento de objetivos a través de evaluaciones de desempeño anuales que contarán con un sistema de medición de metas e indicadores.

Gobierno abierto. Argentina pasó del puesto 54º al 17º en el Índice Global de Datos Abiertos (fuimos el país con mayor crecimiento). Creamos el portal datos.gob.ar y otros 23 portales de datos nacionales, 11 provinciales y 16 municipales. Publicamos de manera abierta más de 1.000 conjuntos de datos, que incluyen sueldos de funcionarios, más de 40.000 declaraciones juradas, más de 20.000 audiencias públicas, presupuestos y pauta oficial, entre otras.

Desafíos pendientes

Los próximos retos incluyen profundizar la dirección iniciada en estos años hasta alcanzar, por ejemplo, que el 100% de los trámites dentro del Estado con Gestión Documental Electrónica. Otros objetivos son:

  • Estar entre los países más transparentes del mundo.
  • Consolidar el empleo público con una nueva cultura organizacional basada en el mérito, la capacitación y la gestión por resultados.
  • Aumentar la cantidad de cargos concursados en la Alta Dirección Pública concursada.

UN ESTADO AL SERVICIO
DE LOS CIUDADANOS

Síntesis

  • Estamos pasando de un Estado que esperaba que los ciudadanos se acercaran a sus oficinas y cuando lo hacían les pedía la misma documentación en muchas oportunidades, a uno que valora su tiempo, los atiende mejor y les facilita el acceso a herramientas para que desarrollen sus planes de vida.
  • Encontramos un Estado Nacional que dependía del papel, que no usaba la tecnología para simplificar y mejorar trámites, que no rediseñaba hacía años procesos como el monotributo y con oficinas públicas tapadas de expedientes sin resolución. Los ciudadanos debían repetir trámites y formularios constantemente: eran cadetes del Estado.
  • En estos tres años, aprovechamos las herramientas digitales y rediseñamos procesos para darle un mejor servicio al ciudadano. Unificamos información y creamos sistemas que permiten la interoperabilidad y trazabilidad. Ganamos transparencia.
  • Empezamos por digitalizar los trámites dentro del Estado a través del sistema de Gestión Documental Electrónica. Esto permitió que 1.300 trámites con el ciudadano que antes eran presenciales ahora pueden hacerse de manera remota a través de la plataforma de Trámites a Distancia.
  • Creamos Mi Argentina, una aplicación web y móvil que engloba todas las interacciones del ciudadano con el Estado, llevamos herramientas digitales que agilizan y transparentan la gestión en más de 1.500 municipios y creamos una ventanilla única para acceder a todos los servicios sociales.
  • Desafíos pendientes. Consolidar la Identidad Digital, para que muchos trámites con identificación biométrica puedan resolverse desde el celular; profundizar el alcance de la Ventanilla Única Social; tener el 100% de los trámites en la plataforma Trámites a Distancia.

Qué encontramos

Encontramos un Estado sin información ni procesos ni tecnología adecuada, con recursos humanos desmotivados, que no cumplía con su función de respetar y atender al ciudadano y ayudarlo a solucionar sus problemas.

La tramitación de expedientes llevaba décadas de atraso. Todo dependía del papel: asignaciones, jubilaciones, subsidios, licitaciones, legajos, créditos. Cada expediente dentro del Estado representaba una torre de papel que iba de una dependencia a otra, facilitando así los cajoneos, el ocultamiento y las filas eternas. No había ningún tipo de control sobre su proceso de tramitación.

El 54% de todos los trámites públicos debían ser presenciales. Había excepciones: algunas dependencias habían aplicado prácticas actualizadas, con equipamiento moderno y personal capacitado para la gestión de sus trámites y documentos, pero eran casos aislados.

Trámites necesarios para millones de personas como los del monotributo no eran revisados desde hacía años y tenían el doble de pasos necesarios. En la mayoría de los casos, hacía falta recurrir a gestores.

El 84% de los trámites de la ANSES se hacían de manera presencial, y muchas veces incluían ir a más de una oficina y presentar la misma documentación varias veces.

Qué hicimos

Nos propusimos crear un Estado que estuviera realmente al servicio del ciudadano, que le diera herramientas para desarrollar sus proyectos y dejara de verlo como un cadete al que puede pedirle varias veces el mismo documento en ventanillas distintas. Para lograr ese objetivo, es imprescindible que cada empleado público, cada proceso de gestión y cada tecnología que se incorpore a la administración pública tenga como misión mejorar la calidad de vida de los argentinos. Esto quiere decir terminar con los trámites eternos, con teléfonos que no contestan y con las largas colas. Algunos avances de estos tres años:

Creamos el primer perfil digital del ciudadano. En Mi Argentina, cada argentino tiene una cuenta única donde puede interactuar con el Estado, pedir turnos, iniciar y seguir trámites a distancia y recibir alertas de vencimiento de documentación, entre otras. Ya superó el millón de usuarios. Cuenta con más de 40 servicios disponibles, entre los que están Mis Credenciales (acceso a la información del DNI y a las credenciales de CUIL y de donante de órganos, a la licencia de conducir que tendrá la misma validez que la credencial física, entre otras), Perfil del Conductor (acceso a toda la información de movilidad y sus trámites y servicios relacionados) y Mis Turnos (integrado con el Sistema Nacional de Turnos).

Además, en argentina.gob.ar se reunió información y trámites de todo el Estado Nacional que antes estaban diseminados en cerca de 500 portales.

Superamos los 1.300 trámites a distancia. Trámites que antes eran personales ahora se pueden hacer de manera digital en la plataforma TAD. La usaron 590.000 usuarios y tiene más de 3.800.000 trámites iniciados. Generó ahorros del 60% del tiempo en trámites y un ahorro para el Estado de 2.000 millones de pesos en costos administrativos.

Los trámites más realizados son la renovación y alta de dominios de Internet, certificación de productos comercializables, inscripción de proveedores del Estado, acceso a la información pública e inscripción de contratos que involucran derecho de autor.

DNI y pasaporte. En diciembre de 2016 se estableció para abril de 2017 el último plazo para modificar obligatoriamente todos aquellos documentos emitidos en forma manual y realizar el canje al DNI digital. A fin de 2017, el 98% de la población ya había sido empadronada con este documento.

Además, se implementaron mejoras en la fabricación del pasaporte, que equiparó al documento de viaje argentino con la tecnología que utiliza el 90% de los países que emiten pasaportes electrónicos.

Sistema de Identidad Digital. Ya se lanzó la plataforma de trámites a través de autenticación facial y biométrica. Se va a implementar primero en bancos, para abrir una caja de ahorro con una selfie, por ejemplo, y más adelante para trámites como el DNI y el pasaporte. También estamos solucionando otro gran obstáculo en materia de burocracia con la implementación de la Firma Digital Remota.

Plan Federal de Documentación. En 2016, se inició un Plan Federal de Documentación para llegar mediante operativos documentarios a todas aquellas personas que tuvieran dificultades para acceder al trámite en cualquier punto del país, especialmente en las zonas más vulnerables de la Argentina y en comunidades aborígenes a fin de garantizar el derecho a la identidad de todas las personas. El plan participó en más de 25 operativos diarios dentro del programa El Estado en Tu Barrio.

Simplificamos los trámites del monotributo. El sitio donde se hacían los trámites era uno de los aplicativos más viejos que tenía la AFIP. No se actualizaba desde hacía 20 años. Creamos un nuevo portal que redujo los tiempos para alta, recategorización y baja. Los pasos necesarios para el alta se redujeron un 50%. Se beneficiaron más de tres millones de contribuyentes.

Registro Civil Electrónico. Ya funciona las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Catamarca y en la Ciudad de Buenos Aires.

El Sistema Nacional de Turnos lleva más de 200.000 turnos solicitados de más de 80 diferentes turnos disponibles online. Desde esta plataforma se puede solicitar turnos para:

  • todos los trámites de AFIP,
  • trámites de jubilación, pensión y asignaciones en ANSES,
  • validar el título secundario,
  • renovación de residencias y certificaciones,
  • hacer trámites y afiliarse a PAMI,
  • tramitar DNI o pasaporte,
  • transferencia o inscripción del automotor,
  • solicitar el certificado de antecedentes penales,
  • presentar consultas y balances en la IGJ,
  • obtener el Símbolo Identificatorio del Automotor para Personas con Discapacidad.

Conectamos 200 centros de salud al sistema de Telesalud. Consiste en una red de colaboración entre profesionales de la salud e instituciones públicas de todo el país y sirve para optimizar las acciones de gestión en salud, la prevención, promoción y asistencia y la capacitación de los equipos de salud. Algunos de los centros conectados entre sí son el Hospital Ángela Iglesia de Llano en Corrientes, el Hospital Salvador Mazza en Jujuy y el Hospital Houssay en Vicente López. Para la provincia de Jujuy significó, por ejemplo, un ahorro de 13 millones de pesos y un 65% menos de derivaciones a otros centros de salud.


Implementamos programas de modernización de la Gestión Pública, para mejorar la calidad de los servicios en los municipios. Mejoran la calidad de los servicios en las administraciones locales, centrales en la vida de sus habitantes. Se alcanzaron 1.500 municipios con más de 4.000 herramientas digitales.

Desarrollamos 25 aplicaciones móviles. Dan acceso móvil a servicios de salud, transporte y turismo, entre otros. La app Monotributo, Mi Anses, 144 (contra la violencia de género), Fronteras y Mercado en tu barrio son algunas.


Hicimos reingeniería de procesos para agilizar trámites. Se eliminaron pasos innecesarios en procesos específicos de distintos ministerios. Se trabajó con Producción, Desarrollo Social, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Interior y SENASA, entre otros. Así, por ejemplo, para la legalización de títulos secundarios, terciarios y universitarios (un trámite que involucra al ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y el de Interior), son necesarios 6.200 trámites menos cada mes. Además, antes, los estudiantes y graduados de todo el país tenían que trasladarse a La Plata o Buenos Aires y ahora ya no hace falta. 

Creamos la Ventanilla Única Social junto a la ANSES. Es la estrategia del Gobierno para unificar, agilizar y mejorar la atención a los ciudadanos en temas sociales. Queremos que todos los ciudadanos puedan acceder a toda la oferta en un solo lugar y resolver sus consultas y trámites en el momento. Ya hay 3,5 millones de trámites procesados. Aunque entre los próximos desafíos está aumentar la proporción de trámites que se hacen por autogestión, ya hay avances importantes. En 2015, el 84% eran presenciales y el 16% por autogestión; ahora el 67,4% son presenciales y el 32,6% por autogestión. También se mejoró el servicio prestado en las oficinas de la ANSES. Se aumentó la cantidad de horas de atención y se reforzó con operativos móviles.

El Estado en Tu Barrio. Para acercar y facilitar el acceso a los servicios y programas que ofrece el Estado Nacional en 2016 creamos El Estado en Tu Barrio. En El Estado en Tu Barrio, cada semana y cerca de sus casas, los vecinos tienen acceso a servicios de salud, pueden tramitar sus documentos y la Asignación Universal por Hijo, anotarse para becas de estudio y consultar sobre los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, de PAMI y de los Ministerios de Justicia y Trabajo y obtener su certificado de vivienda familiar, entre muchos otros servicios. El Estado en Tu Barrio es una iniciativa interministerial e interjuridiccional en la que el Estado Nacional junto a gobiernos provinciales, municipales y locales busca acercar los servicios a los vecinos de manera directa y sin intermediarios. Durante 2018 El Estado en Tu Barrio recorrió 777.192 kilómetros y visitó 414 localidades de 21 provincias y CABA, donde los vecinos pudieron resolver más de 2.400.000 servicios y trámites.

Desafíos pendientes

Una de las grandes líneas en las que queremos seguir trabajando es la Identidad Digital. Queremos que muchos trámites que implican verificación biométrica puedan resolverse desde el celular, trabajar en el reconocimiento de voz, en la generación de claves con el mayor nivel de seguridad posible y desarrollar el SmartDNI y la billetera de credenciales integrada con Mi Argentina.

También buscamos profundizar los alcances de la Ventanilla Única Social, que el 50% de los trámites sean posible por autogestión (y evitar así más de cuatro millones de visitas a las unidades de atención).


Queremos además que el 100% de los trámites estén en Trámites a Distancia y que todos los municipios del país cuenten con herramientas digitales para servir a sus ciudadanos.

RECONVERSIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS

Síntesis

  • El Gobierno cree en unas Fuerzas Armadas modernas, que puedan garantizar el control de los espacios soberanos, apoyar logísticamente al sistema de seguridad interior y colaborar con la comunidad ante catástrofes y dando asistencia humanitaria.
  • Si bien queda un largo trabajo por delante, en estos tres años se concretaron proyectos que marcan el rumbo de una nueva política de planeamiento y recuperación de las capacidades de la Defensa Nacional.
  • Al asumir, el Gobierno encontró unas Fuerzas Armadas con equipamientos obsoletos y un personal que era entre ignorado y desalentado. La normativa estaba atrasada para cumplir con los requerimientos actuales de la defensa.
  • En estos tres años, tomamos distintas iniciativas que permiten darles a las Fuerzas Armadas un planeamiento acorde a las necesidades modernas, con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Buscamos modernizar el despliegue y la organización de las Fuerzas Armadas, promoviendo estructuras más flexibles y menos burocráticas.
  • Estamos trabajando en reequipar a las fuerzas armadas, incrementar la vigilancia y el control de los espacios soberanos, fortalecer la actuación en la Frontera Norte, fomentar la participación en misiones internacionales de paz y, muy especialmente, seguir trabajando en la mejora del sistema de ciberdefensa.
  • Desafíos pendientes. Para los próximos años, los objetivos son: modificar la organización de las Fuerzas Armadas para que tengan una estructura más flexible y menos burocrática; continuar con el programa de reequipamiento, que llevará al menos otros diez años; trabajar en un sistema de reservas de las Fuerzas Armadas, y mejorar la redistribución interna del gasto militar, a fin de aumentar la proporción del presupuesto destinada a operaciones y mantenimiento.

Qué encontramos

Cuando asumió este Gobierno se encontró con unas Fuerzas Armadas desmotivadas, atrasadas desde el punto de vista normativo y con medios obsoletos. El Ministerio de Defensa era además uno de los organismos donde la falta de información y la ausencia de registros era más generalizada.

En el momento del cambio de gobierno, Defensa debía 4.000 millones de pesos a una enorme variedad de proveedores. No había margen para invertir en el crecimiento, la capacitación o la modernización de las fuerzas. Los militares cobraban la mitad de su salario en contribuciones no remunerativas.

Hacia finales de 2015, el Sistema de Defensa Nacional presentaba limitaciones estructurales en materia presupuestaria, institucional y doctrinaria. Durante décadas, el sector estuvo atravesado por la desinversión sistemática, la falta de lineamientos estratégicos modernos y la ausencia de un horizonte previsible para el desarrollo de la carrera militar. Esta situación explica por qué la Argentina cuenta, en pleno siglo XXI, con Fuerzas Armadas preparadas para el siglo XX.

Qué hicimos

La reconversión del sistema de defensa es una de las cien iniciativas prioritarias del Gobierno nacional. Para llevarla adelante, el Poder Ejecutivo encaró una profunda reforma normativa:

  • En julio de 2018 aprobó la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), que fija los lineamientos estratégicos para el cumplimiento de la misión de las Fuerzas Armadas, su organización y su funcionamiento en el marco de las leyes vigentes.
  • Modificó la reglamentación de la Ley de Defensa, a fin de retomar su redacción original, que considera la defensa nacional ante situaciones de agresión externa como la misión primaria del instrumento militar. También se incorpora el instrumento militar a la custodia de objetivos estratégicos.
  • La Directiva de Política de Defensa Nacional dio inicio al Planeamiento Estratégico Militar, que implica la elaboración de diversos planes de corto, mediano y largo plazo para las Fuerzas Armadas. Para el corto y parte del mediano plazo se dará prioridad al desarrollo de los elementos terrestres, navales, aeroespaciales y cibernéticos que conformarán las Fuerzas de Intervención Rápida. Modulares, versátiles, ágiles y flexibles, tendrán la capacidad de desplegarse velozmente ante una crisis o en la ocasión que lo requiera el Poder Ejecutivo. Para el mediano y largo plazo el planeamiento se focaliza en el desarrollo de nuevas capacidades militares, en la adquisición y el desarrollo de nuevas tecnologías y en la producción para la defensa.

Equipamiento. Entre 2016 y 2018 se iniciaron una serie de actividades tendientes a modernizar las capacidades de las Fuerzas Armadas:

  • Incorporación de ocho aeronaves para la Escuela de Aviación Militar, para la formación de aviadores militares. Se encuentran próximas a ingresar cuatro aeronaves faltantes para completar la dotación de doce.
  • Incorporación de tres aeronaves de entrenamiento avanzado (para entrenar pilotos en las habilidades necesarias para volar aviones a reacción) Pampa III (fabricadas por FAdeA luego de diez años sin hacer aviones), cuatro helicópteros y nuevos radares.
  • Modernización de los C‑130 Hércules y remotorización de aviones Pampa II‑40. Traslado y puesta en funcionamiento de 20 Helicópteros Augusta. Adquisición de 5 Aviones Super Etendard Modernizados.
  • Nuevo equipamiento Director de Tiro Anti‑Aéreo. Tres sistemas inhibidores de drones. Equipamiento criptográfico, con el objeto de anular amenazas no convencionales en apoyo a las actividades del G20.
  • Acuerdo con el gobierno de Francia para adquirir cuatro buques de patrullaje marítimo multipropósito.

Blanqueo de salarios. Desde el inicio de la gestión se recuperaron unos tres puntos porcentuales por año.

Ciberdefensa. La reconversión de las Fuerzas Armadas supone incrementar las capacidades de vigilancia y control del ciberespacio, y asegurar la protección de las redes de tecnología, información y comunicación (TIC) propias, los objetivos estratégicos (OVE) y las infraestructuras críticas de la defensa nacional.

Las infraestructuras críticas de la información y los OVE desempeñan funciones básicas para la vida social. Forman parte de los servicios esenciales, garantizan el ejercicio del poder del Estado y el resguardo de la vida y la libertad de sus habitantes. La perturbación o la destrucción de estas infraestructuras tendría un grave impacto sobre la prestación de servicios como el transporte de bienes y personas o el suministro y la distribución de agua y de electricidad, entre otros.

Integración Norte. En el marco de las leyes de defensa nacional y de seguridad interior, y encuadrado en el proceso de reestructuración del sistema de defensa nacional impulsado por el Poder Ejecutivo, el Operativo “Integración Norte” busca incrementar los niveles de seguridad estratégica a través de la anticipación y disuasión. Las Fuerzas Armadas actúan junto con las fuerzas federales de seguridad y al mismo tiempo llevan adelante acciones de apoyo a la comunidad.

Este operativo se desarrolla en la frontera norte del país y se suma al Plan Fronteras Protegidas de las fuerzas de seguridad. Sus tres ejes son los siguientes:

  • Adiestramiento operacional de unidades del Ejército Argentino desplegadas entre la localidad salteña de San Antonio de los Cobres y Puerto Iguazú, Misiones.
  • Apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, a través de los medios y la capacitación específica de que disponen los efectivos de las Fuerzas Armadas.
  • Tareas de apoyo a la comunidad en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Misiones, que incluyen campañas de sanidad y alimentarias, refacciones en establecimientos educativos y comunitarios, zanjeo de caminos, mantenimiento de estructuras y rutas, construcción de tomas de agua y extensión de canales de riego en apoyo a comunidades aborígenes, distribución de materiales educativos a escuelas, coordinación y ejecución de acciones para casos de adversidad climática o de rescate en alta montaña.
  • Para el cumplimiento de estas actividades se encuentran desplegados, como parte de una primera etapa, más de 500 efectivos, que actúan de manera conjunta y coordinada con autoridades provinciales y municipales.

Optimización de empresas de la Defensa. El Ministerio de Defensa se abocó a un trabajo de saneamiento y readecuación de capacidades de sus distintas unidades productivas (FAdeA, Fabricaciones Militares y Tandanor). Se encaró un proceso centrado en la sustentabilidad económica y en la internacionalización de la cartera de productos y servicios.

FAdeA mejoró su producción y fabricación. La facturación al sector privado pasó de un 2% en 2015 al 13% en 2018, y se proyecta en un 23% para el 2019. Además, se reactivó la fabricación de aviones luego de 10 años. Ya se entregaron los primeros tres Pampa III certificados para la Fuerza Aérea Argentina.

Fabricaciones Militares orientó la gestión a identificar las reales necesidades de las Fuerzas Armadas, de seguridad y del sector privado, reorientando la matriz productiva y optimizando la capacidad existente.

Tandanor también registró una evolución favorable: alcanzó el equilibrio económico financiero y ya no depende más de aportes del Tesoro nacional desde julio de 2018. Reparó un 40% más de buques con respecto a 2015 y al finalizar 2018 la empresa habrá alcanzado un nivel de venta récord de 700 millones de pesos.

Vigilancia y control del aeroespacio. Está terminando la primera etapa del fortalecimiento de la Frontera Norte con la instalación de sensores y radares en Pirané y Villaguay.

Se potenció el accionar del Comando Conjunto Aeroespacial del Estado Mayor Conjunto de las FFAA en el desarrollo de operaciones de vigilancia y control aeroespacial en todo el territorio nacional, y en particular en la frontera norte, de forma permanente.

Los operativos concernientes a la protección aeroespacial de eventos y visitas de autoridades nacionales e internacionales se vieron incrementados en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud el 6 de octubre y durante la Cumbre de Mandatarios del G20.

Se mantienen actualizadas y en vigencia las Normas Binacionales de Defensa Aérea entre la Fuerza Aérea Argentina y las Fuerzas Aéreas de los países limítrofes, con el fin de cooperar y coordinar el accionar de los diferentes dispositivos de defensa aeroespacial ante la aparición de Tránsitos Aéreos Irregulares (TAI) transfronterizos.

Campaña Antártica. La Campaña Antártica 2016-2017 se desarrolló con medios propios, mientras se ultimaban los arreglos del rompehielos ARA “Almirante Irízar”. Se usaron el transporte ARA “Bahía San Blas”, el buque oceanográfico ARA “Puerto Deseado” y los avisos ARA “Puerto Argentino”, ARA “Estrecho de San Carlos” y ARA “Islas Malvinas”. Los sistemas de armas empleados en la campaña fueron los aviones de transporte C‑130 “Hércules”, el avión de transporte DH6 “Twin Otter” y los helicópteros Mi 171E y Bell 212.

Durante la Campaña 2017-2018 volvió a operar el rompehielos ARA “Almirante Irízar” luego de haber realizado con éxito las pruebas de mar, una vez finalizadas las reparaciones integrales las que había sido sometido.

La Campaña Antártica correspondiente a los años 2018‑2019 ya está en marcha y con una nueva estructura de Comendo Conjunto permanente. El 20 de diciembre zarpó de Buenos Aires el “Almirante Irízar”.

La presencia argentina en procesos de consolidación de la paz en el mundo.Las Fuerzas Armadas participan de misiones de mantenimiento de paz de la ONU en Chipre, Colombia, el Medio Oriente y la República Centroafricana. La Argentina participó activamente en 2017 en la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que buscó garantizar el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Campaña Sanitaria Fluvial. La Campaña Sanitaria Fluvial, con el despliegue de dos buques de la armada y efectivos de las Fuerzas Armadas, tuvo por objetivo conformar un equipo médico conjunto para realizar prestaciones de salud a las comunidades con mayor grado de vulnerabilidad en las ciudades ribereñas del Alto Paraná de tres provincias argentinas (Corrientes, Chaco y Formosa), mediante un abordaje integral que refuerza las capacidades provinciales y la presencia del Estado.

Desafíos pendientes

En primer lugar, hay que actualizar la organización de las Fuerzas Armadas. Deben promoverse estructuras más flexibles y menos burocráticas. En segundo lugar, hay que continuar reequipándolas, de acuerdo a un plan que va a tardar unos diez años en completarse. En particular, en el área de ciberdefensa.

También se requieren reformas legales y normativas: hay que sancionar la ley de reserva de las Fuerzas Armadas y una nueva ley para el personal militar. Hay que avanzar en la regulación del sistema de vigilancia y control de los espacios marítimos y en la implementación del plan integral de vigilancia del Atlántico Sur.

Vamos a actualizar todo lo atinente a los recursos humanos para adecuar la profesión militar a las exigencias y las características del siglo XXI, de un modo que permita superar los desequilibrios entre jerarquías y escalafones, para recomponer organizaciones equilibradas y completas. Continuaremos trabajando en mejorar el bienestar del personal, en particular en la cuestión salarial, el acceso a la vivienda propia y la calidad de servicios de la obra social.

Debemos avanzar en la implementación del sistema integral de gestión de prestadores en la obra social militar (IOSFA) y la creación de un sistema integrado de salud de las Fuerzas Armadas que optimicen las estructuras sanitarias existentes.

También debe crearse una oficina única de atención para dar respuesta centralizada y eficaz a los héroes de Malvinas, de modo de evitar la ineficiencia y los conflictos en el otorgamiento de los certificados correspondientes.

Debemos acompañar la reconversión adecuando la educación a los desafíos del siglo XXI, para lo cual incorporaremos en los planes curriculares los nuevos escenarios para la defensa, nuevas tecnologías y nuevos conceptos de utilización del instrumento militar, nuevo entorno de la ciberdefensa, liderazgo, actividades académicas conjuntas, formación básica común (ciencias básicas, derecho, humanidades, técnicas), entre otras.

Con respecto al despliegue de las Fuerzas Armadas, ya iniciamos el proceso de racionalización de la estructura operativa, que conlleva la desactivación de organizaciones y la conformación de bases conjuntas. Se busca contar con bases operativas modernas y organizaciones completas que permitan el empleo de los medios en tiempo y forma para cumplir con las exigencias actuales del entorno de defensa.

El Gobierno nacional se propuso encarar la reconversión del sistema de defensa sin prejuicios, con la convicción de que la Argentina cuenta con hombres y mujeres de armas plenamente comprometidos con los valores de la democracia y la defensa de nuestra soberanía.